Morelia, Mich.- Después de poco más de dos años, finalmente, la justicia podría estar cerca en el caso de Jessica González Villaseñor, una joven michoacana de 21 años de edad que fue asesinada en septiembre de 2020. Este jueves se realizará la audiencia de cierre de alegatos del caso, tras la cual podrían declarar culpable al sospechoso de haber cometido este feminicidio enmarcado por la exigencia social y la labor incansable de la familia de Jessica.
En entrevista con Cimacnoticias, Maricela Montero Andrade (abogada y miembra de la colectiva Incendiarias, la cual ha dado acompañamiento a la familia de Jessica en todo el proceso) declaró que, desde su punto de vista, las autoridades han hecho un trabajo apegado a lo que se podría esperar de ellas.
Al respecto, la Fiscalía General de Michoacán emitió un comunicado en el que informó que se desahogaron 120 pruebas a lo largo del juicio. De igual manera, la institución espera que se dicte pena ejemplar en contra de Diego U, presunto feminicida de la joven que recién iniciaba su carrera profesional como educadora.
Montero Andrade también espera que las autoridades dicten la pena máxima para Diego. Esto, debido a la forma en la que Jessica Gonzáles fue asesinada, pues —de acuerdo con la abogada— el trato al que sometieron a la joven al asesinarla considera crueldad.
Se espera que se dicte el fallo contra Diego U., el día de hoy viernes 27 de enero. En caso de ser encontrado culpable, la sentencia definitiva se dará a conocer dentro de los próximos diez días. De igual manera, se tendría que establecer una reparación del daño para los familiares de la joven.
Antes de esto, colectivas feministas de Michoacán convocaron a una manifestación en apoyo a la familia de Jessica y en exigencia de una condena máxima contra Diego Urik. La cita fue este jueves a las 5:30 pm en la Antimonimenta de la Fuente de las Tarascas en la ciudad de Morelia. Se realizó una ofrenda con velas en señal de exigencia de verdad, flores en señal de la memoria de Jessica y cartulinas exigiendo justicia para ella y su familia.
Un proceso extenso y revictimizante
Pese a que el panorama para la sentencia es positivo debido a la actuación de las autoridades, Maricela Montero señala que el proceso no estuvo exento de obstáculos y tratos revictimizantes en contra de la familia de Jessica. La abogada recordó, por ejemplo, que la noticia sobre el hallazgo del cuerpo de Jessica llegó a la familia por los medios de comunicación y no a través de las autoridades correspondientes.
De igual forma, la defensora declaró que el equipo defensor de Diego U. cambió de abogados en repetidas ocasiones. Además, se presentaron diversos amparos que retrasaron el juicio y lo volvieron un proceso largo y tedioso.
“El proceso se ha visto muy lento y engorroso porque la defensa de Diego Urik ha utilizado todos los vacíos legales y trampas que te permite usar la ley con un exceso en el derecho para mantener lento el procedimiento. Han cambiado de abogado en diferentes ocasiones, incluso aunque sean abogados del mismo equipo, lo que permite que las audiencias se posterguen para una adecuada defensa.”
Maricela Montero Andrade
Anteriormente, el hermano de Jessica ya había denunciado esta situación con Cimacnoticias. En julio de 2022, Cristo González Villaseñor relató que la lentitud del proceso se debía, en parte, a que las leyes parecen favorecer más a los acusados que a las víctimas y a sus familiares.
A raíz de la lentitud del proceso judicial, la madre de Jessica y de Cristo se vio obligada a acudir a la Fiscalía semana con semana, dejando de lado sus actividades diarias y ejerciendo presión para por fin alcanzar la justicia. “Hemos hecho demasiadas cosas y la justicia en la balanza no se ve en ningún momento de nuestro lado. Nuestros derechos se ven violados y se priorizan los de un presunto feminicida”, declaró Cristo González en ese entonces.
La presión social, el motor de la justicia en el caso de Jessica González Villaseñor
Para Maricela Montero Andrade, la presión social fue un factor determinante para enfrentar la revictimización y la lentitud del proceso judicial en el caso de Jessica González Villaseñor, y esto es algo que tanto las colectivas feministas como la sociedad y las autoridades deben reconocer.
Desde la desaparición de Jessica hasta el intento de Diego U por esconderse en Jalisco, la protesta social fungió un papel central para impedir que las autoridades fueran omisas y se encargaran de detener y procesar al presunto feminicida. Gracias a ello, se logró que el proceso contra Diego iniciara rápidamente el 1 de octubre de 2020, a solo diez días de la desaparición de la joven.
En este sentido, para Montero Andrade, el caso de Jessica Gonzáles es emblemático en Michoacán, pues es el primero en cobrar tanta relevancia incluso para las mismas autoridades. Desafortunadamente, la abogada reconoce que no todas las víctimas reciben el mismo trato.
Acerca de esto, Maricela Montero mencionó que hay otro caso muy similar en proceso en el que, luego de estar desaparecida por varios días, una joven fue localizada sin vida en la misma zona donde encontraron a Jessica. Este caso, sin embargo, lleva cinco años estancado y nadie sabe sobre él. “Si no se hubiera hecho presión, quizás el caso de Jessica también hubiera quedado en el abandono”, afirma Montero Andrade.
“El caso de Jessica se ve marcado por el trabajo que ha hecho su familia para visibilizar el caso y para, con apoyo de la ciudadanía y de las colectivas feministas, exigir justicia (…) Desafortunadamente, en México necesitamos hacer presión para que las autoridades hagan correctamente su trabajo.”
Maricela Montero Andrade
La abogada feminista considera que detrás de la impunidad de cientos de casos hay un modelo legal patriarcal. Este modelo favorece a los agresores, sobre todo a aquellos con gran capital económico, social y político, como es el caso de la familia de Diego U. De igual forma, la falta de perspectiva de género de las autoridades hace que los feminicidas tengan sentencias mínimas bajo la creencia de que “no pueden controlar sus instintos”.
Al respecto, Montero citó el caso de Frida Santamaría, una joven de 24 años de edad que fue asesinada por su expareja sentimental (José Paulo N.) el 18 de junio de 2022 en Michoacán. El día de ayer, 25 de enero, un juez reclasificó el delito como homicidio culposo en lugar de feminicidio y dictaminó que José Paulo puede atravesar el proceso en arresto domiciliario. Cabe destacar que el presunto feminicida pertenece a una familia adinerada y con influencias políticas en el estado.
A estos factores se suma el desconocimiento de los derechos y de las leyes por parte de las víctimas y de sus familias. Esto es aprovechado por las autoridades, quienes, al verlos solos y sin acompañamiento, hacen de los procesos de justicia caminos complicados y revictimizantes. Esta misma revictimización, además, se ve multiplicada por una sociedad apática que abandona a las víctimas e incluso las culpabiliza de la violencia ejercida contra ellas.
De cara a esto, Maricela Montero Andrade señaló la urgencia de poner más atención y recursos en la prevención de la violencia contra las mujeres. También hizo énfasis en la necesidad de reevaluar las leyes desde una perspectiva de género para que haya justicia para cada una de las víctimas.
