Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, urgió a que autoridades del país «refuercen las acciones para prevenir la tortura y otros tratos crueles cometidos contra mujeres privadas de la libertad, atiendan las condiciones de internamiento de ellas y de sus hijas e hijos en los centros penitenciarios del país, y garanticen sus derechos humanos».
Esto lo señaló durante el foro Buenas prácticas de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en la atención a mujeres privadas de la libertad en América Latina.
Cabe señalar que en el 2024, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) le hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los tres niveles de gobierno en México, para que adopten una agenda contra la tortura porque el país tiene pendientes importantes en esta materia, aseguraron.
Sostuvo que es preciso recuperar los avances y las mejores prácticas para inhibir abusos al interior de los centros penitenciarios del país, en los cuales la CNDH ha identificado -a través de varios diagnósticos e informes- que se trata generalmente de mujeres en situación de pobreza, con pocos años de escolaridad, quienes antes de entrar a prisión eran las principales o únicas responsables del cuidado de hijas, hijos e incluso de otros familiares o víctimas de diversas formas de abuso.
En el evento, que reunió a representantes de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT) de México, Argentina, Ecuador, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú y otros países de América Latina, Piedra Ibarra subrayó que a dichos factores se suma la discriminación en el caso de mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes viven con algún tipo de discapacidad, embarazadas, adultas mayores o con enfermedades crónicas que las coloca en mayor grado de vulnerabilidad.
Cabe señalar que Cimacnoticias ha documentado esta situación en su investigación Prisión feminicida mexicana, donde se denunció al Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en el estado de Morelos, señalado por diversos actos violatorio a derechos humanos contra las mujeres en reclusión.
El Ceferso 16 es el único centro penitenciario federal para mujeres en México, considerado uno de los más grandes en América Latina y desde el 2022 se informó de una veintena de suicidios de mujeres internas, no obstante, Cimacnoticias logró documentar con testimonios las torturas a las que son sometidas.
Por ejemplo, los testimonios denunciaron que al interior de esa cárcel, las mujeres son sometidas a castigos físicos, aislamiento prolongado, comida podrida, las hidratan con agua no potable, abuso de medicalización, entre otras prácticas inhumanas y degradantes.
De hecho, este caso también fue documentado por la misma CNDH. Acudieron al Cefereso 16 y tras realizar una investigación corroboraron «las violaciones al derecho humano a la alimentación en transversalidad con el derecho a la protección a la salud y el derecho al trato digno, en agravio de 404 mujeres». Por lo que dirigió la recomendación 59/2023 al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
El Diagnóstico emblema
El Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2022, reveló que más del 79% de las mujeres en prisión entrevistadas fueron víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de las cuales más del 43% sufrió tortura sexual o actos con esta connotación.
A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
Sistema que castiga
La presidenta de la CNDH, trajo a estas declaraciones a las niñas y niños que conviven con sus madres en los centros de privación de la libertad y, en este sentido, dijo que los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT) de México han identificado que esos lugares no suelen contar con las condiciones materiales para una estancia segura, que las madres comparten los mismos espacios con el resto de la población y no cuentan con áreas de cuidado materno infantil, por lo que destacó la urgencia de atender esta situación.
A su vez, la directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Nestora Salgado García, señaló que en México persiste un sistema penal punitivista que castiga y después investiga, lo cual afecta a muchas mujeres.
Detalló que, según cifras oficiales, en diciembre de 2025 existían 15 mil 849 mujeres privadas de la libertad, que representaban el 6.18% del total de la población penitenciaria en cárceles estatales y federales, mientras que para abril de 2026 esta cifra se incrementó a 16 mil 921 mujeres privadas de la libertad (6,36%), es decir 1,072 mujeres más en prisión.
Aseguró que la CNDH ha detectado que el sistema penitenciario vulnera los derechos de las mujeres privadas de la libertad, toda vez que persiste la falta o insuficiencia de personal médico, psicológico y psiquiátrico; ausencia de actividades de prevención y rehabilitación en materia de adicciones, y traslados involuntarios a otros penales, alejándolas de sus familias, entre otros factores.
Por su parte, la directora general de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, Arely López Pérez, planteó que la prevención de violaciones a los derechos humanos exige mecanismos capaces de identificar y atender oportunamente contextos de violencia, discriminación y exclusión que padecen las mujeres privadas de la libertad y la protección efectiva de sus derechos humanos demanda respuestas institucionales tempranas, especialmente tratándose de indígenas y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.
Comentó que la privación de la libertad de las mujeres no ocurre en el vacío, sino en contextos atravesados por desigualdad, violencia y exclusión estructural. “Detrás de cada expediente existe una historia humana”, por lo que “comprender ese contexto no implica sustituir la función de la justicia, sino reconocer que la protección de los derechos humanos exige mirar a las personas en toda su complejidad, sólo así podremos construir respuestas institucionales más sensibles, más incluyentes y respetuosas de la dignidad humana”.
