Caso Pilar Argüello: una radiografía de la impunidad feminicida en México

En 2014, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitió una serie de recomendaciones por la impunidad prevalente en el feminicidio de Pilar Argüello Trujillo. Ocho años después, el Estado mexicano continúa ignorando el asesinato de Pilar: lo ha dejado en el abandono, como ha hecho con miles de casos de feminicidio a nivel nacional.

Pilar fue asesinada el 2 de septiembre de 2012 en Coscomatepec, Veracruz, presuntamente por su entonces pareja sentimental. El hombre fue detenido y luego lo dejaron en libertad, a pesar de la confesión del delito.

A 10 años de este hecho, la familia de la joven sigue en busca de verdad y justicia. Sus padres han agotado todas las instancias legales en el país para hacerlo posible. Finalmente, recurrieron ante el Comité de CEDAW para llevar el caso de su hija. En un suceso sin precedentes para México, el 21 de julio de 2017 la instancia aceptó revisar el caso y emitió un dictamen en contra del Estado mexicano.

Este dictamen incluye cinco recomendaciones; la principal de ellas: reabrir el caso de Pilar, castigar al feminicida y sancionar a todos aquellos que les han negado la justicia tanto a ella como a su familia. También se plantea que el Gobierno de México debe ofrecer una disculpa pública para aceptar sus errores y omisiones. Sin embargo, esto tampoco ha sucedido.

Es importante señalar que la petición al Estado mexicano se realizó desde 2017 y fue hasta 2022 que se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación. Además de abordar el caso de Pilar, entre sus señalamientos CEDAW hizo diversas recomendaciones para que el país reformara y optimizara los mecanismos de atención en los casos de feminicidio.

México cerró el 2021 con mil 04 feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Cabe destacar que en Veracruz se tienen registrados 54 asesinatos violentos de mujeres de enero a abril de 2022, de los cuales únicamente 31 se investigan como feminicidio (SESNSP). En lo que va de este 2022, los registros de feminicidio se han elevado a máximos históricos.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó que en el caso de los asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes en la entidad, de 2021 a abril del 2022 se registraron 207, de los cuales 102 casos se investigan como feminicidio, es decir menos del 50 por ciento. También con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz prevalece en los primeros lugares respecto al número de feminicidios a nivel nacional, en 2021 se ubicó en el 3er lugar y en 2022 se mantiene en esa misma posición.

En este contexto de inseguridad e impunidad para las mujeres, el caso de Pilar sigue sin resolverse; mientras tanto, la sociedad y las autoridades se ahogan en una profunda indiferencia.

La vida de Pilar Argüello Trujillo

La pandemia por COVID-19 nos ha cambiado la vida, incluida la forma de hacer entrevistas. Hay una distancia grande, enorme, entre las personas; un trecho que se acentúa aún más con una pantalla de por medio. Pero ese cristal no siempre estorba: a veces, las tristezas se sienten cercanas a pesar de su barrera.

Reyna Trujillo Reyes es la madre de Pilar; tiene una mirada seria que no tarda en ablandarse cuando comienza a hablar sobre su hija, quién era y cómo la recuerda. Esa suavidad en sus ojos mezcla al mismo tiempo la inmensa tristeza con una determinación, quizá forjada a lo largo de los años, quizá adquirida de un solo golpe.

De acuerdo con Reyna, su hija –quien nació y creció en Coscomatepec– no tenía tantas amistades porque trabajaba mucho. Era empleada del hogar desde los 14 años y, con el dinero que ganaba, pensaba pagar los estudios de su hermano pequeño y abrir un negocio de manualidades.

Lamentablemente, Pilar no pudo cumplir sus sueños ni objetivos. El 2 de septiembre del 2012 la asesinaron y abandonaron su cuerpo a la vista pública en una chayotera, ahí, en medio de las horas y la tierra de Coscomatepec. Tenía 20 años.

