Ciudad de México.- En 2024, el 20% de los embarazos registrados en Chiapas correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años, una de las cifras más altas del país. Este dato evidencia la falta de políticas y campañas de educación sexual y reproductiva con un enfoque interseccional, señaló en entrevista con Cimacnoticias María Elena Collado Miranda, subdirectora de Gestión del Conocimiento de Ipas LAC.
A una década de distancia, Chiapas no ha logrado reducir de manera significativa los embarazos adolescentes. En 2015, la entidad ya reportaba un 20.3%, lo que refleja un estancamiento derivado de la pobreza, las desigualdades estructurales y el abandono institucional, particularmente hacia las mujeres indígenas.
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en Chiapas viven 2.8 millones de mujeres indígenas y el 87.5% de los municipios donde habitan presenta un grado alto o muy alto de marginación.
Esta situación impacta directamente en el acceso a la salud sexual y reproductiva, pues las cifras apuntan que el 73.9% de las adolescentes en la entidad no utilizó ningún método anticonceptivo. Collado Miranda explicó que esto se debe, en gran medida, a la lejanía de las comunidades rurales respecto a los centros de salud, lo que dificulta el acceso tanto a campañas educativas como a servicios de atención.
Esta problemática no es exclusiva de Chiapas, ya que de acuerdo con el artículo Acceso a métodos anticonceptivos de mediana y larga duración en madres adolescentes indígenas de Latinoamérica advierte que las adolescentes indígenas de la región presentan la mayor demanda insatisfecha de anticonceptivos, debido tanto a la falta de información como al limitado conocimiento sobre el tema.
Pese a ello, el Estado no ha implementado campañas de educación sexual adaptadas a las necesidades de las comunidades indígenas desde un enfoque interseccional. Por el contrario, suele aplicar los mismos mecanismos diseñados para zonas urbanas, lo que reduce su efectividad.
A ello se suma la falta de acercamiento del personal de salud hacia las y los adolescentes, pues aunque existan métodos anticonceptivos disponibles, los estigmas y tabúes impiden que la juventud solicite información o atención. Por ello, subrayó Collado, es necesario que sean las y los adultos, mediante campañas adecuadas, quienes se acerquen a brindar acompañamiento y orientación.
Frenar el embarazo adolescente debe asumirse como una prioridad del Estado, garantizando el acceso universal a métodos anticonceptivos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), si se cubriera la demanda de anticonceptivos en América Latina, cada año podrían evitarse 2.1 millones de nacimientos no planificados, 3.2 millones de abortos y 5 mil 600 muertes maternas, por lo que se trata de un asunto de salud pública urgente.
Asimismo, Collado Miranda advirtió que el embarazo adolescente genera profundas consecuencias sociales, por lo que prevenirlo permitiría reducir el abandono escolar, ya que muchas jóvenes dejan sus estudios al convertirse en madres, limitando así sus oportunidades educativas y laborales.
Además, evitaría la interrupción de los proyectos de vida de las adolescentes. Quienes ya tenían un plan suelen verlo truncado, y aquellas que aún no lo definían enfrentan mayores obstáculos para construirlo, perpetuando así el ciclo de pobreza en sus comunidades.
“El embarazo adolescente tiene múltiples impactos sociales, por lo que no puede considerarse un problema individual, sino una cuestión social y de derechos humanos”, señaló María Elena Collado Miranda, subdirectora de Gestión del Conocimiento de Ipas LAC.
Obligaciones del Estado
La prevención del embarazo y la maternidad en la adolescencia es un tema prioritario dentro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que impacta directamente en el bienestar de las adolescentes, su acceso a oportunidades educativas y económicas, y en la reducción de la pobreza intergeneracional.
Por ello, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su estudio Fecundidad en la adolescencia. Causas, riesgos y opciones, la experiencia en otros países ha mostrado que, para lograr una buena cobertura, los servicios públicos y privados para adolescentes deben cumplir tres condiciones: bajo costo, confidencialidad y respeto al consentimiento informado, además de estar disponibles de manera inmediata.
En adherencia, Collado Miranda apuntó que se debe contar con datos desagregados por municipio para identificar con precisión las zonas que requieren mayor atención y diseñar programas específicos. Además, se necesita una estrategia intersectorial que involucre al sector educativo y a las organizaciones civiles para ofrecer información basada en evidencia científica y combatir estigmas.
