Ciudad de México.- Desde el 20 de agosto de 2025, Yadira del Socorro Córdoba Obando se encuentra detenida en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que le denegaran una solicitud de acilo tras el asesinato de su hijo Oscar Córdoba y la criminalización de su lucha por buscar justicia. Antes de que sea deportada a Nicaragua, la Asociación Madres de Abril (AMA) pidió a las autoridades estadounidense que atiendan el caso con urgencia para que la defensora sea retornada a un país seguro.
Fue el pasado 7 de noviembre cuando el destino de Yadira Córdoba se decidió en una audiencia bajo el Tratado de Extradición, un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Honduras en el cual se establece cómo, cuándo y bajo qué condiciones una persona puede ser entregada a uno de estos países o juzgada para cumplir una sentencia penal. Hasta el momento se sabe que se encuentra detenida en San Antonio, Texas, después de que asistiera a una cita rutinaria de inmigración.
Antes de pisar tierras estadounidenses, la defensora estuvo exiliada en Costa Rica en 2021 esto en consecuencia de las amenazas por la búsqueda de justicia por el asesinato de su hijo de 15 años durante la Masacre del Día de las Madres el 30 de mayo de 2018, donde el Estado nicaragüense ejecutó a manifestantes opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega durante las celebraciones del Día de la Madre en el país.
El incidente ocurrió en el contexto de la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en abril de ese año contra el gobierno de Daniel Ortega. En consecuencia, se realizaron marchas pacíficas multitudinarias en distintas ciudades del país, convocadas para honrar a las madres que habían perdido a sus hijos durante las protestas previas y para exigir justicia por las víctimas de la represión estatal.
La movilización reunió a estudiantes, organizaciones sociales, campesinas y a la ciudadanía en general, convirtiéndose en una de las expresiones más amplias de protesta desde el inicio del conflicto. Durante la jornada, la Policía Nacional, grupos paramilitares y francotiradores apostados en puntos estratégicos abrieron fuego contra los manifestantes.
Los disparos fueron dirigidos directamente a la multitud, lo que dejó un saldo de al menos 21 personas asesinadas, según organizaciones sociales y de derechos humanos: 16 en Managua, 1 en Masaya y 4 en Estelí. El gobierno, por su parte, reconoció oficialmente 15 personas fallecidas y 199 lesionadas, aunque las cifras independientes señalan un número mayor de víctimas, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde entonces, mujeres como Yadira Córdoba se agruparon formando la Asociación Madres de Abril (AMA), un grupo que exige verdad, justicia, reparación y no repetición de violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Fue en 2023 que la defensora llegó a Estados Unidos y luego de un error de procesamiento en la frontera fue deportada en agosto de 2025 provocando que su solicitud de asilo fuera rechazada.
Pese a los esfuerzos del equipo legal de la defensora para realizar todas las gestiones con las autoridades correspondientes, como solicitar información clara y actualizada sobre el estado de procedimiento de deportación, durante los cuatro meses previos a la audiencia final, el país decidió deportarla. Esto no se trata de un hecho aleatorio, pues su caso evidencia el patrón de denegaciones de asilo a defensoras nicaragüenses que son perseguidas por razones políticas.
De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y su informe «Que buscar verdad y justicia no nos cueste la vida», durante los últimos 10 años documentaron alrededor de 8 mil 454 agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, el 82% de ellas se concentraron a partir del 2020 lo que refleja un ascenso en los últimos años. El número de agresiones las coloca como el segundo grupo de defensoras que, criminalizadas por su lucha, representando así el 18% del total de casos documentados en Mesoamérica.
La tarea en la defense del derecho a la verdad, la justicia y la reparación recae principalmente en las mujeres (madres, hijas, hermanas o esposas) ante la inacción de los Estados e instituciones. Sus historias las motivan a convertirse en defensoras de derechos humanos con el objetivo de encontrar a sus personas desaparecidas o demandar justicia en casos de asesinatos, feminicidios, privaciones de la libertad o procesos de criminalización.
La situación de Yadira Córdoba ha sido descrita como «un estado de angustia, zozobra e incertidumbre» e incluso una «revictimización derivada de políticas migratorias» por defensoras de derechos humanos. Por ello, solicitaron al gobierno de los Estados Unidos garantías de protección y seguridad, así como su liberación inmediata, ya que, describen que incluso con una orden judicial de deportación a Honduras, no significa que deba estar privada de su libertad de forma innecesaria.
México se ha posicionado como una opción para recibir a la defensora. Integrantes del Comité Mexicano por la Democracia y las Libertadas en Nicaragua se manifestaron en la embajada de Nicaragua en México el pasado 23 de diciembre para pedir a la actual presidenta Claudia Sheinbaum una postura frente a la crisis que atraviesa Nicaragua, así como solicitar que se trasladen alrededor de 62 personas presas políticas del régimen de Daniel Ortega a tierras mexicanas, incluida a Yadira Córdoba; sin embargo, hasta ahora no hay respuesta.
La organización AMA pidió a las autoridades estadounidenses que el caso sea revisado desde una perspectiva humanitaria y de derechos humanos para que sea liberada en un tercer país seguro. Asimismo, expresaron preocupación por el estado de salud física, emocional y mental de la defensora.
