Ciudad de México.- Un juez en el estado de México libertó a un hombre acusado del delito de violencia sexual bajo el argumento: «la niña no pudo decir la hora exacta y la dirección de su agresión», elementos que consideró clave para dictar sentencia en favor del acusado, el pasado 15 de febrero, es por eso que el tema escaló para solicitar su destitución.
El pleno del Senado aprobó por unanimidad y, de obvia, y urgente resolución un punto de acuerdo para pedir al Consejo de la Judicatura del estado de México la destitución inmediata del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela y se solicitó la reparación inmediata a la víctima.
Este hecho que indignó al país permite dar cuenta de la impunidad sostenida, de acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, de cada 100 delitos cometidos, 14 se resuelven y solo se denuncian 6, es decir, que de un delito que pudiera darse, la probabilidad de que se resuelva es de un 0.9 por ciento, una probabilidad nula, casi inexistente, de que se resuelva.
Cada año 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México, de las cuales, seis de cada 10 se perpetran en casa y en el 60 por ciento de los casos, el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano a la familia.
Además, de cada mil casos de abuso sexual contra menores en el país, solo 100 se denuncian y de estos, únicamente el 10 por ciento llega ante un juez, y de los cuales, sólo el uno por ciento recibe una sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“En México 4 de cada 10 niñas y niños son víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 10 años de edad”, detallaron representantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Tlaxcala y Chiapas, detallaron que las autoridades no responden de forma integral ante la violencia sexual, ni han generado, un cambio cultural de no violencia contra las mujeres y menores de edad. El resultado es que el hogar y la escuela siguen siendo los sitios donde se cometen más agresiones sexuales.
Las activistas, refieren que el sistema de justicia está “en pésimas condiciones”, por lo que es necesario que se reforme la normativa en materia de violencia sexual y el funcionamiento interno de estas instituciones, con el fin de agilizar el acceso de justicia de las menores de edad. Esto ayudará a que los casos no queden en la impunidad, pero además el gobierno debe trabajar en definir una respuesta integral ante esta problemática.
El caso
El caso incendió las redes sociales, luego de que el 15 de febrero de este año, el juzgador del Tribunal Superior de Justicia, absolviera de los cargos y extendiera una orden de libertad al presunto agresor.
La víctima, una niña de 4 años de edad, fue agredida sexualmente el 26 de febrero de 2022, por su tío paterno de 50 años, los hechos ocurrieron cuando la niña se encontraba a cargo de su padre en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el estado de México. Tras denunciar la agresión sexual, la investigación y el proceso penal se extendieron durante dos años.
Ante la rabia y la impotencia para manejar esta situación, la madre de la niña explotó, mostrando su enojo y desacuerdo, cuestionando al juez, si habría actuado igual si hubiera sido su hija, aseveró que la víctima no podía recordar esos detalles y, que había pasado por un proceso de terapia; a lo que el juez se limitó a responder que podría hacer uso de su facultad de apelar a la sentencia.
¿Es en serio?, respondió la madre airada. “Si fuera su hija, ¿qué hubiera hecho usted?, ¿por una dirección hubiera soltado al agresor, por una dirección que no me correspondía saber a mí, qué hora, qué día?, ¿usted hubiera liberado al agresor de su bebé? Tenía cuatro años de edad, su señoría, cuatro ¿Por qué tenía que saber con exactitud la hora si la niña dijo que fue en la noche, que traía pijama y todos los dictámenes coinciden”, dijo la madre de la niña al concluir la audiencia.
Victoria Figueiras, madre de la niña, afirmó que la Fiscalía de Género del Estado de México defendió al presunto agresor, dijo: “yo no puedo confiar en la Fiscalía porque me están jugando chuequísimo, están defendiendo al agresor, ¿por qué? Tráfico de influencias, corrupción, yo qué sé…
Figueiras explicó que la Fiscalía comenzó a manipular la carpeta de investigación del caso de su hija para que ésta no tuviera congruencia en cuanto a los pasos que se debieron seguir para llegar a una orden de aprehensión.
¿Qué dijo el juez?
Inconsistencias en el sistema penal acusatorio de la fiscalía del Estado de México permitieron que el presunto agresor sexual de una víctima de 4 años quede impune. Al menos, ese fue el argumento que el juzgador del Poder Judicial del Estado de México, Manuel Alejandro Martínez Vitela utilizó para declarar absuelto a un hombre acusado del delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.
“Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. Se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual”, dijo el juez en la audiencia.
Los visos de clara impunidad, que se desprenden de la actuación del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, dieron paso a una serie de reclamos e indignación de diferentes sectores de la sociedad, escalando hasta el poder legislativo que pidió el miércoles 28 de febrero la destitución inmediata del juzgador.
