Ciudad de México.- Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la Guardería ABC, tras ser deportada, fue detenida en Sonora, para enfrentar cargos por el homicidio de 49 niñas y niños, así como por las lesiones de más de 100 sobrevivientes; no obstante, hasta el momento, solo dos mujeres han sido privadas de la libertad responsabilizadas por los hechos por la tragedia ocurrida en 2009.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras su aprehensión en la ciudad de Nogales por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Téllez Nieves fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde deberá cumplir una sentencia de cinco años y siete meses de prisión por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Hay que recordar que transcurridos 16 años del incendio de la Guardería ABC, un hecho que cimbró al país ocurrido en Hermosillo, Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitaría la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la estancia infantil, luego de ser arrestada en Arizona, Estados Unidos y quien enfrenta cargos por el homicidio de 49 niñas y niños fallecidos y más de 100 lesionados.
En cuanto a la detención de Arizona, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el arresto a través de un comunicado, en el que informó que Téllez Nieves fue detenida por las autoridades estadounidenses “en razón de que, habiendo sido sentenciada en México por un juez federal en dicho caso, incumplió con la condena de libertad condicional y huyó hacia los Estados Unidos”.
Además, señaló que la detención de Téllez fue gestionada desde septiembre de 2024, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con fines de extradición y quedó a la espera de su audiencia.
Cabe recordar que Téllez fue sentenciada inicialmente en 2016 a 28 años de prisión por homicidio culposo y lesiones; sin embargo, logró reducir su condena a cinco años y siete meses gracias a una serie de amparos y apelaciones. Pese a esta resolución, la copropietaria de la Guardería ABC permaneció prófuga desde 2022 hasta su reciente detención en Estados Unidos
La sentencia de Téllez Nieves fue dictada en 2022, luego de que diez de los veintidós responsables lograran reducir la condena que se les había impuesto en 2016, la cual oscilaba entre 20 y 28 años de prisión. Sin embargo, a tres años de esa resolución, solo Téllez Nieves y Nohemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías del IMSS, han sido detenidas por las autoridades.
Entre las otras personas sentenciadas se encuentran Antonio Salido Suárez, socio de la Guardería ABC; Roberto Copado, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil; Arturo César Leyva, delegado estatal del IMSS en Sonora , quien purgó su condena en su domicili; Fausto Salazar, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda.
Además de Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular; Martín Francisco Lugo Portillo, jefe del Departamento de Bomberos; Arturo Dávila Pacheco, segundo comandante de Bomberos; y Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda del Estado. Todos ellos recibieron penas de entre cuatro y cinco años de prisión.
Sin embargo, aún existen funcionarios implicados que no han sido llamados a rendir cuentas, entre ellos el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa; el exgobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo; el exalcalde de Hermosillo Ernesto Gándara Camou; y el exdirector del IMSS Daniel Karam Toumeh. Ninguno de ellos ha enfrentado proceso judicial ni ha recibido sentencia.
La reclusión de Téllez se concretó luego de que, en agosto pasado, fue detenida en Arizona por autoridades estadounidenses, “en razón de que, habiendo sido sentenciada en México por un juez federal en dicho caso, incumplió con la condena de libertad condicional y huyó hacia los Estados Unidos”.
Además, señaló que la detención de Téllez fue gestionada desde septiembre de 2024, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con fines de extradición.
Aunque los padres de las víctimas han expresado su satisfacción por la captura de la copropietaria, después de 18 años de impunidad, también subrayan que la deuda con la justicia y con las víctimas sigue pendiente, pues aún quedan responsables sin castigo.
16 años de impunidad
El 5 de junio de 2009, alrededor de las 14:45 horas, se registró un incendio en la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, plantel subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La tragedia dejó 49 niñas y niños fallecidos, además de un número indeterminado de menores y adultos lesionados.
El fuego comenzó en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda y se propagó rápidamente hacia la guardería. El muro que separaba ambos espacios tenía rieles metálicos con orificios, secciones incompletas y boquetes en la parte superior, lo que permitió el paso del humo a altas temperaturas. Testigos relataron que la estructura del inmueble dificultó la evacuación de los niños, mientras las 17 ambulancias disponibles fueron insuficientes y los heridos tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares y patrullas.
A pesar de que el IMSS exigía el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en las Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal, la estancia operaba sin cubrirlos. Aun así, recibió permisos en 2001 y 2007, vigentes hasta finales de 2009. En una inspección realizada el 8 de julio de 2005, el arquitecto José Verdugo Ibarra, contratado por el IMSS, advirtió que el inmueble no cumplía con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas.
Ante esta situación, se presentó la Ley 5 de Junio (también conocida como Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil), una iniciativa ciudadana impulsada por madres y padres de los menores fallecidos y lesionados durante el incendio de la Guardería ABC. A grandes rasgos, dicha iniciativa, publicada el 24 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación,establece una serie de requisitos que las guarderías y estancias infantiles deben cumplir en materia de protección civil.
Asimismo, como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible, por lo que la CIDH investiga los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano. Con ello, las familias buscan que el organismo emita recomendaciones al Estado para garantizar el acceso a la justicia y la no repetición.
No obstante, los familiares han declarado que hasta el momento las investigaciones de la CIDH siguen en proceso, por lo que, a 16 años del suceso, la reparación integral que se les prometió continúa pendiente. Han pasado cuatro gobiernos desde el acontecimiento y, hasta la fecha, la mayoría de los responsables de las negligencias cometidas aquel 5 de junio de 2009 no han sido privados de su libertad.
El Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible en el Informe No. 185/20 Niños y niñas fallecidos en la tragedia ocurrida en la guardería ABC y sus familiares.
Ahora conocerá el fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano- con lo cual las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición.
En dicho documento se argumenta que:
«El IMSS no adoptó salvaguardas ni fiscalizó a las estancias infantiles para garantizar que el servicio de cuidado sea prestado en mínimas condiciones de calidad y seguridad. Que solo el 0.3% de dichas estancias cumplían con los requisitos legales para su operación, y que ninguna contaba con una supervisión regular por parte del IMSS.
Adicionalmente, el Estado argumenta que los hechos expuestos en la petición no caracterizan violaciones a derechos humanos. Explica que han cumplido con su obligación de investigar diligentemente los hechos enunciados y puesto a disposición de las víctimas reparaciones acordes con los estándares interamericanos.
Más allá de lo señalado por el Estado mexicano, solo hay dos personas detenidas en estos 16 años.
Este litigio interamericano es un proceso clave para impulsar que el Estado tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana. Las acciones necesarias en este sentido incluyen la plena y efectiva aplicación a nivel nacional de la Ley 5 de Junio -fruto de la lucha de las familias del caso ABC– y el reconocimiento de que el cuidado de los niños y las niñas no puede ser visto como un negocio subrogable, sino que constituye una obligación del Estado y derecho de la niñez y de las familias.
