Ciudad de México.— Está mañana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) informó que 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron detenidos y encarcelados en la Prisión Militar de Mazatlán por el feminicidio de las niñas Leidy y Alexa después de 11 meses de haber sido asesinadas.
Lo más preocupante es que el caso de Leidy y Alexa no es un hecho aislado. En Sinaloa, al menos hay otras 39 niñas, niños y adolescentes quienes han sido asesinados desde que se agudizó la disputa entre los grupos criminales identificados como los chapitos y la mayiza.
Recordemos que el 6 de mayo de 2025, Leydi y Alexa viajaban junto a sus familiares, Saúl, de 45 años; Anabel, de 40; Gael, de 12, y otra menor de edad, a bordo de una camioneta por el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando fueron interceptados por elementos del Ejército y atacados con armas de fuego que terminó con la muerte violenta de las niñas.
La muerte violenta de estas niñas ocurrió en un contexto de militarización en la seguridad pública en el territorio mexicano, una estrategia implementada desde la administración de Felipe Calderon (2006-2012) cuando se declaró la “guerra contra el narcotrafico” y se desplegaron elementos Ejército Nacional para hacer frente a la delincuencia organizada.
Dicha estrategia se intensificó en los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue en 2019 cuando se implementó la creación de la Guardia Nacional y en 2024 pasó a ser de la Fuerza Armada.
Desde este último periodo de militarización, el monitoreo del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) y la Universidad Iberoamericana, entre 2019 y 2024, registraron 22 mil 944 asesinatos de mujeres por violencia homicida superando los 29 mil 833 casos documentados entre 2007 y 2018.
Dichas muertes son consideradas como feminicidio tomando en cuenta que, pese a que se desconoce mayor contexto de cómo ocurrieron estas muertes, el monitoreo del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) y la Universidad Iberoamericana especifica que sí sucedieron de forma violenta, por lo que deben ser consideradas como tal de acuerdo a lo establecido por la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada bajo una visión de género.
Los casos de feminicidio de mujeres en zonas militarizadas tampoco es una coincidencia, pues en estados como Sinaloa los casos repuntaron. Por primera vez, en 2025 dicha entidad superó con 69 casos al estado de México quien lideraba la lista de estados con mayores feminicidio en México.
Anteriormente, Cimacnoticias documentó que el repunte en Sinaloa pudo deberse al incremento de violencia asociada al inicio de la guerra interna del crimen organizado registrada desde principios de septiembre de 2024 entre las facciones conocidas como “los mayitos” y “los chapitos”, ambos grupos fundados por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quienes actualmente se encuentran presos en Estados Unidos.
Sinaloa, el estado más letal para mujeres en 2025. Feminicidios aumentan 142% – cimacnoticias.com.mx
«El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. También, es un reflejo de la necesidad de que, desde las más altas autoridades, se emitan mensajes claros de que este tipo de hechos no pueden volver a repetirse.» -Centro Prodh.
Justicia por Leidy y Alexa
Fue el pasado 6 de abril de este 2026 cuando los elementos de la SEDENA fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio de las dos niñas de 11 y 7 años, así como la tentativa de homicidio de un adolescente de 14 años, otro de 12 y dos adultos más, todos eran integrantes de una misma familia. Aunque al principio se declaró que el ataque ocurrió en medio de un enfrentamiento, dicha versión nunca fue desmentida por las autoridades.
Por al acompañamiento del Centro Prodh, la familia de las niñas denunció el uso ilegítimo y arbitrario de las fuerzas armadas ante instituciones de procuración de justicia; sin embargo, la organización advirtió que durante el proceso la jurisdicción militar abrió una investigación pese a las advertencias de los estándares internacionales sobre el uso indebido del fuero militar en casos de violaciones derechos humanos.
Fue el pasado 31 de marzo cuando las víctimas fueron notificadas sobre la ejecución de las órdenes de aprehensión contra 13 elementos de la SEDENA, específicamente del Ejército mexicano. Centro Prodh informó que, durante la audiencia, las Agentes del Ministerio Público Federal que están adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron pruebas que confirmaron el uso de fuerza de forma injustificada contra la familia.
Esto contravino lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la instancia acreditó que se trató de una actuación dolosa; por el contrario, la defensa de los 13 elementos, aludieron que el actuar de los militares correspondió al contexto de violencia que se vive en el estado de Sinaloa en el cual hubo alerta y nerviosismo.
El Juez de Control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis, decidió vincular a proceso a los elementos del Ejército mexicano por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa bajo la figura del dolo eventual, según describió el Centro Prodh.
Para la organización, el motivo principal para esta decisión fue que los elementos cuentan con «adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad«.
La organización también informó que los padres y madres de Leidy y Alexa estuvieron en la audiencia y manifestaron cómo el asesinato de las niñas interrumpió su proyecto de vida y pidieron acceder a la juncia de forma diligente y expedita.
Ahora se espera que la FGR continúe perfeccionando la indagatoria en las siguientes etapas de la investigación complementaria y que el Poder Judicial de la Federación lleve a cabo un proceso apegándose al respeto por los derechos humanos.
«Que demuestre su independencia en casos relacionados con Fuerzas Armadas. La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad» -Centro Prodh.
