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«En Defensa» engloba toda la información relacionada con la defensa de los Derechos Humanos de niñas y mujeres en México y la situación de las defensoras

Ciudad de México.- Ante el escalamiento de las tensiones entre la relación de México y Ecuador, que ha derivado en una crisis internacional, la actuación de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, ha sido clave para evitar una escalada mayor y se ha volcado en un franco activismo para llevar el caso ante instancias internacionales en aras de la paz y darle un cauce institucional.

En un inicio, el tratamiento de la canciller tuvo un tono conciliatorio, pero a medida que fue escalando el conflicto, su postura pasó a una condena enérgica de las acciones emprendidas por Ecuador violatorias de las leyes internacionales.

En medio de un clima de condena internacional por el desacato a leyes y Convenciones internacionales del gobierno ecuatoriano, Bárcena anunció que el Estado Mexicano presentó una demanda en contra de Ecuador, ante, la máxima instancia para dirimir disputas entre Estados, la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El jueves 11 de abril, la funcionaria federal señaló que la demanda ante el Tribunal de Justicia de La Haya, tiene por objeto que Ecuador se disculpe y reconozca las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado Mexicano y a sus nacionales.

Durante la conferencia matutina, del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, Alicia Bárcena planteó un resumen del fundamento y del contenido de la demanda ante la CIJ. Entre otros puntos, se busca que los jueces internacionales establezcan el precedente de que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la ONU.

«Se solicita la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado Mexicano y a sus nacionales”, precisó la canciller.

Entre las principales infracciones que Ecuador cometió se encuentra la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al irrumpir sin autorización y sin ningún derecho a la Embajada de México en Ecuador. Otra de las infracciones mayúsculas, fue la que se cometió en contra de la Política de Asilo.

Voces de apoyo

La gravedad de la actual crisis diplomática desatada, no ha tenido precedentes en la historia de México. Respecto a lo ocurrido, la canciller Bárcena destacó que ni en los peores momentos, ha habido una violación tan clara a las normas más básicas de convivencia diplomática, ni las peores dictaduras.

Sumando a la pluralidad que debe existir en Democracia, la canciller Alicia Bárcena, posteó en la red social X (antes Twitter), un agradecimiento a las y los contendientes por la Presidencia de la República, por sus muestras de solidaridad y apoyo, dijo:

«Me enorgullece la unidad mostrada por las fuerzas políticas en México frente al atropello de Ecuador contra nuestra Embajada. Con independencia del color, unieron su voz en defensa de nuestra patria. Como lo hice con @Claudiashein, agradezco también a @XochitlGalvez y a @AlvarezMaynez», expresó.

En nuestro país, las muestras de solidaridad y el rechazo a los hechos violatorios en materia de Derecho Internacional también tuvieron eco, en la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf.
La ministra, expuso que la labor de la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena ha resultado clave para un mejor desempeño de nuestro país en la reciente crisis diplomática, «ha tenido un desempeño impecable», subrayó la ministra de la SCJN.
Además de sumarse a la condena de los hechos que vulneran la soberanía: “me sumo a la enérgica condena contra la grave e inaceptable afrenta contra el Estado Mexicano, que transgrede nuestra soberanía e inviolabilidad de las representaciones diplomáticas consagradas en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Americana sobre Asilo”, destacó.

En días anteriores, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, posteó en la red social X, (antes Twitter), su posicionamiento, respecto al conflicto entre las dos naciones, dijo:

¿Quién es Alicia Bárcena?

Alicia Bárcena, actualmente, es la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y fue Embajadora de México en la República de Chile de 2022 a 2023.
Fungió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el sistema de Naciones Unidas (2008-2022).
Se desempeñó como Secretaria General Adjunta de Administración y Gestión en la Organización de las Naciones Unidas (2007-2008).
Fue Jefa y Vice-Jefa de Gabinete del Secretario General de la ONU (2005-2007).
También se desempeñó como Directora de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL (1999-2003).
Ocupó el puesto de Coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1998-1999).
Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1987-1988).
En México se ha desempeñado como Subsecretaria de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (1982-1986) y fue Directora General del Instituto Nacional de Pesca (1988-1990).
Es autora de más de 50 publicaciones en distintos medios internacionales y revistas académicas, entre otros.
Como parte de la CEPAL, coordinó 14 publicaciones institucionales.
En cuanto a su formación académica, es bióloga, licenciada en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard y cuenta con un doctorado honoris causa por la Universidad de Oslo, Noruega, por la Universidad de La Habana, Cuba, y por la misma UNAM.

Respaldo internacional

El miércoles 10 de abril, la Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó a México y aprobó una resolución de condena ante el violento asalto de policías de Ecuador a la embajada mexicana.

