Ciudad de México.- Trata de personas, corrupción de menores, extorsión y tráfico de menores cometidos en contra de mujeres, adolescentes y niñas fueron delitos en ascenso en este país, esto contradice información de las autoridades quienes han afirmado que la violencia de género disminuye en México.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “México es el segundo país en el mundo donde se comenten el mayor número de agravios en contra de niñas, niños y adolescentes”.
Con motivo del cierre del 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó sus datos sobre la incidencia delictiva en México, es decir, las carpetas de investigación que iniciaron las autoridades del ministerio público, entre ellos por presuntos delitos de trata de personas, corrupción de menores y extorsión, cometidos en México.
En el caso del delito de tráfico de menores, las cifras son casi nulas, por lo que respecta a la autoridad, sin embargo, la larga lista de madres y familiares que buscan a sus familiares desaparecidos en el país es lo que ha ido subiendo en los últimos años.
Hay que aclarar que las cifras mencionadas a continuación engloban únicamente las investigaciones que fueron iniciadas por presuntos delitos de trata de personas, corrupción de menores, extorsión y tráfico de menores, no incluye sentencias.
Las cifras de presuntos delitos reportadas ante la autoridad, a todo lo largo y ancho del país, es importante para obtener un mapeo de los datos que tiene el estado mexicano. Sin embargo, sería importante considerar que existe una cifra negra de casos que no se denuncian, debido a la escasa tasa de resolución de los mismos.
Mujeres, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas
Hay que aclarar que las cifras mencionadas a continuación engloban únicamente las investigaciones que fueron iniciadas por presuntas víctimas de trata de mujeres, no incluye sentencias.
En las cifras que presenta el SESNSP en el documento Información sobre violencia contra las mujeres, se detalla que es el estado de México la entidad con mayores índices de este delito, con 146 casos, seguido de la ciudad de México con 111 casos y Quintana Roo con 90, mientras que Baja California, tiene 49 de este tipo, y el estado de Puebla, con 38, Hidalgo cuenta con 28, en el estado de Chihuahua son 24 y Nuevo León tiene 20 incidentes de esta naturaleza. De un universo total de 592 casos presentados, 8 estados superan la media nacional de 18.5.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra de mujeres víctimas de trata de personas se habría incrementado año con año. En 2018 a nivel nacional se registraron 369 casos de mujeres víctimas de trata de personas, en 2019 la cifra se incrementó a 406; para 2020 ascendió a un total de 458 casos. En 2021 el registró marcó 509 casos, mientras que en 2022 la cifra creció a 589.
Dicho delito tiene una estrecha relación con el de desaparición; sin embargo, en la región de América Latina y el Caribe no se cuenta con datos estadísticos integrados y contextualizados sobre ambos delitos lo que ha provocado que el desarrollo de políticas públicas para atender dichas problemáticas no sean una prioridad, destaca el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
En su Diagnóstico regional sobre datos de desapariciones y trata de mujeres. Recomendaciones de política pública, el Mecanismo destaca que existen pocos datos estadísticos disponibles sobre estos delitos. Dicha información no integra los fenómenos y les otorga un tratamiento de delitos autónomos, aún cuando existe entre ellos una conexión y un contexto.
¿Qué es la trata de personas?
“La trata de personas es un delito de lesa humanidad, catalogado como la esclavitud del siglo XXI. En él, personas de todas las edades son comercializadas, sin dignidad, ni derechos. A través de la amenaza, el engaño y la tortura, sus captores pueden obligarles a desempeñar distintas funciones como el trabajo sin paga, la mendicidad forzada, o la explotación sexual que va desde la prostitución hasta la generación de contenido pornográfico”, destaca la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
“La trata de personas es un fenómeno multifactorial que se sirve del individualismo, el capitalismo voraz, el patriarcado y la corrupción. Al ser el segundo “negocio” ilícito con más ganancias en el mundo, después del narcotráfico, las cantidades de dinero generadas sirven muchas veces para comprar a las autoridades y volverlas cómplices. Los gobiernos al verse envueltos en el crimen deciden no actuar y callar ante el problema, aunque tengan conocimiento e incluso la ubicación y modus operandi de las redes delincuenciales”, subraya la máxima casa de estudios.
En palabras de Amelia Tiganus, sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual y activista por los Derechos Humanos, las personas explotadas sexualmente no son solo víctimas de los proxenetas, sino de todas y todos que, como sociedad, preferimos “mirar hacia otro lado”.
