Ciudad de México.- Hace 72 años, la lucha feminista logró que por primera vez las mexicanas pudieran votar y ser votadas logrando consolidar los derechos político electorales por lo que las sufragistas pelearon, no obstante, a más de siete décadas de este triunfo para las mujeres y haber alcanzado leyes que permitan incluso la paridad electoral en congresos, hoy, estos derechos enfrentan riesgos que deben ser analizados.
De acuerdo con la periodista y feminista Lucia Lagunes Huerta, existen dos momentos esenciales en la construcción de los derechos políticos de las mujeres. El primero ocurrió cuando accedieron al voto el 17 de octubre de 1953 después de años de lucha, y el segundo momento se fue gestando a medida en que la paridad de género comenzó a ser una realidad.
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Como resultado, al día de hoy no solo existe una mujer ocupando el mayor cargo político al cual se puede ascender, es decir, la presidencia de la República; sino también 16 mexicanas al mando de una gobernatura y paridad total en el Congreso de la Unión. A esto se suma que, gracias a la reforma constitucional al Poder Judicial a través del voto popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada en su mayoría por ministras.
No obstante, nada asegura la permanencia de las mujeres en estos espacios. Hace casi un año, durante el conversatorio Mujeres y poder: De la paridad al gobierno, del Instituto Nacional Electoral (INE), la política Dulce María Sauri Riancho advirtió que los derechos políticos de las mujeres permanecen amenazados con un retroceso ante los cambios políticos en el país.
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Sauri Riancho, también agregó que, pese al avance en la construcción de la paridad de género en 2019 se estableciera en los tres poderes del Estado y entes constitucionales autónomos, hoy los logros en esta materia no aseguran su cumplimiento, además, no deberían ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la toma de decisión sobre asuntos de interés colectivo.
El caso más evidente fue el retroceso que ocurrió cuando la primera mexicana en presidir la SCJN en 211 años de su historia tuvo que abandonar su cargo gracias a la reforma judicial. La exministra Norma Lucía Piña Hernández permaneció en el cargo por un periodo solo de 2 años, lo que significó una pérdida tomando en cuenta que a las mujeres les tomó décadas obtener derechos de participación política desde 1953 con la aprobación del voto.
Más allá de los cargos más evidentes, existen otros que son invisibilizados y donde la violencia política de género se ejerce con mayor fuerza. El informe «Vida pública y participación política de las mujeres en México» enviado ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) para su análisis durante el examen periódico al Estado mexicano en junio de 2025, dio cuenta de ello.
Pese a tener paridad de género en ambas cámaras, solo una mujer es integrante de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, mientras que, en la Cámara de Senadores, hay una mujer y seis hombres en la JUCOPO. Antes del pasado 3 de septiembre, ninguna mujer presidía la Mesa Directiva. La llegada de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados y de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez a la Cámara de Senadores, da un revés a esta situación.
Datos del Buró Parlamentario del 2021 mostraron que las mujeres estaban en el 37% de los mandos de control de la agenda en las estructuras legislativas. Para 2024, el 65.5% de los congresos locales eran encabezados por una diputada, el 55.7% de las comisiones ordinarias eran presididos por mujeres, pero su presencia solo estuvo en el 45.1% de comisiones relacionadas con temas de justicia, economía, política y seguridad y solo 24.3% lideran las bancadas.
En los congresos estatales, en estados como San Luis Potosí, estado de México y Chiapas las mujeres no tienen un acceso real al poder. A nivel municipal, entre 2018 y 2024, su participación aumentó solo 2.7 puntos porcentuales en presidencias municipales y alcaldías. En adherencia, las mujeres indígenas y afromexicanas están ausentes en espacios de representación y poder en sus comunidades, ejidos, localidades, municipios y en espacios en el ámbito estatal gracias al control patriarcal a través de normas internas que limita su participación en estas áreas.
A esto se suman, las denuncias por violencia política en razón de género. Hasta el corte del 2 de junio de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó la existencia de 516 registros de este delito de los cuales se sancionaron a 469 personas (85 mujeres y 384 hombres) y fueron inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres (RNPS). Esto representa un aumento significativo, ya que en julio de 2023 los registros llegaron a 341 casos y 297 sanciones.
El panorama actual que enfrentan las mexicanas en cuanto a sus derechos políticos es consecuencia de las resistencias a través de actitudes patriarcales por parte de instituciones políticas y de la sociedad mediante el rechazo hacia ellas. Su inclusión en el espacio público es visto como una amenaza, por lo que su llegada a cargos de poder no garantiza su permanencia.
