Ciudad de México.- Ante la crisis humanitaria que se vive en Cuba, son las mujeres defensoras, periodistas y activistas quienes buscan hacer frente a las persistentes violaciones de derechos humanos y a la falta de garantías judiciales; sin embargo, bajo un gobierno autoritario son silenciadas, criminalizadas y castigadas por alzar la voz.
Esta problemática fue documentada por Amnistía Internacional (AI) dentro de su informe “Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba”, en el cual analiza hechos ocurridos entre 2014 y 2025 donde se revelan prácticas autoritarias y violencia estatal de género, como desnudos forzados, registros corporales invasivos, estigmatización por género y edad, así como amenazas contra sus familiares como mecanismo de intimidación y control.
Cabe señalar que, en este país, toda posibilidad de ejercer los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica está indebidamente restringida o “injustamente” sancionada, situación que incluso se encuentra acreditada dentro de su Constitución.
Pese a ello, en los últimos años se registró un mayor protagonismo, liderazgo y relevancia de las mujeres cubanas en acciones de denuncia pública, protestas pacíficas y diversas formas de activismo, incluidas aquellas que abogan por los derechos de las mujeres, la asistencia humanitaria y legal, así como las que promueven la defensa de los derechos humanos.
No obstante, la respuesta del Estado es la represión. Esta situación está registrada por múltiples organizaciones, una de ellas es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que logró documentar que las mujeres fueron el 67% de las víctimas de detenciones arbitrarias durante el año 2023.
“Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz, sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales”, afirmó Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.
Además, en 2020 la organización Artículo 19 documentó 248 agresiones contra mujeres periodistas y activistas en Cuba. En el caso de las periodistas, se registró un abanico aún mayor de agresiones, que incluyó amenazas, arrestos domiciliarios, campañas de desprestigio, citaciones oficiales, desalojos, detenciones arbitrarias, hostigamiento, interrogatorios, multas, restricciones para salir del país y suspensiones del servicio de internet.
Ante esta situación, Artículo 19 denunció que la persistencia de los patrones represivos y de violencia contra las mujeres y sus familias perpetúa las condiciones de desigualdad de género, estas medidas se van agravado cuando las mujeres desarrollan una labor periodística, intelectual o de activismo.
Violencia como mecanismo de control
Las mujeres defensoras compartieron con Amnistía Internacional que, durante diversos escenarios de protestas pacíficas, sufrieron violencia física y psicológica por parte de agentes estatales, incluidos agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, funcionarios públicos e incluso vecinos de la comunidad o grupos civiles que actúan bajo órdenes estatales.
Asimismo, las defensoras refirieron que durante los interrogatorios, casi todos protagonizados por hombres de la Seguridad del Estado, era comunes las referencias a su físico y a su edad. Además, como herramienta de intimidación, para las detenciones e interrogatorios se utilizaban entre dos hasta cuatro agentes hombres para interrogar a una sola mujer defensora.
A ello se suma la utilización de los datos personales y escolares de las hijas e hijos durante detenciones e interrogatorios como forma de amedrentamiento, así como la imposición de actas de advertencia por parte de la policía o de la Seguridad del Estado, en las que se alega que las mujeres están poniendo en riesgo a los menores debido a sus vínculos con disidentes, opositores o activistas.
Una de las defensoras más amedrentadas es Yenisey Taboada Ortiz, activista reconocida por su incansable labor en defensa de los derechos humanos, especialmente como madre de Duannis León, joven condenado a 14 años de privación de libertad por participar en las protestas.
Yenisey se convirtió en una de las voces públicas más visibles en la denuncia de la represión en Cuba, de la situación en las cárceles y del trato que reciben las personas presas por razones políticas. Enfrentó amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias por mantener la difusión de información en redes sociales y medios independientes, donde comparte regularmente audios y videos de denuncia.
“El trato hacia mí ha sido más cruel por ser mujer y madre. Me amenazan a través de mis hijos, me gritan en público, intentan usar la culpa como arma. Es un ensañamiento particular contra las mujeres que alzan la voz”. Yenisey Taboada, La Habana, entrevista junio 2025.
Testimonios describen que, junto a la violencia física, en muchas de estas detenciones hay violencia psicológica. Las víctimas entrevistadas relataron que, durante su detención, en todo momento los agentes estatales les amenazaban con acusarlas de cargos falsos a ellas y a sus familias, insistiendo en que “ellas no son nadie, son manipulables, son solo instrumentos utilizados por otras personas porque no valen nada”.
Para muchas de las entrevistadas, los llamados “actos de repudio” constituían uno de los elementos de violencia psicológica más impactantes. En Cuba, se conoce así a las manifestaciones organizadas por las autoridades para mostrar el supuesto rechazo comunitario o desaprobación hacia una persona considerada contraria a los ideales “revolucionarios”, es decir, a las ideas del Gobierno.
Las mujeres enfrentan además un sistema judicial marcado por la arbitrariedad, la falta de garantías procesales y la violencia institucional con sesgos de género, clase y etnia. Asimismo, algunas denunciaron haber sufrido detenciones sin acceso a defensa legal, registros ilegales, decomisos arbitrarios y citaciones informales disfrazadas de “conversaciones”, muchas veces acompañadas de intimidación, estigmatización pública y violencia simbólica o sexual.
Como consecuencia de esta serie de violencias, el exilio forzado es un patrón que fue identificado y denunciado durante años por organizaciones de derechos humanos en Cuba. En muchas ocasiones, las mujeres enfrentaron amenazas de detención por su activismo mientras intentan resistir sin abandonar el país.
Algunas de las mujeres entrevistadas relataron que la decisión de salir de Cuba surgía después de algún episodio violento o de una amenaza directa contra familiares o compañeros en el activismo. La posibilidad de que otras activistas o sus hijas e hijos pueden sufrir las consecuencias de su resistencia suele ser el detonante final para decidir irse del país.