Las reacciones
Consecuentemente con esa línea de pensamiento, el pleno del Senado aprobó por unanimidad y, de obvia, y urgente resolución un punto de acuerdo para pedir al Consejo de la Judicatura del estado de México la destitución inmediata del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, por la resolución a favor del agresor sexual de una víctima de 4 años. También, solicitaron al Poder Judicial del estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la inmediata reparación del daño para la víctima.
Las y los senadores consideraron que el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela por su incompetencia, falta de capacidad e ineptitud, puso en riesgo la vida, la dignidad, la integridad y la salud de una infante de solo 4 años de edad y su resolución permite sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en la impunidad por este tipo de decisiones absurdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes.
La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), en coalición con otras organizaciones de la sociedad civil, emitieron un comunicado, condenando tajantemente el fallo absolutorio dictado por el Juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela del Poder Judicial del estado de México, en favor de un violador o agresor sexual para que éste goce de libertad, después haber atacado a su propia sobrina, una niña de 4 años de edad.
En el comunicado, Laura Martínez Rodríguez, directora ADIVAC, refirió: “la tarjeta informativa presentada por el Poder Judicial del estado de México, en defensa del juzgador, es la radiografía del desconocimiento que tienen todas y todos los operadores de justicia, tanto de la procuración como de la administración, para abordar los delitos sexuales, particularmente los cometidos en contra de niñas y niños”.
Esto tras señalar el desconocimiento de las autoridades acerca del Principio del Interés Superior de la Infancia, siendo una medida para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental de los menores de edad y, de esta manera evitar todo sufrimiento injustificado y victimización secundaria.
Elaborando así, una suerte de recuento de las irregularidades presentadas en el caso, “la tarjeta informativa habla de una reconstrucción de hechos, la cual, de llevarse a cabo, daría pie a un nuevo hecho delictivo. Se trata de un delito de realización oculta, donde solo la víctima y el agresor conocen lo sucedido”.
La tarjeta informativa dice que a la niña, menor de edad, se le aplicaron cuatro periciales, cuando la Ley refiere que no se debe poner en riesgo la integridad de la niña, con una pericial es suficiente para demostrar uno o varios indicadores de violencia sexual”, señala la activista, “la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado al respecto”.
Una a una las inconsistencias del caso, la tarjeta informativa habla de: “meta peritaje que demuestra fallas metodológicas, como ausencia de pruebas psicométricas”, (SIC).
Lo anterior, abre espacio a una serie de cuestionamientos esenciales para entender la problemática, pregunta: ¿en qué estudio científico se establece que a una niña o niño de la primera infancia (de cero a 6 años de edad) se le aplican pruebas psicométricas?
¿Qué perito en psicología con experiencia en trabajo con niñas, niños y adolescentes de primera infancia que ha vivido violencia sexual, aplica pruebas proyectivas?, abunda: ese perito que habla de fallas metodológicas, ¿tiene experiencia en trabajo con población infantil que develó violencia sexual?, puntualizó, en una suerte de exhorto a las autoridades para que se cuestionen su actuar en dicha resolución.
Otro de los aspectos, son que el juzgador reprocha que la niña no proporciona circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar, destaca: “es decir, se le exige recordar fecha, día, ubicación, espacio”.
Emite una reflexión: “los niños en el pensamiento concreto, de acuerdo a Piaget, no manejan nociones de tiempo y espacio, absolutos y convencionales, como lo son fechas y horarios, ya que estas son construcciones abstractas que no pueden comprender debido a que aún no cuentan con las herramientas cognitivas desarrolladas para hacerlo; el pensamiento está centrado en sus vivencias personales, anclado a lo que ven y toca, por eso, no mienten respecto a una experiencia de violencia sexual, manifiestan lo vivido y no se puede alterar su pensamiento”.
La activista, señaló “la determinación de este juzgador es solo un ejemplo de cómo están integrados los poderes judiciales, gracias a su falta de conocimiento tenemos un nivel de impunidad mayor al 98% en delitos sexuales”.
Entre una serie de exigencias dirigidas al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de México, las activistas señalaron, que es necesario que la niña tenga acceso a la justicia en el que se haga patente su derecho a la protección, porque se requiere que viva el proceso legal de manera redignificante y no revictimizante.
De igual forma, pidieron que las autoridades dejen de enaltecer, “los pactos patriarcales, que conciban a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y dejen de discriminarles por razón de edad”, concluyeron.
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicho andamiaje jurídico, los reconoce como titulares de derechos fundamentales, como: el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido proceso, así como, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
LOA/OLO
