Ciudad de México.— El pasado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y anunció que asumiría el control del territorio; sin embargo, es importante precisar que no se trata de un hecho aislado, pues a lo largo de la historia este país invadió más de 25 naciones, en los últimos 45 años, mediante acciones bélicas y prácticas que implicaron el despojo de derechos humanos e incrementan las desigualdades y la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes
Cabe recordar que, cuando un país se encuentra en conflicto armado, las desigualdades de género se incrementan y las violencias contra las mujeres también generando escenarios de tortura, ataques indiscriminados, asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones, encarcelamiento, violencia sexual, desplazamiento o reclutamiento forzado.
No obstante, en estos contextos el cuerpo de las mujeres se usa como botín de guerra para instaurar miedo a través de la violencia sexual. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó un aumento del 25% sobre este fenómeno durante en 2024, siendo que el 92% de las víctimas de violencia sexual en contextos de guerra son mujeres y niñas, pues es a través del control de sus cuerpos que se ejerce represión política, terrorismo y tortura, consecuencia de crisis políticas, humanitarias y de seguridad.
A lo largo de la historia de Estados Unidos se ha caracterizado por ser una nación que impulsa intervenciones alrededor del mundo. Tan solo en los últimos cinco gobiernos, previos a la llegada de Donald Trump, se ocuparon países como El Salvador, Guatemala y Angola durante el gobierno de Jimmy Carter (1977–1981); posteriormente, bajo la administración de Ronald Reagan (1981–1989), volvieron a ser intervenidos Mozambique, Líbano, Nicaragua y Granada, además de que continuó el asedio contra El Salvador y Guatemala.
Posteriormente, el gobierno de George Bush padre (1989–1993), considerado el que más intervenciones registró, llevó a cabo un total de nueve invasiones: Panamá, Somalia, Kuwait, Irak, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Con Bill Clinton (1993–2001), el panorama no fue mejor, pues los ataques contra estos últimos países persistieron; además, se sumaron a la lista Sudán y Ruanda.
Durante el gobierno de George W. Bush (2001–2009) continuaron las invasiones en Irak y se extendieron hacia Afganistán; con la administración de Barack Obama (2009–2017), la situación volvió a recrudecer en países como Libia, Siria, Egipto, Túnez, Yemen y Ucrania; y en los últimos días se sumó a la lista Venezuela, bajo el gobierno de Donald Trump.
En estas intervenciones, la ONU denunció la comisión de atrocidades contra mujeres y niñas y niños, ya que miles de infancias han sido víctimas de reclutamientos forzados, violencia sexual y ataques contra escuelas y hospitales en los últimos años.
Pese a que el panorama que enfrenta Venezuela sigue siendo incierto, las advertencias de organismos internacionales y los precedentes históricos de guerra impulsados por Estados Unidos contra miles de personas —que han profundizado desigualdades, especialmente contra las mujeres— hacen que el escenario resulte alarmante.
Consecuencias de intervenciones
Cabe señalar que las invasiones militares y los golpes de Estado ejercidos por el gobierno de Estados Unidos marcaron el rumbo político de numerosos países en todo el mundo, en muchas ocasiones bajo los argumentos de la “seguridad” y la “democracia”; sin embargo, detrás de este supuesto ideal, existen consecuencias profundas y duraderas para sus sociedades.
Estas incluyen la destrucción de infraestructura, la pérdida de vidas civiles y militares, los desplazamientos forzados, la inestabilidad política, el surgimiento de grupos extremistas y terroristas, así como afectaciones diferenciadas hacia las mujeres, pues se incrementa el uso de violencia sexual como mecanismo de control.
Prueba de ello es Afganistán, país que Estados Unidos invadió en octubre de 2001 como respuesta directa a los ataques del 11 de septiembre, con el objetivo de desmantelar la red terrorista Al Qaeda y capturar a su líder, Osama bin Laden, quien se encontraba bajo la protección del régimen talibán que gobernaba el país.
Sin embargo, pese a que la intervención fue justificada como un intento por desarticular un régimen opresor, se intensificaron los actos de lesa humanidad contra la población, pues la invasión se prolongó durante 20 años y no fue sino hasta 2021 cuando las tropas estadounidenses se retiraron de manera total.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la emergencia en Afganistán, tras más de dos décadas de guerra, obligó a más de dos millones de personas afganas a huir hacia territorios vecinos como Pakistán e Irán, donde se estima que cerca de tres millones de personas refugiadas viven en condición de indocumentadas.
Por ejemplo, en 2016 la violencia provocó el desplazamiento interno de 650 mil personas, lo que representó un aumento del 72 por ciento respecto al año anterior; no obstante, quienes huyeron enfrentan acoso por parte de autoridades en los países de acogida, dificultades económicas y controles cada vez más estrictos en las fronteras entre Pakistán y Afganistán.
Otro ejemplo contundente de estas atrocidades se registró en Irak. Amnistía Internacional documentó en esta región la participación de fuerzas estadounidenses en violaciones generalizadas de derechos humanos, que incluyeron ataques indiscriminados que causaron muertes y lesiones a civiles, detenciones secretas, traslados clandestinos de personas detenidas, desapariciones forzadas, así como tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; además personas privadas de su libertad denunciaron abusos en centros de detención, entre ellos privación del sueño, desnudez forzada, falta de alimentos y agua, simulacros de ejecución y amenazas de violación.
Veinte años después, la impunidad persiste y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en Irak sigue siendo limitada, pues Estados Unidos aun no investiga de manera adecuada los crímenes de guerra ni las violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas por sus fuerzas, tampoco exige responsabilidades en todos los niveles, incluidos altos mandos. Mientras tanto, las víctimas iraquíes que intentaron reclamar reparación se enfrentan a obstáculos estructurales.
“Hasta el día de hoy, la población iraquí sufre el impacto devastador de los crímenes de guerra y otras atrocidades perpetradas por la coalición dirigida por Estados Unidos durante la invasión y la posterior ocupación de Irak”, declaró Elizabeth Richebi, directora de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional Estados Unidos.
¿Qué pasará con Venezuela?
Este panorama atroz que Estados Unidos infringe contra múltiples naciones no parece que vaya a ser la excepción en Venezuela. Cabe señalar que los ataques contra la región no son recientes, pues la agresión armada estadounidense se produce tras meses de tensión creciente, que incluyó un importante despliegue militar frente a las costas venezolanas y una serie de ataques letales contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Asimismo, Donald Trump afirmó que podría haber un “segundo ataque a mayor escala si fuera necesario” y adelantó que empresas petroleras estadounidenses tomarían el control para gestionar el petróleo venezolano.
Frente a este escenario, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la acción militar podría tener repercusiones preocupantes para la región, al señalar que, independientemente de la situación interna de Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso.
De igual forma, organizaciones como Amnistía Internacional manifestaron su preocupación y señaló que las acciones emprendidas, así como la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros, “posiblemente constituyen una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU”.
Ante ello, la organización alertó sobre el riesgo de una mayor escalada de violaciones de derechos humanos en el país, ya sea como resultado de nuevas operaciones estadounidenses o como consecuencia de las respuestas del gobierno venezolano a los ataques. En este contexto, quienes enfrentan un mayor riesgo inmediato son las personas defensoras de derechos humanos, así como las y los activistas políticos.
Ante esta situación, Amnistía Internacional instó al gobierno estadounidense a cumplir con el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad, incluido el debido proceso y un trato humano.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que se abstengan de intensificar la represión contra la población, recordándoles que están obligadas por el derecho internacional a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Venezuela.