La OEA convocó a un sesión extraordinaria y acusó al Gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo.

La resolución del organismo internacional se llevó a cabo mediante una votación, con fallo de 29 votos a favor de la resolución y, solo uno en contra, el de Ecuador

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Respaldo regional

Esta semana la canciller mexicana pidió en una sesión extraordinaria ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) respaldo de los países de la región para la denuncia que presentará ante la Corte Internacional de La Haya y la carta que será enviada al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres.

En la reunión extraordinaria de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó el abuso y sometimiento del personal diplomático que “quedará plasmado para siempre en la historia”.

Además convocó a los Estados miembros del organismo regional a sumarse a la acción conjunta, con el objetivo de demostrarle a la comunidad internacional que los quebrantos al derecho internacional son inaceptables, pero sobre todo que tienen consecuencias.

“Acompañamos la propuesta de la presidencia ´pro tempore´ de Honduras, de convocar a una reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de gobierno, ya que esta acción requiere una voz firme y unida en defensa del derecho internacional y de las reglas más básicas de convivencia entre nuestros países», destacó la canciller Alicia Bárcena.

En su participación en la reunión extraordinaria, Alicia Bárcena, consignó que existe espacio para el titubeo y que estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen los países.
Refirió que el comportamiento desproporcionado del gobierno de Ecuador no de debe sentar precedente alguno, de igual forma destacó, que ha llegado el momento de ver una CELAC unida y defensora de las normas internacionales.

El origen del conflicto

Luego de las polémicas declaraciones ofrecidas el miércoles 3 de abril por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las que sugirió que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante el 2023, antes de las elecciones ganadas por Noboa, había influido en las intenciones de voto.

El gobierno ecuatoriano declaró el jueves 5 de abril, persona ´non grata´ a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, y le dio un “breve plazo” para que abandonara el país.

Cabe señalar que en plena campaña electoral, en el mes de agosto de 2023, Villavicencio fue asesinado a balazos a la salida de un mitin en Quito, Ecuador por un grupo de hombres armados.

El viernes, México publicó un comunicado en el que calificó como “desproporcionada” la respuesta ecuatoriana e informó que Roberto Canseco -jefe de la misión consular mexicana en Ecuador-, quedaría a cargo de la embajada y que continuaría “operando con normalidad”.

En el mismo comunicado afirmaba que “luego de un análisis exhaustivo” de la situación, el gobierno de México había decidido otorgar asilo político al ex vicepresidente Glas, quien se encontraba refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre del año pasado.

Luego de lo ocurrido en la embajada en Quito, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo que la concesión de asilo diplomático a Glas fue un “acto ilícito”.

Asalto a la embajada mexicana

En plena situación ríspida de la diplomacia entre los dos países, militares y policías de Ecuador comenzaron a rodear la embajada de México en Quito el viernes por la tarde.

El gobierno de López Obrador rechazó inmediatamente el incremento de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de su embajada y exigió a Ecuador respetar su soberanía y cumplir con sus obligaciones internacionales. Durante la noche, un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en las instalaciones y capturó a Glas.

“Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta”, informó el presidente de México en su cuenta en de la red social X (antes Twitter).
“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, añadió el Jefe del Ejecutivo.

El jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, Canseco, se hallaba en la embajada cuando policías ecuatorianos fuertemente armados intentaban trepar las paredes del recinto. En declaraciones a la prensa, dijo que se golpeó la cabeza contra el suelo y trató de impedir la entrada de agentes a la embajada.

“A riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así”, aseguró Canseco.
“Estoy muy preocupado porque puedan matarlo, dijo, refiriéndose al ex vicepresidente Jorge Glas. No hay ningún fundamento para hacer esto. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada”, añadió.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó ante la prensa luego de lo ocurrido que la decisión “fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia”.
Y agregó que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoria y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales”.

Quiebre de relaciones diplomáticas

El gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, decidió el viernes 5 de abril suspender relaciones diplomáticas con Ecuador, después de que un grupo de policías ecuatorianos treparan las paredes y vallas de la embajada mexicana en Quito, la capital de Ecuador para ingresar al recinto.

El operativo buscaba capturar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y, que se encontraba refugiado en la embajada mexicana desde diciembre.

“Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, aseguró su gobierno en un comunicado.

Se trata de un acontecimiento sin precedentes que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera de Ecuador, pero que el gobierno del presidente Daniel Noboa justifica asegurando que es en defensa de la soberanía nacional y para evitar intervención extranjera en los asuntos internos de su país.

Culminó con el allanamiento de autoridades de Ecuador a la embajada de México en Quito, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena ha jugado un rol preponderante para evitar un conflicto mayor.

