Ciudad de México.- Las mujeres guanajuatenses no se rindieron ante la negativa del Congreso local para despenalizar el aborto durante 2025 y ahora esta misma instancia tiene la obligación de derogar los artículos que criminalizan la interrupción del embarazo en el Código Penal local en un plazo máximo de 90 días a partir del próximo 15 de febrero, fecha en que inicia el periodo legislativo, como orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hay que recordar que el 6 de septiembre del 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto en el país ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni personal de salud, se le podrá castigar por abortar, por tanto IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres que lo soliciten.
Asimismo, la Corte ordenó que se eliminara el delito de aborto en el Código Penal Federal, situación que aún está pendiente. Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.
Suprema Corte despenaliza el aborto a nivel federal
En entrevista para Cimacnoticias, Nayeli Tello fundadora de la Red de Acompañantas de Aborto León compartió que este logro fue obtenido gracias a un amparo interpuesto por el Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE) quien impulsó que la SCJN permitiera a las mujeres que acompañan en Guanajuato acceder a un aborto seguro y gratuito.
Sin embargo, esto implicó ordenar al Congreso eliminar los artículos 159°, 160°, 162° y 163° de su Código Penal, de lo contrario, la SCJN emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad 16/2026 al terminar el plazo determinado.
Se trata de un mecanismo legal que permite a la Corte anular las normas generales que no fueron corregidas, en este caso, dejar sin efectos los artículos que castigan el aborto en la entidad sin que estos se hayan derogado.
El pasado 29 de enero, diputadas y diputados del partido MORENA presentaron dos iniciativas en camino a la despenalización. La primera fue creada por las legisladoras Plácida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Hades Berenice Aguilar y Martha Edith Moreno Valencia para reformar la Constitución Política Local, la Ley de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley de Víctimas.
Con ello buscaban eliminar el reconocimiento de «la vida desde la concepción» y reforzar el derecho a decidir de forma libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de las hijas e hijos, así como la responsabilidad del Estado para garantizar los medios de acceso a ese derecho como educación sexual y servicios de salud reproductiva e interrupción del embarazo.
La segunda iniciativa fue presentada por la legisladora María Eugenia García Oliveros de MORENA que contempla modificar la definición del tipo penal de aborto para establecer que se puede interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación con una pena de seis meses a tres años de prisión a las mujeres que provoquen o consientan un aborto después del plazo máximo establecido y la pena aumenta cuando se trate de un aborto forzado.
En septiembre de 2025, el partido Movimiento Ciudadano anunció que presentaría una iniciativa sumando los comentarios emitidos durante la última discusión en el Congreso, la cual se realizó dos meses antes cuando fuera rechazada la despenalización del aborto por el cambio de último minuto que ejerció la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dando un revés para la Marea Verde quien estuvo a punto de alcanzar el objetivo.
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La lucha para acceder al aborto en Guanajuato
Para Nayeli Tello, esta decisión significa que la entidad dará «un paso legislativo» como ha sucedido en 24 estados de la República donde el aborto ya es una realidad, los cuales son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, más el caso extraordinario de Aguascalientes donde está permitido hasta la sexta semana de gestación.
Lo que también es cierto es que el aborto continúa siendo criminalizado en el estado, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero de 2015 y diciembre del 2022 se emitieron 209 carpetas de investigación por el delito de aborto en Guanajuato.
Asimismo, el Observatorio de Aborto Segura, documentó que en 2024 se realizaron 5 mil 222 servicios de abortos realizados en las secretarías de salud estatales y del IMSS-Bienestar posicionándose como la segunda entidad con mayores registros después del estado de México.
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Desde el trabajo de la Red de Acompañantas de Aborto León han dedicado al menos cinco años a incidencia política y legislativa gracias a que en el 2021 se presentaron nuevas iniciativas para despenalizar el aborto. Desde ese momento, las defensoras que conforman la red se acercaron al Congreso para hacer mesas de trabajo junto a legisladoras y legisladores, y tan solo en 2025 llegaron dos veces al Pleno para discutir el tema.
Detrás de las discusiones, la Red de Acompañantas de Aborto León han hecho un trabajo de cabildeo con las diputadas y diputados exponiendo el motivo para votar en favor de las iniciativas, participando en diálogos por parte de las comisiones de justicia, salud o educación para el análisis de las iniciativas, así como proporcionar sugerencias a implementar en las iniciativas.
Su labor también está enfocada en el acompañamiento a las mujeres para tener acceso a un aborto autogestionado de forma segura y generar campañas para combatir las narrativas de oposición. En consecuencia, se han enfrentado amenazas por medio de redes sociales, así como sugerencias de denuncias en su contra por parte de personas autonombradas como pro-vidas.
La Red de Acompañantas de Aborto León ha observado que la población guanajuatense está abierta a la progresividad de los derechos de las mujeres; sin embargo, Nayeli Tello atribuye que gracias a la narrativa de grupos conservadores se cree que la entidad está cerrada a respaldar el aborto.
Por ahora, Tello espera poder participar en las mesas de trabajo, realizar videos informáticos y movilizarse en redes sociales para presionar al Congreso.
