Ciudad de México.- El 70° periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), cuyo tema de este año fue garantizar y reforzar el acceso a la justicia para las mujeres y niñas concluyó sus actividades, con la firma de sus conclusiones que incluyen una hoja de ruta para construir una gobernanza inclusiva, apoyar la paz, la cohesión social y prevenir futuras violaciones a derechos humanos.
Recordemos que la CSW es un organismo de la ONU que evalúa los problemas relacionados a la condición de las mujeres y se enfoca en la formulación de políticas a nivel mundial, dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género, el bienestar y empoderamiento de las mujeres, además, es fundamental en la promoción de sus derechos a nivel mundial.
¿Qué es la CSW y por qué es tan importante? – cimacnoticias.com.mx
Es importante resaltar que durante la apertura de este evento el pasado 9 de marzo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, adoptó las Conclusiones Convenidas por votación Estados Unidos bloqueó su adopción. La postura de este país fue de confrontación frente al consenso internacional en materia de justicia de género.
Durante semanas, Estados Unidos —junto con Arabia Saudita, Argentina y Rusia— impulsó una estrategia para modelar, reabrir o debilitar partes clave del documento, incluso aquellas que ya habían sido acordadas en marcos previos. Esta insistencia fue señalada por diversas delegaciones como un intento de retroceder en compromisos históricos sobre igualdad de género.
La tensión alcanzó su punto máximo al momento de la adopción de las Conclusiones Convenidas cuando Estados Unidos bloqueó el consenso, obligando a que el texto se sometiera a votación logrando solo 37 votos a favor de los 45 Estados miembros que asistieron. Amnistía Internacional calificó este momento como un hecho inédito en la historia de la CSW, ya que por primera vez el consenso no fue adoptado por unanimidad reflejando la polarización de espacios multilaterales.
De acuerdo con Amnistía Internacional, la postura estadounidense se mantuvo hasta el último momento. En una maniobra de última hora, presentó enmiendas bajo el argumento de que el texto contenía elementos “polémicos” e “ideológicos”; sin embargo, estas modificaciones fueron rechazadas de forma casi unánime, al recibir únicamente el respaldo del propio Estados Unidos. Paralelamente, otros países intentaron retrasar la votación, aunque sin éxito, frente a una mayoría que defendía la necesidad de avanzar sin diluir el contenido.
Para Amnistía Internacional, este escenario ocurre en un contexto global de retrocesos en derechos humanos y cuestionamientos al multilateralismo. En palabras de su secretaria general, Agnès Callamard, la aprobación del documento, pese a la falta de consenso, envía una señal contundente de que los compromisos internacionales en materia de igualdad de género siguen siendo relevantes y que existe una mayoría de Estados dispuesta a defenderlos.
La organización adviertió que de no haberse logrado un acuerdo o de haberse aprobado un texto debilitado, el mensaje para mujeres y niñas habría sido preocupante.
¿Qué incluyen las Conclusiones Convenidas de la CSW?
En ella, expresaron su preocupación ante la existencia de leyes y prácticas discriminatorias y diferentes formas de violencia que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia. El documento señala que factores como la pobreza, la desigualdad económica, la falta de acceso a la educación, la salud y la desigualdad y el empleo, así como sistemas judiciales poco sensibles a la realidad de las mujeres, profundizan estas brechas, especialmente en grupos en situación de mayor vulnerabilidad
Frente a este panorama, la CSW instó a los gobiernos de todos los niveles, entidades de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales y otros sectores a adoptar una serie de medidas para fortalecer el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas para el 2030 aplicando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y, a su vez, reconocer las necesidades específicas dependiendo de cada sector.
Específicamente, solicitaron a los Estados miembros ratificar y aplicar ampliamente los tratados internacionales de derechos humanos y garantizar que ante cualquier incidente las mujeres puedan acceder a recursos efectivos. En este sentido, se subraya la urgencia de eliminar la discriminación en leyes, políticas, así como de revisar y modificar los marcos jurídicos que perpetúan las desigualdades, incorporando de manera transversal la perspectiva de género en todas las instituciones y procesos legislativos.
