La organización advierte que las reformas impulsadas por Arabia Saudita no han protegido a las mujeres migrantes, quienes continúan sometidas a explotación laboral, violencia de género e impunidad.
Las trabajadoras domésticas filipinas que migran a Arabia Saudita continúan enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos, entre ellas explotación laboral, confinamiento, violencia física y agresiones sexuales, denunció Amnistía Internacional en un nuevo informe que evidencia que las reformas emprendidas por el gobierno saudí han sido insuficientes para proteger a las mujeres migrantes.
El documento, titulado «Once We Step in Their Homes, We Are No Longer Human» (Cuando entramos a sus casas dejamos de ser humanas), recoge los testimonios de mujeres filipinas en Arabia Saudita entre 2023 y 2026, quienes relataron haber vivido condiciones de trabajo degradantes y, en algunos casos, violencia sexual por parte de sus empleadores.
La investigación muestra que, una vez dentro de los hogares donde laboraban, muchas mujeres quedaron completamente bajo el control de sus empleadores, quienes decidían sobre sus horarios, alimentación, descanso e incluso sobre la posibilidad de abandonar la vivienda.
Jornadas extenuantes, encierro y violencia sexual
Las entrevistadas describieron jornadas laborales de hasta 16 o más horas diarias, ausencia de días de descanso, privación de alimentos, confiscación de pasaportes y teléfonos celulares, además de restricciones para comunicarse con sus familias o salir de la vivienda.
Varias mujeres denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales o de constantes situaciones de acoso por parte de sus empleadores, mientras que otras señalaron haber sufrido violencia física, insultos y humillaciones.
Una de las sobrevivientes relató que, al intentar regresar a Filipinas, fue sometida a una revisión corporal invasiva para demostrar que no había tomado pertenencias de la familia empleadora.
De acuerdo con Amnistía Internacional, estos abusos ocurren en un contexto donde las trabajadoras domésticas permanecen prácticamente invisibles para las autoridades debido a que desarrollan su labor dentro de domicilios particulares, lo que dificulta la supervisión y el acceso a mecanismos de denuncia.
El sistema kafala mantiene a las trabajadoras en situación de vulnerabilidad
La organización atribuye buena parte de estas violaciones al sistema kafala, un modelo de patrocinio laboral que continúa otorgando a los empleadores un amplio control sobre la situación migratoria de las personas trabajadoras.
Aunque Arabia Saudita ha implementado algunas reformas laborales en los últimos años, Amnistía señala que las trabajadoras domésticas han quedado excluidas de muchas de estas modificaciones y siguen enfrentando obstáculos para cambiar de empleo o abandonar el país sin autorización de sus empleadores.
La confiscación de documentos de identidad, el desconocimiento del idioma y el aislamiento incrementan la dependencia hacia quienes las contratan y dificultan escapar de situaciones de violencia.
Mujeres migrantes enfrentan una violencia marcada por género y origen
El informe subraya que la mayoría de las personas empleadas en el trabajo doméstico en Arabia Saudita son mujeres migrantes provenientes de Asia y África, quienes enfrentan formas múltiples de discriminación por razón de género, nacionalidad, condición migratoria y ocupación.
Amnistía Internacional sostiene que estas violencias no son hechos aislados, sino consecuencia de un sistema laboral que facilita la explotación y favorece la impunidad cuando ocurren abusos dentro de los hogares privados.
La organización recuerda que en 2025 documentó patrones similares de violencia contra trabajadoras domésticas provenientes de Kenia, lo que evidencia que las afectaciones alcanzan a mujeres de distintas nacionalidades que migran en busca de mejores oportunidades económicas.
Amnistía exige desmantelar el sistema de patrocinio
Frente a este panorama, Amnistía Internacional pidió al gobierno saudí investigar todas las denuncias de abuso, incluidas las agresiones sexuales, sancionar a los responsables y garantizar mecanismos efectivos de protección para las trabajadoras domésticas migrantes.
Asimismo, llamó a desmantelar por completo el sistema kafala, incorporar plenamente a las trabajadoras domésticas a la legislación laboral y garantizar que puedan cambiar de empleo o abandonar el país sin depender de la autorización de sus empleadores.
La organización advirtió que migrar para trabajar no debería significar renunciar a los derechos humanos ni convertirse en una apuesta donde la seguridad y la vida de miles de mujeres queden sujetas a la voluntad de quienes las contratan.