Reacciones de apoyo

La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada despertó una reacción unánime de rechazo por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales. Varios mandatarios expresaron que se trata de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo.

El gobierno de Nicaragua rompió el sábado 6 de abril sus relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México ante los hechos que calificó como “insólitos y repudiables”.

Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras, escribió en su cuenta en X que el asalto a la embajada de México “con el objetivo de secuestrar” a Glas “constituye un acto intolerable para la comunidad internacional”.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las acciones del gobierno ecuatoriano, el mandatario posteó en la red social X:

“Se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se mostró “alarmado” por lo sucedido, según informó el sábado 6 de abril en un comunicado.
Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, dijo que: “Las violaciones de este principio ponen en peligro la prosecución de unas relaciones internacionales normales, que son fundamentales para el avance de la cooperación entre los Estados”.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Antes que actuar con debida diligencia, el gobierno de Campeche ha decidido seguir criminalizando a las y los elementos de la corporación que continúan en paro para pedir justicia para sus compañeras policías quienes fueron expuestas a violencias en un operativo fallido el cual se llevó a cabo en el penal de San Francisco Koben.

Las mujeres de la corporación en Campeche, denunciaron abusos durante el operativo fallido, afirmando que no recibieron el equipo necesario para ingresar al penal y que algunas fueron agredidas sexualmente mientras se desarrollaba el motín. Las uniformadas acusaron que los reclusos del Cereso San Francisco Kobén, las estaban esperando armados con piedras, palos e incluso machetes y vivieron violencia sexual durante el operativo.

La indignación ante el abuso a sus compañeras y la mala planificación del operativo, detonó un paro de la corporación policíaca, desencadenando una serie de demandas y protestas por parte de los agentes, quienes exigieron cambios significativos en sus condiciones laborales.

De tal forma, que 21 elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), han sido notificados por la Dirección de Asuntos Internos de esa dependencia, que se inició una carpeta de investigación en su contra, a pesar del amparo que los protege. Durante la tarde del lunes 8 de abril, se les entregó un citatorio para que acudan a una audiencia y respondan ante las acusaciones.

La operación limpieza, incluye a 6 elementos de la corporación, entre ellos una mujer, se les suspendió sus sueldos y fueron dados de baja, tras ser considerados los líderes del movimiento de protesta que inició a mediados de marzo, siendo denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por delitos como motín y sabotaje.

Los hechos

La situación en la entidad, apuntaba a una apuesta por el desgaste de policías que iniciaron protesta pacífica, tras las marchas en que se unieron los miembros de la corporación policíaca, así como sus familiares y, pobladores de la entidad para pedir justicia para sus compañeras policías abandonadas a su suerte en un operativo fallido en el penal de San Francisco Koben.

Las protestas tuvieron repercusión en los medios nacionales, luego de que miles de personas marcharan desde el malecón hasta el Palacio de Gobierno, para exigir la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, a quien acusaron de corrupción y negligencia al poner en riesgo la vida de 30 integrantes de la agrupación «Mujer Valiente».

Además de exigir mejores condiciones laborales, equipamiento adecuado, salarios justos y jornadas laborales razonables, las y los policías demandaron la destitución de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, en un principio.

Después, y ante el mal manejo de crisis, la situación habría escalado de tono para pedir la destitución de la gobernadora de la entidad, Layda Sansores. Posteriormente, hubo un acercamiento, para integrar una mesa de diálogo.

Resistencia pacífica

Los integrantes de la corporación, mantuvieron una resistencia pacífica, al continuar trabajando, pero también, con la exigencia de que se cumplieran sus peticiones; luego de que un juez de Distrito de Campeche les otorgó un amparo.

El documento protegía a los policías que se encuentran en protesta para impedir que fueran detenidos, suspendidos o sufrieran algún otro tipo de sanción incluyendo la suspensión del pago de sus salarios.

A mediados de la semana pasada, fueron informados de la suspensión provisional concedida por el juez de Distrito mediante el cual se ordenó, incluso, cesar todo acto de hostigamiento, represión o intimidación en contra de los sublevados.

Legisladores locales, precisaron que si alguna autoridad estatal o federal violaba el amparo concedido incurriría en faltas a la ley que podrían derivar en su destitución.

Los funcionarios, coincidieron en precisar que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, debió ser suspendida de sus funciones desde el momento mismo que se abrieron las investigaciones por el fallido operativo efectuado en el penal de San Francisco Koben.

Tras su responsabilidad por haber puesto en riesgo la vida de más de 280 elementos que fueron enviados a enfrentar un amotinamiento sin los equipos e implementos necesarios y poniendo al frente del contingente a mujeres policías.

