Ciudad de México.- El escenario político y social que atraviesa Venezuela tras el operativo militar de Estados Unidos ya generó las primeras detenciones contra personas defensoras y periodistas que decidieron documentar y denunciar lo que sucede al interior del país; sin embargo, las mujeres enfrentan no solo violencia por su labor, sino por su género y algunas defensoras compartieron con Cimacnoticias que se espera el incremento de la violencia contra ellas en los próximos días.
El pasado 3 de enero, dentro de la ciudad de Caracas en Venezuela, la población vivió varios bombardeos por las fuerzas armadas estadounidenses, pues se llevó a cabo una operación militar en la que se extrajo al presidente Nicolás Maduro, así como a la primera dama y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. El despliegue militar fue ordenado por el presidente Donald Trump, de esta forma se violó el derecho internacional, según señalaron organizaciones como Amnistía Internacional (AI).
Vanessa Rosales Gautier, activista territorial, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de las personas privadas de su libertad, planteo al medio la posibilidad de que los arrestos arbitrarios o el uso desproporcionado del poder penal contra las personas defensoras y periodistas incremente debido a lo establecido en el Decreto Estado de Conmoción Exterior Gaceta Oficial N° 6.954 publicado a raíz de operativo militar.
El documento explica una serie de medidas implementadas como parte del estado de conmoción en todo el territorio nacional. Particularmente, el artículo 8°, ordena al personal de la milicia designado a ejecutar acciones de defensa militar a mantenerse «a la orden del Sistema Defensivo Territorial» hasta que termine la amenaza a la seguridad del país. Para la defensora, esto pone en alerta a quienes denunciaron violaciones a derechos humanos.
«Vemos con preocupación que es muy laxo este decreto de estado de conmoción. Se presta para múltiples interpretaciones y vacíos. Creemos que eso se puede usar indebidamente como ha ocurrido anteriormente. Tenemos la sensación de desprotección y vulnerabilidad frente al poder del Estado tras el ataque de Estados Unidos. El poder del Estado contra los civiles sigue siendo muy grande al interior.» -Vanessa Rosales Gautie.
De acuerdo con la defensora, la situación se agrava cuando se habla de mujeres. Comunicación e Información de la Mujer A.C., organización pionera que desde hace más de 15 años documenta y visibiliza la violencia que viven las mujeres periodistas, advierte que esta situación se debe a la violencia por razón de género. Como resultado, defensoras y periodistas viven una doble discriminación.
Así las agresiones se mezclan con estereotipos de género y prácticas discriminatorias que buscan desacreditar, atemorizar o silenciar a las mujeres. Estos ataques pueden cuestionar su credibilidad o deslegitimar su trabajo o exponerlas bajo dinámicas sexistas. En muchas ocasiones, la violencia que se documenta suele quedar en impunidad y no se investiga o analiza con perspectiva de género, lo que refuerza el ciclo.
Esta situación no es diferente en el país latinoamericano, datos de la organización Transparencia Venezuela indican que en 2025 sumaron 180 defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas sometidas a detenciones arbitrarias. No obstante, Vanessa Rosales Gautier advirtió que al incremento de arrestos que se espera ver en los próximos días, se añade bajo qué cargos se realizan, ya que en los últimos dos años no se les informa a las personas detenidas el motivo de su detención.
Primeras detenciones en Venezuela
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización gremial de personas periodistas en Venezuela, al menos 23 periodistas y personas de la prensa fueron privados de su libertad después de documentar la instalación del periodo de sesiones en la Asamblea Nacional. Esta se llevó a cabo en medio de las tensiones provocadas la operación militar el pasado 3 de enero.
En el lugar, se le prohibió a la prensa realizar transmisiones en vivo, grabar o tomar fotografías. Al menos tres personas fueron detenidas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladadas al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo para revisarles el contenido de sus celulares, según reportó el SNTP.
Una vez que consiguieron las claves de acceso no solo entraron a las galerías, sino que revisaron contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos de almacenamiento en la nube. El SNTP señaló que esta práctica no solo vulneró la privacidad y el secreto a las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización al ejercicio periodístico.
También denunciaron el bloqueo de 60 medios de comunicación en internet como una forma de censura para impedir el pluralismo informativo al que pueda acceder la población. Esto porque, se trata de una forma de censura previa que va en contra a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos, según señaló el SNTP.
Actualmente el internet es un derecho al que las venezolanas no pueden acceder. De acuerdo con el testimonio de la defensora Yenni Peña Ibarra y directora de la Asociación Civil EmpoderaRSE, existen páginas bloqueadas que no permite el flujo de información que proviene de otros países. Ante ello, deben utilizar un Virtual Private Network (VPN) para cambiar la dirección IP y poder informarse.
Estos episodios de censura y represión también se replicaron en otras partes de Venezuela, pues Yenni Peña Ibarra también compartió que en zonas como Mariche y Petare en el estado de Miranda abundan colectivos de grupos armados a favor del oficialismo que están deteniendo a personas en las paradas de los autobuses para ver el contenido de sus celulares.
Señaló que se trata de una de las consecuencias del decreto por el estado de conmoción, el cual gracias a sus vacíos permite a funcionarios públicos hacer una búsqueda de personas que considerar relacionados con los hechos ocurridos durante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela: «eso les da la facultad para revisar celulares, pueden revisar tu vivienda sin una orden judicial previa», indicó.
Presas políticas ante la violencia institucional
Actualmente existen varios ejemplos de defensoras y periodistas detenidas cuando aún no ocurría el despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela. La profesora y dirigente sindical Lourdes Villareal fue detenida en mayo de 2025 y, hasta hoy, su paradero continúa sin esclarecerse. Un año antes, en febrero de 2024, la defensora Rocío San Miguel Sosa, directora de la organización Control Ciudadano, también fue víctima de desaparición forzada. Permaneció incomunicada por más de 120 horas y, pese a las denuncias públicas, continúa privada de la libertad.
Emirlendriz Benítez, detenida en 2018 y sentenciada injustamente a 30 años de prisión, fue sometida a torturas que derivaron en la pérdida de su embarazo. Las autoridades penitenciarias le han negado atención médica especializada para tratar sus múltiples padecimientos, poniendo su vida en riesgo. Marggie Orozco, de 65 años, con antecedentes de dos infartos y depresión crónica, fue condenada a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp en el que criticaba al gobierno.
Yosida Vanegas Monasterios, de 67 años, jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), fue detenida en 2023 únicamente por ser madre de un preso político, a pesar de requerir con urgencia una colonoscopia. Casos como los de Nélida Sánchez, coordinadora de la organización Súmate, o Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, docente e investigadora, evidencian que la persecución no se limita a la acción directa de protesta o denuncia, sino que se extiende a los vínculos familiares, académicos y comunitarios.
