Ciudad de Nueva York.- A pesar del marco normativo robusto en materia de movilidad humana en la región de México y Centroamérica, las mujeres en las migraciones continúan viviendo condiciones de desventaja y violencias.
Así lo denunciaron las expertas del Instituto para las Mujeres en la Migración, la Red Mesoamérica Mujer, Salud y Migración y la Red por la Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe durante el foro paralelo “¿Justicia sin fronteras?” en el marco del 70 periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Social y Política de las Mujeres, que se lleva a cabo en esta ciudad.
Dinorah Arceta, coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración A. C (IMUMI) señaló la invisibilidad de las mujeres migrantes y refugiadas de la CSW70 toda vez que «el contexto regional es preocupante y debería ser una prioridad para los gobiernos».
“Hoy no hay condiciones de seguridad para que ellas estén aquí porque hay una situación extrema del control migratorio en América del Norte que permea en toda la región y que si estuvieran, no podríamos salvaguardar su vida e integridad”, aseguró Arceta.
A decir de Arceta, hay países que tienen un marco legal robusto y reconocen los diferentes tipos de violencia, por ello cuentan con leyes específicas de atención, de igualdad sustantiva de las mujeres y hombres, así como de violencia contra las mujeres, incluso con leyes migratorias que atienden las diversas aristas de la movilidad humana, pero no están articulados con entre sí.
“Las leyes de migración no reconocen el derecho a vivir una vida libre de violencia de la población en movilidad y las leyes de violencia basada en género o para atender esta problemática no reconocen como una persona sujeta de este derecho a la población migrante”.
La falta de articulación entre marcos normativos, construcción de datos y la atención a las mujeres en la migración, se manifiesta en el desconocimiento de las condiciones de mujeres migrantes y refugiadas precarizadas y que viven violencia, afirmó.
“Identificamos brechas sociales muy importantes como la vulnerabilidad económica de las mujeres. Las mujeres no pueden salir de la violencia porque su agresor las sigue. Además, se van a enfrentar a barreras para denunciar lo que están viviendo, más aún fuera de su país de origen”.
De acuerdo con Arceta, para lograr el acceso a la justicia para las mujeres en las migraciones, es necesario “desvincular el control migratorio de la justicia”, es decir, derribar la amenaza de deportación para las mujeres que denuncian las violencias que viven.
Sarah Douglas es la Directora Regional Adjunta (A.I.) de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló que:
«Alcanzar la justicia sin fronteras implica que “sin importar al estatus migratorio existan rutas claras para la denuncia segura, protección inmediata, atención integral, representación legal, medidas de no devolución cuando aplique y acceso a la reparación. Implica también cooperación efectiva entre estados para investigar y sancionar violencias que ocurren”.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (2025), después de la cancelación de la cita CBP One en Estados Unidos, la mitad las mujeres en tránsito migratorio se quedaron varadas en México. De las que solicitaron el estatus de refugio fueron 58 mil 800 mujeres principalmente de Venezuela, Honduras, Cuba, Haití, Colombia, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Nicaragua.
Verónica de León, jueza presidenta del Tribunal de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer en Guatemala, en su experiencia la ubicación geográfica y dependencia de Estados Unidos, crea altos flujos migratorios en contextos sociopolíticos profundamente desiguales que agravan los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres quienes además son revictimizadas por migrar.
“Seguimos señalando a la víctima como responsable y no buscar las acciones que la han llevado a este estado, pues seguimos naturalizando e invisibilizando la violencia”, señaló de León.
Sandra Castañeda, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas, destacó que la región y a nivel internacional se ha avanzado, sin embargo, permanecen brechas sociales que impactan en los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a la salud cuando están en condición de movilidad.
“Muchas mujeres prefieren mantenerse en la situación de vulneración en la que están, porque la violencia puede empeorar si denuncian ante las autoridades… mientras están en tránsito de un país a otro, no tienen ninguna garantía de acceso anticonceptivos y se enfrentan a la estigmatización por ser migrantes”, señaló Castañeda.
Castañeda destacó la labor de cuidados de las mujeres latinoamericanas, porque reconoció que casi en su gran mayoría van a otros países a cuidar niños, personas enfermas, adultos mayores, en labores de limpieza, a trabajar en el sector salud, a cuidar otras personas, es decir, se perpetua el estereotipo de los modelos patriarcales que subordinan a las mujeres los cuales nos ponen en el lugar del cuidado como una obligación”.
Este conversatorio moderado por Diana Damián, fundadora y coordinadora de la Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración (RMMSyM), red que articula luchadoras sociales de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que buscan garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y personas en las migraciones, destacó la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre las contribuciones de las mujeres a las economías en los países de destino.
Las ponentes coincidieron en la necesidad de abordar la movilidad migratoria desde la mirada feminista como una especialización para la protección de las mujeres.
En el cierre, Castañeda reafirmó la importancia de hablar abiertamente de la migración y exigir el reconocimiento de la existencia del fenómeno migratorio ligado a temas estructurales de los sistemas políticos y económicos desde un enfoque de derechos, lo que evita caer en términos caritativos, por el contrario, se necesitan refrendar derechos a la educación, salud, empleo, así como políticas públicas que garanticen una forma de vivir digna.
Este y otros eventos paralelos suceden en el marco del 70 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés, CSW70) que arrancó el lunes 9 de marzo y concluirá el 19 de marzo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos cuyo tema central es el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas y tema de examen es la participación plena y efectiva de las mujeres y la adopción de decisiones en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad.