Doña Reyna Trujillo y don Pedro Argüello Morales –padre de Pilar– se enteraron de la muerte de su hija hasta dos días después del feminicidio. No fue gracias a las autoridades. El señor Pedro fue quien escuchó la noticia a través de un periódico local que anunciaba el hallazgo del cuerpo de una mujer.

Por su parte, el presunto feminicida –quien en ese entonces era menor de edad– se entregó voluntariamente, confesó su crimen y participó en la reconstrucción de los hechos.

El 6 de septiembre de 2012, días después del feminicidio de Pilar Argüello, ya habían ingresado a A.R.M. –el probable feminicida– a un centro de internamiento para adolescentes en Palma Sola, municipio de la costa veracruzana ubicado a tres horas de Coscomatepec.

De acuerdo con información recabada por la familia de Pilar y sus representantes legales, el cuerpo de la joven mostraba signos de violencia sexual, lesiones degradantes e indefensión.

A pesar de las confesiones que relacionaban directamente a A.R.M. con estos actos, el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz determinó que no había pruebas firmes para inculparlo. Además, descalificó la reconstrucción del crimen porque no se había realizado según las “formalidades” de la ley.

Así, después de pasar solo dos meses en Palma Sola, A.R.M. quedó en libertad. Entre tanto –dice doña Reyna–, ella y toda su familia se quedaron solos con sus tristezas.

Las fallas que orillaron a buscar a la ONU

Mientras las autoridades llevaban a cabo la reconstrucción del feminicidio, Pedro Argüello y Reyna Trujillo se encontraban en el cementerio sepultando a Pilar.

“Tal vez lo manejen así, pero yo creo que debería haber un familiar en la reconstrucción de los hechos y no hubo”, piensa el señor Argüello. Para él, esta fue la primera de una serie de negligencias por parte de las autoridades veracruzanas.

Cuando habla de esto, don Pedro proyecta un control absoluto de su voz. Como si el coraje, su coraje, sostuviera sus palabras desde el fondo de la tierra. El padre de Pilar afirma con una actitud determinante que las autoridades de Palma Sola, sobre todo la jueza que liberó al presunto culpable, son las principales responsables de la impunidad que rodea el feminicidio de su hija.

Araceli González Saavedra, representante legal de la familia de Pilar Argüello Trujillo e integrante de Equifonía –organización por la defensa de los derechos de las mujeres–, aclara que las y los funcionarios ni siquiera notificaron a los padres de la joven sobre la liberación del detenido. Lo supieron gracias a que constantemente buscaban comunicarse con quienes llevaban el caso para conocer sus avances.

La defensora, además, identifica a la entonces Procuraduría General del Estado de Veracruz y al Poder Judicial de la entidad en la lista de instituciones que han actuado con negligencia en el caso de Pilar. Estas faltas en el proceso han desembocado en 10 años de espera para que la familia Argüello Trujillo obtenga lo único que busca: respuestas y justicia.

Desde 2013, tanto Araceli González como Adriana Fuentes Manzo han acompañado a doña Reyna y don Pedro en todos los procedimientos legales por medio del colectivo Equifonía. Durante este camino, ambos se han enfrentado al silencio, la indiferencia y sospecha de corrupción por parte de las autoridades.

De acuerdo con Pedro Argüello, el personal responsable del peritaje aseveró que nunca fue encontrado el celular de su hija. Además, tanto él como la señora Reyna desconocen qué pasó realmente para que liberaran al presunto feminicida y, con ello, cerraran el caso.

Por otro lado, en 2011 –un año antes del asesinato de Pilar– el feminicidio fue tipificado como un delito en el Código Penal de Veracruz; sin embargo, esta tipificación no aplicaba si quien cometía el delito era menor de edad. Por lo tanto, el crimen contra la joven fue investigado como homicidio calificado.

Ante todas las irregularidades, Equifonía decidió presentar el caso de Pilar en el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer en 2014.

La CEDAW es un tratado internacional adoptado por los países que conforman la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En él se obliga a los Estados a reformar sus leyes para erradicar cualquier forma de discriminación contra la mujer, tanto en el ámbito privado como en el público.