En el mundo, el 98 por ciento de víctimas de trata son mujeres, niños y niñas, envueltos en las redes de la trata de personas. En reconocimiento de este problema, desde 1999 se instauró el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños como un llamado urgente de la organización de las naciones unidas (ONU) a los gobiernos y la sociedad para poner fin a un delito que devasta vidas, familias y poblaciones enteras.
Tlaxcala invisible
Organizaciones de la sociedad civil se han mantenido en pie de lucha, a lo largo de los años, para lograr que las autoridades desarrollen políticas públicas y ejecuten acciones contundentes que permitan atacar de fondo la violencia contra las mujeres en el estado de Tlaxcala, el cual se ha colocado en la mira internacional como una zona central de cooptación y movilidad de mujeres para fines de explotación sexual comercial, el llamado “corredor de trata”.
Durante agosto del 2022, organizaciones civiles de Tlaxcala presentaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) la segunda petición para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres para toda la entidad, pues únicamente de 2016 a agosto de 2017 se contabilizaron 35 casos.
Tlaxcala se ha colocado en la mira internacional como una zona central de cooptación y movilidad de mujeres para fines de explotación sexual comercial, el llamado “corredor de trata”. Es por ello que en agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó la primer AVG para 13 municipios de la entidad, donde han localizado organizaciones dedicadas a este delito.
Sin embargo, a través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) negó el 4 agosto del 2022 activar el mecanismo, la autoridad argumentó que no había “elementos suficientes” para mantener al estado en alerta.
El Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Personas, la Red Retoño y 40 organizaciones suscritas a la segunda solicitud de la AVG, buscaron nuevamente en el 2022 por medio de este mecanismo, que el Estado en sus tres niveles reconociera y ataque esta problemática que tiene un impacto mundial.
La solicitud, fue focalizada en la desaparición de niñas y adolescentes porque se encuentra estrechamente ligada con la trata de personas y otros delitos como la violencia sexual y el feminicidio.
A partir de una investigación hemerográfica que hicieron las organizaciones peticionaras de esta segunda AVG, argumentan en la solicitud que identificaron un perfil determinado en los 35 casos de desaparición documentados; se trata de niñas entre los 14 y 16 años de edad quienes continúan siendo las principales víctimas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también habría identificado las zonas donde las mujeres son cooptadas y las rutas de movilización.
En su “Diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México” precisó las rutas de estas redes: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.
Con estos elementos, exigieron a Conavim en el documento que en caso de que aceptara la solicitud, el Grupo de Trabajo que se conforme para investigar el contexto de violencia contra las mujeres en Tlaxcala, sean especialistas en desapariciones de mujeres y haga el análisis desde una perspectiva del interés superior de la niñez y de género.
Asimismo, solicitaron en la petición de la AVG, que el Comité Nacional del Programa Alerta Amber en México y la Fiscalía Especial para los Delitos Vinculados contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), realice una exhaustiva revisión y evaluación de la actuación de las autoridades de Tlaxcala al activar y dar seguimiento a los protocolos de búsqueda de mujeres, y emitan un informe público al respecto.
La directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, señaló que en los casos que acompañan las organizaciones han detectado que tanto el Protocolo Alba (especializado para la localización de mujeres) y la Alerta Amber no se activan de manera inmediata, si no después de 72 horas, tiempo vital para poder rescatar a la víctima, indicó.
En el documento también exigieron a Conavim que la Procuraduría General de Justicia local transparente el número de denuncias por la desaparición de mujeres que tenga en investigación, desagregue por edad y localidad, además del número de Alertas Amber que ha activado, ya que no existen datos oficiales certeros de cuántas mujeres han desaparecido en Tlaxcala, indicó la defensora Méndez Ahuactzin.
Mientras la Procuraduría local reportó que tenía el registro de ocho casos únicamente, Fevimtra reportó 22 a través de una solitud de información.
En tanto el Grupo de Trabajo conformado para atender la primer AVG, indica en su informe de que 2013 a abril de 2017, sumaron 42 mujeres desaparecidas, de las cuales, sólo cuatro fueron localizadas y cinco fueron víctimas de feminicidio.
Cabe recordar que al gobierno de Tlaxcala le quedan pendientes con la primer AVG, Segob en su dictamen final le mandató crear una Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, un protocolo para identificar víctimas de trata, acciones en las rutas de movilidad de trata de niñas y mujeres identificadas, y una base de datos sobre los tipos de violencia contra las mujeres en el territorio.
Por ello la Iniciativa Popular Contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala solicitó a Conavim que informe el mecanismo de seguimiento que hará de las acciones gubernamentales, así como un reporte de las mismas.
