Ciudad de México.- El pasado 21 de febrero, 83 organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT), se congregaron en el Monumento a la Revolución para exigir justicia por las agresiones, desapariciones y asesinatos contra personas defensoras en el país.
Datos de la Red TDT señalan que ocurrieron 40 asesinatos de personas defensoras en el país tan solo en 2025, entre ellas se incluyen 12 personas buscadoras, lo que refleja, el riesgo extremo que enfrentan quienes buscan a sus familiares desaparecidos en entidades como Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
En los últimos 25 años la organización documentó 114 asesinatos contra personas defensoras, de las cuales 30 fueron mujeres: Digna Ochoa, Beatriz Cariño, Maricela Escobedo, Susana Chávez, Zenaida Pulido, Carmen López, Samantha Gómez, Ángela Almeras, Isidra Sosme, Rosalinda López, Teresita de Jesús Arrasate, Yohari Belén, Dolores Arrasate, Marcela Castro, Valentina Sodi, Minerva Pérez, María Guadalupe, Diana Rodríguez, Adriana Ortiz, Virginia Ortiz, Silvia Hernández, Sofía Raigosa, Teresa González, María del Carmen Morales, Sandra Domínguez, Karina Ruiz, Katia Medina, Judith Alvarado, Aida Juárez, Daniela Ortiz, Ana Belén Sánchez.
Este pasado sábado 21 de febrero transcurría con tranquilidad para quienes visitaban el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Los puestos de mercancía exhibían artesanías y productos mexicanos; una banda de tambores y trompetas interpretaba melodías de corte militar que resonaban en la explanada.
Niñas y niños corrían y se mojaban en las fuentes, ajenos al bullicio; parejas y familias paseaban sin prisa; algunos grupos patinaban mientras otros ensayaban coreografías de k-pop. Más allá, varias personas disfrutaban de paletas de hielo bajo el calor del mediodía o se detenían a tomarse fotografías frente a la imponente estructura que domina el paisaje.
Sin embargo, para un grupo de personas no se trataba de otro sábado normal, sino de un momento de auxilio: un llamado que se repite todos los días y que, aun así, suele caer en el olvido.
Semanas antes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) había convocado a la sociedad mexicana a congregarse en punto de las 18:30 horas para exigir justicia ante las agresiones, desapariciones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país.
En punto de las seis de la tarde, el Monumento a la Revolución recibió, entre el ir y venir de sus visitantes, a un grupo de ocho personas que comenzaron a desplegar pancartas blancas, acomodar flores y encender veladoras llamando la atención de los presentes. Pronto, lo que comenzó como un pequeño grupo se expandió a la asistencia de más de 50 mujeres y hombres quienes no dudaron en ayudar.
Durante la primera hora, un gran altar fue colocado en el que figuraron los retratos de las defensoras Bertha Cáceres, Marisela Escobedo, Miroslava Breach, María del Sol Jarquín, Digna Ochoa y más. Cabe recordar que cuando se trata de mujeres, la violencia contra ellas es diferenciada no solo por su labor como defensoras, sino por su género.
Blanca Estela
Durante el memorial, varias historias de defensoras fueron nombradas y una de ellas fue la de Blanca Estela Martínez Bustos quien murió el pasado 10 de noviembre de 2025 tras complicaciones derivadas por una cirugía de esófago; sin embargo, su trayectoria fue recordada por ser una defensora de derechos humanos originaria de León, Guanajuato, cuya labor marcó profundamente la búsqueda de personas desaparecidas en el norte y noreste de México.
Durante 16 años dirigió el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en Saltillo, Coahuila, consolidándolo como un referente en el acompañamiento a familias buscadoras. Bajo su liderazgo, el centro no solo documentó casos y denunció violaciones a derechos humanos, sino que impulsó procesos organizativos que fortalecieron a los colectivos de familiares.
Fue parte fundamental del surgimiento de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), uno de los primeros movimientos de familiares de personas desaparecidas en el país, que después inspiró la articulación de colectivos a nivel nacional.
Con una mirada crítica frente a la impunidad, Blanca insistió en que el Estado debía asumir su responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Ante la falta de respuestas oficiales, promovió el trabajo colectivo, la presión pública y la incidencia nacional e internacional.
En los últimos años, impulsó con firmeza la necesidad de fortalecer el trabajo forense frente a la crisis de más de 133 mil personas desaparecidas en México. Su perseverancia contribuyó a la creación del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, que hoy lleva su nombre como reconocimiento a su legado.
