Ciudad de México.- El Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción del Embarazo de Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso y Violación, cuyo objetivo es regular y garantizar que las instituciones del Sistema Estatal de Salud brinden acceso a servicios de aborto para menores de edad en casos de violencia sexual, además de establecer la obligación de notificar los hechos ante las autoridades competentes.
El dictamen, aprobado con 32 votos a favor y 2 en contra, señala que las niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual podrán acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana, perspectiva de género, interés superior de la niñez y no criminalización.
Cabe señalar que, si bien la creación de esta ley representa un avance en la protección de niñas y adolescentes, ya existía un respaldo legal desde hace 16 años: la NOM-046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, publicada en 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta norma establece el derecho de las víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE).
No obstante, la NOM-046 fue denunciada por organizaciones como Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ya que se ha encontrado casos donde hospitales la incumplen. También señalaron que no contaban con sistemas del registro del número, edad o condición de pertenencia étnica de las víctimas de violencia sexual y violación que atendieron, tampoco si recibieron anticoncepción de emergencia o medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS).
Un caso concreto es el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien pese a la actual norma NOM-46 tiene una reglamentación interna que impone requisitos adicionales frenando así la interrupción del embarazo de las mujeres. El pasado 9 de junio de 2024, una jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a la institución que el personal médico debía seguir los procedimientos de aborto a mujeres víctimas de violencia física o sexual en apegado a la norma; sin embargo, el IMSS impugnó esta decisión quedando pendiente la resolución hasta el día de hoy.
Pese a que en su momento solo las mujeres víctimas de violencia sexual podían acceder a este derecho, actualmente todas las mujeres chiapanecas que decidan interrumpir su embarazo pueden hacerlo de manera segura y gratuita, luego de que el pasado 26 de noviembre de 2024, el Congreso local despenalizó el aborto. Esta decisión implicó la eliminación de la reforma constitucional al artículo cuarto, que protegía la vida desde el momento de la concepción.
¡Ahora sí! Se despenaliza el aborto en Chiapas
Embarazo infantil y adolescente: una problemática olvidada
Estos marcos normativos constituyen un avance contundente impulsado por la marea verde, aunque es necesario subrayar que Chiapas aún tiene una deuda pendiente en la erradicación del embarazo infantil y adolescente, una problemática que no ha dado tregua en la región.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Chiapas viven 2.8 millones de mujeres indígenas, y el 87.5% de los municipios donde habitan presenta un grado alto o muy alto de marginación.
Esto se traduce en el abandono de niñas y adolescentes, pues, según datos recopilados por IPAS, 676 embarazos de niñas entre 10 y 14 años se registraron en la entidad. Es importante recordar que los embarazos infantiles no son una elección, sino la consecuencia de un delito que en muchos casos no se investiga ni se sanciona, a pesar de ser producto de violación sexual o matrimonio infantil.
Cabe recordar que, en junio pasado, se difundió una lista con 30 nacimientos donde las edades entre las madres y los padres resultaban abismales. Estos datos, proporcionados por la Secretaría de Salud, evidencian que se trata de niñas víctimas de violencia sexual, quienes probablemente se encuentran en matrimonios forzados.
En dicha lista, el estado que encabezó los casos fue Chiapas (en municipios como Comitán de Domínguez, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo), seguido por Guerrero (con Acapulco, Chilpancingo de los Bravos y Chilapa de Álvarez) y Puebla (con Puebla, Izúcar de Matamoros y Tehuacán). Aunque en casi todas las entidades del país se registró al menos un caso, esta situación evidencia que el problema es generalizado en México.
Asimismo, conviene recordar que, Cimacnoticias ha documentado previamente, en 2024 el 20% de los embarazos registrados en Chiapas correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años, una de las cifras más altas del país. Este dato refleja la ausencia de políticas y campañas de educación sexual y reproductiva con enfoque interseccional.
En 5 años, Chiapas no ha logrado disminuir embarazos adolescentes
La situación repercute directamente en el acceso a la salud sexual y reproductiva, ya que las cifras indican que el 73.9% de las adolescentes en la entidad no utilizó ningún método anticonceptivo. Ello es consecuencia, en gran medida, de la lejanía de las comunidades rurales respecto a los centros de salud, lo que dificulta el acceso a servicios médicos, anticonceptivos y programas educativos.
Frenar el embarazo adolescente debe asumirse como una prioridad del Estado, garantizando el acceso universal a métodos anticonceptivos. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), si se cubriera la demanda de anticonceptivos en América Latina, cada año podrían evitarse 2.1 millones de nacimientos no planificados, 3.2 millones de abortos y 5 mil 600 muertes maternas, por lo que se trata de un asunto urgente de salud pública.
Ante esta realidad que vive Chiapas, donde los embarazos infantiles y adolescentes persisten, no basta con crear leyes, normas o reformas que reconozcan el derecho a decidir sobre sus cuerpos. El verdadero desafío sigue siendo erradicar los embarazos infantiles y adolescentes, que constituyen una de las expresiones más graves de las brechas de desigualdad y violencia estructural que aún proliferan en la región.
