Ciudad de México.– En días recientes, el Congreso de la Ciudad de México fue escenario de una confrontación física entre legisladoras de MORENA y del PAN, un episodio que acaparó la atención mediática y evidenció que la sanción social fue más severa por tratarse de mujeres en el ámbito político, a quienes se les exige un comportamiento acorde con mandatos de género que no se aplican con la misma intensidad que a los hombres.
Los golpes, la rudeza, la confrontación e incluso la violencia son mandatos de género adjudicados a los hombres y esto se espera de ellos, no obstante, a las mujeres se les crece y desarrolla con mandatos distintos que incluyen la docilidad, la calma, el silencio y hasta la resignación, pero la política es un escenario que va más allá de cabildeos, las negociaciones tienen un tono elevado que ha sido respaldado por el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, al cual han excluido de la violencia política de género, pero lo exhibido en el Congreso de la Ciudad de México nos muestra que a la vara con la que se mide a hombres y mujeres es distinta.
Este enfrentamiento entre las legisladoras ocurrió durante la sesión ordinaria del Congreso, mientras se discutía el dictamen que extingue el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) y crea un nuevo órgano de transparencia adscrito a la Contraloría Jurídica; sin embargo, la conversación social no se centró en dicha modificación, sino que se trasladó únicamente al acto de violencia.
Cabe señalar que no es la primera vez que suceden actos de agresividad entre las y los funcionarios públicos, pero hay que poner bajo la mira que en su mayoría son protagonizados por hombres. Prueba de ello, se suscitó hace algunos meses entre Alejandro Moreno y el presidente de la Mesa Directiva de dicho recinto, Gerardo Fernández Noroña, de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Este evento fue abordado mediáticamente desde la burla y la trivialización, pese a que durante el enfrentamiento se registraron agresiones verbales, empujones, gritos, imposiciones, manotazos y encaramientos; incluso, la violencia se trasladó al ámbito digital, donde fue justificada.
Además, más allá de señalar responsabilidades individuales, es importante no perder de vista que ambos legisladores involucrados en el encontronazo cuentan con denuncias previas en su contra por parte de legisladoras, quienes los han acusado por violencia política de género, pese a ello, ninguno de los dos ha sido sancionado, ni castigado socialmente.
Castigo diferenciado
¿Por qué el castigo social frente a actos agresivos resulta desproporcionado cuando quienes los cometen son mujeres y no hombres?
Este dilema es abordado por el colectivo Criminología Feminista, quienes señalan que la sociedad patriarcal ha normalizado juzgar con mayor severidad a las mujeres, a quienes se les exige perfección y cuidado, mientras que a los hombres se les permite ser imperfectos, impulsivos o incluso agresivos sin enfrentar el mismo nivel de sanción social.
En el caso de las legisladoras, el episodio llegó incluso a medios internacionales y acaparó la agenda informativa, lo que derivó en un señalamiento y un doble juicio, pues más allá de la indignación de los actos violentos y agresivos cometidos, fueron juzgadas por ser mujeres, ya que este tipo de conductas no se ajustan a los mandatos de género socialmente establecidos.
Criminología Feminista apunta que, cuando las mujeres cometen errores o toman decisiones que no se ajustan a las expectativas sociales, suelen ser culpabilizadas y sometidas a mecanismos de vergüenza, lo que incluso puede llevarlas a juzgar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. En contraste, los hombres suelen ser exonerados de culpa y vergüenza, y se les permite “aprender de sus errores” sin enfrentar las mismas consecuencias sociales.
Asimismo, aclara que esta postura no plantea la tolerancia hacia violencias ejercidas por mujeres, sino que evidencia cómo las equivocaciones y las violencias se encuentran socialmente normalizadas cuando provienen de varones, a quienes se les concede mayor permisividad para cometer errores o ejercer violencias sin enfrentar el mismo nivel de señalamiento mediático.
Señalar la violencia machista en espacios de poder
Tal como advierte la colectiva feminista, no se trata de justificar ningún tipo de violencia ejercida por mujeres; sin embargo, es importante poner sobre la mesa cómo, en los espacios políticos, los hombres han sido exonerados de distintos actos de agresión, violencia e incluso delitos, sin que haya ningún tipo de sanción
Evidencia de ello se ha observado a lo largo de los años, en diversos casos que involucraron a diputados y servidores públicos. Uno de ellos fue el de Cuauhtémoc Blanco, exjugador del América y actual diputado federal de Morena, quien fue señalado por violencia sexual en grado de tentativa contra Nidia Fabiola N., su media hermana, quien lo denunció dos meses después de los hechos.
Pese a que se presentó una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados para permitir su investigación, el proceso fue bloqueado. Con 291 votos, el pleno negó discutir el retiro del fuero del legislador, lo que impidió que avanzara la indagatoria en su contra.
Otro ejemplo es el del senador Félix Salgado Macedonio, acusado en 2021 de violencia y acoso sexual contra Basilia N., cuando era menor de edad, así como por otra mujer que trabajó para él cuando dirigía La Jornada de Guerrero. A pesar de que las denuncias se hicieron públicas hace siete años, el funcionario continúa en funciones y sigue siendo una figura relevante dentro de Morena.
Tal como ha ocurrido con estos dos personajes, que continúan concentrando poder pese a las denuncias por abusos sexuales, la lista se extiende; sin embargo, han sido librados de responsabilidad y sanción, e incluso han sido arropados por sus propios partidos, lo que evidencia una vez más que la respuesta social e institucional no es la misma para hombres y mujeres.
