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«En Defensa» engloba toda la información relacionada con la defensa de los Derechos Humanos de niñas y mujeres en México y la situación de las defensoras

Ciudad de México.- Los derechos humanos de las víctimas deben ser progresivos y este es el sentido de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que concluyó, que es inconstitucional la reforma de 2020 al artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, la cual eliminó el presupuesto mínimo para la atención a víctimas.

De esta forma, la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, concluyó por unanimidad de votos que, la reforma a la Ley General de Víctimas de la actual administración vulneró el principio de progresividad de los derechos humanos.

Este presupuesto para atención a víctimas se destina directamente para los gastos de traslado de las personas que tienen que viajar para poder dar seguimiento a sus investigaciones, para la atención médica o medicamentos de las personas afectadas por las violaciones a derechos humanos o delitos, para los gastos funerarios de las familias que sepultan a sus seres queridos privados de la vida por la violencia, o para la atención psicológica y rehabilitación de las personas sobrevivientes de tortura. Estos recursos representan la respuesta mínima del Estado Mexicano para garantizar los derechos de las víctimas en un país roto por la violencia.

En 2020, el gobierno federal decidió eliminar un artículo de la Ley General de Víctimas; en él se establecía que era obligatorio para el Estado mexicano otorgar un presupuesto anual para la atención a víctimas del delito en México, y aunque se sugería un presupuesto mínimo, esta cantidad podía variar. Haber eliminado este artículo abrió la puerta a que ese presupuesto no se asignara o simplemente se usara para otras cosas; de ahí que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) promoviera un amparo para anular esta medida. 

Quien recibe este presupuesto es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Con estos recursos, la CEAV se encarga de cubrir gastos de reparación integral de las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos. También cubre sus gastos funerarios, médicos y psicológicos, terapéuticos, hospitalarios, traslados, hospedaje y alimentación de las víctimas o de sus familiares.

Todas las personas están protegidas por la Ley General de Víctimas (LGV), la cual, entre otras cosas, establece que la atención a personas víctimas del algún delito está a cargo de la CEAV. También, que la CEAV recibiría un presupuesto anual específico para cumplir dicha obligación.

En noviembre de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma por la cual se eliminó la primera fracción del artículo 132 de la LGV. En él, precisamente, se establecía de manera obligatoria un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la atención a víctimas y la prohibición de que estos recursos se usaran con otro fin.

Con la reforma aprobada (y frente a los cambios en las prioridades presupuestarias) se pueden disminuir o recortar los recursos que deben otorgarse a las víctimas o pueden utilizarse para otros gastos de la CEAV.

Debido a esto, en 2021 el Centro Prodh promovió un juicio de amparo en contra de esta reforma. En él, la organización señaló que se suprimió una garantía en favor de personas que sufrieron un delito o violación a sus derechos humanos, para la protección y defensa del derecho a una reparación integral del daño. El litigio no se centra en la eliminación del fideicomiso sino en la afectación de los derechos de miles de víctimas en nuestro país, quienes (afirma el Centro Prodh) a más de 10 años de la creación de la LGV, siguen sin contar con un verdadero sistema eficiente para atender sus necesidades.

Principio de progresividad

En Sesión Pública Ordinaria llevada a cabo el miércoles 13 de marzo de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió favorablemente el amparo en revisión 675/2022. Este juicio fue presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), para asegurar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluya un presupuesto mínimo destinado a la atención de víctimas en todo el país.

Por unanimidad, las ministras y los ministros Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Loretta Ortiz Ahlf, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, concluyeron, que es inconstitucional la reforma de 2020 al artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, la cual eliminó el presupuesto mínimo para la atención a víctimas.

«Esta decisión se basa en que la reforma violaba el principio de progresividad establecido en el artículo primero de la Constitución. Esto implica que los derechos conquistados por las víctimas no pueden dar marcha atrás», comparte el Centro Prodh.

Respuesta mínima del Estado

El organismo de la sociedad civil, fundado en 1988 por los Jesuitas, refiere, que «el mínimo presupuestal fue una garantía lograda por las familias de personas desaparecidas o víctimas de ejecución, sobrevivientes de tortura y tortura sexual, así como de las víctimas de otras graves violaciones a derechos humanos que, desde hace una década, lograron incorporar en la Ley General de Víctimas (LGV) que debía destinarse al menos el 0.014% del presupuesto para atención a víctimas (gasto programable), sin que pudiera reducirse o destinarse para otros fines distintos».

«En 2020, tras el proceso federal de revisión de fideicomisos y su extinción, desafortunadamente se eliminó también el mínimo presupuestal de la redacción de la Ley General de Víctimas. Es por ello que, desde el Centro Prodh se promovió un juicio de amparo a principios del año 2021, teniendo en mente a las miles de víctimas que quedarían en el desamparo e incertidumbre sin esos recursos garantizados legalmente», puntualizan.

El camino andado

Tras una sentencia de primera instancia desfavorable, la Primera Sala de la Suprema Corte hizo suyo el asunto y correspondió a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá elaborar un proyecto de sentencia, mismo que resultó innovador, progresista y respetuoso de los derechos de las víctimas.

«Esperamos que los efectos de la sentencia sean para efectivamente se garantice al menos el 0.014% del presupuesto para atención a víctimas (gasto programable) y llamamos al Congreso de la Unión a no esperar una determinación judicial para restablecer el sentido original de la LGV», exhorta el Centro Prodh.

Por otra parte, gracias a la labor de investigación de otro organismo de la sociedad civil, se logró verificar los datos del presupuesto que el Estado mexicano destina a este rubro, resultan insuficientes, de acuerdo a lo contemplado en la ley, «Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, se identificó que el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2024 asignó un presupuesto de 633 millones de pesos para la atención a víctimas. Sin embargo, para cumplir con la garantía mínima presupuestal, el presupuesto debió ser 31.6 por ciento más alto; es decir, aproximadamente 200 millones de pesos adicionales.

Ambas organizaciones de la sociedad civil, se congratulan del logro alcanzado este miércoles 13 de marzo a favor de los derechos humanos, sostienen, «desde Fundar y el Centro Prodh celebramos esta sentencia. Se trata de un mensaje inconfundible del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cercanía y empatía con las víctimas de la violencia. Además, refleja su compromiso en abordar la crisis de derechos humanos en nuestro país».

Causas con nombre

Antes de la histórica resolución de la SCJN en la que blinda los derechos alcanzados por las víctimas en un país, donde la inseguridad y la violencia van a la alza, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) posteó en la red social X (antes Twitter):

También presentó en video, fragmentos del testimonio de María Herrera, quien ha estado en una causa, primero por obtener un mínimo de respuesta de las autoridades de este país. Y, después, por restablecer ese derecho.

«Fue algo muy difícil para todas las víctimas porque teníamos que quedarnos a dormir en el Senado y en la Cámara de Diputados para velar por este proyecto que logramos obtener, que se lograra como una ley», relata María Herrera.
«Apelamos a La Corte para que ellos vean, revisen. Apelamos a su calidad humana sabiendo de antemano, que son estudios minuciosos los que se van a llevar a cabo ahí. Hay mas necesidades porque las masacres, las desapariciones, todo va en aumento».


«Estaremos velando, estaremos viendo. Y, convocando a todos los colectivos, a todas las personas que nos escuchan para que se solidaricen con nuestra causa y, nos apoyen haciendo acto de presencia ante La Corte para que ellos puedan ver las necesidades tan urgentes que tenemos como víctimas».

«Para todas las víctimas necesitamos que este financiamiento se siga dando, porque es sumamente necesario, tanto, para atender a las víctimas, porque ustedes no se imaginan; cuando hay una desaparición lo primero que surgen son las enfermedades».

