Ciudad de México.- México inicia el 2026 enfrentando una serie de compromisos pendientes en materia de derechos que arrastra desde años anteriores, por lo que la atención del Estado debe centrarse en garantizar la protección de la vida y la integridad de mujeres, avanzando de manera efectiva en la implementación de leyes y políticas que han quedado rezagadas.
Aborto legal a nivel federal
Este año, 24 de las 32 entidades del país contemplan explícitamente la interrupción legal del embarazo (ILE) en su legislación; no obstante, ocho estados mantienen vigente su penalización: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y el caso especial de Aguascalientes, donde el aborto sólo está permitido hasta las seis semanas de gestación.
Otra deuda pendiente para este año es eliminar el aborto del Código Penal Federal, pues incluso en estados donde ya fueron despenalizado, muchas mujeres siguen enfrentando criminalización. Tal es el caso de Ciudad de México, donde hay mil 337 carpetas de investigación abiertas por este motivo.
Cabe señalar que la despenalización del aborto es un tema de salud pública que impacta a miles de niñas y mujeres en todo el mundo, quienes por diversos motivos quedan embarazadas. Al no ser accesible, el aborto se realiza bajo condiciones peligrosas, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte materna junto a la hemorragia obstétrica y la hipertensión.
En este contexto, se han impulsado diversas iniciativas, como la presentada recientemente por la diputada Ana Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, quien propuso una reforma para erradicar el delito de aborto a nivel federal mediante la eliminación de los artículos 329° al 334° del Código Penal Federal. Su propuesta anterior, que abordaba los mismos artículos, no pasó de la Comisión de Justicia, la misma instancia a la que actualmente se turnó el nuevo proyecto.
Nueva iniciativa busca despenalizar aborto a nivel federal en México
Presupuesto para refugios en tiempo y forma
La Red Nacional de Refugios, organización feminista que protege a mujeres y niños en situación de violencia ofreciendo refugio, atención y apoyo legal y psicológico, exigió a través de sus redes sociales que para 2026 se cuente con un presupuesto transparente, sin dilaciones, progresivo y garantizado y que la espera, la incertidumbre y el desgaste no se vuelvan a repetir.
Estas demandas surgieron luego de que, apenas tres días antes de que culminara 2025, se entregaran finalmente los recursos completos para sostener estos espacios de protección, tras meses de exigencia e incertidumbre. Durante ese tiempo, los refugios tuvieron que operar con capacidad limitada, lo que vulneró la atención y la seguridad de las usuarias.
Asimismo, este año la RNR se enfrentaron a las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026), en el que se eliminó el Programa de Refugios como un programa especificó del presupuesto federal al fusionarlo dentro del rubro “Programa para la prevención y detección de las violencias feminicidas y atención de las causas”, eliminando su nombre y, con ello, su identidad política, según señaló la defensora y directora de loa RNR Wendy Figueroa.
Red Nacional de Refugios termina 2025 bajo abandono institucional y falta de recursos
Aprobación de la Ley por las 40 horas
A finales de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Senado las reformas para establecer una jornada laboral de 40 horas; sin embargo, el periodo de sesiones terminó sin que se aprobara el proyecto el cual es catalogado como el primer paso hacia el autocuidado de mujeres, según comentó la diputada Patricia Mercado a Cimacnoticias.
Uno de los efectos secundarios de la reducción de jornada laboral es liberar el tiempo de las mujeres como ha defendido el movimiento feminista frente a las desigualdades que enfrentan por su género. La diputada advirtió que, aunque se reduzcan las horas del trabajo remunerado, no significa que deban aumentar el tiempo que destinan al trabajo no remunerado, ya que esto sería un efecto contrario a lo que se quiere lograr.
No obstante, la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) denunciaron que la iniciativa de Sheinbaum carece de perspectiva de género y tampoco contempla las desigualdades que afectan a las mujeres trabajadoras. La organización señaló que no puede hablarse de reducción de jornada ni de suficiencia salarial sin garantizar servicios de cuidados, por lo que es necesario establezcan infraestructuras para las infancias, personas mayores y personas dependientes, de manera que las mujeres no deban destinar sus horas de descanso a tareas de cuidado.
Además, exigieron modificar la gradualidad de la implementación de la jornada de 40 horas, ya que se prevé que las horas establecidas se alcancen hasta 2030, un periodo que podría perpetuar la sobrecarga laboral vigente, especialmente para las mujeres que sostienen dobles y triples jornadas; asimismo, funcionarias como Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, han insistido en que la reforma debe incluir dos días de descanso obligatorio.
Descongelar la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados
La construcción del Sistema Nacional de Cuidados no solo es uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino una deuda histórica con las mujeres. Se trata de una serie de políticas encaminadas a reconocer, reducir y distribuir el trabajo de cuidados, no sólo son acciones inmediatas para que los hombres participen más activamente en el hogar, sino que el Estado también tome parte de su responsabilidad, asegurando así el apoyo y la asistencia de las personas que lo requieran.
Actualmente, existen al menos tres iniciativas diferentes sobre el tema. La primera propone incluir el artículo 4° constitucional que el Estado es responsable de garantizar el derecho a servicios de cuidado, así como cambiar el artículo 73° para establecer mediante una ley la forma en que se coordinará el gobierno federal, los estados de la república, los municipios y las alcaldías para poner en marcha el Sistema Nacional de Cuidados.
El partido Movimiento Ciudadano impulsó un segundo proyecto para reformar al menos cuatro leyes: la Ley General de Desarrollo Social, Ley General de Salud, Ley de Asistencia Social, así como la Ley General de Educación. Con todas ellas se pretende reconocer el cuidado como un derecho fundamental, asegurar los servicios de cuidados a quienes cuenten con seguridad social, que el Estado esté a cargo de los servicios y la implementación de programas y políticas públicas que incluyan el cuidado dentro del sistema educativo.
No obstante, la última iniciativa y de la cual se esperaría su próxima aprobación es la la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados creada en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. En total cuenta con 54° artículos y 14 transitorios que se dividen en dos títulos. Plantea crear una Junta Nacional de Cuidados como órgano rector entre varias instituciones de gobierno, pero se encuentra congelada en el Senado de la República.
Tipificación y homologación de abuso sexual
Este año, tras el episodio de acoso y abuso sexual que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se lanzó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, cuyo objetivo es homologar la legislación y tipificar estos delitos en el Código Penal Federal; no obstante, la discusión quedó pausada en la Cámara de Diputados, por lo que se espera que sea retomada este nuevo año.
Cabe señalar que existen 9 mil 930 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual a nivel nacional en este 2025, siendo la Ciudad de México la entidad con mayor número de casos (mil 107), según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pese a ello, el acoso sexual en espacios públicos no está tipificado a nivel federal, y solo 26 entidades federativas lo reconocen como delito. En Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Hidalgo y Tabasco, este tipo de conducta no se considera delito.
Además, en entidades como Baja California, Chihuahua, Hidalgo y Tabasco, el acoso sexual no es un delito autónomo, ya que se regula dentro del hostigamiento sexual y establece penas bajas cuando no existe una relación de subordinación o posición jerárquica del agresor respecto de la víctima; frente a ello, resulta indispensable la homologación y sanción a nivel nacional para evitar lagunas que perpetúen la impunidad.
Iniciaron trabajos del Plan integral contra el abuso sexual en México
