Ciudad de México.- Las defensoras de derechos humanos Maïssa Hubert Chakour de Equis Justicia por las Mujeres, Angélica Beltrán de Humanas Colombia y Andrea Barrios de Casa Artesana pusieron en el centro las problemáticas que enfrentan las mujeres privadas de la libertad por el delito de extorsión y las consecuencias cuando se endurecen las penas en la legislación.
Recordemos que fue la cámara de diputados donde aprobaron el 25 de noviembre la reforma a una nueva Ley General en materia de Extorsión, la cual aumentará las sanciones contra quienes cometan este delito con hasta 41 años de prisión.
Y ese mismo día, defensoras de derechos humanos se reunieron en el conversatorio «El efecto oculto de la extorsión: Más mujeres en prisión» para otorgar un análisis con perspectiva de los derechos humanos de las mujeres quienes se verán profundamente afectas por este endurecimiento de penas.
Ellas señalaron que la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al enviar esta iniciativa fue, principalmente, unificar los criterios de extorsión en todo el país como propuesta en temas de seguridad, pero carece de prevención y de perspectiva de génerop.
Por ejemplo, Angélica Beltrán de la organización feminista Corporación Humana Colombia enfatizó que el aumento de penas no tiene un impacto en la prevención, sino que se trata de una «estrategia populista y punitivita», sobre todo en México donde por primera vez una mujer está liderando desde la presidencia de la República rodeada de presiones desde el aparato patriarcal para mostrar resultados.
Ante este panorama, la defensora señaló la necesidad de prevención y acceso a la información para las mujeres sobre los riesgos y las alertas. Respecto al proceso penal, apuntó que es fundamental el enfoque de género en las investigaciones y emisiones de sentencias, así como mecanismos alternos a la cárcel.
Cabe señalar que el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025, establece que en 2024 la tasa de mujeres privadas de la libertad por extorsión sin una sentencia es del 1.3%, siendo uno de los cargos con mayor incidencia y según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 233 mil 173 personas privadas de su libertad. De ellas, 13 mil 163 son mujeres, equivalente al 5.7%, y de ese total, el 46.2% aún no cuenta con una sentencia definitiva.
No sobra decir que hay muchas mujeres quienes se encuentran en prisión preventiva, sin que se haya acreditado que representan un riesgo (para el proceso penal y personas involucradas) o después de agotar otras medidas alternativas menos lesivas. Esto es relevante porque son mayoritariamente mujeres quienes se encuentran en este estado, es decir, en prisión preventiva: entre 2019 y 2024 el número de hombres en prisión preventiva aumentó 13.1% y el de mujeres alcanzó un crecimiento de 33.1%, lo que evidencia que esta medida es usada principalmente contra las mujeres.
Para la defensora Maïssa Hubert Chakour, quien también estuvo en el conversatorio, señaló que ésta se trata de una reforma que pretende combatir el crimen organizado atacando los delitos más frecuentes del país; sin embargo, en la práctica abre la puerta para que las mujeres pobres o jóvenes cooptadas terminen encarceladas por su participación secundaria, forzada o involuntaria en el delito de extorsión.
Pese a que la ley incluye referencias a la perspectiva de género, lo cierto es que no toma en cuenta que quienes terminan criminalizadas por participar en contextos de coerción o explotación o son mujeres en contextos de marginación.
Datos del 2021 informes presentados por Equis Justicia por las Mujeres apuntan que el 3% de las mexicanas que reciben una sentencia están privadas de su libertad por extorsión. Pese a que es una cifra menor, es el doble que la cantidad de los hombres que están en la cárcel sentenciados por el mismo delito y esto no es porque ellas comentan más extorsiones, sino porque son criminalizadas con más fuerza por ello.
De acuerdo con Maïssa Hubert Chakour, lo que propone la ley es que el delito sea perseguido de oficio, homóloga su definición a nivel federal y estatal, incrementa las penas e introduce nuevos agravantes. Por ejemplo, contempla 12 años de prisión para personas privadas de la libertad que estén usando dispositivos electrónicos al momento de la extorsión.