Derechos en acción

Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, entregó un oficio a los policías inconformes, en días pasados, para que aceptaran reanudar las mesas de diálogo y llegar a una solución.

Según un trascendido, Ligia Rodríguez dijo que las investigaciones realizadas por este organismo autónomo, habrían determinado que sí existe responsabilidad de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, en el fallido operativo en el penal de Koben.

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, solicitó al gobierno de la entidad aplicar las medidas cautelares, las cuales se cumplieron de forma parcial, ya que la funcionaria no habría sido separada de su cargo, en tanto que, prosigan las investigaciones.

Lluvia de acusaciones

En aquel momento, la respuesta de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fue más a su propio ritmo, anunció la creación de una “nueva policía” que se integraría con los elementos que regresaran al servicio y abandonaran la protesta de sus compañeros y con los egresados de la Academia.

Asimismo, acusó al ex gobernador priísta Alejandro Moreno Cárdenas y el ex alcalde de Campeche por Movimiento Ciudadano, (MC) Eliseo Fernández, de estar detrás del paro que realizan más de 700 uniformados desde el pasado 16 de marzo.

La respuesta de la gobernadora escaló, luego de transmitir un mensaje en sus redes sociales, avisando que procedería contra nueve elementos policíacos que encabezan la rebelión de sus compañeros, a los que acusó de estar siendo manipulados por un partido político y un ex gobernador, quienes, aseguró tenían antecedentes de corrupción.

En su mensaje, Sansores habría sostenido su respuesta a los 21 puntos contenidos en el pliego petitorio de los sublevados, y le agregó cuatro propuestas más, por lo que no pueden alegar que no ha habido diálogo y que no está dispuesta a resolver sus planteamientos, dijo.

La semana pasada José Marquez, policía estatal de Campeche, habló sobre el mensaje de la gobernadora del estado, Layda Sansores y la destitución de policías. Afirmó que todos los mensajes de la gobernadora son amenazantes y aún con eso, ellos seguirán firmes y en la misma postura.

Y, así continúa la situación de la corporación policial del estado de Campeche, en donde solo queda apostar por la resistencia, porque, aún no se ven señales claras de que resarzan el daño a las mujeres policías.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Personas al frente de la «La Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990», encargados de elaborar un informe que permita saber qué pasó con las personas desaparecidas durante ese tiempo, han denunciado que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) ha ejercido «una franca obstrucción» para entrar a sus archivos.

La Sedena les ha reiterado que ya no obtendrán más información. El plazo para que La Comisión de la Verdad entregue su informe al gobierno de México, vence en septiembre de 2024.

«En un principio la Sedena mostró una disposición inicial al colaborar pasivamente, nos dejó entrar en los archivos, pero en la medida en que fuimos avanzando en nuestra investigación esa colaboración pasiva se convirtió en franca obstrucción», señaló el Comisionado David Fernández.

Y, es que, aunque en un principio la Sedena mostró disposición para colaborar con los trabajos de La Comisión de Verdad, fue pasando por varios estadios, y a medida que se fue avanzando en la investigación, los elementos castrenses cambiaron de opinión.

El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y, si alguno de los integrantes del Ejército no entrega la documentación consignada en el Decreto Presidencial derivan en un acto de franca desobediencia ante un mandato del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, no hace sentido ya que es bien sabido que las fuerzas castrenses son expertas en seguir una cadena de mando y, en mantener la lealtad ante sus superiores.

«En nuestra opinión el Ejército estaba desacatando el Decreto Presidencial, las órdenes del Comandante Supremo y, también, quebrantando los Acuerdos que habíamos firmado», puntualizó.

Toda vez que los canales establecidos para recopilar la información no dieron frutos, debido a los escasos archivos que les fueron proporcionados y, a la información testada, decidieron retirar a sus investigadores y, acudir a una nueva instancia.

Para lograr el acceso a la información que la Sedena, no estuvo en disposición de compartir, acudieron a los requerimientos de transparencia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Mediante el mecanismo de solicitud de información, interpusieron alrededor de 150 solicitudes y, en específico, el tema de los: «vuelos de la muerte», el Ejército solo les entregó una tercera parte de la información y, testada -por lo cual no era legible-, es decir, estaba incompleta.

Ante los hechos, el también sociólogo, David Fernández, detalló que existen diversas formas de llegar a la verdad y, que no todas, tendrían que pasar necesariamente por los archivos de la Sedena, dijo:

«Las personas comisionadas haremos nuestro informe, hay otras fuentes de verdad, de las víctimas que hemos entrevistado, de un millar de víctimas que nos han dado elementos para hacer un retrato de lo que ha ocurrido».