Quienes caminaron a su lado la recuerdan como intensa, sensible y perseverante: una defensora que sembró esperanza en medio del dolor y que convirtió la búsqueda de justicia en una tarea colectiva.
Su legado permanece en cada madre y familia que continúa buscando, en cada denuncia contra la impunidad y en cada esfuerzo por construir memoria, verdad y justicia en México.
Contexto de crisis
Integrantes de la Red TDT afirmaron que la defensa de los derechos humanos en México se ejerce en un contexto de crisis profunda, marcado por la violencia sistemática y la impunidad. Señalaron que su labor cotidiana —centrada en la documentación, el acompañamiento, y la denuncia— abarca ejes como el derecho a defender derechos, la justicia, la memoria, la defensa del territorio, los derechos de las mujeres, y de la población LGBTTIQ+, así como de la movilidad humana.
Recordemos que ante la omisión del Estado, muchas veces son las organizaciones civiles quienes sostienen los procesos de verdad y acompañamiento en los territorios. Durante el pronunciamiento, advirtieron que la violencia contra defensoras no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que incluye amenazas, hostigamiento, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, campañas de difamación, violencia digital, espionaje y asesinatos.
Las organizaciones enfatizaron que cada agresión representa no solo una pérdida humana, sino el síntoma de un sistema que falla en proteger a quienes exigen justicia. En ese sentido, denunciaron que la criminalización y el estigma contra la defensa de derechos humanos buscan silenciar voces críticas y debilitar el espacio cívico.
A 36 años de la creación de la Red TDT, reafirmaron que su fuerza radica en la articulación colectiva y en la convicción de que la defensa de los derechos humanos es una tarea compartida. Hicieron un llamado a la sociedad civil a no dejar solas a las defensoras y a asumir que la protección de quienes defienden derechos es una responsabilidad común.
Finalmente, exigieron protección integral, el cese de la criminalización y el acceso efectivo a memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. Aseguraron que no darán un paso atrás y que continuarán trabajando desde los territorios hasta que cesen las agresiones y se garantice justicia para las víctimas.
México enfrenta una crisis de derechos humanos marcada por la violencia estructural e institucional donde la militarización ha agravado las condiciones en el territorio nacional. En consecuencia, defensoras de derechos humanos y periodistas viven distintos tipos de violencia como la persecución y criminalización.
Las mujeres defensoras están en constante peligro debido al ejercicio de su labor; abordan temas de impunidad, injusticia y lucha social y a esto se suma el componente de género donde sufren violencia o tortura sexual y feminicidios.
Aunque no existe un conteo nacional sobre la totalidad de mujeres defensoras que han sido asesinadas desde el 1 de octubre de 2024 hasta nuestros días, para dimensionar la situación, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció en su reciente reporte las siguientes agresiones en Mesoamérica de 2012 a 2024:
Defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente con 22.4%, defensoras a la verdad, justicia y reparación con 18.9%, defensoras a la información y libertad de expresión con 13.7%, defensoras a la participación política 10.4%, defensoras de las mujeres a una vida libre de violencia con 9.5%, defensora de derechos humanos con 6.5%, defensoras de las mujeres con 5.3%, defensoras de la educación con 3%, defensoras de las personas privadas de la libertad con 2.3%, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos con 1.8%, defensoras de la población LGBTQI+ con 1.7% y defensoras de los pueblos indígenas con 1.6%.
Hablando específicamente de México, IM-Defensoras señaló que entre 2020 y 2024 contabilizaron mil 383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación en el país. Esto representa 15% del total de las agresiones a defensoras en el mismo período que ocurrieron en estados como Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Quintano Roo, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca.
Las principales agresiones documentadas además de los casos de feminicidio e intentos de feminicidio son: desapariciones forzadas, secuestros, hostigamiento, limitaciones o ataques por recabar, obtener o poseer información, amenazas, vigilancia, incitación a la violencia y violencia física.
Respecto a los responsables se identificó la culpabilidad de las autoridades municipales en un 46% de las autoridades públicas federales en el 28% de los casos, policías en el 16% y fuerzas armadas en un 1.86%. Asimismo, también se identificó a personas desconocidas en el 39% de las agresiones de las que 11% ocurrieron en el ámbito digital.
El 32%, es decir, 1 de cada 3 de las agresiones ocurrieron cuando la defensora contaba ya con una medida de protección, principalmente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Finalmente, en el 42% de las agresiones se identificaron elementos de discriminación de género como la descalificación de su trabajo, las expresiones de violencia de carácter sexual, expresiones misóginas y amenazas de tipo sexual, secuestro, agresión física y otros.
