Chilpangingo de los Bravo, Guerrero.- De acuerdo con el informe “Y ese lucero eres tú” del Equipo Mexicano de Antropología Forense A.C., en el estado de Guerrero existe una interrelación entre desapariciones, feminicidios y trata de personas que se relacionan con actividades del crimen organizado en el estado de Guerrero y además las instituciones no cuentan con las capacidades para hacer frente a esta situación, por lo que las mujeres guerrerenses terminan en redes de trata con fines de explotación sexual.
Este hallazgo es el resultado de una investigación sobre 14 casos de desaparición de mujeres en la entidad entre 2012 y 2022 que evidencian que no son hechos aislados, sino parte de un mecanismo de control y explotación que se nutre de la impunidad, la colusión y la falta de respuestas efectivas del Estado. De acuerdo con la investigadora en Estudios Latinoamericanos de Género, Elisa Niño Vázquez, los casos acontecieron en el municipio de Iguala de la Independencia (8), el puerto de Acapulco (2), Taxco (2), Chilpancingo de los Bravos (1) y estado de México (1).
Todas las víctimas tenían características en común que reflejaban las desigualdades estructurales de género y vulneraciones específicas por su contexto. Por ejemplo, la mayoría no terminaron sus estudios, enfrentaban precarización laboral, algunas querían migrar a Estados Unidos y otras planeaban trabajar con el crimen organizado, la mayoría eran madres solteras, vivían con el resto de su familia y eran consideradas como «bonitas».
Asimismo, mantenía relaciones sentimentales heterosexuales inestables y riesgosas con personas del crimen organizado o elementos de la Guardia Nacional. Antes de su desaparición, manifestaron signos de violencia previa como amenazas y coerción por figuras cercanas a ellas (parejas, exparejas, padres de sus hijas e hijos y familiares de estos). Hubo patrones de abuso, intimidación y aislamiento previo.
De acuerdo con el informe, el vivir este tipo de violencia en contextos de relaciones de confianza es una estrategia empleada para aislarlas de sus redes afectivas e integrarlas en actividades del crimen organizado. De esta manera, los patrones de violencia identificados fueron aislamiento progresivo, violencia, control corporal en la vestimenta o cuerpo y marcaje corporal al ser tratadas como objetos de posesión.
El modus operandi de desaparición se destacó por la sustracción de mujeres con ayuda de mínimo tres perpetradores, todos hombres. El hecho ocurrió en presencia de un familiar o persona desconocida que no pudo actuar por temor o estado de shock. La agresión se llevó a cabo con violencia, ya que se destaca el uso de armas de fuego contra al menos dos personas y la utilización de vehículos para escapar del lugar, lo que sugiere redes delictivas estructuradas y planificadas.
Violencia invisibilizada en Guerrero
Actualmente en Guerrero existen dos Alertas por Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) desde 2017, una por agravio comparado y otra por violencia feminicida en los municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravos, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS) señalan que la entidad ocupa el lugar catorce en cuanto al número de feminicidios con catorce casos solo en lo que va del 2025. No obstante, Elisa Niño Vázquez destacó que contrario a lo que indican las cifras oficiales del gobierno sobre una disminución, la realidad es lo contrario cuando analizan los casos de homicidios violentos contra mujeres.
A esto se suman los antecedentes históricos de desaparición forzada en Guerrero. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan que, hasta el corte del 23 de octubre de 2025, en México existen 133 mil 33 personas desaparecidas, de las cuales 7 mil 20 pertenecen a la entidad (mil 891 mujeres y 5 mil 129 hombres).
Cabe señalar que en este 2025, el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa cumple 11 años de impunidad y bajo este contexto, han detectado una transformación del crimen organizado así como en los fenómenos de migración por el Plan de Apoyo Guerrero que militarizó el territorio trayendo nuevas dinámicas de violencia.
No sobra decir que esta estrategia fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que abarcaba 20 acciones para reactivar la economía y mejorar la calidad de vida tras el paso del huracán Otis en 2023. Parte de este plan fue el despliegue de 16 mil 247 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Fuerzas Estatales y de la Policía Municipal, militarizando así el territorio.
Tampoco se puede olvidar que el 2007 con la “guerra contra el narco” instaurada en el sexenio de Felipe Calderón se notó un repunte de homicidios violentos contra mujeres y en 2012 se documentó un aumento de cuerpos de mujeres sin identificar. En 2014 y durante la administración de Enrique Peña Nieto también aumentó la violencia, siendo este el periodo en el que aconteció la desaparición de los 43 normalistas. Desde 2018, se ha registrado la presencia y expansión de cárteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Pacífico-Sinaloa
Dicha información no ha sido tomada en cuenta en las investigaciones de las autoridades, afirmaron en el Informe, porque no existe un cruce de datos sobre estos fenómenos junto a los datos de feminicidios, desapariciones y trata de personas en la entidad. Mientras tanto, el crimen organizado sigue explotando recursos y personas perpetuando un ciclo de violencia que impacta directamente a las niñas y mujeres de Guerrero.
Diana Bustos Ríos, coordinadora de Investigación Forense del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), precisó que, existe un comportamiento habitual en la Fiscalía General de la República (FGR), y las locales en la que delegan la investigación a las familias poniéndolas en riesgo al buscar información para que esté asentada en las carpetas de investigación.
Las investigaciones no cuentan con perspectiva de género que aborde las asimetrías en el ejercicio del uso del poder que hay entre hombres y mujeres. No tienen profundidad sobre cuáles son las susceptibilidades que puede presentar una persona que está en riesgo, de un determinado delito, o las vulnerabilidades.
Las entrevistas nunca son suficientemente claras en especificar que se trata de obtener información con respecto de una susceptibilidad en la que podría ser sujeta de un delito. Entonces, en la manera en la que se dirigen a la persona que denuncia, genera un metadiscurso de estigmatización.
Para Olimpia Jaimes López, integrante de la organización feminista Mujeres Guerrerenses por la Democrácia, existen varias deudas pendientes del Estado mexicano con las mujeres, adolescentes y niñas de la entidad. En principio, el Poder Ejecutivo debe crear las condiciones para atender la violencia de género, erradicar la desaparición forzada de mujeres y combatir prácticas delictivas ilegales como la trata de personas con fines de explotación sexual.
En adherencia resaltó la protección para las defensoras de derechos humanos, la creación de presupuestos anuales crecientes, la participación de las familias de las víctimas, investigación con perspectiva de género, la no estereotipación de la labor de familias buscadoras, capacitaciones en criminología feminista, así como transparencia y rendición de cuentas.
El desafío para la sociedad mexicana, consiste en poner a las víctimas en el centro, sin cortapisas ni mediaciones, la académica especialista en territorialidades, Claudia Esperanza Gabriela Rangel Solano, advirtió que «En Guerrero, nos hacen falta muchos luceros, el de todas las mujeres desaparecidas, violentadas, explotadas sexualmente y víctimas de violencia feminicida».