«No vamos a decepcionar al pueblo de México con el engargo que nos ha confiado», puntualizó.

Resabios de resistencia

Con las declaraciones vertidas en contra de la Sedena, se establece que hoy estaría incumpliendo el derecho a la obtención de la verdad, al transgredir normas internacionales, el decreto que emitió el presidente de la República debido al cual se creó la Comisión de la Verdad y Justicia, además incumple la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Baste recordar que el mecanismo para el esclarecimiento de la verdad de los hechos acontecidos durante la llamada «Guerra Sucia»implementada y ejecutada por el Estado Mexicano durante el siglo pasado, se activó en el presente sexenio mediante decreto presidencial.

De esta forma, en el 2021 se creó mediante decreto presidencial la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, con el objetivo de llevar a cabo una investigación y, presentar, resultados finales en septiembre del 2024.

Ya en octubre del 2021, el gobierno federal habría informado a la opinión pública que Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart formarían parte de dicha Comisión de la Verdad.

Durante el arranque de los trabajos de investigación, el Comisionado y ex rector del Sistema Universitario Jesuita, David Fernández Dávalos, expresó:

“La Comisión para la Verdad y la Justicia es un proyecto histórico con alcances fundacionales. Pretende voltear al pasado, para esclarecer lo ocurrido durante la Guerra Sucia, como al futuro. Así, investigaremos y expondremos graves violaciones con miras a establecer una nueva cultura de derechos humanos”.

“La Comisión es interlocutora para la sociedad en general y, en particular, para las víctimas y sobrevivientes».

«A partir del mandato establecido en el decreto presidencial que la creó, las y los comisionados estamos dando prioridad a atrocidades individuales y no tanto a injusticias sistémicas. Por eso nos enfocaremos en las víctimas y en los autores de los crímenes”, disertó.

Lealtad a la memoria

Entre las múltiples definiciones que existen acerca del proceso cognitivo de la memoria, una de ellas podría ser: la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales.

Sin embargo, para los familiares de los desaparecidos, la memoria es algo que va más allá, la memoria significa una conexión íntima con sus seres amadas y amados.

El Comisionado, David Fernández, habría señalado con anterioridad, que, por encima de la elaboración de un informe, el trabajo de la Comisión de la Verdad consistiría en contribuir al proceso de asimilación de la verdad, para lo que comenzarían por escuchar a víctimas, responsables, actores sociales, sobrevivientes del conflicto de la Guerra Sucia:

“La comisión tiene que generar una verdad incluyente, que no solo dé cuenta de las atrocidades cometidas, sino que también ayude a explicar el conflicto y los factores de persistencia”, expresó.

De acuerdo con Lucía Lagunes Huerta, periodista, la Comisión de la Verdad en la llamada Guerra Sucia en México, reconoce la trascendencia de hacer una investigación poniendo en el centro los derechos humanos de las mujeres para reconstruir este periodo histórico y las graves violaciones de derechos humanos en este periodo de represión política y policiaca que terminará mandato este 2024.La represión del Estado Mexicano ocurrido entre 1965 1990, en cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos se infligió de manera distinta entre mujeres y hombres, haciendo de la violencia en contra de las mujeres un instrumento de control político que no terminó en los años 90 sino que se mantiene hasta el día de hoy.

Entre las atrocidades que ha identificado hasta ahora la comisión se encuentra; por ejemplo, la violencia obstétrica, es decir, mujeres que abortaron o quedaron incapacitadas para gestar debido a la tortura a la cual fueron sometidas.

Entre las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en esta época está la violencia sexual y la tortura sexual, así como la reclusión clandestina probablemente por ser hija, hermana, compañera, madre de un hombre que el Estado Mexicano identificó como enemigo.

El libro Guerrilleras, sobre la participación de las mujeres en la lucha armada durante el periodo conocido como guerra sucia, dedica uno de sus capítulos a las 43 mujeres que fueron detenidas-desaparecidas entre 1971 y 1983.

De acuerdo con la información obtenida de los expedientes oficiales, 18 casos corresponden a la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC-23), seis del Partido de los Pobres (PDLP); dos más eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), una del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), y una más de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).

También se registraron dos casos de mujeres que no se especificaba a qué movimiento pertenecieron, y 10 mujeres que fueron detenidas aunque no fueran guerrilleras o no tuvieran militancia política.

Tejiendo la memoria

Durante la transmisión del webinar «los vuelos de la muerte, una reconstrucción audiovisual», realizada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) participaron, la familia de la activista desaparecida en la época de la guerra sucia, Alicia Ríos Merino, David Fernández y Alan García.

