Ciudad de México.- El día de ayer, jueves 6 de noviembre se dio a conocer otro caso de feminicidio más, en este caso fue el de la regidora oaxaqueña Guadalupe Urban Ceballos quien ejercía como funcionaria en el ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, una localidad de la costa de la entidad, por lo que este hecho se enmarca en medio de una crisis de violencia contra mujeres en el estado.
Según cifras del Observatorio de Feminicidio del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos» A.C. (GESMujer), han ocurrido 273 casos de feminicidios en la actual administración oaxaqueña, de los cuales 14 acontecieron en el transcurso de 2025 de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Gobierno de Oaxaca invisibiliza violencia feminicida
Hay que agregar que ya fue el pasado 31 de julio que se anunció la apertura de dos Centros LIBRE los cuales ya operan en los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán y Oaxaca de Juárez, así como la realización de dos Asambleas “Voces por la Igualdad y contra las Violencias” en Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, esto como parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de las Mujeres para impulsar el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres.
Se informó que en este programa se han invertido 42 millones de pesos en Oaxaca para 41 Centros en el estado, para las Abogadas de las Mujeres, para la Línea de las Mujeres 079, así como capacitaciones y fortalecimiento del equipo operativo y mobiliario de dichos programas.
Hasta el momento, los Centros LIBRE no han publicado indicadores de resultados que permitan confirmar que han erradicado la violencia contra mujeres.
Y es de resaltar que el gobernador morenista Salomón Jara ha sido señalado por organizaciones y colectivas feministas por su inacción ante la violencia feminicida en la entidad.
En el caso de Guadalupe Urban Ceballo, se informó que fue la Vicefiscalía Regional de la Costa quien recibió el reporte del hallazgo en la comunidad de San Antonio Antonio Ocotlán, Cacahuatepec y al momento de difundirse la noticia, la Secretaría de las Mujeres condenó de manera enérgica la muerte violenta de la regidora.
“Exhortamos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como a la Vicefiscalía Regional de la Costa para que las diligencias correspondientes a este caso se realicen bajo los protocolos y análisis de contexto con perspectiva de género; de manera que se pueda dar con los responsables de este hecho”.
Luego del hallazgo, autoridades estatales activaron el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.
La ola de violencia
Basta recordar que fue el pasado 28 de abril cuando encontraron sin vida a la abogada y defensora Ayuuk Sandra Domínguez, quien estaba desaparecida desde el 4 de octubre del 2024, tras denunciar al coordinador de delegados de Paz Social, Donato N, por estar involucrado en grupos de corte sexual, en ese chat compartían fotografías y videos de mujeres mixes.
Luego, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), denunció que Silvia Pérez Yescas sufrió una nueva agresión por su labor, esta vez las oficinas de la organización que dirige, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales A.C. (CIARENA A.C.) la cual fue allanada el pasado 26 de junio.
Silvia Pérez Yescas es una defensora de los derechos de las mujeres, las juventudes y la niñez indígena que desde hace un año atrás ha sido blanco de hostigamiento y amenazas de muerte. La situación de riesgo que ha estado viviendo comenzó después de visibilizar casos de feminicidios, agresiones sexuales y violencia física contra mujeres en la zona de María Lombardo.
Agreguemos que siete años tuvieron que pasar para que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) admitiera la existencia de violaciones institucionales en el caso de feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.
En su recomendación 19/2025 emitida recientemente, la defensoría reconoció violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica; al acceso a la justicia en su modalidad de procuración bajo una perspectiva de género, así como, al acceso a la justicia en sede administrativa y a los derechos de las víctimas.
Reacciones
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México condenó el asesinato de Guadalupe Urban Ceballos, regidora de este instituto político en el municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, ocurrido en un acto de violencia que indigna y enluta a nuestra organización, afirmaron.
«Desde el Comité Ejecutivo Nacional hacemos un enérgico y firme llamado a las autoridades competentes para que actúen con la máxima prontitud, determinación y transparencia en la investigación de este lamentable crimen, a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que enfrenten las sanciones que establece la ley».
Por su parte, el ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, se sumó a la exigencia de verdad y justicia. Expresó «su más enérgica condena por el artero asesinato de la regidora Guadalupe Urban Ceballos» a quien se refirió como «una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática en nuestro municipio».
Este cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común. Exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata, seria y con resultados, que lleve ante la justicia a los responsables de este lamentable crimen. La impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho.
Cabe señalar que ninguno de los casos mencionados en esta nota informativa han tenido acceso a la justicia en el estado, es decir, permanecen en la impunidad.
