Ciudad de México.- ¿Qué me faltó? ¿qué no vi? ¿por qué bajé la guardia? ¿por qué cobijan a quien disfruta del dolor que causa en otras personas? ¿quién me defiende a mí? ¿quién defiende a las víctimas? ¿a quien se recurre cuando lo correcto no alcanza, cuando la verdad no es suficiente?
Todas estas preguntas son las que desde hace 6 años se ha hecho Yeritza, sobreviviente de feminicidio, a quien 2 magistradas y un magistrado del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación le negaron el acceso a la justicia al reclasificar el delito por el cual su agresor, Carlos Enrique “N” fue juzgado: de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar; y dejarlo en libertad inmediata el pasado 9 de junio.
Hoy Yeritza, como lo ha hecho desde hace 6, años volvió a las calles, a esas que dijo, “las escuchan y las sostienen” buscando una justicia que no acaba de llegar, a realizar todas estas preguntas acompañada por mujeres organizadas, que esta tarde se dieron cita afuera de la Ciudad Judicial, para denunciar la actuación de las magistradas Blanca García Sánchez, Erika Epifanía Reséndiz Ramírez y el magistrado presidente Rafael Inti Castillo Serrato, quienes reclasificaron el delito de feminicidio en grado de tentativa y ordenaron la libertad del agresor.
“Decidimos nuevamente salir a las calles las mismas que siempre están dispuestas a escucharnos y a sostenernos. Mi nombre es Yeritza y hace más de 6 años decidí iniciar un camino que imaginé, terminaría en justicia. Decidí denunciar a mi expareja porque había intentado matarme 2 veces. En aquel momento sólo tenía 2 opciones: o morir en sus manos, o buscar ayuda. Ahí es cuando todo esto inició. Él fue detenido en flagrancia cuando intentaba estrangularme y desde un inicio se vinculó a proceso por el delito en grado de tentativa. Cumplí cabalmente con todas las condiciones injustas que el sistema demanda en procesos como estos. Fui sometida una y otra vez a la conocida violencia institucional porque su única finalidad es cansar a las víctimas y obligarlas a desistir y aún con todo eso yo decidí continuar”.
En un país donde tan sólo de enero a octubre de 2025, de acuerdo con datos oficiales, 5 mil mujeres fueron asesinadas mientras que el Censo de Procuración y Justicia Federal y Estatal del Inegi señalan que en el mismo año, se registraron 685 casos de feminicidio en grado de tentativa, que tiene una sentencia por feminicidio (Campo Algodonero), el Estado, que ha sido señalado en instancias internacionales por no proteger a las víctimas de esta violencia, continúa revictimizando a quienes debería proteger.
“He hecho todo lo que la ley demanda. La realidad es que el sistema y el Estado intentan mandarnos un mensaje, creen que deberíamos entender, intentan cansarnos, intentan callarnos, nos quieren ver calladas y en silencio. Aquí el pacto patriarcal nos dice que en nuestro país matan a las mujeres, las desaparecen, las queman, las violan, las desaparecen, intentan matarlas simplemente porque se puede y porque no pasa nada”.
Quienes sobreviven a un intento de feminicidio en México siguen siendo un tema pendiente del Estado mexicano, como lo ha señalado la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, quien dijo que debería haber estadísticas para hacer política pública que las mire, que las atienda, que las proteja, porque como ellas mismas han señalado, “son las cifras que no se cuentan” y menos cuando en estas situaciones quienes se encargan de procurar justicia reclasifican el delito y entonces, jurídicamente dejan de ser víctimas de tentativas y se convierten en casos de violencia familiar.
“Esta resolución no sólo me trastoca a mí, trastoca a mis compañeras sobrevivientes que de alguna forma creíamos que la justicia también era para nosotras. Y haber sobrevivido no es un favor o un regalo que alguien nos dio, porque luchamos por ello, porque se rehúsan a vernos, porque se niegan a escucharnos, porque no quieren defender nuestras vidas.
Hoy sin medidas de protección activas y con mucho miedo, vengo hasta aquí a decirles que mi vida y la de mis compañeras sobrevivientes es tan importante como la de cualquier otro, tal vez Carlos Enrique pudo comprar su libertad, pero no compró mi silencio. Nosotras hemos aprendido que juntas podemos hacerle frente a la impunidad. Hemos elegido no soltar la dignidad, albergamos la esperanza de un mejor mañana incluso para las que aún no nacen.
Esta acción es una exigencia directa. ¡Pido respuestas! ¡pido justicia! A ellos, a ustedes que están ahí adentro sentados cómodamente en sus escritorios, de que mi vida está en riesgo y que si yo la pierdo sólo habrá 2 culpables: Carlos Enrique y ustedes, un sistema podrido y corrupto; pero también, es un mensaje de nosotras a la sociedad y al Estado, que pese a los discursos de odio que intentan contar de nosotras, de las que salimos a las calles, las que exigimos, las que denunciamos, las que marchamos cansadas y con poco dinero aguantando el hambre, les decimos que nos seguirán viendo juntas, organizadas, porque para lo que ustedes es un acto de rebeldía y maldad, para nosotras es un acto de amor y de mucha dignidad. ¡Ni una más!
Durante la protesta se colocaron pancartas afuera de la sede del Poder Judicial exigiendo justicia para Yeritza; y se quemaron los nombres de las magistradas y el magistrado que estaban representados en forma de diablos hechos con cartón.
Fotos: Lourdes Godínez Leal