«Vienen los gastos médicos, los traslados, como acaba de decir el compañero y, no hay recurso que alcance. Esto para nosotros es de suma importancia, todas las víctimas necesitamos que ese financiamiento se siga dando para atender a las víctimas», comparte con su testimonio en video María Herrera.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Como cada 8 de marzo, mujeres y colectivas se hicieron presentes en el Zócalo de la Ciudad de México, para manifestar su indignación y digna rabia ante el incremento sostenido de las violencias machistas, es por eso que en este 8M histórico, a través de un pronunciamiento político, señalaron no tener nada por festejar y se dirigieron a las dos mujeres candidatas a la presidencia para decirles: “nosotras no somos botín político de nadie, somos las aguafiestas de su fiesta electoral”.

En un templete ubicado en la misma plancha del zócalo capitalino y dando la espalda a Palacio Nacional, mujeres de diversas colectivas feministas dieron lectura del manifiesto político 8M 2024, las mujeres afirmaron que: “no se confunden”, porque las condiciones de vida para la mayoría de las mujeres en el país no mejoran desde hace décadas, situación que permanece sin importar cuál partido político gobierne.

Fueron tajantes con las candidatas presidenciales, desde el templete mencionaron que incluso en los cargos ocupados por mujeres, tampoco hay garantía de avanzar en materia de justicia para las mujeres, por lo que se situaron “fuera de la lógica partidista”.

Dijeron que en cada administración ha aumentado la violencia, la brecha de desigualdad, la sofisticación de múltiples formas de opresión, por eso se declararon escépticas y dijeron que no confían en las candidaturas.

Rechazaron que el movimiento y sus demandas sean “usados como un trampolín político”, por eso seguirán denunciando a cualquier administración y partido que no garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos.

La violencia contra mujeres incrementa

Durante la lectura del mismo manifiesto, se promulgaron por una vida libre de violencias achistas, sin feminicidios, sin violaciones sin desapariciones sin violencia vicaria misma que señalaron, ha aumentado en los últimos años hasta un 167 por ciento y que propicia el mismo Estado mexicano.

Mencionaron que solo el 30 por ciento de los homicidos dolorosos contra las mujeres son considerados como feminicidios, detallaron que del 2015 al 2024 se han incrementado 58.7 por ciento las muertes violentas de mujeres en México. Indicaron que en el 2024 se lleva un registro de 20 mil 814 casos por delitos de violencia familiar, mientras el gobierno defiende “otros datos”

También afirmaron que el número de mujeres víctimas de ataques con ácido crece y a otras miles les son sustraídas sus hijas e hijos; mencionaron que la violencia en los hogares en el trabajo, en las calles, el acoso y la violación, son delitos que se perpetúan en medio de la impunidad permitida por parte de los tres niveles de gobierno.

Dijeron que se normaliza la violencia contra las mujeres en los tribunales, las fiscalías y los medios de comunicación quienes siguen revictimizándolas, estigmatizándolas, además agregaron que “son omisos, cómplices y obstaculizan el acceso a la justicia”.

Hacemos un llamado urgente a que no dejemos de movilizarnos en las calles ni organizarnos en nuestros centros de trabajo en los barrios comunidades en nuestras escuelas y universidades nos enfrentamos a tiempos muy difíciles y a un sistema de muerte que requiere de múltiples.

Recordaron que “este día es de lucha y de protesta y que no tenemos nada que festejar”, detallaron que el país vive el recrudecimiento de la violencia femicida, la esclavitud sexual, la desaparición y lo de los desplazamientos forzados, el empobrecimiento y la devastación de los bienes naturales comunes, la crisis migratoria, la militarización y la criminalización punitiva y persecutoria del movimiento feminista.

Por estas razones, dijeron que se mantendrán con sus demandas centrales, el acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la erradicación de la desigualdad de clase racial y de género, además de combatir la discriminación y todas las formas de opresión.

La manifestación política no estuvo exenta de represión, de acuerdo con información de la periodista Lucía Lagunes Huerta quien documentaba los hechos, logró captar gases lacrimógenos lanzados a las colectivas y un hecho violento por parte de un policía quien agredió a una de las manifestantes con un extintor golpeándole los dedos.

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Oaxaca.- Mujeres afromexicanas e indígenas integraron una agenda con demandas político sociales que impulsarán en el Senado de la República y el Congreso Federal. “Por años luchamos para ser las propias mujeres negras quienes llevemos las agendas a los espacios de toma de decisión”, señaló la activista feminista, Rosa María Castro, quien hará historia al convertirse en la primera mujer afromexicana diputada federal ya que encabeza la lista de candidaturas plurinominales de Morena.

La agenda fue construida este fin de semana durante el XII Foro de Mujeres Lideresas Desde nuestros propios territorios y resistencias construyendo nuestras agendas de derechos y paz, realizado en Santa María Huatulco con la participación de más de 200 mujeres de todo el país. Al lugar también asistieron figuras clave en la vida política como las senadoras Olga Sánchez Cordero y Susana Harp, así como la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, por citar algunas.

“Estar todas juntas aquí es el resultado de nuestras ancestras que les tocó luchar, defender la vida de las mujeres íntegras y con dignidad (…) Saludo y doy gracias a las hijas de la existencia y de la resistencia, a nosotras las mujeres negras que hemos trabajado duro para que hoy podamos estar reunidas con nuestra dignidad, con la frente en alto y el reconocimiento de lo que nos robaron”, expresó la activista feminista afro.

El foro, que celebra su duodécima edición, adquiere especial relevancia en un momento coyuntural para México, con la posibilidad de que una mujer sea la primera presidenta de la República. Las mujeres afrodescendientes buscan llevar sus agendas directamente a los espacios de toma de decisiones.

Rosa María Castro, conocida como Rosy, expresó su entusiasmo por este trabajo colectivo que se ha gestado a lo largo de los años en la Asociación de Mujeres en la Costa (AMCO). Destacó la importancia de construir la agenda desde los territorios y resistencias propias de las mujeres históricamente excluidas y discriminadas.
En su oportunidad las senadoras Olga Sánchez Cordero y Susana Harp, destacaron que la llegada de Rosy es un paso fundamental en ir saldando la deuda histórica que existe con las mujeres negras. “Esos espacios de representación tienen que llegar las personas que tienen la agenda de ese grupo”, señaló Susana Harp.

La agenda abordará temáticas específicas de las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como de otras comunidades marginadas, buscando políticas inclusivas y anti racistas.

Rosy, al ocupar el primer lugar en las listas plurinominales de Morena, también tendrá la responsabilidad de llevar personalmente esta agenda. En este sentido agradeció a su partido por hacer historia al incluir a mujeres con un profundo compromiso social en posiciones de relevancia. Destacó que esta oportunidad representa un hito significativo para las mujeres afrodescendientes y reiteró su compromiso con la lucha por la visibilidad y los derechos de su comunidad.

La construcción de esta agenda desde la interseccionalidad busca asegurar que las políticas públicas respondan de manera efectiva a las necesidades de las mujeres históricamente excluidas. Más de 200 mujeres participantes esperan que esta iniciativa marque el inicio de diálogos y acciones concretas para transformar la realidad de las comunidades afrodescendientes e indígenas en México.

Mujeres afromexicanas 

Actualmente, en México hay un millón 297 mil mujeres afrodescendientes de acuerdo con datos del Inegi. Todas estas mujeres forman parte de una esfera que ha sido discriminada históricamente, pero que, a pesar de ello, ha hecho grandes aportes en la esfera cultural, social, económica y política de nuestro país. Por eso, este 24 de enero, Día Mundial de la Cultura Africana y de las y los Afrodescendientes, es una fecha ideal para reconocer estos aportes y abogar por un mundo donde las brechas fomentadas por el racismo finalmente sean erradicadas.

Tal como señala Alexandra Haas Pacuic, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Oxfam México, la llegada de la población africana a México en el periodo virreinal trajo consigo una mezcla de lenguas, costumbres, creencias y conocimientos en diferentes ámbitos como los de la cocina y la medicina ancestral.

