Ciudad de México.- Después de más de un año en ser presentadas, el pasado 15 de enero el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el paquete de reformas donde se reconfiguran 20 leyes enfocadas en tres ejes centrales: igualdad sustantiva, violencia de género y el avance de los derechos de las mujeres, las cuales que te explicaremos a continuación.
Fue el 15 de noviembre de 2024, apenas un mes después de asumir la presidencia de México, cuando Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto presidencial apuntando que el país se convertiría en uno de los más avanzados en materia de derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes. Esto lo hizo durante la conferencia de prensa Mañanera en conjunto con la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández y la entonces consejera presidencial, Ernestina Godoy.
Las leyes reformadas fueron: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley General de Desarrollo Social; Ley General de Salud; Ley General de Educación; Ley del Seguro Social; Ley de Migración, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley de Planeación; Ley de Vivienda; Ley Federal del Trabajo; Ley Federal del Derecho de Autor; Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Igualdad sustantiva
Entre los principales cambios a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres se encuentran su aplicación en la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México aplicables en los tres órdenes de gobierno.
A esto se suma la creación de una Política Nacional que incorpore perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad para que se integre a la vida deportiva, ciencia, tecnología, artes, cultura, el desarrollo sostenible de comunidades rurales y el derecho a un ambiente sano.
Los instrumentos de la Política Nacional serán el Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como el Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Ambos quedarán a cargo de la Secretaría de las Mujeres y tendrá que proponer a un Pleno la creación de comisiones temáticas a partir de proyectos alineados al Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, el Programa contemplará las necesidades de las mujeres, adolescentes y niñas, considerar las brechas de desigualdad y se evaluará su avance cada dos años por la Secretaría de las Mujeres para ajustar, ampliar y reformular el mismo. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) será la encargada de observar y monitorear la Política Nacional, así como hacer estudios e informes de diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres en materia de igualdad sustantiva.
Violencia de género
Uno de los principales cambios en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la inclusión de la Secretaría de las Mujeres en el trabajo y emisión de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). De acuerdo con las modificaciones, se conformará un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario integrado por la secretaría, el Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad federativa sobre la cual se presenta la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las organizaciones de la sociedad civil y personas solicitantes especialistas en derechos humanos de mujeres.
Asimismo, formalmente la Secretaría de las Mujeres asumirá alrededor de 42 funciones. Además de los ya mencionadas se encuentran la coordinación entre autoridades federales, locales y municipales; coordinar y monitorear acciones de los tres órdenes de gobierno; trabajos en la promoción de derechos de las mujeres; elaboración de directrices para los medios de comunicación; hacer un Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres; operar el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia contra las Mujeres, entre otras responsabilidades.
Por otro lado, a la Secretaría de Gobernación le corresponde supervisar el Sistema Nacional y el Programa; diseñar una política integral con perspectiva de género para promover una cultura de respeto; prevención social del delito y cultura de paz; coordinarse con la Secretaría de Mujeres para promover la erradicación de la violencia de género en medios de comunicación; así como implementar estrategias para la protección de las infancias y los adolescentes con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Las modificaciones también contemplan garantizar la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima o víctimas indirectas e indirectas cuando sea el caso; promover una sociedad en el que el hostigamiento sexual y acoso sexual con expresiones de violencia y delitos; solicitar a la autoridad judicial competente la suspensión temporal de una persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos; resguardar armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir a las mujeres y niñas en situaciones de violencia.
Respecto a las Medidas u Órdenes de Protección contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se determina que las autoridades tienen la obligación de adoptar acciones reforzadas para garantizar el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, lo que implica la aplicación más amplia de medidas ordenadas a salvaguardar su vida e integridad.
Del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, se establece que las instituciones responsables de la procuración de justicia federal y de las entidades federativas deben impulsar la creación de fiscalías especializadas de investigación en delitos relacionados con violencia de género y contar con personal capacitado en procuración de justicia.
