Ciudad de México.- Este 7 de abril, la Red Nacional de Refugios (RNR) expresó su preocupación debido a que las responsabilidades financieras de los refugios están siendo asumidas por las organizaciones de la sociedad civil y no por el Estado mexicano tras los cambios implementados cuando se eliminó el Programa Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos como un programa específico del Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF).
En enero de 2026, se publicó el nuevo lineamiento para el Ejercicio Fiscal 2026 del Programa de refugios, el cual fue implementado al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas junto con Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y los Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).
De acuerdo con la Guía Operativa del Componente C «Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos», una de las modificaciones fue la transferencia de responsabilidades del Estado hacia las organizaciones e instancias gubernamentales que manejan los refugios, pues en uno de sus criterios para la participación de los proyectos se solicita contar con solvencia económica acreditable y recursos propios por lo menos de seis meses para el funcionamiento del espacio.
Esto incluye recursos para proporcionar servicios de calzado, vestido, alojamiento, alimentación y la plantilla mínima para la atención de los núcleos familiares. Todo ello, deberá acreditarse en una carta donde se afirme que el refugio reconoce que los recursos federales «son subsidios» para fortalecer la operación del espacio.
Espacios de Refugio Especializados para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”
Para la RNR, esto significa que se trasladan las responsabilidades sustantivas del Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil debilitando la garantía efectiva de derechos y condicionando el acceso a los recursos públicos, lo cual mencionaron que es incompatible con una política pública de protección de derechos.
En su historia, los refugios fueron pensados para ser espacios libres de violencia a los que pudieran acceder las mujeres víctimas de violencia familias junto a sus hijas e hijos y así poder evitar casos de feminicidio en sus hogares. Fue una iniciativa de la sociedad civil en la década de los noventa y del movimiento de mujeres.
«Los refugios no son un apoyo complementario. Son espacios de protección vital. En ellos, cientos de mujeres y sus hijas e hijos encuentran una alternativa real frente a la violencia extrema, el riesgo feminicida y la impunidad.» -Red Nacional de Refugios (RNR).
Fue la Red Nacional de Refugios quien impulsó su construcción buscando articular y colaborar con diversos actores de la sociedad como gobierno, academia, iniciativa privada, medios de comunicación y ciudadanía para visibilidad la violencia machista contra las mujeres. Tan solo en 2025 la organización atendió a 8 mil 307 mujeres, niñas y niños, 814 personas por medio de redes sociales y línea telefónica y7 mil 889 mujeres en Refugios y sus Centros de Atención Externa.
La violencia contra las mujeres persiste en México, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que durante 2025 ocurrieron 721 casos de feminicidios y 2 mil 74 casos de homicidio doloso. Ante este panorama, los refugios se vuelven un espacio necesario para salvaguardar la vida de las mujeres y sus hijas e hijos.
En 2025 México registró 721 casos de feminicidio. Sinaloa ocupó primer lugar – cimacnoticias.com.mx
Con el nuevo lineamiento para el Ejercicio Fiscal 2026, la RNR alertó su preocupación sobre la posibilidad de que no se garantice la entrega oportuna del recurso ocasionando retrasos o cancelaciones y que el recurso proporcionado por el Estado sea visto como «complementario» trasladando la carga financiera a las organizaciones.
También denunciaron la contemplación de posibles sanciones que puedan causar la cancelación del proyecto y la devolución total de los recursos o que se impongan obligaciones administrativas y operativas sin que el Estado tenga corresponsabilidad.
«Estas disposiciones no sólo generan incertidumbre operativa: ponen en riesgo la continuidad de los servicios y, con ello, la vida de las mujeres, niñas y niños que dependen de estos espacios.» -Red Nacional de Refugios (RNR).
Esto ya se está viendo reflejado en algunos refugios que pertenecen a la RNR quien maneja más de 75 espacios de prevención, atención y protección para las mujeres y sus hijas e hijos. Este 2026, a dos de sus refugios que ya habían sido aceptados en la primera convocatoria de este año se les comunico que no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios del recurso sin proporcionar mayor explicación.
La RNR catalogó esta decisión como un acto discriminatorio en el acceso a recursos destinados para la protección de las mujeres. Explicaron que el acceso a recursos destinados a proteger a las mujeres no puede condicionarse a «criterios que no estén fundamentados en la ley, ni limitarse por la nacionalidad de quienes representan legalmente a las organizaciones».
La organización aludió que garantizar la protección de las mujeres es una obligación del Estado mexicano que establece la Constitución mexicana, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y la Convención de Belem do Para.
La RNR también enfatizó la necesidad de contar con mecanismos de registro y seguimiento de información que salvaguarde la confidencialidad y seguridad de dichas mujeres atendidas considerando el contexto de alto riesgo en la que se encuentran.
En un llamado, solicitaron que la protección no dependa de la capacidad financiera de las organizaciones; contar con recursos suficientes, oportuno, focalizados y garantizados; la corresponsabilidad del Estado de forma real, efectiva y verificable; políticas públicas que fortalezcan las capacidades operativas de los refugios; y que la Secretaría de las Mujeres notifique de manera fundada cualquier decisión que implique la exclusión o rechazo de solicitudes.
También solicitaron mesas de trabajo con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar y corregir las condiciones de los convenios, garantizar la entrega oportuna y suficiente de los recursos, y generar mecanismos claros que aseguren la continuidad de los servicios.
«Los refugios salvan vidas. Y garantizar su operación no es una concesión: es una obligación del Estado mexicano. Porque cuando la protección se debilita, no estamos frente a un problema administrativo, sino ante un riesgo real para la vida de las mujeres, niñas y niños.» -Red Nacional de Refugios (RNR).
