Ciudad de México.- Un nuevo caso de violencia vicaria registrado en Durango evidenció una de las estrategias para que una persona deudora alimentaria no pague la pensión de sus hijas e hijos: cambiar legalmente su género. Para la activista por las madres autónomas e impulsora por el reconocimiento de la violencia vicaria bajo la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, esto no solo constituye revictimización contra las madres, sino una forma de confundir a la justicia.
«Nacen hombres, tienen privilegios por el solo hecho de ser hombres y casualmente o irónicamente y mañosamente solo utilizan esta identidad de género en el proceso jurídico», declaró la activista en entrevista para Cimacnoticias. Desde lo que ha observado, el punto de realizar este trámite es convertir los procesos jurídicos a su favor. Una vez que legalmente transitan a ser mujeres, solicitan a las personas juzgadoras aplicar perspectiva de género en los casos y pedir la guardia y custodia de las infancias.
También describió cómo esta estrategia se utiliza para vengarse de las madres siendo parte de la violencia vicaria, que de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aquella que se ejerce contra la mujer utilizando como medio a las hijas e hijos que pueden o no ser producto de la relación entre ambos para herir, violentar y controlar a la madre generando un daño psicoemocional en ella y en las infancias.
Entre las diversas conductas que constituyen la violencia vicaria se encuentran: amenazar con causar daño a las hijas e hijos; amenazar sustraerlos de su domicilio; utilizar a las infancias para obtener información respecto de la madre; promover actos de violencia física o psicológica de las infancias en contra de la madre; interponer acciones legales falsos en contra de las madres para obtener la guarda y custodia o pérdida de la patria potestad de las hijas e hijos en común; así como condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos.
Diana Luz Vázquez apuntó que, en estos casos, por lo general se pide la guardia y custodia de las infancias con el fin de no pagar la pensión alimenticia. Esto sucede incluso cuando el padre no ha convivido con la hija o hijo debido al abandono en el embarazo o en situaciones donde deciden dar la pensión alimenticia con la cantidad incompleta en el momento y tiempo fuera del plazo establecido.
No obstante, advirtió que lo grave en sí, no es la transición de género, sino que las personas juzgadoras que llevan los procesos judiciales acepten el cambio de identidad en medio del litigio, ya que implica una forma de revictimizar a las madres, en lugar de esclarecer que, independientemente de la identidad de género, la pensión debe ser entregada acorde a la ley.
«Estos señores lo que hacen es burlar esta lucha, abusar de estas condiciones que les permite denominarse mujeres y, por tanto, pretender confundir a la justicia. Ojo, es pretender confundir a los impartidores de justicia.» -Diana Luz Vázquez, defensora e impulsora de la Ley Sabina.
¿La justicia favorece a las mujeres?
Para Diana Luz Vázquez, el argumento principal con el que estos hombres se excusan con la finalidad de realizar el cambio de identidad es bajo la idea de que la justicia favorece a las mujeres solo por su género. Contrario a esta premisa, la organización Equis Justicia para las Mujeres explicó en su informe «Violencias contra las mujeres e impunidad: más allá del punitivismo» que es incorrecto asumir que todas las mujeres tienen las mismas posibilidades de denunciar violencia en su contra.
Aun así, la organización señala que los procesos de justicia cambian en función a las características de las personas como su género, etnia e identidad y orientación sexual. Cuando se trata de mujeres, si varias de estos factores se cruzan, en realidad puede acentuar las desigualdades que ya enfrentan por su género.
Equis Justicia para las Mujeres señala que, no todas tienen conocimiento de que, si así lo desean, pueden exigir justicia mediante instituciones del Estado. La falta de información se coloca como una principal barrera en los casos de violencia contra ellas y la organización lo relaciona como una omisión del Estado a garantizar su difusión, aun así, esto indica que existe una cifra oculta sobre los casos reales.
Entran en vigor reformas para sancionar con cárcel la violencia vicaria – cimacnoticias.com.mx
Cuando una mujer logra interponer una denuncia, es común que encuentren otros obstáculos como negligencia e irregularidades, falta de perspectiva de género en sus casos, estigmatización u omisión del contexto en el que ocurren los delitos. Estos factores indican que si una mujer denuncia no existen garantías de que se investigue de forma adecuada.
Por otro lado, en 2018 Equis Justicia para las Mujeres evaluó a 32 poderes judiciales en entidades federativas y encontró que el 96.9% no publican las sentencias que emiten, por lo que no se puede evaluar si estas protegen los derechos de las personas involucradas o los discriminan. Aunque al analizar los juicios y criterios, encontraron una serie prejuicios y estereotipos, por lo que, incluso cuando se cuenta con una sentencia condenatoria, no todas resuelven los contextos que posibilitaron los delitos.