Otro eje central del Programa es vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres en toda su diversidad y etapas de la vida; así como integrar y difundir información estadística desagregada en casos de violencia contra las mujeres para integrar al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Avance en los derechos de las mujeres
La lista que conforman las modificaciones realizadas en el avance de los derechos de las mujeres es amplia, comenzando con la correspondencia del salario igual sin tener en cuenta el sexo o género que ahora se contempla en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Con ello se busca eliminar la brecha salarial de género, garantizar la igualdad sustantiva y buscará elevar el nivel de ingreso y mejor distribución salarial.
En la Ley General de Desarrollo Social se contempla garantizar el ejercicio de los derechos sociales y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los cuales son la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación y la igualdad sustantiva. Para ello, el Estado adoptará medidas preventivas y de erradicación contra cualquier forma de discriminación.
Respecto a la Ley General de Salud se especifica garantizar el derecho a la protección de la salud con enfoque diferenciado y perspectiva de género e interculturalidad. A esto se añade la implementación de programas de atención integral a víctimas y victimarios de violencia sexual, familiar, acoso y violencia escolar. La Secretaría de Salud también deberá coordinar acciones en materia de educación sexual, planificación familiar y promoción de los derechos sexuales y reproductivos para la población en general y con énfasis en la población adolescente para prevenir el embarazo adolescente.
Emprender acciones dirigidas a grupos o regiones con mayor rezago educativo, que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por diferentes circunstancias por las que no pueden acceder a los servicios educativos ahora están contemplados en la Ley General de Educación. También deben implementar políticas educativas para la prevención de la deserción escolar en mujeres y combatir la discriminación y formas de violencia a través del aprendizaje.
Para las y los estudiantes menores de 18 años, se reforzará y promoverá el respeto a su derecho de una vida libre de violencia, por lo que se informará a las autoridades competentes las conductas que pueden derivar en delitos cometidos contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes derivado de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como incluir lineamientos para protocolos de actuación.
En la Ley del Seguro Social se ordena la captura de datos desagregados por sexo, género, edad, pertenencia étnica o afrodescendiente, discapacidad y cualquier categoría extra para detectar el impacto diferenciado entre mujeres y hombres en los servicios de seguridad social.
Por otro lado, la Ley de Migración contempla el recibimiento de niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados y de manera inmediata a través de la Procuraduría de Protección canalizándolos al Sistema DIF. Además, la Secretaría de las Mujeres debe realizar acciones interinstitucionales con el instituto para atender las necesidades de la población migrante con perspectiva de género y mejorar la condición social de las mujeres migrantes.
Las autoridades migratorias deben contar con capacitación con perspectiva de género para tratar a las personas migrantes en condición de igualdad y sin discriminación, aplicar la perspectiva en el procedimiento administrativo migratorio. El personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice funciones en dormitorios de mujeres deberá ser exclusivamente del sexo femenino.
Le Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se adhiere establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en los que se incorporen datos desagregados.
Para la Ley de Vivienda, se buscará promover oportunidades de acceso a la vivienda, sobre todo a quien sen encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad con especial énfasis en mujeres jefas de familia o víctimas de violencia de género. A la par, se realizarán inversiones y mecanismos de financiamiento para ampliar la oferta habitacional, facilitar crédito y lograr mayor transparencia en la asignación de apoyos.
Asimismo, las autoridades promoverán la igualdad sustantiva y la participación equitativa en la creación y registro de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor como acciones afirmativas para incentivar su participación, eliminar barreras administrativas, y fomentando la igualdad en oportunidades. También se actualizará el acervo histórico segregando información.
Las autoridades competentes promoverán la igualdad sustantiva en la participación de mujeres para la creación, registro y ejercicio de derechos de propiedad industrial de acuerdo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Por lo que, difundirán información sobre patentes, registros, publicaciones, declaratorias, autorizaciones y cualquier otra relacionada con impulsar su participación.
Por último, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales promueve que tanto mujeres y hombres participen en actividades culturales. Pare ello se deberán desarrollar políticas públicas, sustentabilidad, inclusión, cohesión social y perspectiva de género.