Soluciones superficiales frente a problemas estructurales

Cuando un caso no es atendido de manera debida por las autoridades mexicanas, las organizaciones suelen presentarlo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Cuando se agota este recurso, el siguiente paso es exponer la situación frente al Comité de CEDAW.

En el caso de Pilar Argüello, Equifonía decidió acudir directamente con el Comité. De acuerdo con la defensora Araceli González, después de valorar lo ocurrido, se optó por esta instancia debido a que podía convocar a la reapertura del caso. Además, el análisis de CEDAW ofrecería las bases necesarias para repensar y procurar el derecho a la justicia para las mujeres en México.

El primer objetivo se logró. La Fiscalía General de Veracruz –antes Procuraduría General estatal– volvió a contactarse con Reyna Trujillo y Pedro Argüello en noviembre de 2017; en 2018 reiniciaron las diligencias para dar una solución real al caso de Pilar.

Entre los cinco años transcurridos desde su homicidio hasta la respuesta del Comité de la CEDAW, las autoridades veracruzanas se mantuvieron en silencio. Tras liberar al presunto feminicida, no hicieron investigaciones para buscar a otro posible culpable; tampoco iniciaron ningún proceso contra aquellos actores legales que obstaculizaron la obtención de justicia para la familia Argüello Trujillo.

Una de las peticiones específicas de doña Reyna y don Pedro hacia el Comité es que el Gobierno mexicano –en sus distintos niveles– reconozca sus errores, pero que esto vaya más allá de un discurso público. Desde el feminicidio de Pilar, su exigencia es que se procese a quien resulte responsable de las negligencias judiciales cometidas hasta ahora.

Por su parte, el Comité no solo recomendó la reapertura del caso: también solicitó al Estado mexicano mejorar sus mecanismos de atención para evitar que estas deficiencias se sigan reproduciendo. Las recomendaciones del Comité de CEDAW en este aspecto fueron:

• Garantizar el funcionamiento de los procedimientos adecuados para investigar y sancionar a los perpetradores de violencia contra las mujeres, sobre todo cuando se trata de feminicidas.
• Identificar y eliminar las fallas estructurales que impiden el buen funcionamiento del sistema de justicia y la investigación eficaz en casos de feminicidio.
• Implementar y reforzar programas que promuevan y garanticen la capacitación de todos los agentes estatales (policiales, fiscales y jueces) que trabajan con casos de violencia contra la mujer.
• Garantizar apoyo legal en el acceso a la justicia y protección a las familias de víctimas de violencia feminicida.

En 2018, el Gobierno de México envió un informe al Comité de CEDAW sobre sus avances en cada uno de los puntos sugeridos. En dicho documento se habló sobre el esmero puesto en materia legal, por ejemplo, al reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la tipificación penal del feminicidio.

También se mencionó la creación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y la aplicación de planes como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres –el cual, no obstante, estaba en vigor desde el 2013–.

En un informe sombra del mismo año, las defensoras de Equifonía argumentaron que todos estos esfuerzos no estaban rindiendo frutos. Por un lado –señalaron–, los programas y las capacitaciones estaban desarticulados y su impacto era difícil de medir. Por otro lado, tantas reformas y legislaciones eran inútiles ante las omisiones y la falta de acciones oportunas del Estado.

Además, de acuerdo con el informe del colectivo, las autoridades de Veracruz no presentaron avances significativos en el caso de Pilar. Tampoco explicaron a detalle el tipo de investigación que estaban realizando o si la llevaron a cabo desde la perspectiva de género.

El Comité de CEDAW compartió estas observaciones en su respuesta al Gobierno mexicano. Asimismo, señaló que los avances se vieron opacados por las diferencias entre los códigos civiles y penales para aplicar las leyes de forma homologada en toda la República mexicana.

Para 2018, en Veracruz había 101 carpetas abiertas por casos de feminicidio. El total nacional era de 895, poco más del doble que en 2015. El mundo parecía no inmutarse, a pesar de la urgencia. México, en general, permanecía congelado ante una violencia creciente.

