Ciudad de México.- De acuerdo con el monitoreo del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) y la Universidad Iberoamericana, entre 2019 y 2024, se registraron 22 mil 944 asesinatos de mujeres por violencia homicida a comparación de los 29 mil 833 casos documentados entre 2007 y 2018. El patrón de los datos muestra que no solo ocurrieron con mayor frecuencia en los últimos años, sino que coincide con el último periodo de militarización tras la implementación de la Guardia Nacional.
Pese a que se desconoce mayor contexto de cómo ocurrieron estas muertes, el monitoreo especifica que sí sucedieron de forma violenta, por lo que deben ser consideradas como feminicidio de acuerdo a lo establecido por la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta marcó un precedente ordenando que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada bajo una visión de género.
De acuerdo con el informe «Las Dos Guerras» de la organización Intersecta, la militarización de la seguridad pública se configura como uno de los factores claves para explicar el incremento acelerado de los asesinatos de las mujeres en México en los últimos años. Desde el 2007 se detectó que la violencia armada comenzó a afectar a las mujeres.
Mientras que en el 2000 apenas 3 de cada 10 mujeres fueron asesinadas con arma de fuego, para el 2018 la estadística aumentó a 6 de cada 10 mujeres. La organización también señaló que otro patrón es el uso del espacio público como escenario en el que ocurre este delito cuando antes esto sucedía en su mayoría dentro de los hogares.
Desglosando los datos del monitoreo, que fueron actualizados en enero de este año, se encontró que en 2019 ocurrieron 3 mil 975 casos y para el siguiente año aumentaron a 4 mil 8 casos, seguidos de 3 mil 924 en 2021, 3 mil 894 en 2022, 3 mil 673 en 2023 y 3 mil 572 en 2024. Fue en 2020 el año en que se documentaron más asesinatos de mujeres desde la implementación de las fuerzas armadas en 2007.
Durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) comenzó la llamada «Guerra contra el narcotráfico», una estrategia que desplegó elementos del Ejército Nacional y de la Marina en labores de seguridad pública frente a la delincuencia organizada. Pese a que la medida fue utilizada desde la década de los sesenta, esta se intensificó con los gobiernos de Calderón, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El monitoreo también señala que, desde los últimos cinco años, el estado de Guanajuato lidera la lista de entidades donde mayormente ocurren los asesinatos de mujeres. La investigación La primera misión de la Guardia Nacional: ¿Qué pasó en Guanajuato, Michoacán y Jalisco? del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) y la Universidad Iberoamericana indica que se trató de combatir la violencia en el territorio en 2019 siendo junto con Michoacán y Jalisco, las entidades asignadas a la Guardia Nacional como «primera misión».
También expusieron que en dicha región se encuentra grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se diputan el territorio con otras organizaciones criminales o provocan enfrentamientos contra militares. Con la creación e implementación de la Guardia Nacional como una fuerza de carácter civil en ese entonces adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se esperaba disminuir la violencia en el país, pero Guanajuato continúa liderando la lista, aunque redujo el número de muertes en la entidad.
Efectos de la militarización
El informe sombra “Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos” escrito por 20 activistas y 36 organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), advierte sobre el aumento de la transferencia de atribuciones y recursos a las instituciones militares para tareas de seguridad.
Tan solo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 a la Secretaría de la Defensa Nacional se le asignó más de 70 mil millones de pesos. Pero las organizaciones de la sociedad civil señalan en el documento que, entre 2019 y 2024, los recursos destinados a esta instancia aumentaron más del 100% y para la Secretaría de Marina el aumento fue de 174%.
Las organizaciones advirtieron que dicho incremento de recursos estuvo acompañado de vulneraciones a derechos humanos, por ejemplo, entre 2020 y 2023 se presentaron mil 816 quejas de la Guardia Nacional ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y mil 664 contra la Secretaría de la Defensa.
Adicionalmente, en 2024 una reforma constitucional incorporó a la Guardia Nacional a la Fuerza Armada permanente. Con ello, el Ejecutivo federal puede disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Mujeres bajo la bota militar
En 2023, la organización Intersecta analizó dos instrumentos estadísticos para conocer en qué medida miembros del Ejército y la Marina perpetuaron esta violencia. Después de revisar la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, encontraron que más de 68 mil mujeres fueron agredida por estas instancias.
Las agresiones reportadas fueron piropos ofensivos, con 38.2%; en menor medida, se encuentran ofensas u otras instancias de humillación, con 14.7%; miedo a ser atacada sexualmente, con 10.1%; ataques con armas blancas o de fuego con 3.3%, mientras que el 1.1% y el 0.2% indican intentos de violación y violación.
La ENPOL evidenció que la incidencia de violencia perpetuada al momento de la detención de una mujer incrementa en operativos conjuntos con 87%, seguido de la Marina con 86.4% y del ejercito con 77.4%. Particularmente se denunció que un tercio de las mujeres detenidas por la Marina vivieron descargas eléctricas, el 19.4% vivió violencia sexual y el 11.5% de las mujeres detenidas por la entonces SEDENA, también sufrió esta agresión.
Asimismo, se denunció la existencia de una relación entre la perpetración de violencia y la fabricación de culpabilidad, pues 9 de cada 10 detenidas por la Marina, el ejército o por un operativo conjunto, afirmaron estar en prisión por acusaciones falsas vivieron algún tipo de violencia.
Anteriormente, Cimacnoticias conversó con Ximena Said, del área de investigación de la organización Intersecta, y describió que las consecuencias de permitir la participación de instituciones castrenses en tareas de seguridad pública es el abuso de fuerza, el cual puede ser igual o mayor que el usado por fuerzas policiacas.
Por ejemplo, cuando hay un cruce de fuego, es más común que suceda en eventos donde participen militares y donde no existan personas detenidas, pero sí asesinadas. Esta ha sido una constante que no se ha podido disminuir desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según describió la investigadora.
También advirtió que, hasta el momento, no han podido encontrar estudios que respalden el éxito de la implementación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero sí estudios que relacionan el incremento de la violencia homicida con la estrategia de hacer frente al crimen organizado. Señaló que muchos análisis coinciden en que dicha estrategia fallo en contener y reducir la violencia, sino que ahora también la genera.
Más militarización, más violencia – cimacnoticias.com.mx