Muchas de las mujeres de origen africano que formaron parte de este intercambio cultural llegaron al territorio nacional en condición de esclavitud. Si no compartían espacio con los hombres en el trabajo de campo, entonces desempeñaban roles de cocineras, nodrizas o lavanderas. Además, como detalla Haas Pacuic en su artículo “La historia de los afrodescendientes en México: visibilizando un pasado común”, algunas de ellas fueron llevadas al centro del país donde ingresaron a gremios de artesanas y artesanos.

Fueron precisamente estos ámbitos desde los cuales, dichas mujeres comenzaron a interactuar con la cultura gestada en el país. En la cocina, por ejemplo, introdujeron el uso del plátano y la jamaica en los platillos, y en la medicina fomentaron el uso de diferentes plantas y métodos curativos. Además, introdujeron diferentes expresiones culturales desde la música y la danza tradicional con el son jarocho, la marimba y la tradición oral.

Respecto a esta última, la investigadora Itza Amanda Varela Huerta destaca que la tradición oral fue de gran importancia para que las mujeres africanas pudieran perpetuar su memoria a través de historias, poemas y canciones. Con ellas no solo transmitieron saberes, sino también sentires que se gestaron alrededor de una resistencia.

A pesar de su herencia cultural y sus aportaciones sociales y económicas, en México, las mujeres afrodescendientes y la esfera social a la que pertenecen son continuamente marginados y vulnerados, lo que los ha puesto en situaciones de pobreza, despojo de tierras y niveles educativos bajos.

Pero, al mismo tiempo, esto ha hecho que se generen diferentes movimientos de resistencia, los cuales van desde la participación del pueblo africano y afrodescendiente en la guerra de independencia de México hasta los actuales movimientos nacidos desde los afrofeminismos. De igual forma, en la esfera política hay figuras como la de la senadora María Celeste Sánchez Surgía, quien es la primera mujer afrodescendiente en ocupar un lugar en el Senado mexicano.

Precisamente, este 24 de enero, Sánchez Surgía recuerda que la mezcla cultural entre México y África aún no termina: la diáspora africana y de personas afromexicanas a diferentes partes de nuestro país mantiene nuestra configuración cultural en movimiento. Esto, pese a que la discriminación y el racismo muchas veces tiendan a querer borrar aquello que es una huella innegable de nuestras raíces.

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Ciudad de México.- A 18 años de los hechos ocurridos en Sabinas, Coahuila, las mujeres viudas y familiares de los mineros se reunieron para levantar la voz y recordar las promesas incumplidas del gobierno federal, de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que continúan atrapados en la mina, es por ello que Elvira Martínez, líder de la Organización Familia Pasta de Conchos, afirmó que continuará exigiendo la aplicación de justicia.

“He aprendido que esto no se acaba hasta que tú quieras, hasta que dejes de gritar. He ido aprendido que las cosas tienen que ir cambiando, y te toca hacer a ti lo que sea; aunque no logres lo tuyo, como sería en este caso poder rescatar sus cuerpos; pero si sirve para que las cosas cambien en la región, hemos hecho un llamado a las medidas de no repetición, urge. Urge que no haya más muertes, que no haya más huérfanos, más viudas en esa región minera de nuestro país”.

“Se cumplieron 18 años de aquella tragedia y pues es fecha que hasta el día de hoy no hemos podido recuperar y dar sepultura a nuestros familiares, el avance en las obras es muy poco, lleva mucho atraso. Sin embargo, igual nos aferramos a la esperanza de que se vaya trabajando y, que estos trabajos al final culminen con la búsqueda y la recuperación de nuestros familiares”, comparte la líder de la Organización Familia Pasta de Conchos.

La mujer quien se volvió activista tras perder a su esposo en la mina dijo que también continúan en la exigencia de castigar a los responsables del hecho y la instauración de medidas de no repetición para prevenir que hechos como la explosión ocurrida en 2006 en Sabinas, Coahuila, lugar donde perdieron a sus esposos, padres, hermanos o amigos quienes se dedicaban a la minería.

La mina en Pasta de Conchos es propiedad de Grupo México, y en 2006 sufrió una explosión por acumulación de gas metano, que lesionó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron escapar, y dejó atrapados a 65 mineros.

A Elvira Martínez Espinosa la vida le dio un vuelco aquel domingo 19 de febrero de 2006 cuando ocurrió el desastre minero de Pasta de Conchos, para la ahora viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado uno de los 63 mineros que aún están atrapados en la mina, a 18 años de aquella tragedia, no hay tregua, no puede haber descanso.

Elvira Martínez Espinosa, comparte un poco de su historia personal, porque muchas veces se nos olvida que detrás de  los sucesos o las cifras, esta el componente humano, relata: “cuando ocurrió esto, la verdad, fue algo muy, muy inesperado; yo no me veía sola en un futuro, yo me veía al lado de marido, ver crecer a nuestros hijos, envejecer juntos y tener a nuestros nietos; por la mente no me pasaba que mi vida iba a cambiar completamente, entonces sí, este ha sido un cambio tremendo en mi vida”.

La viuda de Jorge Vladimir refiere que cuando su marido vivía tenían el sueño conjunto de construir su propia casa y, que por lo tanto, ella también trabajaba para lograrlo, “porque los sueldos no daban para mucho, entonces lo del sueldo de él lo ocupábamos, para los gastos y para pagar los servicios de luz y agua; y, lo que yo ganaba de mi sueldo lo usábamos para irlo guardando y luego ir comprando el material para construir la casa”.

Haciendo referencia al impacto que tuvo cuando ocurrió la tragedia, dice: “cuando esto sucede, yo la verdad, me bloquee; yo no quería ver, o a lo mejor, aceptar lo que estaba sucediendo, mi mente no alcanzaba a ver lo que estaba sucediendo, entonces, para mí fue muy difícil. Me pasaba los días, los meses y hasta el año y, yo con la esperanza de ver regresar a Vladi con vida, me costó un año porque me aferraba, de una cosa a otra, yo decía ellos pueden sobrevivir, pueden estar tanto tiempo sin agua, no sé, buscaba cualquier explicación”, comparte que eso era parte de la negación o aceptación de los hechos.

“Fue un suceso que me cambió completamente, terminó con el sueño que yo tenía de envejecer junto a mi marido, el de ver crecer a nuestros hijos y nietos. Entonces, aquello se acabó, ya no iba a ser así. Sí fue algo difícil porque tuvieron que pasar varios años para poderme enfrentar a mi nueva vida”, describe.

La activista relata que aunque han sido años muy difíciles, también ha tenido el acompañamiento de personas sensibles a lo que ellos, como familiares de los mineros fallecidos, han estado pasando, entonces, bueno: “ahí la vamos llevando, ¿no?”

Comparte que tras 18 años de lucha la gente se va cansando, “ayer platicábamos que en 18 años la gente se convierte en adulta, por decir, un niño pasa por el kínder, vive la primaria, después la secundaria y con tres años más de bachillerato, la gente se vuelve adulta; entonces todo lo que conlleva para que ese niño crezca, es el tiempo que llevamos luchando”.

Dice, “sin embargo, hay algo que no me deja retirarme de exigir justicia, sin desistir, entonces aquí seguimos”, aunque comenta que ya hay muchas ausencias en su movimiento “en muchas de las familias que luchamos, hay que gente que ya falleció, precisamente, me dieron la noticia de que una de las viudas había fallecido el día 18, así como ella, se han ido otras cinco más y padres que nos han acompañado desde el principio como Don Raúl Villasana o Doña Trini, también han fallecido papás y mamás, hermanos o hijos de los mineros fallecidos, también se han ido”.

Destaca que ya no hay fuerza para hablar de realizar movilizaciones, “nos movemos a través de las dependencias o de la vía jurídica” refiere que los últimos recursos que tenían los han utilizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “pero sabemos son procesos muy, muy largos”.

Refiere que a lo largo de estos 18 años no todo ha sido malo ya que ha contado con el respaldo de las organizaciones civiles y de comunidades eclesiásticas que las han ayudado a mantener viva la esperanza.

