En los últimos cinco años, el mapa de la movilidad humana en Centroamérica ha sufrido una metamorfosis dolorosa. Guatemala, históricamente un corredor migratorio, se ha convertido hoy en un escenario de retornos masivos, cada vez más, de mujeres. Entre 2020 y 2023, más de 42 mil guatemaltecas fueron devueltas por vía aérea desde Estados Unidos. Detrás de esa cifra no solo hay una estadística de control migratorio; hay una cadena de violencias que el Estado guatemalteco se niega a romper.
Desde la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración y el Instituto para las Mujeres en la Migración, observamos con profunda preocupación cómo la violencia estructural en Guatemala actúa como una pinza que expulsa y, tras el retorno, asfixia. Las mujeres no migran solo por falta de ingresos; huyen de un sistema patriarcal que normaliza la agresión en el hogar y de un Estado cuya respuesta institucional es, en el mejor de los casos, fragmentada y, en el peor, inexistente.
El documento: “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Guatemala”, nos revela una realidad cruda: existe un «continuo de violencia». Las mujeres que huyen de la violencia familiar se encuentran con autoridades migratorias que las extorsionan en el tránsito, y si son deportadas, regresan a una comunidad que las estigmatiza por «fracasar».
En este trayecto, la institucionalidad guatemalteca falla sistemáticamente. La falta de protocolos con enfoque de género y la carencia de personal especializado en las municipalidades —donde apenas se cuenta con recursos básicos— deja a las migrantes sobrevivientes de violencia en un desamparo absoluto.
La situación se complica aún más para las mujeres indígenas, quienes enfrentan barreras multifactoriales como el analfabetismo, pues el 48% de ellas no saben leer ni escribir (esta cifra baja al 19% entre las mujeres no indígenas), lo que limita su acceso a información y servicios. Además, pese a que en Guatemala existen 24 grupos lingüísticos, sus servicios funcionan principalmente en español.
A ello se suma, que Guatemala registra una de las tasas más altas de violencia contra las mujeres en la región, con 9.7 muertes violentas por cada 100 mil mujeres, y donde solo el 2% de los casos de feminicidio terminan en condenas (ONU Mujeres, 2025). Esta realidad significa que muchas mujeres regresan a contextos de violencia persistente, sin contar con el apoyo especializado necesario durante su proceso de reintegración.
Las experiencias de violencia documentadas durante la deportación y el retorno revelan que las violencias familiares, comunitarias, institucionales, médicas, económicas, psicológicas, educativas y estructurales operan como un mecanismo de castigo y control que perpetúa la vulnerabilidad de las mujeres en movilidad.
Los hallazgos en la investigación subrayan la necesidad urgente de desarrollar marcos normativos y programáticos que reconozcan el retorno como una fase crítica que requiere protección especializada, seguimiento institucional y servicios de reintegración que aborden las múltiples dimensiones de la violencia experimentada por las mujeres.
Es imperativo que el Estado guatemalteco trascienda el discurso asistencialista. No basta con recibir a las mujeres y registrar sus nombres en una base de datos. Es necesario entender que muchas de ellas vuelven al mismo círculo de violencia del que intentaron escapar. Se requiere una política de reintegración que garantice autonomía económica y seguridad física.
Necesitamos una descentralización real de los servicios de protección, que cada municipio tenga la capacidad técnica para atender el trauma migratorio y la violencia de género; y que las voces de las mujeres migrantes dejen de ser un anexo para convertirse en el eje central de las políticas de movilidad. La migración de las mujeres exige justicia, no solo gestión de fronteras.
