Ciudad de México.- En 2010, dos abogadas con extenso trabajo sobre el tema migratorio se dieron cuenta que en México ninguna organización o institución abordaban la migración con un enfoque específico de mujeres, por lo que decidieron crear el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y tras 15 años de labor han logrado asistir a más de 6 mil mujeres y sus familias.
Por lo que desde hace 15 años, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) comenzó a trabajar el tema conformando una organización civil con tres integrantes como base. Con el paso del tiempo crecieron a cinco y en el presente ya suman 28 mujeres abogadas, psicólogas, internacionalistas y periodistas, así lo informó Miriam González Sánchez, coordinadora de Comunicación en entrevista para Cimacnoticias.
Desde entonces, el enfoque de IMUMI ha sido escuchar a las mujeres migrantes y colocar sus voces en el centro para ofrecer un acompañamiento psicosocial:
«Nosotras partimos de la premisa de que las mujeres deben tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que quieren, pero estas decisiones tienen que ser informadas y ellas a su vez tienen que tener las condiciones para que pudieran tomar las mejores decisiones para su vida y la de sus familias», advirtió Miriam González Sánchez.
A lo largo de 15 años de trabajo, IMUMI ha proporcionado acompañamiento en casos de asilo, visas humanitarias, reunificaciones familiares, registros de doble nacionalidad, acceso a la educación, custodias transnacionales, y el reconocimiento de más de 60 mil niñas y niños nacidos en Estados Unidos quienes viven en México. Sobre este último, trabajaron en reformas a las normas de control de educación de nivel básico en 2015 y dos años más tarde, en la Ley General de Educación para modificar que no se necesitaba contar con un documento mexicano para que las infancias migrantes accedieran a la educación.
Gracias a su litigio estratégico han logrado compensaciones significativas a las familias afectadas por detenciones migratorias, arbitrarias y llevadas a cabo por medio de actos de tortura generando así una compensación de 40 millones de pesos en compensaciones para familiar.
Asimismo, su trabajo se ha extendido con ayuda de mil pasantes y voluntarias legales en todo el mundo, así con al menos 10 universidades para documentar la violencia contra las mujeres migrantes en México.
Estas defensoras de las mujeres en la migración lograron conformar una clínica jurídica, espacio que comenzó con una abogada en derecho migratorio mexicano y que, al día de hoy, ya cuenta con abogadas estadounidenses quienes pueden litigar en Estados Unidos. A su vez, tienen un área de asilo, niñez migrante y acompañamiento psicosocial.
La labor de IMUMI es fundamental porque México está considerado como un territorio origen, tránsito y destino migratorio, donde incluso se ha manifestado una feminización de la migración.
Según el informe «Mujer migrante y movilidad migrante en México» para el año 2020 el país figuró como el segundo lugar de la lista de principales países de origen respecto a la población migrante; sin embargo, constituyó el cuarto país sobre el número de mujeres migrantes con 5.2 millones de ellas quienes conformaron el 46.8% de la población mexicana migrante y el 1.9% de la población mundial.
También es considerado territorio de destino de las migrantes, según los datos censales de ese año arrojan que el 1% de la población que radica en México eran personas nacidas en otro país, lo que equivale a 1 millón 212 mil 252 y 49% de estas son mujeres: 593 mil 502 eran mujeres. De este total procedían principalmente de países como Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras, Cuba, El Salvador y Argentina.
Ese mismo informe advierte que los motivos para que una mujer emigre son socioeconómicos porque ellas suelen ser responsables directas del bienestar e ingreso en sus familias como proveedoras y no solo como receptoras de remesas. Cabe señalar que su proceso migratorio les implica enfrentarse a escenarios de violencia de género el cual enfrentan desde el momento en que atraviesan sus países de origen, durante su trayecto, así como en su llegada al país de destino.
Migrar en territorio militarizado, consecuencias para mujeres – cimacnoticias.com.mx
Los retos de defender mujeres migrantes
Para Miriam González Sánchez, a lo largo de los años de trabajo de IMUMI poder visibilizar para las autoridades migratorias que las mujeres tienen diferentes necesidades en comparación con los hombres ha sido un reto constante en su labor.
Entre estas situaciones se encuentran la violencia de género que viven en los procesos migratorios como prácticas racistas, xenófobas, discriminatorias y excluyentes; asaltos y detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; violencia sexual; trata de personas con fines de explotación sexual; y hasta feminicidio.