“Soy consciente de que el tema de justicia no es muy agradable para las autoridades, o sea, no les gusta, les incomoda mucho. La poca justicia que pudiéramos nosotros esperar recibir sería que se nos entregaran los restos de nuestros familiares, ya que pedir que se castigue a los responsables es pedir mucho”.

“Se sabe quienes son los culpables, sin embargo no se les quiere castigar; los deudos estamos tan decepcionados de cómo se hace justicia en este país, que al menos, ya que nos entreguen los cuerpos y que podamos salir de ahí con ellos, porque les digo, me tienen ahí enterrada con él, porque te digo, no puedo salirme de ahí, porque siento que me jala, que me estira; entonces no queda más que seguir luchando«.

De igual forma, sus compañeras de causa también subieron un video en el que se puede apreciar el llamamiento a las autoridades, lo más importante para ellos es el rescate que aún no se ha cumplido; además de llamar a cuentas a Grupo México y las medidas de no repetición del caso para que otras familias no tengan que vivir una situación parecida a la de ellos.

Otra de las demandas o peticiones, consiste en visibilizar que se comenzaron a retrasar con las acciones de búsqueda y, sin ánimo de ofender, solo a manera de recuento, dijeron: el sexenio se quedo corto.

Para accesar al video, realice click en el siguiente link: https://www.facebook.com/100064525729438/videos/1364018987647578

Lucha viva

Para mantener vivas esas voces y el mensaje de los deudos, el pasado 19 de febrero, sacerdotes pertenecientes a la Compañía de Jesús en México, ofrecieron una misa en conmemoración de los mineros fallecidos en la mina de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, acontecida en el 2006, expresando así su solidaridad a las familiares, el memorial tuvo lugar en el Anti-monumento 65 ubicado en la avenida Paseo de la Reforma.

La indolencia e ineficacia del Estado mexicano para ofrecer justicia a los deudos del siniestro minero, conocido, como “Pasta de Conchos”, no ha hecho mella en los familiares que a lo largo de 18 años han alzado la voz para pedir tres cosas, básicamente: castigo a los responsables, el rescate de los cuerpos y la instauración de medidas de no repetición para prevenir que hechos como la explosión ocurrida en 2006 en Sabinas, Coahuila, vuelvan a ocurrir.

La Compañía de Jesús en México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reiteraron su solidaridad a las familias de los mineros fallecidos, los Jesuitas se sumaron a la exigencia de justicia de los familiares, ante las promesas incumplidas del gobierno federal, de rescatar los cuerpos de 63 mineros que continúan atrapados en la mina.

“A 18 años del siniestro de los mineros #PastaDeConchos, la Compañía de Jesús en México reitera su solidaridad a las familias y se suma a sus exigencias de verdad, justicia y medidas de no repetición”, expresaron en su red social.

En su cuenta de X, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, voz autorizada de los jesuitas para hablar de los derechos humanos en el país, también exigió el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados.

“Se cumplen 18 años del siniestro en la mina de @PASTADECONCHOS y 5 años de la promesa de la actual administración de realizar el rescate de los 63 cuerpos de los mineros. Acompañemos a las familias durante el memorial en el antimonumento, y en su exigencia de #RescateYa”, señalaron en la red social, para invitar a la sociedad a que se sumara a la causa.

¿En qué consiste el caso conocido como Pasta de Conchos?

De acuerdo a una recapitulación de información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., organismo de la sociedad civil que ha acompañado a los deudos a lo largo del tiempo, brindando acompañamiento en la búsqueda de justicia para los familiares de los 63 mineros, los hechos, son:

El 19 de febrero de 2006, la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, sufrió una explosión por acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados.

El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Recomendación 26/2006, determinó que “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.

Inexplicablemente, las labores de rescate quedaron a cargo de la propia compañía responsable de las condiciones de trabajo: Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos, y en una decisión inédita, la empresa decidió suspender el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas. Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos; en ambos casos, la parte patronal es Grupo México.

Las familias y organizaciones acompañantes señalaron que la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.

El caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Las familias de los mineros no han cesado en su demanda de que se rescaten los restos de los trabajadores y de que se investigue y finquen responsabilidades por lo sucedido, contemplando a todos los responsables.

Después de recurrir a todas las instancias judiciales en México –en las que los rechazaron con argumentos como su falta de interés jurídico para reclamar el rescate o el castigo a los responsables-, las familias acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2010 a presentar el caso, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.

Las familias y sus representantes argumentaron ante la CIDH que el Estado mexicano es responsable por la por poca efectividad de las inspecciones laborales realizadas y aportaron pruebas para demostrar la demora injustificada y falta de debida diligencia en esclarecer y sancionar estos hechos. La postura del Estado ante el organismo interamericano fue pedir que el caso se declarase inadmisible puesto que las y los peticionarios contaron con diversos recursos internos para buscar justicia.

Tras analizar las pruebas de ambas partes, en febrero de 2018 la CIDH dio la razón a las familias; señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, además de que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso.

En mayo de 2018, las familias peticionarias señalaron que, para llegar a un acuerdo de “solución amistosa” para el litigio internacional, el rescate de los cuerpos era una condición previa necesaria.

En 2019, el Gobierno federal se comprometió con las familias a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para delinear la ruta del rescate de los cuerpos de los mineros. En mayo de ese mismo año, quedó instalado el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos. Se trata de un Comité creado por indicación directa del presidente de la República y encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con participación de diversas dependencias del gobierno y de las familias y sus representantes.

El Comité tiene como objetivo cumplir con la exigencia principal de las familias: la recuperación de los restos de los mineros en Pasta de Conchos. Sus integrantes también dan seguimiento a la situación en la región, particularmente para impulsar el cumplimiento de recomendaciones de la CNDH sobre violaciones a derechos humanos.

Promesas sin cumplir

Se cumplen 18 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos y cinco años de la promesa del actual gobierno de realizar el rescate de los restos de los 63 mineros sin haberlo podido cumplir. El presidente Andrés Manuel López Obrador, eligió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que realizara esta labor sin consultar con las familias. Esto significó que se disolviera el “Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos” a cargo de la entonces titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y en el cual participaban dependencia, familiares y representantes.

Al designar que CFE haría las obras de Rescate, el presidente se comprometió a regresar cada seis meses para supervisar los trabajos. Esto no sucedió hasta el pasado mes de enero, dos años después del compromiso. La falta de supervisión y la inexperiencia en minería y rescate de la CFE, ha traído como consecuencia un retraso de obras de más de dos años y contando. En una decisión inexplicable, la CFE adjudicó de manera directa el contrato de las obras a empresas que igual la misma CFE, no tenía experiencia en minería ni en rescate. Contratos que tuvo que cancelar argumentando su incumplimiento. Sin embargo, ahora una de esas empresas esta de nueva cuenta trabajando en el Rescate en la mina.

En el pasado encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias, se comprometió a que, de no acabar el Rescate en su administración, como se puede prever por los retrasos de CFE, él propondría la promulgación de un DECRETO acompañado de un FIDEICOMISO que permitan continuar las labores hasta la conclusión en la Recuperación de los Restos de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos. Por ello, solicitamos que dicho DICTAMEN y el FIDECOMISO sea presentado a las familias en la próxima reunión a celebrarse en el mes de abril en Palacio Nacional como ofreció el presidente.

En este complejo proceso que hemos vivido no solo por el incumplimiento en el Rescate, sino por la falta de derecho a la Verdad y Justicia y al hecho de que no se han tomado Medidas de No Repetición durante esta administración, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las familias, seguiremos impulsando el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca que el Estado mexicano dé respuesta a las demandas de las familias y se responsabilice por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso.