César Contreras León, del Prodh, dijo que «los vuelos de la muerte fueron una operación secreta coordinada de manera sistemática, que desde el Estado mexicano, desde el Ejército Mexicano, en particular se dio. Y, lo que se relata en el video es una reconstrucción a partir de información que desafortunadamente permaneció oculta mucho tiempo».

Alicia de los Ríos, hija de nombre homónimo a su mamá, es una activista comprometida que junto con su familia han luchado incesablemente por dar con el paradero de su mamá.

En la plática del Prod, estuvieron presentes sus tías Irene e Irma, quienes dieron fiel testimonio de lo que significa buscar durante tanto tiempo a un familiar. Además del sentimiento que produce, el ir viendo como, poco a poco, otros familiares que también realizaron activismo como su hermana Martha, se les van adelantando en el camino.

El video de los vuelos de la muerte, sintetiza de manera documentada y en tercera dimensión, el escenario más probable, del destino que habría tenido Alicia de los Ríos, la activista desaparecida hace 47 años.

Durante la charla, la hija de la activista desaparecida, compartió con la audiencia que de los 46 años de lucha por saber el paradero de su madre, «estos 14 minutos de duración del video, sintetizan el valor de nuestra búsqueda».

Actualmente, tiene dos amparos presentados en contra del Centro Nacional de Inteligencia y, de la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de la omisión de entregar los archivos plenamente al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.

La fecha límite de la entrega de resultados de la Comisión de la Verdad está a la vuelta de la esquina, César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, A.C., Prodh, brindó un reconocimiento a la labor de los comisionados ya que el mecanismo de esclarecimiento histórico tiene un trabajo a contrarreloj, dijo:

“Tanto los perpetradores, como las víctimas y sus familiares, están muriendo. En ese sentido, nos debería de despertar un sentido de urgencia esta labor tan encomiable».

David Fernández, abundó en los múltiples esfuerzos que se han dado por llegar a los archivos que permitan el esclarecimiento del caso, y a pesar de algunos testimonios y, de una muy pequeña porción de datos que les han facilitado, resulta clave tener acceso a los archivos para conocer su contenido.

Referente al impacto de los avances obtenidos por la Comisión de La Verdad, el Comisionado, reflexionó,

«A pesar de que tenemos una parte de los archivos de la investigación de manos del propio ejército sobre los hechos, esto no nos llevó al financiamiento de responsabilidades, ni a juicio, ni a castigo de los responsables».

«Hay que decirlo, seguimos ignorando el nombre de las víctimas, el número de las mismas y, quiénes fueron los responsables», habiendo sido, precisamente, este el propósito fundacional de la Comisión de La Verdad.

Por su parte, Alan García, quien es parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, resaltó el papel de las víctimas sobrevivientes familiares tal y como lo hemos escuchado en voz de Irma Irene y Alicia en la reivindicación de la justicia, la búsqueda de la verdad, la exigencia de localizar a las personas desaparecidas».

«La construcción de memorias y la adopción de cambios que aseguren que hechos similares no se repitan, pero que tampoco se perpetúen a lo largo del tiempo», asentó.

Asimismo, compartió que desde las oficinas en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, confió en que este tipo de material audiovisual, abona al esclarecimiento, pero también da a conocer los hechos, pero sobretodo, ayuda a no olvidar, ayuda a hacer consciencia y memoria. Abundó en que la memoria, ha sido catalogada por los organismos internacionales como el quinto pilar de la justicia, de transición en democracia.

«El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación en México, una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, a los artículos 5 y 137, que, reconoce el derecho de las víctimas y, el derecho a la conservación de su memoria», compartió con la audiencia.

El pasado martes 2 de abril de 2024, La Secretaría de Gobernación, SEGOB, publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el decreto a los artículos 5, fracción II y 137, primer párrafo de la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, la relevancia del caso deriva, de que, en ambos apartados, se agregó la palabra: Memoria.

Artículo 5. Fracción II. Debida diligencia: todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos.

En toda investigación y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en esta Ley, las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo.

Artículo 137. Las víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, memoria, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes.

Alan García, realizó un exhorto:

«Yo me sumo a que se abran los archivos, desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México reiteramos, el llamado para que las autoridades militares abran estos archivos indispensables para el esclarecimiento de la verdad. Y, a partir de esa apertura se pueda emprender un vuelo, un vuelo distinto».

«Un vuelo distinto, como aquel al que nos ha invitado la familia la familia de Alicia de los Ríos, un vuelo que, como decían ellas, con alegría y sin dolor los conduzca hacia la justicia, la verdad, el reencuentro, la restitución digna y la resignificación de todas las víctimas», compartió.