Por último, en la conferencia las agrupaciones criticaron la decisión de Segob por negar la primera AVG, e indicaron que su análisis se basó en “la buena voluntad del gobierno por actuar” y en un “pase de lista” de las acciones que había realizado, no en pensar en una política pública que permita atacar de fondo la violencia contra las mujeres en Tlaxcala.
Niñas y adolescentes víctimas del delito de corrupción de menores
Corrupción de menores se refiere a un término legal utilizado para englobar actitudes y comportamientos de adultos que pueden resultar perjudiciales para la salud física, mental emocional de cualquier persona menor de 18 años.
De acuerdo al código federal vigente, dichas acciones pueden abarcar, desde realizar actos de exhibicionismo corporal, realizar acciones lascivas o sexuales, o bien, inducir a la prostitución, ebriedad o el consumo de narcóticos; así como, inducir al menor de edad a la mendicidad o a formar parte de una asociación delictiva.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad también dio a conocer que en el país hubo un total de mil 804 niñas y adolescentes que resultaron víctimas de corrupción de menores, siendo Guanajuato la entidad que permanece con mayor incidencia de este tipo de delito con 386 casos registrados. A esta entidad le siguen Baja California con 205 y la ciudad de México con 182.
Con respecto a incidencias, hay 10 estados que superan la tasa nacional de 56.3:
Guanajuato 386
Baja California 205
Ciudad de México 182
Nuevo León 176
Jalisco 83
Quintana Roo 80
Chihuahua 70
Estado de México 69
Sinaloa 57
En 2021 se registraron 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil en México, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, elaborado por el INEGI, sin contar la cifra “oculta” de casos que no se denuncian.
Así lo dio a conocer Alumbra, una comunidad colaborativa impulsada por Early Institute, en el Panorama estadístico de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. El estudio arrojó que de 2020 a 2021 se registraron 693 casos más, es decir, un aumento de tres por ciento. Respecto a la edad, niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años fueron el rango más afectado, también es importante visibilizar que casi el 10 por ciento fueron niñas y niños menores de 5 años lo cual equivale 2 mil 70 víctimas de violencia sexual durante su primera infancia.
“La explotación y abuso sexual de niños están normalizados socialmente en Latinoamérica”, señala la Relatora Especial sobre la venta, la explotación sexual y el abuso sexual de niñas y niños Mama Fatima Singhateh, destacando así, que la venta, explotación y abuso sexual de menores, son materias pendientes por resolver en nuestra región.
Por otra parte, señaló que la lentitud del proceso de investigación y las demoras en el procesamiento y resolución de los casos denunciados ante las autoridades alimentan la idea de impunidad de algunos perpetradores, y no permiten la rehabilitación eficaz de las víctimas, ni el apoyo a los familiares y testigos de la venta y la explotación sexual.
La relatora especial consideró que hace falta una coordinación efectiva entre los diversos sectores para fortalecer las instituciones, además de asignar los recursos adecuados, promover la participación de los menores y establecer objetivos a corto y largo plazo con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Mujeres víctimas de extorsión
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad también dio a conocer que en el país hubo un total de 3 mil 796 personas que resultaron víctimas de extorsión, siendo el estado de México la entidad que permanece con mayor incidencia de este tipo de delito con 1,182 casos registrados. A esta entidad le siguen Guanajuato con 425 y Veracruz con 403.
Con respecto a incidencias, hay 10 estados que superan la tasa nacional de 118.6:
Estado de México 1,182
Guanajuato 425
Veracruz 403
Nuevo León 327
Jalisco 292
Ciudad de México 149
Hidalgo 129
La extorsión en nuestro país está tipificada, como un delito que consiste en obligar a una persona mediante violencia o intimidación a realizar u omitir un acto jurídico con ánimo de lucro y en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, siendo regulada dentro del marco jurídico de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que entre las principales afectaciones a las víctimas de extorsión se encuentran las emocionales. Seguido incluso de daños económicos. Además, “aun cuando quien extorsiona haya cesado en su chantaje, sus efectos pueden perdurar”.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2021 se cometieron cuatro millones 910 mil 206 extorsiones en hogares; se denunciaron únicamente 246 mil 138 y solo en 52.4 por ciento se inició una carpeta de investigación, de las cuales en 59.6 por ciento no sucedió nada y 26.3 por ciento seguía en trámite.