En cifras, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en 2023 que los secuestros a mujeres migrantes aumentaron de 161 casos en 2022 a 221 casos en 2023, lo que representa un incremento del 37%. Por otro lado, ONU México estima que entre el 24% y el 80% de las mujeres migrantes experimentan alguna forma de violencia sexual.
Otro de los grandes retos ha sido hacer entender a las autoridades migratorias que las mujeres necesitan acciones y políticas específicas, esto también implica tener acceso a datos desagregados no solo por sexo. Según mencionó Miriam González Sánchez, de IMUMI, fue en el año 2000 que se comenzaron a compartir estadísticas migratorias, pero hasta 2007 que se desagregaron por sexo gracias al trabajo previo de quienes más tarde fundarían esta organización para mostrar la importancia de las mujeres migrantes.
«A nivel de comunicación, sigue siendo poco visible en específico la mirada hacia lo que sucede con las mujeres migrantes, por lo menos ahora son nombradas pero hace 15 años eran invisibles.» -Miriam González Sánchez, coordinadora de Comunicación en IMUMI.
A esto se suman los obstáculos financieros, ya que al ser una organización civil subsisten a través del financiamiento de la cooperación internacional y debido al contexto político internacional muchas fundaciones han cerrado sus programas de migración en México, lo que les ha perjudicado.
Uno de ellos fue la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur quien otorga subvenciones e inversiones para apoyar a organizaciones sin fines de lucro en 50 países del mundo, anteriormente apoyaban el trabajo de IMUMI antes de que decidieran eliminar la agenda de migración de su trabajo.
Una segunda forma de financiamiento son las donatarias autorizadas; sin embargo, no ha sido fácil conseguir donaciones en lo individual que permitan seguir sosteniendo su trabajo así como los servicios gratuitos que ofrecen, como en su tiempo, atención de abogadas especializadas en derecho familiar enfocado en cuestiones de divorcios y pensiones alimenticias, un área que por el momento permanece cerrada, pero que fue importante para IMUMI.
Hermanas jornaleras detenidas, un caso de varios
Miriam González Sánchez recuerda que, entre los casos que ha acompañado IMUMI se encuentra la historia de tres hermanos conformados por dos mujeres y un hombre tzeltales de Chiapas quienes viajaban del sur al norte para trabajar como jornaleros agrícolas y en su trayecto fueron detenidos en Querétaro por agentes del Instituto Nacional de Migración por «no parecer mexicanos» incluso no les creían a pesar de mostrar sus tarjetas de identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) y una copia del acta de nacimiento de una de las mujeres quien era menor de edad.
Esas autoridades migratorias los acusaron de presentar documentos falsos y fueron llevados a detención migratoria donde experimentaron tortura y hostigamiento que fue comprobada conforme al Protocolo de Estambul para que aceptaran firmar documentos donde aceptaban que eran de Guatemala y ser deportados a dicho país. Para Miriam González Sánchez, el caso fue importante porque evidenció prácticas discriminatorias y racistas del Instituto Nacional de Migración por el aspecto de una persona.
Con este caso, IMUMI logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara para que la resolución del caso fuera favorable para los hermanos y además sentara un precedente contra las revisiones migratorias en carreteras bajo perfilamientos racistas.
Esto implicó que el Instituto Nacional de Migración ofreciera en 2019 una disculpa pública en la que reconoció que los hermanos fueron detenidos bajo el perfilamiento racial.
Aunque la SCJN ordenó hacer modificaciones en el artículo 97° de la Ley General de Migración enfocado en la revisión migratoria, IMUMI continúa trabajando para que el Congreso realice los cambios para eliminar las revisiones migratorias discriminantes.
Mirando hacia el mañana
Gracias al panorama geopolítico actual de migración en México y en el mundo, caracterizado por prácticas discriminatorias, para IMUMI cada vez se vuelve «más complejo» defender los derechos de las mujeres migrantes:
«Prendamos la televisión y veamos todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con esas políticas migratorias restrictivas, pero lo mismo se está replicando ya en Argentina o en Chile donde hay tratos crueles que infligen sufrimiento a las personas», compartió Miriam González Sánchez.
Aunque existen resistencias para hacer efectivos los derechos de las mujeres migrantes, estos se reconfiguran como nuevos retos. Por ello para IMUMI lo fundamental es seguir proporcionando herramientas para que las mujeres ejerzan sus derechos, trabajar en conjunto con organizaciones nacionales y regionales para crear políticas que las protejan más allá de los límites nacionales y, sobre todo, frenar la violencia de género en su contra.