«Podría pensarse que un mayor número de sentencias equivale, en automático, a mayor acceso a la justicia y menor impunidad; sin embargo, vale la pena preguntarse si sentencias con estereotipos y prejuicios discriminatorios, sentencias que omiten proteger a quien corre riesgo, sentencias que no reparan el daño o sentencias que no prevén los mecanismos necesarios para su cumplimiento pueden considerarse como acceso a la justicia», afirma Equis Justicia para las Mujeres en su informe.
Ser madre autónoma y vivir violencia vicaria
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE), hasta el corte de 2023, en México hay 38.5 millones de mujeres de 15 años y más que son madres. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 calcula que, en los casos de las madres que cuentan con una hija o hijo menor de 18 años, el 87% declaró que eran ellas quienes destinaban mayor tiempo a su cuidado, 27.8% mencionó ser responsable de mantener económicamente el hogar y el 5.3% creyó que perdería el contacto con las infancias si la relación de pareja con el padre terminaba.
El informe sombra «Informe del Frente Nacional contra Violencia Vicaria (FNCVV A.C.) para el 91° periodo de sesiones ante el CEDAW» alerta que la organización Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV A.C.) identificó al menos 4 mil 802 casos a nivel nacional. Al multiplicar este dato por 2.1 infancias en promedio que hay en cada familia, equivale a 10 mil 085 niñas, niños y adolescentes en el medio.
Otros datos incluidos en el documento que permiten dimensionar la situación son los de la Red Nacional de Refugios (RNR), quien en 2023 reportó un aumento del 167% de casos de violencia vicaria de mujeres que llegan por atención en su organización. Además 1 de cada 10 madres ingresaron al refugio solas, por lo que el FNCVV A.C. señaló que las hijas e hijos le fueron arrebatados por su expareja.
A partir de la Encuesta Nacional de Víctimas, realizada por el FNCVV A.C. se encontró que en el 92% de casos sobre violencia vicaria, el agresor cuenta con recursos que le permiten favorecerse de los procesos legales. Además, 9 de cada 19 agresores cuentan con las facilidades de bloquear los procesos legales de la víctima o con los recursos que favorecen los fallos a su favor. Los bloqueos contemplan cargos públicos (21%), tráfico de influencias (50%), alargamiento del proceso legal (72%) y recursos económicos (82%).
Asimismo, en el 74% las madres denunciaron previamente violencia familiar, siendo este detonante de la violencia vicaria. El 100% de madres declararon haber sufrido violencia psicológica, física, patrimonial y económica, de manera previa a la violencia vicaria. Mientras que el 71% de ellas experimentó violencia institucional dentro de sus procesos.
«Desde el momento de convertirnos en madres, nos enfrentamos a muchos retos y a muchas adversidades de un sistema que no está hecho para las maternidades. Que privilegia a padres que pueden abandonar desde el embarazo y después de que las mamás tengan que demandarlos, se aparecen en los juicios a querer demandar guardas y custodias. Esto con el fin de inhibir a las mamás de la justicia, para que dejen de lado las demandas y, por supuesto, con el objetivo de no pagar la pensión que les corresponde y los retroactivos de muchos años que deben de atención, de ocultar sus ingresos» -Diana Luz Vázquez, defensora e impulsora de la Ley Sabina.
Que la vergüenza cambie de bando
De acuerdo con Diana Luz Vázquez, México sigue siendo un país que replica prácticas machistas a través de la burla como una forma de discriminación y violencia contra las mujeres, especialmente en las escuelas, donde el bullying hacia las infancias es grave. Por ello, muchas madres no hacen públicos o denuncian sus casos para evitar que sus hijas e hijos sean revictimizados mediante burlas hacia el padre por el cambio de género.
Por eso determinó que cada caso debe analizarse con perspectiva de género, sobre todo, recalcó la importancia de que las madres denuncien para evitar que se continue usando el cambio de identidad de género como una forma estratégica dentro de los juicios familiares con el fin de evadir responsabilidades: «que sean públicos, a ver quiénes son estos señores y que la vergüenza los alcance también a estos sujetos. Que, si realmente se van a hacer sus cambios de identidad de género, pues que todo el mundo los conozca».
Para la activista es urgente cerrar los vacíos legales que permiten a los hombres evadir pensiones alimenticias, sanciones y responsabilidades parentales, así como intentar obtener la guardia y custodia solo para no pagar. Aunque apuntó que, en México todavía falla la aplicación de perspectiva de género por parte de las personas juzgadoras, quienes al conceder prórrogas o recursos legales prolongan los juicios y dejan en indefensión a las infancias.