“En el 2.8 por ciento de los casos se puso al presunto delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón, y en apenas 0.3 por ciento se logró la recuperación de los bienes”, enumera el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al describir la baja o nula tasa de éxito en la persecución de este delito.
La sextorsión
De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, más de mil mujeres fueron víctimas de sextorsión en 2022 en ciudad de México; registrando un total de mil 361 casos por sextorsión, siendo las mujeres las principales víctimas en un 73 por ciento de los casos.
De acuerdo con el informe Riesgos Digitales del Amor Romántico, el Consejo Ciudadano señaló que para perpetrar este tipo de agresión, los delincuentes entablan relaciones con sus víctimas, intercambian fotos o videos de contenido íntimo o sexual y después amenazan con publicarlas y difundirlas.
Tan solo de enero a diciembre del 2022, el mes más violento al hablar en específico de sextorsión fue marzo, con 142 casos, seguido de abril y junio. Esta violencia en 2021 alcanzó cifras alarmantes, registrando un total de mil 799 de enero a diciembre, siendo octubre el peor mes, con un saldo de 324 víctimas Sin embargo, pese al alto número de denuncias, entre 2021 y 2023 el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX únicamente ha apoyado en la apertura de 166 carpetas de investigación por dicho delito.
Entre las edades de las mujeres víctimas de sextorsión encontramos principalmente a aquellas de 21 a 30 años, seguidas de las mujeres de 18 a 20 años. Y en tercer lugar las que se encuentran en un rango de edad de 31 a 35 años. A ellas, esta violencia les impacta de diversas formas.
Niñez y adolescencia víctimas de delito de tráfico de menores
El secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad también dio a conocer que en el país hubo un total de 6 niñas y adolescentes que resultaron víctimas de tráfico de menores, siendo Guanajuato y Tabasco las entidades que permanecen con mayor número de incidencias de este tipo de delito con, tan solo, 2 casos registrados, cada una. A estas entidades federativas le siguen la ciudad de México y Quintana Roo con solo 1 caso para cada una.
Con respecto a incidencias, siendo la tasa nacional de 0.1:
Guanajuato 2
Tabasco 2
Ciudad de México 1
De acuerdo a cifras del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública (SESNSP) se revela que desde 2015 y hasta junio de 2023, a nivel nacional se contabilizaron, al menos, 6 mil 615 víctimas de trata; de las cuales, 2 mil 240 fueron niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años.
Infancia vulnerable
No existe una cifra exacta, pero en México, al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes integran las filas de la delincuencia organizada y estimaciones señalan que alrededor de 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados por el narcotráfico, así lo dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en su Balance Anual.
En el tema del reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas del crimen organizado, la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, Geovanna Bañuelos, detalla que esa situación puede ser forzada o no forzada. El primer caso consiste en que la delincuencia organizada mediante formas de violencia física, psicológica, económica y/o conductas delictivas como el secuestro, la extorsión, la trata y tráfico de menores, amenazas, chantaje, intimidación y/o maltrato físico captan a las niñas, niños y adolescentes.
En el segundo, detalla, consiste en que ocurre sin violencia y se manifiesta mediante engaño, ofertas económicas o laborales, prometiéndoles protección y por necesidad económica. “Ambas formas atentan contra la dignidad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes”.
Por otra parte destaca la información del gobierno de los Estados Unidos de América que publica anualmente el Informe sobre trata de personas (también conocido como TIP por sus siglas en inglés –Trafficking in Persons Report-) con el objetivo de monitorear los esfuerzos implementados por los gobiernos en la lucha contra la trata. En él clasifican a los países por niveles dependiendo del cumplimiento gubernamental con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y formula una serie de recomendaciones para que los gobiernos puedan cumplir con ellos.
Ha sido una constante en dichos reportes, que México es un país de origen, de tránsito y de destino de víctimas de trata con fines de explotación sexual y de trata para trabajo forzado y que los grupos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad como son los niños, las niñas, las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidades, las personas en situación de migración y las personas de la comunidad LGBTTTI.
Dentro de los TIP, se han señalado también situaciones de corrupción por parte de autoridades locales, de agentes judiciales y de agentes de migración, quienes, menciona el Departamento de Estado, extorsionan con sobornos o servicios sexuales a migrantes en situación irregular incluyendo niños y niñas.
Estos reportes han buscado dar seguimiento a los juicios o sentencias del funcionariado público, pero las autoridades no brindan tal información, por lo que el progreso no puede ser monitoreado. Ante esto, el Departamento de Estado ha señalado que en México la complicidad de autoridades es un problema desatendido.