Las y los familiares agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil y eclesiales -entre ellos a Raúl Vera López, obispo emérito de la Diócesis de Saltillo- que nos han acompañado en este caminar para expresar nuestras demandas en distintos plantones, marchas y eucaristías. Igualmente, reconocemos el trabajo de difusión de las y los periodistas de la región y a todas las personas solidarias que les han apoyado a nivel nacional durante 18 años.

LAO/OLO

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Ciudad de México.- En materia de seguridad social existen nuevos horizontes en la República Mexicana ya que el pasado 31 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió, que tanto la figura de esposa como de concubina tienen el mismo derecho a reclamar pensión por viudez ante la muerte del trabajador asegurado.

En el acuerdo tomado en la Segunda Sala del máximo tribunal se determinó, que: “El hecho de que a través de diversos criterios emitidos por esta Corte se han reconocido derechos a la concubina ante la muerte del trabajador asegurado, esto no puede limitar el derecho de la cónyuge a reclamar la pensión por viudez”, poniendo de manifiesto la solidaridad expresada a las dos figuras legales, tanto la del matrimonio, como la del concubinato.

Refiriéndose a la discusión en el Pleno que los llevo a tomar esa decisión, destacaron:

“En el caso, la esposa reclamó su derecho de pensión por viudez derivado del fallecimiento de su marido; sin embargo, dicho derecho se le concedió a otra persona que acudió en calidad de concubina, acreditando que había vivido con el trabajador los últimos cinco años previos a su muerte”.

Ver en el siguiente link otras resoluciones tomadas por la SCJN acerca de la pensión por viudez:

Justicia equitativa

Para seguir con la narrativa de la actual resolución, la Sala destacó que resulta válido el reconocimiento de una relación de hecho como lo es el concubinato; sin embargo, esto no puede desconocer los derechos que le corresponden a la persona que legalmente se ostenta como su cónyuge pues, atendiendo al principio de primacía de la realidad, la existencia de un concubinato no implica necesariamente que el matrimonio haya perdido los elementos de ayuda y solidaridad que lo conforman.

“Por lo que, si la esposa acudió a reclamar derechos laborales del trabajador fallecido, sin que se advierta la disolución legal del vínculo matrimonial, no resulta viable negarle la pensión por viudez ante la existencia de una concubina que también reclamó esos derechos, en todo caso la autoridad debe determinar si corresponde otorgar los beneficios a ambas personas de manera proporcional”, concluyendo el texto en la búsqueda de equidad y justicia para las partes involucradas.

La actual resolución, fue tomada bajo la figura jurídica de Amparo directo en revisión, en el expediente 6428/2023. Siendo la Ministra Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. El caso fue resuelto en sesión de 31 de enero de 2024 por unanimidad de cinco votos.

Seguridad social en México

Por otra parte, las condiciones actuales ante el cuestionamiento natural de la población, de: ¿Quién podría solicitar una pensión de viudez de un asegurado o pensionado?, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), responde en su sitio web denominado: “Acercando el IMSS al Ciudadano”:

“La esposa(o) o concubina(rio) del asegurado o pensionado fallecido. Solo a falta de esposa(o), podrá solicitar la pensión la mujer u hombre con quien el asegurado(a) o pensionado(a) vivió durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la (el) que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato”.

Otros de los requisitos para recibir el derecho al goce de pensión de viudez ante dicha institución pública, son: que el asegurado fallecido tenga al menos 150 semanas de cotización al momento de su muerte, excepto si el fallecimiento ocurrió a causa de un riesgo de trabajo.

También lo son, que el asegurado debe estar vigente en sus derechos. Y, que la esposa acredite el vínculo matrimonial, o bien, la concubina certifique la relación de concubinato. Y, que la esposa o la concubinaria demuestren la dependencia económica con el asegurado pensionado fallecido.

Para más información, visite el siguiente link:

https://www.imss.gob.mx/pensiones/preguntas-frecuentes/quien-puede-solicitar-una-pension-de-viudez-de-un-asegurado-o-pensionado

Por otra parte, los requerimientos para cobrar la pensión a causa de muerte del trabajador, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), son: para el caso de la esposa, mostrar el acta de matrimonio. En tanto que, para la concubina, realizar un juicio de concubinato.

Para tener acceso a más información acerca de este trámite, consulte el siguiente link:

https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/pension-del-issste-por-causa-de-muerte-del-trabajador?idiom=es

Redefiniendo esquemas

Estas iniciativas desde el Poder Judicial pueden seguir la búsqueda por avanzar en nuevas definiciones del estado Mexicano, en materia de seguridad social y el derecho familiar en México para atender relaciones familiares como las que marcan los nuevos tiempos.

En México, solo 2 de cada 10 mujeres mayores, 25.4 por ciento, reciben ingresos por pensión contributiva, es decir, una remuneración exclusiva para quienes laboraron en el sector formal y que contaron con seguridad social, mientras que en el caso de los hombres mayores este ingreso lo adquieren 4 de cada 10, 41.5 por ciento, apuntó la académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Isalia Nava Bolaños.

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Ciudad de México.- Tras la propuesta de la presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, de transformar el organismo autónomo a su cargo en la Defensoría Nacional del Pueblo, la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, mencionó que no es la primera ocasión que la Ombudsperson hace esta sugerencia, el mismo planteamiento lo hizo en la presentación de su anterior informe de trabajo, pero demuestra su desconocimiento completo de que ella no puede presentar iniciativas.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, coincidió con las expresiones de Piedra Ibarra, de que la CNDH ya no responde a las necesidades del pueblo, pero le recriminó que eso ha sucedido porque ha respondido únicamente a los intereses del presidente del gobierno en turno.

“Es algo que nos llevó desde el año pasado en la presentación del otro informe, desconociendo completamente que ella no podría presentar iniciativas, la presenta y hoy vuelve a hacer mención de ello en otro gran discurso ideológico”, reprocha la legisladora priistas.

Sobre una posible iniciativa que contemple la transformación de la CNDH, Sue Ellen Bernal Bolnik desestima que se pueda llevar a cabo tal propuesta, ya que al tratarse de una reforma constitucional, Morena no tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, “gracias al voto ciudadano en 2021”.

Mencionó que en el próximo proceso electoral de junio próximo lo más importante es que Morena y sus aliados no vuelvan a quedarse con esa mayoría en el Congreso, como lo pretende con ese famoso Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que quieren hacer y deshacer todo lo que se ha logrado en este México libre.

Asegura que el paso de Rosario Piedra Ibarra por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dejará “una huella imborrable”, pues será ampliamente recordada por su postura a favor de los deudores alimentarios o su no reconocimiento a la violencia vicaria.

Además, agregó, de su postura en defensa de la militarización de la seguridad pública y su silencio sobre la crisis de violencia contra periodistas, para que el Ejecutivo federal cesaran los ataques y difamaciones en su contra, “todavía peor, también ha insultado y ofendido a quienes ejercen su derecho a informar”.

“La CNDH ha abandonado a las y los ciudadanos”, afirma la diputada del PRI, al señalar a la funcionaria de haber olvidado el objetivo de apoyar a las personas que han sido vulneradas en sus garantías por parte del Estado. “Usted no ha estado del lado de las víctimas, usted ha estado más cerca del presidente”, indica.

Además, Sue Ellen Bernal Bolnik también le recriminó el hecho de que ante la peor crisis de violencia contra periodistas, -incluso en lo que va de este sexenio ya fueron asesinadas 5 mujeres comunicadoras- no levantó la voz para exigir que empezando por el Ejecutivo federal, cesaran los ataques y difamaciones en su contra, por el contrario, y todavía peor también ha insultado y ofendido a quienes ejercen su derecho a informar.

Expresó que Rosario Piedra tampoco ha estado para atender la situación de los migrantes, ni con las mujeres, así como las y los niños con cáncer, por las víctimas de violencia y otras personas que necesitaban el acompañamiento y respaldo de la CNDH, a quien guarda silencio ante la grave crisis forense que deja solas en su lucha a las madres buscadoras y no ha emitido comentarios por el nuevo censo “que desaparece a los desaparecidos.

