Ciudad de México.- A dos meses de la discusión de la última iniciativa y en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la diputada local Sandra Pedroza de Movimiento Ciudadano anunció que próximamente se presentará una nueva propuesta en el Congreso de Guanajuato para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
De acuerdo con la diputada, en el nuevo proyecto se sumarán los comentarios realizados en el análisis de la última iniciativa —la cual fue rechazada el pasado 5 de julio— por parte de autoridades y sociedad civil, así como los criterios establecidos en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta al amparo interpuesto por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) a principios de este año.
Dicho documento del máximo tribunal permite la interrupción del embarazo a las mujeres de Guanajuato que son acompañadas por la organización sin ser criminalizadas por la ley. De esta manera, la SCJN declaró inconstitucional los artículos 159°, 160°, 162° y 163° del Código Penal de Guanajuato que imponen una pena de seis a tres años a quien se practique o consienta el aborto y establece otros castigos al personal médico, partera o enfermera que brinde el servicio.
Cabe recordar que Guanajuato es una de las entidades más conservadoras de México donde el aborto solo puede realizarse en casos de violaciones. Actualmente existe un total de 6 artículos penales dedicados a la criminalización y prohibición de este derecho y la entidad continúa negándose a obedecer no solo el fallo de la SCJN en 2023 cuando declaró la inconstitucionalidad de penalizar el aborto, sino los tratados internacionales de derechos humanos.
La última discusión
El pasado 5 de julio, la diputada Luz Itzel Mendo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio un revés para la Marea Verde al cambiar su voto de último momento logrando que con 19 votos en contra y 17 a favor, las mujeres de Guanajuato todavía no puedan interrumpir su embarazo no deseado, siendo que unos días antes, las votaciones indicaban un empate.
El debate sobre la despenalización del aborto ocurrió en un contexto en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó al Congreso del estado al avance de un marco normativo que garantice la igualdad y la protección de los Derechos Humanos de las mujeres. Además, este organismo señaló la importancia de adoptar leyes en concordancia con los estándares internacionales y los criterios de la SCJN.
Al grito de «¡Vendida, vendida!», las mujeres de la Marea Verde mostraron su inconformidad por la decisión de la diputada Luz Itzel Mendo. Minutos antes, ya se colocaba sobre ella la presión al ser su voto el decisivo en la discusión. Cuando llegó su momento de participar en el Pleno, afirmó «cambió de decisión» apostando por la despenalización; sin embargo, volvió a rechazar el proyecto.
A pesar de este momento, las organizaciones civiles advirtieron que, la barrera legislativa no detendrá a las mujeres de abortar. Su prohibición no se traduce en menos abortos y más natalidad, en cambio, penalizarlo conlleva a abortos inseguros y peligrosos que causan morbilidad o mortalidad al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas.
En ese momento, la diputada Sandra Alicia Pedroza de Movimiento Ciudadano mencionó que con o sin Código Penal reformado, las mujeres de Guanajuato siempre abortarían. De enero del 2022 a julio del 2024 se abrieron 17 carpetas de investigación en contra de mujeres por el delito de aborto. Del 2020 a 2022 la tasa de madres de 10 a 17 años incrementó en un 29.4% con respecto al año anterior, de acuerdo con datos de GIRE en su informe «Maternidad o Castigo. Hacia la despenalización del aborto».
Iniciativas que no prosperan
Han sido varios los intentos de la derecha por mantener las restricciones en torno al aborto. En el año 2000, el Partido Acción Nacional (PAN) promovió una iniciativa para reformar el articulo 163° del Código Penal de Guanajuato e impedir la interrupción del embarazo en casos de violación. No obstante, la propuesta fue vetada ante las presiones al entonces gobernador Ramón Martín Huerta.
Ocho años después, teniendo como antecedente la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, se plantearon dos iniciativas: la primera buscaba establecer el concepto de persona agregando que se trataba de todo ser humano desde su concepción hasta la muerte; mientras que la segunda, impulsada por Partido de la Revolución Democrática buscó legalizar el aborto en la entidad. Al final, la iniciativa del PAN ganó la aprobación.
Posteriormente, en 2021, durante la legislatura pasada, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) retomó la reforma llamando la atención de diversas colectivas feministas que abogaban por el derecho de elección de las mujeres. Teniendo pláticas directas con el grupo parlamentario, crearon un foro en el Congreso, convocando la presencia de activistas para que entre las mismas dialogaran sobre la despenalización del aborto, pero la iniciativa no prosperó.
Durante las elecciones estatales de 2024 cuando la Colectiva Verdes Aquelarre realizó un foro independiente en dónde participaron las candidatas a la gobernatura Alma Alcaraz por Morena-PT-PVEM, Yulma Rocha de MC y Libia García de PAN-PRI-PRD. Aunque las tres coincidieron en su postura por la despenalización del aborto, Libia García siendo la primera gobernadora de Guanajuato ha tenido señalamientos por evitar pronunciarse al respecto.
En 2024, Sandra Pedroza, diputada de Movimiento Ciudadano (MC) volvió a presentar la iniciativa, dando pauta a mesas de diálogo que se dividieron en módulos, cada uno orientado a las diferentes comisiones a las que las reformas estaban dirigidas; abordando la importancia de la educación integral en temas de sexualidad, brindando datos en materia de salud y mostrando las estadísticas que las redes de acompañamiento manejan en cuanto aborto seguro en casa. Del mismo modo, estas mesas de dialogo quedaron en una propuesta estancada.
Tras el rechazo de la última iniciativa, colectivas feministas como la Red de Acompañantes de Aborto León y defensoras locales presentaron una denuncia ante el Poder Judicial de la Federación contra el congreso estatal y la gobernadora Libia García. La denuncia fue admitida por “violación de los tratados internacionales de derechos humanos”; sin embargo, hasta el momento el trámite no muestra avances.
