Ciudad de México.- A nivel mundial, se estiman que 300 millones de niñas y niños son víctimas de abuso y explotación sexual infantil en línea por año, ante la falta de regulaciones y supervisiones por parte de las plataformas digitales, de acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Edimburgo quien alerta de una nueva forma de explotación sexual en vivo contra niñas y niños quienes navegan en la red, conocida como «capping».
El aumento desproporcionado de este tipo de violencia digital es consecuencia de la débil regulación del sector tecnológico, a la falta de reconocimiento jurídico de este tipo de violencia digital en diversos países, a la ausencia de responsabilidad por parte de las plataformas digitales y al anonimato de quienes cometen estas agresiones, factores que dificultan la obtención de justicia.
Este escenario, se vuelve el lugar idóneo para los pederastas, que de acuerdo al informe de Detección, interrupción e investigación de la explotación sexual infantil en línea, realizado por El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señala que se han ocupado plataforma como Whatsapp, Facebook, Telegram y Skype para llevar a cabo delitos como abuso sexual infantil, explotación e incluso trata de personas, en algunos casos transmitido en vivo.
Cabe señalar que Cimacnoticias, informó hace unos días que el ciberacoso se ha colocado como la segunda forma de violencia más frecuente, esto de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, mismo organismo que detalló que su Línea de Seguridad, el Chat de Confianza y el *765 han recibido 146 mil 682 reportes por violencia de género. De dicha cifra, 85% corresponde a violencia familiar; seguida de violencia digital, con 7%; abuso sexual, con 5%; violación, con 2%; y acoso sexual, con 1%.
Regresando al informe, se advierte que ello se logra cometer mediante una modalidad emergente de abuso conocida como capping. Esta consiste en que, mediante manipulación, el agresor obliga a la niña o niño a realizar actos sexuales en vivo, los cuales son grabados y posteriormente difundidos en línea a un público más amplio, incluso a través de sitios bloqueados a los que puede accederse mediante pago.
En este tipo de abusos se ha identificado un patrón en el perfil de los consumidores, en la mayoría de los casos se trata de hombres; no existe una edad definida, pero suele observarse que muchos son adultos mayores; sin embargo, esta tendencia podría no reflejar la realidad completa, pues los consumidores más jóvenes suelen ser más hábiles para ocultar su actividad o sus pagos en línea.
Sin embargo, la detección de este delito se ha vuelto cada vez más compleja, pues el informe advierte que los moderadores de las plataformas digitales, encargados de supervisar el contenido, aún enfrentan importantes limitaciones para revisar los volúmenes masivos de información e interacciones que circulan diariamente.
La ausencia de una supervisión efectiva ha permitido que los pederastas exploten este escenario y transformen estas prácticas delictivas en un negocio lucrativo. Aunque todavía no se cuenta con una estimación precisa de las ganancias que producen, sí existen indicios sólidos de que se trata de un delito de amplio alcance y en constante crecimiento
Sextorsión financiera infantil
Otra forma de violencia señalada en el informe es la sextorsión financiera infantil. Este delito ocurre cuando agresores operan desde plataformas como Snapchat, Instagram o Facebook utilizando perfiles falsos construidos con datos públicos robados. Con estas identidades, buscan acercarse a las víctimas y generar una relación inicial que les permita después extorsionarlas.
Tras establecer contacto, los delincuentes ejercen presión emocional o engaños para que las niñas envíen material sexual, ya sea fotografías, videos o mediante videollamadas que son grabadas. Aunque muchos de estos casos se desarrollan dentro de la misma plataforma donde comenzó el diálogo, el informe advierte una tendencia creciente en la cual los agresores intentan mover a las víctimas a aplicaciones con cifrado de extremo a extremo, donde la detección del delito se vuelve todavía más complicada.
Una vez que el agresor obtiene el material de abuso sexual infantil, lo emplea para amenazar y coaccionar a las víctimas con el objetivo de que entreguen dinero. Con la información personal tomada de sus redes sociales, incrementa la presión al advertir que difundirá las imágenes entre familiares, amistades o personas de su entorno digital.
A esto se suma un hostigamiento constante, pues la víctima recibe mensajes desde múltiples cuentas, muchas de ellas creadas por el propio agresor, que la presionan de manera simultánea para obligarla a pagar lo antes posible.
Se estima que los rescates que pagan las víctimas suelen ser bajos, debido a que la mayoría son adolescentes sin recursos económicos. En algunos casos, los agresores siguen exigiendo más dinero después del pago inicial y se aprovechan del miedo y la vergüenza de las víctimas para mantenerlas en una cadena de extorsiones.
Frente a este tipo de abuso, las denuncias son mínimas. En casos de abuso sexual infantil transmitido en línea y de sextorsión, la mayoría de las víctimas no reporta lo sucedido debido a su edad y condición de vulnerabilidad. La falta de mecanismos accesibles de denuncia, junto con la coerción o las dinámicas familiares que rodean el abuso, dificulta aún más que los casos lleguen a investigarse.
Ante esta realidad, organizaciones como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) han advertido que muchos niños, niñas y adolescentes enfrentan diariamente situaciones de ciberacoso y, en casos extremos, sufren abusos en línea que incluso los han llevado al suicidio, por lo que proteger a las y los niños de los riesgos en este entorno es una prioridad.