La diputada del PRI mencionó que Rosario Piedra ocupa el espacio de la CNDH para defender al presidente y no a las y los mexicanos, “a pesar de que ha dicho que está del lado de las víctimas, eso es falso, usted está más cerca del Ejecutivo federal, por eso no sorprende que en la lista de organismos autónomos que mandatario federal quiere eliminar “no está la CNDH, solo están los que no son sus cómplices y sí cumplen su función de ser un contrapeso para el Estado”.
La priista hizo referencia a una frase de Rosario Ibarra, la madre de la Ombudsperson, a quien considera una verdadera defensora de los derechos humanos: “Vamos a luchar, nunca olvida. Vamos a luchar por el México que merecemos y nunca olvidaremos a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que decidió simplemente ignorar al pueblo de México”.

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Ciudad de México.- Ante diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, afirmó que se mantiene en la idea de transformar a la CNDH, ya que “no responde a las necesidades del pueblo mexicano”, por lo que consideró necesario la creación de una defensoría nacional de los derechos del pueblo, como un nuevo organismo más dinámico, comprometido y proactivo.

Es oportuno señalar que a nivel federal, surgió este organismo el 13 de febrero de 1989 y lo hizo dentro de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Derechos Humanos. Al año siguiente, el 6 de junio de 1990, por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, se fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha Secretaría.

Fue entonces que la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992. Posteriormente, el 13 de septiembre de 1999, por medio de otra reforma constitucional, se le otorgó a la CNDH autonomía de gestión y presupuesto, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

En los últimos años el presupuesto de la CNDH ha sido: en el 2020 de mil 874 millones 207 mil 802 pesos; en el año 2021, el monto presupuestal asignado fue de mil 679 millones 905 mil 810 pesos, mientras que para el año 2022 el presupuesto ascendió a mil 722 millones 324 mil 772 pesos.

En sesión presencial, Piedra Ibarra presentó su informe de actividades 2023, donde indicó que han tratado de ir más allá de sus posibilidades, ejerciendo también acciones de prevención, gestión y, en su caso, de acompañamiento a las víctimas en sus demandas ante las autoridades, lo que ha implicado una permanente comunicación interinstitucional. 

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a la CNDH, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que la defensoría nacional de los derechos del pueblo emerja como una nueva institución, más aún de que es indispensable reformar el sistema jurisdiccional mexicano para cumplir cabalmente con el artículo 1º de la Constitución”, destacó.

Aclaró que continúan desahogando las recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento, pues tan solo al inicio de la actual presidencia de la Comisión se recibieron 508 recomendaciones sin cumplimiento, siendo la más antigua la de la Guerra Sucia, emitida en 2001, mientras que en la del caso Ayotzinapa se está integrando un nuevo proyecto de recomendación.

Entre las acciones, destacó que se ha fortalecido la presencia nacional mediante la transformación de las 16 oficinas foráneas, que eran monotemáticas, en oficinas regionales, de manera que hoy hay representación prácticamente en todo el país, se reciben quejas de todo tipo y se emiten recomendaciones.

Subrayó que la única manera de hacer cumplir la ley es devolviéndole las instituciones al pueblo, pues en el caso de la CNDH desde su creación emite recomendaciones que no tienen carácter de obligatoriedad, lo que contradice lo que mandata el 1º constitucional, además que está estancada en acciones reactivas, cuando en realidad se requiere prevenir, asumir resoluciones con rapidez y eficacia e incidir en políticas públicas.

Precisó que durante 2023 se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 73 mil 66 solicitudes de atención, de las cuales 60 mil 342 fueron escritos de quejas. “Nuestra transformación ha puesto al centro a las víctimas, empieza con una mayor recepción de estos documentos y a partir de ahí se acelera su calificación con criterio de progresividad”.

Resaltó que 13 mil 1 expedientes fueron resueltos durante su tramitación, lo que dio solución a su problemática en favor de 37 mil 961 personas agraviadas o quejosas; representa el 62.90 por ciento de los expedientes concluidos.

Agregó que durante en 2023 se presentaron 29 solicitudes ante el Senado para llamar a comparecer a autoridades omisas en la aceptación de una recomendación y 371 denuncias, de las cuales 73 son del ámbito penal.

“Un problema que enfrentamos en la reparación integral, que es una constante, es la falta de las autoridades recomendadas para dar cumplimiento a la reparación económica, lo que evidencia la inoperancia del modelo que tenemos actualmente”, En ese lapso también se solicitó a diversas autoridades 116 medidas precautorias o cautelares y 80 demandas de acción de inconstitucionalidad, precisó.

Mencionó que del total de las recomendaciones, 7 fueron emitidas para personas periodistas y defensoras de derechos humanos, 4 relacionadas con personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y 23 en materia de personas desaparecidas. En el tema migratorio, añadió que de las 845 visitas de supervisión se atendió a 24 mil 891 extranjeros y se emitió un total de 37 recomendaciones.

Resaltó que ni la presidencia ni ningún alto cargo de la CNDH gana más que el Presidente de la República, que se haya gastado millones en viáticos o banquetes, en recursos públicos para bonos, percepciones extraordinarias ni ostentosos peajes o tarjetas corporativas, ni se ha contratado a familiares o amigos.

Al concluir, Ibarra Piedra afirmó que el pueblo reconoce la verdad y a sus enemigos, y no permitirá que se cancele la promesa del mañana que al fin se convirtió en el hoy y “depende de todas y todos que se convierta en una realidad”.

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión Permanente, diputada Marcela Guerra Castillo, tras recibir el informe y turnarlo a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, destacó el papel que desempeña este organismo constitucionalmente autónomo “porque se constituye como la defensoría del pueblo”.

“Frente a los abusos de poder que se dan en la estructura del Estado, la CNDH tiene la alta responsabilidad de mantener a las autoridades dentro de sus riles normativos, evitando que se afecten las libertades públicas fundamentales de las y los ciudadanos, garantizando la protección entre los derechos humanos.

“La autonomía de este organismo salvaguarda la protección, observancia y promoción de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano”, abundó.

Posicionamiento de grupos parlamentarios

La diputada morenista, Alma Delia Navarrete Rivera, dijo que la CNDH en 2023 emitió más recomendaciones que en toda su historia. Está haciendo su trabajo, y se ha transformado para trabajar por las y los mexicanos, no para una élite que quiere conservar sus privilegios; aumentó 44 por ciento su eficiencia, se ha enfocado en la resolución pronta de expedientes y brinda acompañamiento y asesoramiento a las víctimas.

A su vez, la diputada del partido guinda, Marisol García Segura, expuso que el informe de actividades de la Comisión muestra que se han emitido más recomendaciones, resoluciones y acciones de inconstitucionalidad como nunca antes. “Hoy la CNDH emite el mayor número de recomendaciones en toda su historia y destaca el trabajo realizado con las víctimas y familiares de desaparecidos, de feminicidios, activistas y defensoras”.

El diputado panistas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, resaltó que el país enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, dado que la violencia e inseguridad se han disparado. “Es urgente que la CNDH recupere el vigor. En este país quienes necesitan ser defendidos son las víctimas y ciudadanos que enfrentan incertidumbre y un ambiente hostil a la libertad”.

Por su parte, la senadora del blanquiazul, Estrella Rojas Loreto, señaló que, en materia de desaparecidos, durante este sexenio una persona desaparece cada hora y entre el 1° de diciembre de 2018 y mayo de 2023 se registró un promedio de 25 personas desaparecidas por día en el país. 

Asimismo, dijo que la CNDH ha abandonado a las personas desplazadas y defensoras de derechos humanos, pues hay casi 400 mil personas desplazadas, siendo la peor cifra registrada. 

