Ciad de México.– A casi una década del asesinato de Berta Cáceres, defensora del territorio, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que la planificación de su asesinato fue conocida por el Estado de Honduras desde enero de 2016, dos meses antes de que el crimen fuera perpetrado, pese a ello el Estado incumplió su deber de proteger la vida de la defensora.
En marzo de 2016, Berta Isabel Cáceres Flores fue asesinada en su vivienda ubicada en La Esperanza, Intibucá. El ataque armado que acabó con su vida fue el desenlace de años de persecución, vigilancia, criminalización y violencia en su contra, derivados de su liderazgo en la defensa del territorio lenca frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), propiedad de la familia Atala Zablah.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señala que hasta el momento solo fue condenado como autor intelectual Roberto David Castillo, junto con los autores materiales Henry Hernández, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Edilson Duarte, Elvin Rápalo y Óscar Torres por el asesinato de la defensora. No obstante, para la perpetración del crimen participaron intermediarios con formación militar, así como personal y directivos de la empresa DESA, además de redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado.
A partir del análisis de cientos de horas de intervenciones telefónicas realizadas en una investigación penal iniciada en 2015, el GIEI documentó que, antes del asesinato de Berta Cáceres, se llevaron a cabo al menos cinco incursiones a La Esperanza entre el 22 de enero y el 28 de febrero de 2016. En ellas participaron Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Henry Hernández en acciones de vigilancia, seguimiento y preparación logística del crimen.
A pesar de contar con interceptaciones telefónicas en tiempo real en las que se hablaba de pagos y planes para asesinarla, el Estado hondureño no activó mecanismos de prevención ni adoptó medidas para protegerla. Esta omisión, concluyó el GIEI, constituyó una grave violación a su deber de proteger la vida de la defensora. Así está mejor?
Sumado a ello, también se develó a partir de un análisis financiero que fondos de bancos internacionales de desarrollo —principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), destinados formalmente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca— fueron desviados para financiar actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial y, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres.
El análisis estableció que, de un total de 18 millones 540 mil 325.62 dólares estadounidenses ejecutados en el proyecto, cerca del 67 % de los recursos, equivalentes a 12 millones 426 mil 190.53 dólares estadounidenses, fue objeto de desvíos y manejos irregulares.
El GIEI documentó que, tras el asesinato de Berta Cáceres, se realizaron operaciones financieras para pagar a la célula que ejecutó el crimen, mediante cheques cobrados en efectivo y movimientos irregulares que permitieron convertir recursos empresariales en pagos directos a los responsables. Estos mecanismos evidenciaron la existencia de una estructura financiera diseñada para sostener la violencia y garantizar la ejecución del asesinato.
El modus operandi, no solo fue utilizado para financiar el asesinato, sino también actividades previas como vigilancia, inteligencia, incursiones armadas y logística. El GIEI identificó patrones reiterados de fragmentación de montos, uso de empleados de bajo rango como cobradores y pagos por servicios inexistentes, lo que permitió vincular directamente los flujos de dinero con los autores materiales del crimen y con operaciones violentas anteriores.
Asimismo,se determinó que personas de la familia Atala, vinculadas a la empresa DESA, participaron en espacios de coordinación creados para controlar y enfrentar la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Uno de estos espacios fue el grupo de WhatsApp llamado “Seguridad PHAZ”, desde el cual se realizaron acciones constantes de vigilancia, recopilación de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
La investigación también reveló que, desde estos espacios, se buscó coordinar acciones con autoridades del Estado, como desalojos y operativos de seguridad, a través de contactos de alto nivel en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional, con el objetivo de debilitar y frenar la resistencia de las comunidades. Además, el GIEI comprobó que directivos responsables de las finanzas de la empresa administraban cuentas y pagos vinculados a estas acciones y que tenían conocimiento de recurrir a la violencia como forma de resolver el conflicto territorial.
Medidas de reparación
El GIEI recomendó al Estado hondureño un amplio conjunto de medidas de cesación y restitución, entre ellas la revocación definitiva del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, la disolución y liquidación de la empresa DESA, y la recuperación de activos para destinarlos a la reparación integral de las víctimas. Asimismo, exigió la demarcación, titulación y saneamiento del territorio ancestral lenca de Río Blanco, así como la prohibición de nuevos títulos individuales que vulneren derechos colectivos
En materia de rehabilitación, satisfacción y compensación, el GIEI propuso la creación de programas integrales de atención médica, psicológica y comunitaria para las víctimas, así como planes productivos y agrícolas que permitan restablecer los medios de vida de la comunidad, y actos públicos de reconocimiento de responsabilidad estatal junto con la construcción de un memorial en honor a Berta Cáceres y al río Gualcarque,
Para garantizar la no repetición, el GIEI instó a investigar y sancionar de manera integral la responsabilidad empresarial en el asesinato, reformar el Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras, fortalecer al Ministerio Público y adoptar un marco normativo robusto de debida diligencia empresarial y financiera en derechos humanos. Estas medidas incluyen la regulación estricta de proyectos extractivos y energéticos, la transparencia sobre beneficiarios finales, la supervisión interinstitucional y la participación efectiva de comunidades indígenas y sociedad civil.
¿Quién fue Berta Cáceres?
Berta Isabel Cáceres Flores nació el 4 de marzo de 1971 en La Esperanza, Intibucá, y creció en un contexto marcado por el conservadurismo y el autoritarismo militar en Honduras. Desde temprana edad acompañó a su madre en labores de enfermería y asistencia médica a mujeres, al tiempo que se vinculó con luchas solidarias de movimientos sociales, experiencias que influyeron profundamente en su conciencia política y social.
Durante su formación académica en el Instituto Departamental de Occidente y la Escuela Normal Mixta de Occidente, militó en la Organización Patriótica Estudiantil Lempira (OPE-L), donde participó en trabajo clandestino contra la Doctrina de Seguridad Nacional y la presencia militar de Estados Unidos en el país. Tras graduarse como maestra en 1988, impulsó proyectos de educación popular y, en 1989, fundó Acción Cultural y Ecológica de Rescate (HACER), orientada a la preservación de la cultura lenca y la defensa del medio ambiente.
En 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), desde donde encabezó luchas históricas por los derechos del pueblo lenca y la protección de los recursos naturales. Bajo su liderazgo se lograron avances significativos, como la expulsión de aserraderos industriales, la creación de municipios indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, además de promover la participación política de las mujeres y la creación de radios comunitarias indígenas.
Su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca la convirtió en blanco de persecución y criminalización, pese a recibir en 2015 el Premio Medioambiental Goldman por su labor. Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016, un crimen que generó condena internacional; sin embargo, su legado perdura en la resistencia de los pueblos indígenas y en la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos humanos.
