Históricamente, las fronteras han sido trazadas sobre los mapas como líneas de soberanía, pero sobre los cuerpos de las mujeres en movilidad se han erigido como muros de impunidad, violencia y muerte. Hoy, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), sumamos nuestra voz a la rabia colectiva que recorre las calles. Este 8 de marzo, marchamos por la urgencia de hacer visible cómo las políticas migratorias son violencia institucionalizada.
Durante años hemos documentado cómo la violencia patriarcal no se limita al ámbito privado o comunitario; también se expresa en políticas migratorias que criminalizan, detienen y exponen a las mujeres a mayores riesgos. Los cuerpos de las mujeres migrantes —particularmente de aquellas en situación irregular, indígenas o afrodescendientes— han sido utilizados como moneda de cambio en estrategias de control fronterizo que priorizan la “seguridad nacional” por encima de la vida y la dignidad.
Nombrar esta realidad es indispensable. En México, el Instituto Nacional de Migración (INM) y, en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), operan bajo un modelo de detención y contención que ha derivado en violaciones graves a derechos humanos. Las muertes de mujeres y niñas en estaciones y centros de detención migratoria no pueden reducirse a “incidentes aislados”. Hemos acompañado casos donde la negligencia médica, el abandono y la violencia institucional fueron factores determinantes. Cuando el Estado priva de la libertad, también asume la responsabilidad de proteger la vida. No hacerlo es una forma de violencia de Estado.
La separación familiar es otro rostro de estas políticas punitivas. Arrancar a niñas y niños de los brazos de sus madres como medida disuasoria no solo vulnera derechos fundamentales; constituye una forma de tortura psicológica que deja secuelas profundas.
Además, observamos con preocupación la consolidación de una política de contención binacional. El Estado mexicano ha reforzado la vigilancia y la detención migratoria en su territorio, convirtiendo al país en un muro extendido. En este contexto, las mujeres migrantes enfrentan extorsiones, criminalización y abusos tanto por autoridades como por actores no estatales, en un entorno marcado por la impunidad.
Frente a este panorama, las mujeres migrantes no son víctimas pasivas. Son sujetas de derechos, actoras políticas y sostén de sus familias y comunidades. En este Día Internacional de las Mujeres, es urgente garantizar investigaciones independientes, sanciones a responsables y reparación integral del daño en todos los casos de mujeres y niñas fallecidas bajo custodia del Estado; el fin de la separación familiar; el cierre progresivo de los centros de detención migratoria, sustituyéndolos por alternativas a la detención con enfoque de derechos humanos; la transformación profunda de las políticas migratorias: abandonar la lógica de militarización y cacería humana; erradicar la corrupción y los abusos dentro de los sistemas migratorios; y garantizar vías seguras y regulares, acceso efectivo al asilo, documentación y protección internacional para todas las mujeres y las niñas en movilidad.
Migrar no debe costar la vida ni la libertad. Colocar la dignidad en el centro implica reconocer que ninguna frontera justifica la violencia. Mientras las políticas sigan priorizando la contención sobre los derechos, las mujeres migrantes seguirán pagando el precio más alto.
Desde el IMUMI reiteramos: la movilidad es un derecho. Y hasta que migrar no deje de ser una sentencia de riesgo para miles de mujeres, seguiremos nombrando la violencia y exigiendo justicia. Este 8 de marzo, marchamos por ti, por mi, por ellas.
