Ciudad de México.- Uno de los temas prioritarios que ha dejado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como una tarea pendiente para el Estado mexicano tras la sentencia García Andrade y otros Vs. México emitida el pasado 19 de diciembre del 2025 es la protección de las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio y de acuerdo con María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), también será la creación de un registro nacional una acción fundamental en el cumplimiento de ésta resolución.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público (SESNSP) indica que solo en 2025 ocurrieron 721 casos de feminicidios en México, siendo Sinaloa la entidad con mayor registros seguidos estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz.
En entrevista para Cimacnoticias, la defensora de derechos humanos señaló que México necesita con urgencia un registro nacional de infancias en orfandad por feminicidio para saber cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta condición, ya que no existe un conteo nacional pese a la insistencia del movimiento de mujeres para su creación y las iniciativas presentadas en el Congreso se encuentran congeladas.
En 2024, el ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que había al menos 5 mil infancias en orfandad por feminicidio entre abril del 2018 y marzo del 2021. Eran niñas, niños y adolescentes registrados por las fiscalías de los estados y conocidos por la entonces Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a través de estudios y estadísticas, por lo que se le ordenó la publicación de dicha información.
Los datos a conocer por el INAI no contemplan a las infancias cuyas madres fueron asesinadas por la violencia de feminicida en años anteriores y posteriores, para María Luz Estrada esto dificulta proporcionar atención integral. Por ello, apuntó que México deberá hacer un diagnóstico que contemple a quiénes se están ayudando, de qué forma se proporciona, bajo qué programas, cómo se coordinan las instituciones en un protocolo de atención, cuántos casos hay por estado y cuáles son las barreras que les impiden acceder a la atención integral, una responsabilidad que debe recaer en las propias Comisiones de víctimas.
“Yo vi un registro que eran aproximadamente más de 200 casos que se les ha dado atención cuando cada año hay por lo menos 600 feminicidios. Estamos hablando de que se asesinan a más de 3 mil mujeres y solo en el 25% se logra iniciar una investigación (…) pero aquí los olvidados sí son los huérfanos”. —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2020 indicó que a nivel federal la Ley de General de Víctimas prevé medidas de rehabilitación especial hacia las hijas e hijos y adultos mayores dependientes de una víctima al considerarlos que fueron afectados de forma indirecta.
Ahora, en al menos cuatro entidades (12.5%) las leyes de víctimas contemplan a las infancias en orfandad por feminicidio, en 13 entidades (40.63%) regulan una disposición sobre proporcionar atención a este sector pero en 18 estados (56.25%) no prevén ninguna medida respecto al tema.
En las cuatro entidades que sí contemplan disposiciones específicas son Jalisco quien reconoce el deber de proporcionar atención psicológica especializada de emergencia; en Oaxaca se incluye un registro estatal para que puedan acceder a medidas de asistencia y atención; para Puebla se ordena que las infancias reciban servicios integrales de atención temprana y otros como jurídicos, médicos y psicólogos especializados; mientras que en Veracruz amplía la protección a infancias en orfandad por feminicidio y desaparición con medidas de reparación integral y un registro estatal.
Por ello, María Luz Estrada considera que México debe hacer una revisión a la Ley General de Víctimas federal y en las leyes locales para que contemplen el registro y la atención integral; sin embargo, mencionó que uno de los ejes que también se debe fortalecer son a las infancias en orfandad por desaparición en un conteo separado, pero manejado por la CEAV, ya que este fenómeno suele ser la antesala de un feminicidio y parte de una crisis generalizada en el país.
Actualmente, México cuenta con el Protocolo nacional de atención integral a niñas, niños y adolescentes en condiciones de orfandad por feminicidio creado en agosto de 2021. Fue expedido desde la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Secretaría de Salud.
Aunque el documento menciona que el Estado debe restaurar derechos y proporcionar atención integral, María Luz Estrada advirtió que está enfocado en atender la protección de las infancias para decidir con quién se van a quedar en resguardo y no en desarrollar una metodología para identificar las necesidades de las infancias y la coordinación entre instituciones para proporcionar una atención integral.
En consecuencia, mencionó que la CEAV también tendrá que contar con un protocolo integral.
“Si tú revisas el protocolo, solo está enfocado en materia de protección, pero no en la protección integral que deben de tener las infancias y en la reparación integral del daño, porque lo que tú estás viendo es que los feminicidios nunca llegan la reparación integral. O sea, nunca logramos que se le repare, porque quien lo tiene que reparar al final es el Estado (…) No tenemos ningún protocolo o herramienta que estén guiando las Comisiones de víctimas.” —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
El tiempo para que el Estado mexicano acate la sentencia de la Corte IDH ha comenzado y le corresponderá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumir la responsabilidad. Para la defensora de derechos humanos será el momento para observar cómo el Gobierno va a materializar la política pública para proteger a las infancias en orfandad, así como la participación y coordinación de la Secretaría de las Mujeres.
Por ahora, María Luz Estrada destacó que será fundamental el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas para acoger la sentencia y exigirla al Estado mexicano, ya que no se trata de un tema aislado, sino que refleja una problemática nacional.
«Es muy importante porque tenemos que ver si este gobierno tiene una perspectiva de género y de derechos humanos, podemos ver ya más materializadas en este tiempo, en este gobierno de Claudia, que se vayan cumpliendo estas recomendaciones (García Andrade y otros Vs. México y Ascencio Rosario y otros Vs México) y no que tarde años para que realmente la veamos materializada.» —María Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
