Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, informó que el día de ayer, la CNDH notificó la recomendación 201VG/2025 por violaciones graves a derechos humanos, la primera respecto a hechos cometidos durante la actual administración, relacionados con la ejecución arbitraria de dos niñas por parte de elementos del Ejército mexicano, en Sinaloa, en mayo de 2025.
El Centro Pro recordó que se trata de hechos en los que dos niñas de 7 y 11 años de edad – Leidy y Alexa-, fueron privadas de la vida, a la vez que su prima y primo de 12 y 14 años de edad, así como dos adultos fueron heridos de gravedad; esto, consecuencia de que elementos del Ejército abrieron fuego sin justificación alguna en contra de la camioneta en la que circulaban en una carretera en el estado de Sinaloa.
En un inicio, se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.
Cimacnoticias reportó que Alexa y Leydi eran dos primas de 7 y 11 años respectivamente. Las dos niñas viajan a junto a sus familiares Saúl de 45 años, Anabel de 40, Gael de 12 y otra menor de edad en una camioneta GMC por Badiraguato, Sinaloa, cuando fueron interceptados por agentes militares y posteriormente, atacados con armas de fuego.
Según se reportó, el Ejército Mexicano estaba en medio de un enfrentamiento contra civiles armados en una carretera que lleva a Parral, ubicado en el estado de Chihuahua, a la altura de La Ciénaga. Por lo que, en varios medios de comunicación abordaron el incidente como producto de fuego cruzado que provocó la muerte de las niñas y que el resto de acompañantes resultaran heridos.
Sin embargo, los familiares de las niñas acusaron al Ejército Mexicano por atacar directamente a la camioneta por medio de una publicación de Instagram y un video de TikTok:
«A mis pequeñas le arrebataron la vida los militares, sí, nuestro propio gobierno. Los militares confundieron el automóvil en la cual mi familia viajaba y empezaron a disparar sin cesar hasta acabar con la vida de mis niñas. Es un acto totalmente injusto, se supone que están para “combatir el crimen”, pero esta vez ellos mismos le arrebataron la vida a mis pequeñas. Les arrebataron sus sueños en un instante, esto no puede quedar impune, por mis pequeñas, sobrina y primita. ¡Con las niñas y los niños no!»
El informe «La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado» de la Iniciativa Spotlight explica que la violencia está arraigada con las dinámicas de poder, género, y desigualdad estructural que son claves cuando hablamos de mujeres víctimas directas del crimen organizado, el cual puede ejercer violencia sexual, trata de personas e incluso feminicidios. Se trata de una serie de estrategias de castigo o intimidación en comunidades donde operan grupos criminales.
La recomendación
El Centro Pro calificó la recomendación como «acertada», porque reconoce que las niñas fueron privadas de la vida resultado del uso indebido de la fuerza por parte de los elementos militares, que sus derechos como niñas se vieron vulnerados; así como, se violentó el derecho a la integridad personal de las personas sobrevivientes y el derecho a la familia de los integrantes de esta.
Además, en esa misma recomendación se hace una referencia importante respecto a que las víctimas son parte de una familia que ya se había visto agraviada por abusos militares en 2008, cuando uno de sus integrantes fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército, lo que derivó en que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remitiendo al informe publicado por este órgano internacional.
Aunque el equipo de defensoras y defensoras reconoció esta recomendación, señaló que la CNDH » es omisa de hacer un análisis más profundo sobre las implicaciones respecto a lo que representa este caso en el marco de una política de seguridad que ha perpetuado y profundizado el despliegue militar, aunado a la falta de medidas de no repetición ante graves violaciones a derechos humanos documentadas en los últimos años, como las que ya había sufrido esta familia.
La CNDH omite denunciar la práctica de la Fiscalía General de Justicia Militar de abrir investigaciones paralelas en casos de violaciones graves a derechos humanos e incluso legitima las actuaciones iniciales llevadas a cabo en el fuero militar. Adicionalmente, el organismo no hizo un análisis urgente y necesario sobre el rezago en el acceso a la justicia que ha provocado que las investigaciones a cargo de la FGR a la fecha no tengan buen cause.
Con base en los patrones previos visto en casos como el presente, preocupa que la Comisión no investigó a profundidad el intento inicial de encubrir los hechos circulando el rumor de que se había tratado de un fuego cruzado; versión que en eventos similares de uso arbitrario de la fuerza por elementos castrenses ha sido utilizada frecuentemente, como justificación para evitar la rendición de cuentas.
Finalmente, en la integración del expediente de queja se privó de una perspectiva victimal; sin poner al centro las exigencias de las víctimas respecto a sus expectativas de las investigaciones –en el fuero civil y por el propio organismo de derechos humanos– y de las medidas reparatorias que son fundamentales para la familia.
La recomendación incluye una serie de medidas reparatorias, entre otras, una disculpa por parte de las Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual, conforme a los estándares internacionales, debe de ser consentida en todos sus extremos por las víctimas.
De acuerdo con el Centro Pro, el caso de Leidy y Alexa:
«Pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de una política de despliegue militar, sin controles efectivos para la rendición de cuentas, en particular en un contexto de debilitamiento de las instituciones que deberían de fungir como contrapesos, como lo hemos documentado respecto de la propia CNDH. También, es un reflejo de la necesidad de que desde las más altas autoridades se emita un mensaje claro de que este tipo de hechos, constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, no deben volver a repetirse».
Las familias continuarán denunciando y exigiendo justicia para estas dos niñas y para quienes han sido objeto de las graves violaciones a derechos humanos derivadas de estas políticas de profundización de la militarización, que se perpetúan a lo largo de las diversas administraciones.
Este caso nos recuerda las advertencias que hacían expertas en Derechos Humanos cuando México apostó por la militarización del país, es decir, cuando se aprobó en el 2022, la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena por parte del Senado y la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para extender la temporalidad del Ejército en funciones de seguridad ciudadana hasta el 2028 y no hasta el 2024, como se estableció cuando se creó la GN.