Entre algunas problemáticas destacadas se encuentra el matrimonio infantil, el derecho familiar y la propiedad. Asimismo, plantean la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas, tanto en entornos digitales como fuera de ellos, asegurando que los agresores rindan cuentas y que las sobrevivientes accedan de manera oportuna a la justicia y a servicios de apoyo integrales.
En el ámbito institucional, la CSW propone implementar estrategias integrales que articulen a distintas dependencias; crear mecanismos accesibles, seguros y eficaces de denuncia y atención; e integrar el acceso a la justicia dentro de las políticas de desarrollo. También se destaca la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones y combatir la impunidad mediante la investigación y sanción de la violencia.
El documento pone atención en grupos específicos, como mujeres en reclusión o en procesos penales, y enfatiza que se debe combatir la trata y la explotación. La CSW reafirmó la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como de asegurar procesos judiciales inclusivos que respeten el debido proceso y fortalezcan las instituciones encargadas de la igualdad de género.
Subrayó la importancia de capacitar a quienes operan el sistema de justicia para eliminar estereotipos, promover la educación y la alfabetización jurídica e incluir a hombres y niños como aliados de la igualdad de género. A esto se suma la erradicación de la discriminación en el ámbito familiar, asignar recursos suficientes para la implementación de medidas y garantizar servicios integrales de apoyo a víctimas de violencia, como condición indispensable para lograr un acceso real y efectivo a la justicia para todas las mujeres.
Para llevar a cabo dichos cambios, la CSW señaló que se necesitan establecer mecanismos de financiamiento como fondos específicos de reparación para mujeres y niñas víctimas de violencia, garantizando recursos suficientes para su atención integral. Asimismo, destaca la importancia de invertir en infraestructuras de justicia accesibles, tanto físicas como digitales, que contemplen las necesidades de las mujeres evitando que las limitaciones económicas o tecnológicas se conviertan en obstáculos para acceder a sus derechos.
La CSW especifica que las medidas económicas, financieras o comerciales no deben contravenir el derecho internacional ni afectar el desarrollo de los países, ya que esto impacta directamente en la capacidad de garantizar derechos. En paralelo, se propuso impulsar modelos innovadores como servicios de justicia móviles, tribunales especializados y mecanismos comunitarios que acerquen la justicia a territorios alejados o en contextos de crisis, reduciendo brechas geográficas.
El documento enfatiza la importancia de garantizar la rendición de cuentas frente a violaciones graves de derechos humanos, especialmente en contextos de conflicto o crisis humanitarias, asegurando el acceso a la justicia y a reparaciones para mujeres y niñas. En este sentido, se plantea que los mecanismos de justicia, incluidos los de transición, deban incorporar una perspectiva de género y contar con recursos suficientes para evitar la impunidad y prevenir la repetición de la violencia.
Asimismo, la CSW propone desarrollar programas de reparación administrativa que complementen las vías judiciales, eliminar barreras estructurales para la participación de las mujeres en los sistemas de justicia y reconocer la relevancia de los mecanismos comunitarios, siempre que no limiten el acceso a la justicia formal. Se destaca también la importancia de trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil, garantizando un entorno seguro para su labor y protegiéndolas frente a represalias.
Finalmente, el documento resalta la necesidad de asegurar servicios de asistencia jurídica accesibles y de calidad, eliminar obstáculos económicos y administrativos, y promover modelos comunitarios de acceso a la justicia. A esto se suma el aprovechamiento de la tecnología para ampliar el acceso, cerrando brechas digitales y regulando su uso para evitar discriminación. También se subraya la importancia de generar datos e investigaciones con perspectiva de género, combatir la desinformación y fortalecer sistemas de información sobre violencia, incluido el feminicidio, como base para políticas públicas eficaces y rendición de cuentas.
