Ciudad de México.–En México, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se documentaron 75 agresiones contra 23 defensoras de derechos humanos, siendo el hostigamiento, las amenazas y la vigilancia las formas de violencia más recurrentes; además, se registraron tres feminicidios de mujeres dedicadas a esta labor, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
Cabe señalar que las mujeres indígenas defensoras enfrentan un triple riesgo: por ser mujeres, debido a la violencia machista y patriarcal; por ser indígenas, a causa del racismo y la discriminación estructural; y por su labor de defensa, que las expone a la criminalización y a ataques por proteger sus territorios y derechos.
Pese a este escenario que enfrentan las defensoras indígenas, contrasta con el discurso oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum declaró 2025 como el Año de la Mujer Indígena con el objetivo de reconocer y honrar su papel histórico y cultural, visibilizar su liderazgo y celebrar su legado en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Pese a dicho nombramiento, las mujeres indígenas que enfrentaron mayores niveles de violencia durante el último año fueron aquellas que defienden la verdad, la justicia y la reparación, con un 30%; seguidas de quienes luchan por los derechos laborales, con un 21%, y de las que promueven el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con un 20%.
En la mayoría de los casos, las agresiones fueron perpetradas por personas no identificadas, con un 29%, así como por autoridades y policías estatales y municipales, con un 28% respectivamente.
Oaxaca, el estado más peligroso para las defensoras, con tres feminicidios registrados
Casi la mitad de las agresiones registradas en contra de defensoras indígenas ocurrieron en el estado de Oaxaca, gobernado por Salomón Jara, con un 45%. En este ultimo año se registraron hechos sumamente violentos en la entidad, como la agresión colectiva contra 8 defensoras de Elexochitlán de Flores Magón
Esta situación de riesgo extremo para las defensoras ya había sido advertida por organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que identificó que, de 2012 a 2018, Oaxaca fue la entidad que registró el mayor número de agresiones contra personas defensoras con 79 casos a nivel nacional, concentrándose principalmente en la zona de Juchitán.
Además es importante precisar que, gobernador Salomón Jara fue el señalado en varias ocasiones por no atender la violencia feminicida en la entidad. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidio del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos» A.C. (GESMujer), en el estado de Oaxaca han ocurrido 273 casos de feminicidios en la actual administración, de los cuales 14 acontecieron en el transcurso de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sandra Domínguez
En este periodo registrado por la RNDDHM, ocurrieron 3 feminicidios de mujeres Oaxaqueñas. Una de ellas fue Sandra Domínguez, defensora de derechos humanos y abogada ayuuk, quien fue fue hallada sin vida en abril, luego de haber permanecido desaparecida durante seis meses, tras ser vista por última vez en Oaxaca.
Antes de su desaparición, Sandra Estefanía Domínguez denunció públicamente a Donato Vargas Jiménez, entonces coordinador de Delegados de Paz Social, por su presunta participación en grupos de carácter sexual en los que se compartían fotografías y videos de mujeres mixes sin su consentimiento. Tras hacer pública la denuncia, la abogada exigió su destitución y solicitó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, tomar acciones e investigar los hechos.
Sandra desapareció el 4 de octubre de 2024 en San Juan de Cotzocón, Oaxaca. No obstante, de acuerdo con lo narrado por Aracely Domínguez a Cimacnoticias, el reporte oficial se emitió hasta el 8 de octubre, debido a que la abogada vivía en una zona con escasa señal de comunicación; sin embargo, ante la falta total de indicios sobre su paradero, se inició una búsqueda exhaustiva por parte de sus familiares
La localización de Sandra y de su esposo, Alexander Hernández, ocurrió el 24 de abril de 2025, tras un operativo realizado en distintos puntos del estado de Veracruz, luego de que las autoridades obtuvieran indicios sobre su posible paradero. Sin embargo, la familia de Sandra ha denunciado que continúa enfrentando hostigamiento y revictimización por parte de las autoridades, además de que el caso no ha sido clasificado como feminicidio, pese al contexto de violencia que rodeó su desaparición y asesinato
Adriana y Virginia Ortiz
De acuerdo con información documentadas po el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Adriana y Virginia Ortiz García, mujeres indígenas triquis originarias de San Juan Copala, Oaxaca, eran defensoras de la tierra y el territorio, además de integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, organización que denuncia el despojo de tierras y recursos naturales
De acuerdo con los reportes, la madrugada del 6 de noviembre de 2024 las hermanas se encontraban en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca cuando, al descender de un taxi, fueron atacadas con armas de fuego por dos sujetos, quienes las asesinaron en el lugar, un hecho que, según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, debe ser considerado como una posible represalia por su labor en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó, mediante un boletín de prensa, que derivado de las investigaciones se identificó que uno de los sujetos imputados en el homicidio de Adriana y Virginia era elemento activo de la Policía Estatal adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que el caso es investigado como una probable ejecución extrajudicial.
Pese a que están detenidos 3 personas, señaladas como presuntos actores materiales del delito, aún siguen sin se llamados a rendir cuentas ante la justicia los actores intelectuales, lo que refleja la impunidad total que oscila en esta entidad.
Ante el contexto de injusticia, violencia y abandono institucional que enfrentan las defensoras indígenas, la RNDDHM, demanda el cese inmediato de la criminalización y persecución judicial, así como investigaciones efectivas y sanciones ejemplares contra las personas responsables de las agresiones cometidos en su contra y la implementación inmediata de medidas de protección integral con enfoque indígena
Asimismo, la RNDDHM subraya la urgencia de reconocer el trabajo de las defensoras indígenas como esencial para la justicia social y la democracia, y exige garantías reales para que puedan ejercer su labor sin violencia, discriminación ni racismo, en condiciones de seguridad, dignidad y respeto pleno a sus derechos humanos.
