Ciudad de México.– El día de hoy, la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) dio a conocer que un grupo de mujeres michoacanas del municipio de Xochitepec, tras iniciar un proceso de lucha comunitaria y jurídica, logró que un juzgado federal ordenara suspender la explotación minera en su territorio mientras se resuelve el juicio de amparo, un caso que abre un precedente clave en la defensa ambiental frente al extractivismo en la entidad.
La Unidad Habitacional Morelos, en donde radican las mujeres de Xochitepec, se fundó en 1985 mediante trabajo colectivo, creando parques, pozos de agua, escuelas y servicios básicos. A más de 40 años de ese esfuerzo comunitario, este proyecto de vida hoy se encuentra en riesgo debido a la existencia de concesiones mineras derivadas del proyecto denominado “Esperanza Gold”, impulsado por las empresas Esperanza Silver de México, Alamos Gold y Zacatecas Silver.
De acuerdo con TerraVida, dicho proyecto está constituido por seis concesiones mineras cuya extensión aproximada es de más de 2 mil hectáreas. Su objetivo es extraer metales preciosos, principalmente oro y plata, aunque también incluye otros como cobre, arsénico, antimonio, molibdeno y zinc de la zona. Para ello, implica la liberación de metales pesados que contaminan cuerpos de agua y afectan la salud de la población y los ecosistemas.
Ante este escenario, han sido las mujeres quienes han encabezado la resistencia contra este proyecto. Mediante su organización y con el respaldo de su comunidad, decidieron llevar el caso a los tribunales para lograr proteger el agua y los servicios básicos, así como el uso y disfrute de sus ríos, cerros y áreas verdes que aún han logrado mantener conservados.
Lo que está ocurriendo en las comunidades de Morelos no es un caso aislado. De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), en su informe «La tierra, para quienes la trabajan y la defienden», se documentó que entre 1990 y 2020 el 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción.
Cabe destacar que, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante un Dictamen Diagnóstico Socioambiental se advirtió que la explotación minera en Morelos es inviable por los graves impactos ambientales, visuales, humanos y culturales que generaría, además de alertar que no existe suficiente agua para sostener el proyecto sin afectar gravemente la seguridad hídrica local.
Ese mismo año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la SEMARNAT señalaron que la explotación podría incrementar la presencia de arsénico y cobre en el suelo, representando un riesgo para la salud humana y la biodiversidad.
Frente a este extractivismo, las mujeres han luchado por proteger sus territorios; sin embargo, esta labor implica una actividad de alto riesgo. De acuerdo con IM-Defensoras, entre 2012 y 2024 se registraron 35 asesinatos y 10 mil agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y se catalogó a México, Honduras, Nicaragua y El Salvador como los países con el mayor número de asesinatos contra defensoras ambientales.
La mayoría de quienes defienden la tierra son mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que viven en zonas rurales, por lo que les ha tocado trabajar la tierra a la par de que históricamente fueron excluidas de poder ser prioritarias de estas y de tomar decisiones sobre los territorios ante las políticas coloniales que han terminado por eliminar las cosmovisiones de varios pueblos originarios, según señala IM-Defensoras.
Falta de agua afecta más a las mujeres
Pese al riesgo que implica la defensa del territorio, las mujeres de la comunidad de Xochitepec iniciaron su activismo en 2025 mediante un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras. En su argumentación señalan que, al ser una industria altamente demandante de agua, la minería profundizará la escasez y afectará la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso, vulnerando el derecho humano al agua y a una vida digna.
Sostuvieron que su proyecto de vida comunitario se encuentra en peligro frente a la devastación socioambiental que genera la actividad minera y que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, al constituir una forma de racismo ambiental que expone de manera desproporcionada a la comunidad a impactos ambientales y cargas de contaminación.
Cabe señalar que este proyecto minero, acusado de posible desabasto de agua, podría provocar una crisis hídrica que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), profundiza las desigualdades de género, pues en todas las regiones son las mujeres quienes asumen mayor responsabilidad en las labores de cuidado y provisión de agua.
Mil niñas y niños mueren al día por escasez de agua: UNICEF
Paralelamente, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que, a nivel global, las mujeres y niñas mayores de 15 años son las encargadas de recolectar agua en 7 de cada 10 hogares, frente a 3 de cada 10 en los que lo hacen hombres. Entre la niñez menor de 15 años, las niñas (7%) también tienen más probabilidades que los niños (4%) de cumplir con esta tarea.
En la mayoría de los casos, los trayectos para acarrear agua son largos y extenuantes, lo que les impide dedicar ese tiempo a la educación, el empleo o el descanso. Además, estos recorridos las exponen a riesgos físicos, agresiones y otras formas de violencia.
Ante estas consecuencias, las mujeres morelenses han buscado oponerse a toda costa al proyecto minero. Tras lograr la suspensión definitiva que impide la explotación mientras dura el proceso legal, ahora buscan ampliar la medida cautelar para frenar también la fase de exploración, ya que implica estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones que generan daños e impactos ambientales en el territorio; sin embargo, la Secretaría de Economía ha intentado que estas actividades no sean suspendidas.
Con este proceso, las mujeres organizadas, junto con la comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, buscan que su territorio vuelva a ser libre de minería, lo que beneficiaría no solo a Xochitepec, sino también a municipios vecinos como Miacatlán y Temixco, y al estado de Morelos en su conjunto.