La diputada priista, Sue Ellen Bernal Bolnik, destacó que actualmente nuestro país padece muchas formas de violencia y violaciones a derechos humanos. “Como nunca antes la CNDH ha abandonado a las y los ciudadanos; su paso por la presidencia dejará una huella, será recordada por todas las omisiones, y se le ha olvidado que la Comisión tiene el objetivo de ayudar a las personas que han sido vulneradas en sus garantías por parte del Estado”.

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Ciudad de México.- Claudia Stefanie Serna Hernández en su tesina La jefatura del hogar en las estadísticas sociodemográficas en México: un análisis desde la perspectiva de género, en la máxima casa de estudios de México: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que es anticuada la categoría «jefe del hogar».

“La metodología para elaborar las estadísticas sociodemográficas en nuestro país requiere de revisión a fondo y un replanteamiento con perspectiva de género, toda vez que actualmente los datos que se recaban y su interpretación tienen un sesgo que refuerza los estereotipos machistas y demeritan el papel de liderazgo que juegan numerosas mujeres, en una cantidad importante de los hogares mexicanos”.

En su estudio encontró que hay una tendencia de género en el levantamiento de las encuestas sociodemográficas al utilizar el concepto de “jefatura del hogar”, que forma parte central de las preguntas que se realizan en los ejercicios de este tipo aplicados en la nación, el cual incide en la interpretación de los resultados.

“Los conceptos jefa y jefe del hogar no pueden considerarse como sinónimos, porque detrás de ello hay un régimen de género que define de una forma a ellas como deficitarias, con hogares carentes de una figura masculina; y a los varones los considera proveedores y protectores”.

Para la especialista, el término ‘jefe del hogar’, proviene de la antigua Roma con la definición de paterfamilias; se trasmitió de generación en generación a través de civilizaciones completas por más de dos mil años, hasta llegar al naciente Estado mexicano en el siglo XIX. Más tarde se incorporó en la Constitución de 1917 y, a partir de entonces, está vinculado al hombre como acreedor de un salario para mantener a una familia.

Esta variable se maneja hasta nuestros días, un ejemplo es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se observa que el régimen de género en el que vivimos orienta a que se responda siempre que el hogar está dirigido por un hombre, aunque realmente sea una mujer la proveedora.

“La categoría de jefe del hogar no toma en cuenta otros factores fundamentales que tienen que ver con el papel de las mujeres, como las aportaciones del trabajo no remunerado o el afectivo y de cuidados. Se trata de un manejo injusto de los datos demográficos porque arroja como resultado que 70 por ciento de los hogares en este país son liderados por un jefe hombre, pero en realidad el concepto es confuso y tiene una carga masculina importante. El concepto está sesgando los resultados”, argumentó Serna Hernández.

Para la estudiante de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien recibió mención honorífica y fue postulada para obtener la medalla Alfonso Caso, que otorga la UNAM a las mejores tesis de posgrado, el uso del concepto “jefe del hogar” no es exclusivo de México, pues su aplicación proviene de la Organización de las Naciones Unidas como parte de sus recomendaciones sobre cómo implementar los censos en cada uno de los países, por lo que los cambios propuestos para incorporar la perspectiva de género tendrían que realizarse en el ámbito global.

El organismo internacional reconoce que esta figura genera una serie de confusiones porque cuando los encuestadores registran que en un hogar hay un hombre y una mujer, dan por hecho que el jefe de familia es el varón y automáticamente así lo registran, sin considerar que pueden existir otras variables o condicionantes, lo que genera una serie de imprecisiones y confusiones en las estadísticas.

Hay una violencia epistémica porque se distorsionan los conocimientos que aparentemente son científicos. Además de que las estadísticas sociodemográficas son utilizadas por normatividad para generar y diseñar políticas públicas, por tanto el concepto debe cambiar y actualizarse.

Imagen: Claudia Stefanie Serna Hernández segunda de izquierda a derecha.

En su análisis, observó que actualmente existen hogares que aunque tengan una figura masculina, pueden estar en situación de vulnerabilidad; mientras que los liderados por una mujer pueden no estarlo, eso elimina la tendencia a pensar que, por el hecho de que un hogar sea dirigido por una mujer va a tener déficit o estar en situación de precariedad, cuando no es así. Esta situación planeta la necesidad de repensar y reflexionar sobre el concepto y sobre el correcto diseño de políticas públicas, desde un punto de vista de género.

“Hay casas, donde son ellas quienes aportan trabajo no remunerado, son el sostén de la familia, proveen lo necesario para sacar adelante a los hijos y en la mayoría de los casos eso no se muestra en las estadísticas, las cuales señalan que 30 por ciento están lideradas por una mujer. No se trata de competir, sino de valorar lo que cada persona aporta”, puntualizó.

Al finalizar la defensa de su tesina, la universitaria señaló: “ojalá que el INEGI y los encargados de las estadísticas demográficas en nuestro país volteen a ver esta investigación y se sumen a la propuesta para eliminar la categoría de jefe del hogar, que ya resulta arcaica, y desde México se impulsen los cambios necesarios a nivel mundial”, refirió.

Claudia Stefanie Serna Hernández se ha desempeñado en diversas instituciones públicas en las áreas de perspectiva de género. Fue titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, perteneciente a la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, Coodinadora en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, investigadora en el Consejo Nacional de Ciencia y Tenología y Directora de Planeación en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, por mencionar algunos.

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Ciudad de México.- A pesar de que las mujeres periodistas cada vez ocupan más espacios en los medios de comunicación, lo cierto es que la brecha salarial es un pendiente por resolver en las agendas laborales porque hoy, tienen una percepción salarial 4 veces menos que los periodistas hombres, en los diferentes puestos que ocupan, esto fue revelado por un estudio de la organización Worlds of Journalism Study (WJS).

En el Auditorio Fernando Bustos de la Universidad Iberoamericana, un grupo de investigadores presentó los resultados de la organización Worlds of Journalism Ciudad de México, una consulta, a través de encuestas, hecha a periodistas de la capital del país.

Al respecto, Grisel Salazar, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, detalló que es un proyecto donde participaron investigadoras tanto de la Universidad Iberoamericana como de otras instituciones de nivel superior del país, con la idea de conocer quienes son los periodistas de México, cuánto están ganando, sus valores, actitudes, así como los entornos de riesgo a los que se enfrentan, a quién acuden en dificultades y qué elementos obstaculizan su función.

Explicó que a partir de estos datos se obtuvo un diagnóstico, la Ciudad de México es particular, pues es donde reside la prensa nacional, con los medios de mayor circulación, eso pone a la capital del país en un foco más visible, se tiene un entorno más equitativo en el reparto de las personas que atienden esa labor, 50 por ciento son mujeres y 50 por ciento hombres.

Sin embargo, Grisel Salazar mencionó que en cuestión salarial se tiene varias diferencias, por lo que hay un reto importante de que las mujeres puedan ser impulsadas para ocupar posiciones más directivas en los medios de comunicación y, con ello, cerrar la brecha salarial.

“Algo interesante es que las mujeres son, según nuestra encuesta, las más preparadas, son quienes tienen mayores de niveles de educación y generalmente presentan perfiles de posgrado y están trabajando además en medios digitales, que son los que llevan toda esta suerte de innovaciones, y pese a que es un perfil interesante no se está compensando en términos económicos”, precisó.

Comentó que en lugares de mayor violencia del país los periodistas corren riesgos, pero la Ciudad de México no está exenta, en la encuesta se mapearon 18 tipos de violencia, no solo agresiones físicas, como ataques y asesinatos; se tiene la noción de que la capital del país es como un oasis para ejercer el periodismo, lo cual señaló «es falso», porque se tiene mayor prevalencia de agresiones verbales, por ejemplo insultos o descalificaciones al trabajo periodístico.

Grisel Salazar destacó que el 80 por ciento de las personas que fueron entrevistadas para la Ciudad de México que trabajan en los medios de comunicación han recibido algún tipo de insulto o agresión verbal, eso es más marcado para quienes se desempeñan en medios digitales, “todo esto se da en torno de redes sociales, es una situación muy negativa para la proliferación de insultos, deslegitimación, cuestionamiento del porqué se publica un tipo de reportaje, esa cuestión que no es menos importante que la agresión física se experimenta de manera marcada en la capital del país.

