La semana pasada les compartía sobre la visita académica de la Relatora Reem Alsalem a nuestro país, para participar en el Encuentro Internacional sobre violencia contra mujeres y niñas que se realizó en la Cámara de Diputados.
Su conferencia magistral, dejó claro el dilema ético que enfrenta la humanidad ante dos temas de alta relevancia: el incremento de la trata de mujeres y niñas y el mercado creciente del mal llamado vientres de alquiler.
De manera muy clara, la relatora sobre violencia contra las mujeres y niñas, advirtió que América Latina se ha convertido en el principal mercado de los vientres de alquiler y un destino de gestación subrogada que explota a mujeres, particularmente a aquellas en situación de pobreza, en un esquema equiparable con la esclavitud y la trata.
Y es por esta razón que el mismo lunes más de 400 mujeres de 200 organizaciones de prácticamente todo el país exhortaron a la presidenta de la República, a gobernadoras y gobernadores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a prohibir la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, práctica que según estas organizaciones dejan ganancias de más de 26 mil millones de dólares.
Pues de acuerdo con Reem Alsalem, creer que legalizar protege, es equivocado, pues el marco jurídico no erradica las violaciones a derechos humanos, pues aseguró, que los contratos abusivos someten a las mujeres a coerción y violencia económica.
Vale la pena recordar sobre este tema que la relatora emitió un informe específico en julio pasado, en el cual señala que la llamada maternidad subrogada implica explotación de las funciones corporales y reproductivas de una mujer en beneficio de otras personas, lo que a menudo se traduce en daños duraderos y en circunstancias de explotación.
Este comercio que va en crecimiento en el mundo, fue descrito por la Relatora como el “Amazon de la reproducción” donde los clientes que quieren comprar una persona menor de edad “toman decisiones en función de lo que quieren, de lo que es más barato, donde hay menos reglamentos y donde hay menos cuestionamientos”. Y por eso América Latina esta siendo el principal proveedor de este negocio.
Y advirtió que, en este mercado de la reproducción, lo que importa es la capacidad de compra, no hay una verificación de quien compra, por lo tanto “puede ser una persona pedófila, que mata niños, que los vende, que extrae órganos”, lo que sea, pues no hay forma de investigar los antecedentes de este tipo de personas que compran”, porque quienes intermedian solo ven el negocio.
Lo que la relatora narró en su exposición muestra la crudeza de la modernización del mercado de personas, si antes las subastas de seres humanos era en plazas públicas cuyo valor radicaba en su fuerza física, hoy, se formalizan en contratos privados donde el valor es la capacidad reproductiva de las mujeres.
Contratos leoninos donde las mujeres pierdan toda autonomía y control sobre sus cuerpos y sobre las criaturas que están en su vientre. Los compradores son los dueños, son quien toma las decisiones, sobre todo.
Se trata de un negocio transfronterizo: compradores en un país, mujeres gestantes en otro, y clínicas o agencias intermediarias en medio, preocupadas fundamentalmente por la rentabilidad, donde no existen mecanismos efectivos para investigar antecedentes de quienes contratan estos servicios. La lógica mercantil se impone sobre la lógica de protección y derechos humanos.
En una era, donde el mercado es el rey, se busca normalizar la deshumanización de las mujeres, la pregunta ética es si la sociedad está dispuesta a normalizar que las personas podemos ser vendidas y compradas y pagar las consecuencias de ello, porque lo que estamos viendo degrada más esto que llamamos humanidad.