Sin memoria histórica no se puede alcanzar la justicia para los familiares de los desaparecidos durante la llamada guerra sucia, del siglo pasado.

Eso, es lo único que piden los familiares de los desaparecidos y la sociedad en su conjunto: reivindicación, memoria y, acceso a la información para llegar al esclarecimiento de la verdad.

Para dejar de ser un país, en dónde no se habla acerca de la verdad de frente y, en donde la simulación sienta sus reales.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- El jueves 28 de marzo, el caso del feminicidio de la niña Camila, de 8 años en la ciudad de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, conmocionó al país, no obstante nadie abarca el otro caso de feminicidio que también se presenció en el hecho, fue el de Ana Rosa N, quien fue linchada por una turba enardecida a quien, sin juicio alguno, ni seguimiento del debido proceso de una investigación que determinara su culpabilidad.

Ana Rosa “N”, la mujer acusada del asesinato de Camila murió tras ser presentada ante el Ministerio Público de Taxco, es decir, después de ser severamente golpeada, no fue trasladada por las autoridades a un hospital para atender sus heridas.

El cuerpo de la mujer víctima del segundo feminicidio acontecido en Taxco durante la semana santa, continúa en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, Guerrero. Autoridades gubernamentales han dado a conocer que los familiares de ésta, no han querido recoger el cadáver del Semefo a pesar de que de manera legal ya pueden hacerlo, debido al riesgo que implicaría regresarla a Taxco.

El pasado lunes 1 de abril, la Fiscalía de Guerrero mencionó que las personas que participaron en el linchamiento de Ana Rosa no era familiares de la víctima. Agregaron que se abrió una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables por el homicidio de la mujer.

Y es que, independientemente de la culpabilidad que pudiera recaer en la presunta culpable del feminicidio de Camila, Ana Rosa “N”, hay una óptica que nos impide ver que estamos ante el caso de un segundo feminicidio, porque si bien, pudiera haber sido parte del grupo de personas responsables del feminicidio de la niña Camila, esa era una cuestión que le tocaba al Estado mexicano juzgar y definir.

Y no como ocurrió que ante la inacción o falta de capacidad para coordinarse en los tres niveles policíacos, siendo éstas las municipales, las estatales y las federales, la historia final de Ana Rosa la definió una población que ante el hartazgo por la impunidad y la creciente violencia que los grupos criminales mantienen en la entidad, decidieron –sin juicio previo- poner punto final a la vida de la presunta delincuente.

Conforme la información presentada en el Informe Especial sobre Linchamientos en el Territorio Nacional, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los linchamientos han presentado una tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%; mientras que el 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos.

En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018. Si bien el estudio que hoy se presenta comprendió hasta 2018, los datos que se registran en 2019 confirman estas tendencias, ya que en los poco menos de 5 meses que han transcurrido, se han registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, cifras que son relevantes, si consideramos que en 2018 se contabilizaron 174 casos, con 271 víctimas.

Ana fue víctima de feminicidio y así lo confirma el Artículo 325 del Código penal quien menciona que «comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  • II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  • III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 
  • IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 
  • V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
  • VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 
  • VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Ana, al menos tiene una de estas consideraciones, por tanto, su caso es un feminicidio.

Los linchamientos son actos ilícitos, que debilitan las instituciones democráticas, violentan derechos humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma. Al ser actos contrarios a las normas, las autoridades deberían actuar para prevenir e investigar diligentemente los casos que se presenten, aplicando las consecuencias que en derecho procedan a los responsables de los mismos. Sin embargo, la realidad nos arroja otros datos, conforme a los cuales es un fenómeno que lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida, que frecuentemente pareciera querer ser ignorado, y del cual no existen registros específicos y detallados.

CNDH

Las hijas de Ana

Y como siempre ocurre, en los asuntos relacionados con las mujeres, no se ha proporcionado mayor información acerca de las hijas de Ana Rosa.

De los trascendidos, se desprende que, mientras que a la hija menor de Ana, la que fuera amiga de Cami, la abuela materna la resguardó y pudo apartarla de la turba enardecida y, se presume que ahora la menor está bajo su resguardo.

Posteriormente, apareció en la plataforma Threads, una joven llamada Ivanna que se identifica como hija de Ana Rosa, condenando el hecho violento que acabó con la vida de su madre, su mensaje fue:

“No fue una, fueron dos, la tonta gente sin estar informada actuó violentamente, fue un feminicidio y exijo que se haga justicia”, escribió Ivanna.

En su mensaje, Ivanna expresó su indignación por el linchamiento al que se unieron los pobladores de Taxco, calificando el acto como un feminicidio, exigió disculpas y una compensación por los daños causados a su familia.