Detalló que para todo el país se realizaron 500 encuestas a personas que se dedican al periodismo y para la Ciudad de México fueron más de 100 periodistas entrevistados, fueron largas sesiones de pláticas con ellas y ellos, donde se abordaron diferentes aspectos de su función, en las que tuvieron gran disposición para compartir esos datos, porque a veces se tocan temas muy sensibles, como ataques sexuales, acoso laboral o cuestiones delicadas que no se visibilizan mucho.

Comentó que cuestiones de los ataques sexuales y el acoso laboral mayormente lo sufren las mujeres y más para quienes trabajan en entornos digitales, ”esto va de la mano de lo que mencionaba del ataque verbal en el caso de las periodistas mujeres, va acompañado de algún tipo de agresión con connotación sexual, una descalificación en ese sentido».

Algo que llamó la atención, dijo, fue en la pregunta de a quién acuden para pedir ayuda o apoyo para algún tipo de solución a estos problemas, las organizaciones gubernamentales o instituciones públicas son las últimas que aparecen en la lista, es decir, no han confianza en la autoridad o no hay facilidad para acceder a las políticas públicas, incluso no hay una cultura de acercamiento a las autoridades.

Pero lo que están mapeando con mucha contundencia es que el primer círculo de apoyo es el propio gremio, los colegios o el medio de comunicación, es que el ofrece algún tipo de ayuda, pero las autoridades están hasta el final de las opciones, afirmó.

En el evento estuvieron periodistas en activo tanto freelance como de medios nacionales, los resultados del estudio fue presentado por Alethia Alfonso García, directora de la División de Humanidades y Comunicación de la IBERO, Graciela Teruel Belismelis, directora de la División de Estudios Sociales, y Juan Carlos Henríquez, director del Departamento de Comunicación.

Sobre los antecedentes, Sallie Hughes, de la University of Miami, explicó que el Worlds of Journalism Study (WJS) fue fundado en 2010 para evaluar el estado del periodismo en todo el mundo, “es un estudio internacional enfocado en las percepciones de las y los periodistas sobre su labor profesional y, para su realización, se formó un consorcio global de investigación interinstitucional”.

Mencionó que tomó más de un año y medio la investigación global, el planteamiento de la metodología y el desarrollo del cuestionario, así como su traducción y las adecuaciones regionales para más de 100 países en los que se aplicó la encuesta. 

En el caso de México, señaló que a diferencia de países como Alemania, en los que existen bases de datos gremiales sobre las y los periodistas, aquí el proceso fue más largo, porque se tuvo que crear un censo de medios.

En las adecuaciones, el muestreo y el trabajo de campo en México, la Universidad Iberoamericana tuvo un papel neurálgico, con Mireya Márquez, académica del Departamento de Comunicación, al frente del proyecto, en el cual colaboraron investigadoras e investigadores de otros Departamentos, así como estudiantes de posgrado.

Los resultados de la encuesta en México fueron presentados por Hughes, Márquez, Grisel Salazar, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, y Karles Daniel Manzo, quien participó en representación de la Julieta Brambila, directora General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El perfil de las y los periodistas de la Ciudad de México son 51 por ciento hombres y 49 por ciento mujeres; distribuidos por medios: en los diarios, 67 por ciento son hombres y 33 por ciento mujeres; en revistas, 47 por ciento son hombres y 53 por ciento mujeres; en televisión, 47 por ciento son hombres y 53 por ciento mujeres; en radio, 55 por ciento son hombres y 45 por ciento mujeres; en agencias, 67 por ciento son hombres y 33 por ciento mujeres; en medios digitales, 41 por ciento son hombres y 59 por ciento mujeres, y en redes sociales, 20 por ciento son hombres y 80 por ciento mujeres. 

Según el estudio, para que el periodismo pueda realizar su función democrática, es preciso que el contexto político, social y económico le permita su desarrollo en toda forma. Aunque en el pasado estuvo caracterizado por la cooptación y la censura, el periodismo mexicano reciente ha mostrado prácticas innovadoras y cambios decisivos en la identidad y roles profesionales de quienes lo practican.

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Senadoras y senadores impulsan un dictamen para cuando las presuntas violaciones de derechos humanos sean en contra de niñas, niños o adolescentes, las denuncias o quejas puedan ser presentadas por sí mismos, sin necesidad de representantes, salvo que por alguna circunstancia no estén en posibilidades de hacerlo.  

El pasado 14 de diciembre pasado, los integrantes de las comisiones de Estudios Legislativos Primera y la de Derechos Humanos del Senado consideraron que las garantías de las niñas, niños y adolescentes estarán mejor protegidas cuando no se establezcan restricciones sobre quién puede presentar una denuncia o queja. 

El proyecto busca modificar los artículos 4 y 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Establece que para la defensa y promoción de los derechos humanos también se observarán los principios de igualdad de género, de accesibilidad e interés superior de la niñez. 

Además, el dictamen sugiere que la Comisión Nacional de Derechos Humano emita los mecanismos accesibles y eficaces para tal fin y que cuando la CNDH tenga conocimiento de presuntas violaciones de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pueda iniciar denuncia o queja de oficio

En el documento, las y los senadores detallaron que en diciembre de 2011, la agencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), puso en marcha el III Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Agregaron que dicho instrumento refrenda el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, lo que permite el acceso a un mecanismo internacional para denunciar casos de violencia, explotación o discriminación que no se resuelvan a nivel nacional. 

“Esto significa que las niñas, niños y adolescentes pueden presentar denuncias individuales ante el Comité de Derechos del Niño si sufren una vulneración de sus derechos y han agotado las vías legales en su país de origen”, precisaron. 

Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño

Los Protocolos facultativos son instrumentos que refuerzan las normas y obligaciones contenidas en el articulado de dicha Convención y que ofrecen una mayor protección y apoyo especial a los niños, niñas y adolescentes.

En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los dos primeros Protocolos facultativos de la Convención, el tercer protocolo fue aprobado el año 2011:

III Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones

En el año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el tercer Protocolo facultativo que permite presentar quejas o casos de violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante el Comité de Derechos del Niño, si no han logrado obtener las respuestas legales necesarias a estas violaciones en sus países de origen.

Esta rúbrica supone un “hito en la historia de los derechos humanos”, ya que sitúa en el mismo nivel los derechos de las niñas y los niños que los de los adultos, dado que podrán apelar a un instrumento de Derecho Internacional ante las Naciones Unidas para defenderse de las situaciones de vulnerabilidad.

I Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de niños en conflictos armados

Establece los 18 años como la edad mínima para el reclutamiento obligatorio y exige a los Estados que hagan todo lo posible para evitar que individuos menores de 18 años participen directamente en las hostilidades.

Para lograr la plena protección de los niños, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se observen los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos.

Con este Protocolo, se pretende asegurar la rehabilitación física y psicosocial y la reintegración social de los niños y niñas víctimas de conflictos armados, alentando la participación de las comunidades y, en particular, de los niños y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de información y de educación sobre la aplicación del Protocolo.

II El Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía

Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño dicen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestra, se les vende o se trafica con ellos.

El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y abusos sexuales de la infancia. También protege a los niños y niñas de la venta con objetivos no sexuales, como por ejemplo otras formas de trabajo forzado, adopciones ilegales o donación de órganos.

El Protocolo ofrece definiciones de delitos como «venta de niños», «prostitución infantil» y «pornografía infantil». También obliga a los gobiernos a criminalizar y castigar las actividades relacionadas con estos delitos. Exige castigos no solamente para quienes ofrecen o entregan niños y niñas para su explotación sexual, transferencia de órganos, obtención de beneficios o trabajos forzados, sino también para todo aquel que acepte a un niño o niña destinado a estas actividades.

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