Con preocupación ante el panorama, el Comité de CEDAW exigió al gobierno enviar otro informe de medio tiempo en 2020. Los resultados fueron los mismos: el país seguía sin cumplir las recomendaciones emitidas por el caso de Pilar Argüello, ni para la atención y seguimiento al feminicidio de la joven ni para las implementaciones al sistema de justicia nacional.

Doña Reyna y don Pedro, por su parte, siguieron topándose de frente con la impunidad y discriminación del sistema judicial mexicano.

México, un país sin garantías

Desde 2018, los padres de Pilar han mantenido reuniones con las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como con la Fiscalía General del Estado de Veracruz. En ellas, abordan los avances en la investigación del feminicidio de su hija. No obstante, a 10 años del delito, sus voces dan fe del desgaste provocado por la ineptitud de las autoridades locales y federales.

Apenas en el año 2021, el Gobierno de México instaló una mesa para dar seguimiento al caso y para buscar soluciones a los retrasos del Estado en el cumplimiento de su palabra.

Por medio de esta mesa, se presentó una propuesta de proyecto de reparación integral para Reyna Trujillo Reyes y Pedro Argüello Morales. En ella se incluye una disculpa pública por parte del Estado mexicano, donde tendría que reconocer sus errores y deficiencias al investigar el feminicidio de la joven de 20 años.

De acuerdo con Equifonía, la propuesta se aprobó, pero no se ha implementado. Tampoco se ha dado a conocer públicamente.

A finales del mismo año, el 1 de diciembre, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, recibió a los padres de Pilar y a sus representantes legales.

Desde que una jueza declaró absuelto a A.R.M., la madre y el padre de Pilar Argüello han exigido que se investigue y sancione a la funcionaria. El 1 de diciembre de 2021, don Pedro y doña Reyna visitaron el Poder Judicial para reunirse con Isabel Inés Romero Cruz y conocer los avances en el tema.

De acuerdo con la abogada Araceli González Saavedra, en lugar de conocer este progreso, “los familiares de Pilar fueron revictimizados y tratados de una forma clasista”.

“Esperar la justicia divina” fueron las palabras de la magistrada González Saavedra, quien afirmó que no podía garantizarles justicia terrenal.

A 10 años del feminicidio de Pilar, Estado mexicano sin respuestas

El Gobierno de México publicó las recomendaciones del Comité de CEDAW en el Diario Oficial de la Federación apenas el 4 de febrero de este 2022. También en este año, las sugerencias aparecieron en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. No obstante, esto debió suceder desde 2017, después de que el Comité envió sus comentarios sobre el caso de Pilar.

Mucho ha acontecido en este tiempo y, sin embargo, las cosas permanecen iguales. El caso de Pilar Argüello Trujillo sigue impune. En el panorama general, según una investigación de Almudena Barragán para El País en noviembre de 2021, la tasa de impunidad en feminicidio supera el 95 por ciento en México.

Para reconocerlo no es necesario hacer una búsqueda exhaustiva. Los medios, a diario, nos recuerdan que vivimos con un Estado feminicida: un Estado con legislaciones que no funcionan porque no logran atravesar la espesura de un sistema judicial corrupto, poco humano, completamente ajeno al sufrimiento de las víctimas y sus familiares.

En la actualidad, prevalecen casos como el de Jessica González Villaseñor, asesinada en 2020. A pesar de los ocho años de diferencia entre su historia y la de Pilar, las acciones del Estado mexicano mantienen una constante: la revictimización por parte de las autoridades, quienes –asegura Pedro Argüello– “parecen respetar más los derechos de los feminicidas”.

Reyna Trujillo y Pedro Argüello no han cedido frente a este sistema indolente; tampoco Equifonía ni el periodismo ni las colectivas y organizaciones que mantienen luchas desde sus propios flancos.

“Existimos porque resistimos”, sí, pero con el dolor de habitar un Estado cómplice y asesino.