Ciudad de México.- Este martes 26 de septiembre se cumplen 9 años de los hechos ocurridos en el 2014 por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hecho que se sigue recordado como uno de los episodios violatorios de derechos humanos más emblemáticos en la historia reciente de México y hoy, le restan 9 meses al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para hacer efectiva su promesa de llevar verdad y justicia al caso.
Si consideramos el próximo junio del 2024 como el tiempo límite para el mandatario, debido a la contienda presidencial que se llevará a cabo en ese mes para sustituir su mandato, entonces se puede considerar partir de hoy que solo le restarían 9 meses a López Obrador, como tiempo máximo para cumplir con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, no obstante, en el grueso del tiempo que ha podido generar acciones contundentes se ha enfrentando a señalamientos por la falta la resultados.
A pesar de las detenciones de presuntos implicados y señalamientos directos contra el Ejército por su presunta participación en la noche de Iguala, hasta el momento es evidente la falta de resultados, y de concluir así el mandato de López Obrador, ya serían dos administraciones presidenciales las que no generarían justicia en el caso. Es importante señalar que los hechos ocurrieron durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto quien tomó protesta a partir del 1 de diciembre del 2012.
En estos 9 años las y los familiares de los estudiantes desaparecidos y las víctimas de homicidio en el caso, son quienes han luchado contra las autoridades mexicanas quienes en estas dos administraciones les han negado el derecho a saber qué pasó y dónde están sus hijos normalistas de Ayotzinapa.
Pese a toda la información, aún no es posible esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas ni dar con el paradero de cada uno de ellos.
Por ejemplo, en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio de 2023, se menciona la negativa de algunas corporaciones civiles y militares de entregar toda la información disponible y el presidente López Obrador es el jefe supremo de las fuerzas armadas.
Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) señala al Ejército
El Ejército y la Marina han ocultado información y han dado declaraciones falsas acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Además, pese a haberlo negado, el personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sí estuvo presente durante los hechos. Así lo dio a conocer el pasado 25 de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el cual dio por concluida su participación en el caso de Ayotzinapa debido a las barreras que estas tres instituciones han puesto durante los procesos de investigación.
Las conclusiones a las que llegó el GIEI contradijeron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el 26 de septiembre de 2022 declaró que se estaba avanzando en las investigaciones y se estaba «rompiendo el pacto del silencio y de impunidad«.
El 28 de junio de este 2023, López Obrador, dijo que no habría impunidad en el caso Ayotzinapa y que no se protegería a los miembros del Ejército responsables por los hechos.
Durante las conclusiones del GIEI, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin —integrantes— , anunciaron que la labor del Grupo se había dado por concluida en vista de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y el CISEN han mostrado resistencia para ofrecer información clara sobre lo ocurrido la noche de aquel 26 de septiembre de 2014. Datallaron que “además de ocultar información, integrantes de estas y otras instituciones han mentido en diversas ocasiones al GIEI o han cambiado sus declaraciones”.
Al respecto, Buitrago Ruiz informó que pese a que en un principio se había dicho lo contrario, la policía federal sí estuvo presente la noche de la desaparición de los 43 estudiantes, además de la Policía Ministerial de Iguala. De hecho, el GIEI señala que integrantes de este último organismo persiguieron y trataron de disparar contra sobrevivientes de uno de los autobuses tomados por los jóvenes.
También hubo participación de la policía municipal de Cocula, Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco. De acuerdo con los especialistas, la policía de estos dos últimos municipios participó (junto con el grupo delictivo Guerreros Unidos) en la balacera contra el equipo de futbol “Los Avispones”.
Según una hipótesis, dicha balacera se desató porque las autoridades y los criminales confundieron el autobús del equipo con otro vehículo en el que podían estar los normalistas de Ayotzinapa.
Por otra parte, el GIEI señala que miembros de Guerreros Unidos también colaboraron con la policía de Iguala y con la policía ministerial en la detención de varios jóvenes a la altura de la calle Juan N. Álvarez, uno de los puntos donde atacaron a los estudiantes.
Dos normalistas perdieron la vida durante esta detención. Además, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin aseguraron que el grupo Guerreros Unidos pudo haber actuado en colaboración con la policía para llevar a cabo la tortura y el asesinato de Julio César Mondragón.
Foto: @GIEIAYOTZINAPA
Los hechos de Iguala
Los hechos sucedieron en 2014 cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, contra estudiantes en 1968.
Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.
De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes quienes aún siguen desaparecidos.
Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no solo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
El saldo de esa noche en Iguala fue de 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