Criminalizadas por el delito de extorsión
Desde la perspectiva de Angélica Beltrán, coordinadora de la línea Mujeres en Cárceles y Libres en la organización feminista Corporación Humana Colombia, el delito de extorsión está marcado por muchas variables de género. En el país colombiano, hay un aumento del 16% al 18% en el delito de extorsión que adquiere relevancia tomando en cuenta el contexto de alta criminalidad.
Ante este panorama, las mujeres terminan vinculadas con estos delitos, generalmente en territorios empobrecidos. Ellas toman roles de apoyo dentro de los últimos eslabones de la cadena que terminan siendo criminalizadas. Al día de hoy existen 320 mujeres condenadas por extorsión y 160 amonestadas por el mismo delito estando privadas de la libertad, siendo el 12% de la cantidad total de mujeres en prisión.
Particularmente, la organización detectó que la mayoría de los casos se deben gracias a relaciones personales donde ellas prestan sus cuentas bancarias a sus parejas para mover el dinero producto de extorsiones o usan sus celulares para cometer el delito.
Andrea Barrios, coordinadora nacional del Instituto Artesana en Guatemala, comentó que en 2009 en su país había 600 mujeres privadas de la libertad por el delito de extorsión. No obstante, cuando se modificó la tipificación donde se aumentaron las penas, con ello incrementó el número de detenidas. Al día de hoy, de 3 mil mujeres menos del 80% están en la cárcel por una acción asociada a este delito.
El motivo de su participación es por prestar su cuenta a una persona de su confianza, principalmente sus parejas quienes se aprovechan del vínculo afectivo para involucrarlas. Al momento de señalar culpables, ellas son las primeras en ser criminalizadas pese a no haber tocado un solo centavo de ese dinero. Incluso la Suprema Corte del país estableció que en este tipo de casos las guatemaltecas se catalogan como autoras intelectuales.
Pobres y en relaciones de poder, el común denominador
Maïssa Hubert Chakour de Equis Justicia por las Mujeres resaltó que en México 10 de cada 100 mujeres ingresaron a prisión junto con sus parejas, lo cual puede estar asociado con el número de mujeres que han vivido violencia alguna vez en su vida. La defensora también recordó que una tercia de mujeres privadas de su libertad percibía ingresos inferiores al salario mínimo.
Para las defensoras, es precisamente la situación económica lo que deriva en su criminalización: mujeres que solo llegaron a un nivel básico de secundaria, son madres o trabajadoras del hogar. Estás características las ponen en un escenario de mayor vulnerabilidad para caer en una relación con personas del crimen organizado.
Una vez encarceladas no cuentan con mecanismos de defensa para acceder a la justicia o tener un proceso judicial con garantías y en cambio, son amenazadas con hacerles daño a los integrantes de su familia.
Por otro lado, se encuentran las mujeres jóvenes que sí están vinculadas a grupos de pandillas o crimen organizado al cual terminan ligadas por sus parejas. También existe un nivel de pobreza, así como manipulación que las motiva a no solo cometer el delito, sino mantener estos vínculos donde el hombre es el proveedor.
En estos casos, el grooming termina siendo una de las estrategias para enredar a las jóvenes a involucrarse en delitos (extorsión, trata de personas o tráfico de drogas) como forma de condicionar la relación. Se trata de un delito cibernético donde adultos se hacen pasar por menores de edad para conectar con niñas, niños y adolescentes, ganar su confianza y controlarlos.
Alternativas al aumento de la pena
Andrea Barrios insistió en que el sistema penitenciario necesita contar con programas especializados para que las mujeres tengan opciones y una nueva oportunidad de acceder a actividades educativas, técnicas y laborales que les permita no volver a delinquir y tener un proyecto de vida diferente. Agregó que se necesita impulsar las campañas de prevención para que no presten sus cuentas bancarias y educarlas en cuento al tema del amor romántico con perspectiva de género.
«Tristemente es lo único en lo que nosotras nos estamos enfocando derivado de la condición política de Estados Unidos que están obligando al Estado (Guatemala) a tomar este tipo de medidas más represivas y restrictivas hacia este grupo de personas porque en esta ley se amplió la pena para quienes cometen el delito de extorsión» -Andrea Barrios, coordinadora nacional del Instituto Artesana en Guatemala.
Efectos colaterales
Como atender el fenómeno