Además, enfatizó que, aunque la compensación económica no pueda reparar la pérdida de sus seres queridos, espera que se haga justicia y que los responsables pidan disculpas por lo sucedido.

¿Quién es Ana Rosa “N”?

Es una mujer a la que también le tocó ser viuda en el 2019, estuvo casada con un hombre que se presume pertenecía a la delincuencia organizada. Fue ultimado a balazos durante un enfrentamiento, dejándola viuda con cuatro hijos.

En la actualidad, se dice que su actual pareja, sería, José Ricardo “N”, taxista, quién también fue golpeado durante el proceso de linchamiento, él si fue llevado ante las autoridades y, ya ha sido vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado, y enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso), en Iguala Guerrero.

El destino para sus hijos, después de ser arrastrados por la turba enardecida y golpeados, fue la detención, para Axel Alejandro “N”, fue ser vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado. En tanto que, para Juan Alfredo “N”, al ser menor de edad, se le decretó otra medida cautelar.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, dijo que ambos jóvenes fueron aprehendidos tras ser dados de alta del hospital una vez que estuvo fuera de peligro su vida.

Ana fue captada en video cargando una bolsa de plástico negra, en donde, se presume llevaba los restos de Camila y se encerró en su domicilio, al que se dice, acudieron Elementos de la Fiscalía de Guerrero, pero al no recibir respuesta, se retiraron del domicilio para obtener la orden de un juez.

En ese tiempo de espera, se sabe que la indignación de la población de Taxco fue creciendo. Entonces, los pobladores, porque en su mayoría fueron hombres quienes lincharon a Ana, entraron a su domicilio y sacaron a golpes a la presunta asesina de Camila, Ana Rosa “N” y a sus dos hijos. El resto es historia.

Sororidad

El movimiento feminista de Guerrero, emitió un posicionamiento de condena, ante los hechos de violencia del pasado 28 de marzo, en Taxco de Alarcón, por el feminicidio de la niña Camila y se deslindó del feminicidio de Ana “N”, ejecutado: “por personas desconocidas que incitaron al linchamiento hace 23 horas», señalaron.

La sororidad y acompañamiento del movimiento feminista se hizo presente en una larga cascada de firmas, en un documento que emitieron para presentar su postura ante los hechos de violencia acontecidos en Taxco. En sus demandas, resaltaron:

«Exigimos a las autoridades estatales realicen una investigación apegada a derecho y se garantice el acceso a la justicia para Camila y sus familiares, así como para los menores hijos de Ana ´N´, garantizando el debido proceso, la adopción de medidas de reparación integral del daño y de no repetición, desde una perspectiva de género y de derechos humanos».

Las activistas exigieron a las autoridades una investigación apegada a derecho con perspectiva de género y que se aplique todo el peso de la ley. Así, como la aplicación de los protocolos de actuación en materia de desaparición forzada de niñas y mujeres y, en materia de investigación por delito de feminicidio y, la actuación inmediata de las autoridades.

Señalaron que, cada año, los homicidios de mujeres rebasan los 120, y los feminicidios se incrementaron en un 33 por ciento durante el 2023. Además, que en el estado de Guerrero la cifra aumentó a 139 homicidios dolosos de mujeres y 16 feminicidios.

En el documento se expresaron activistas y defensoras de los Derechos Humanos de 70 organizaciones de Guerrero y de 11 entidades del país, exigiendo la ampliación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres al municipio Taxco de Alarcón ante estos hechos.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Desde la iniciativa ciudadana lograron la reconstrucción visual del programa que utilizaron los militares durante el periodo conocido, como «guerra sucia», el siglo pasado, a través de los cuales desaparecieron a un número no identificado de activistas, entre estos vuelos, se infiere, estuvo Alicia de los Ríos Merino.

La importancia de esta recreación y del trabajo conjunto realizado por las organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas, así como, algunos funcionarios comprometidos con el esclarecimiento, es el dar a conocer estas historias que estaban destinadas al olvido, romper con los mitos y con los trascendidos, sirve para enfrentar a la verdad.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) logró esta reconstrucción visual lo que permite documentar prácticas violentas, donde integrantes del Ejército, inicialmente bajo órdenes y la participación directa de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, transportaban a la base aérea militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, a personas consideradas como disidentes políticas; las ejecutaban arbitrariamente y realizaban vuelos nocturnos para arrojar sus cuerpos al mar, desapareciendo así todo rastro de ellas.

Hoy, por primera vez se reconstruyen visualmente los vuelos de la muerte, tratándose de un esfuerzo por obtener una construcción visual de uno de los programas clandestinos de la época llamada “Guerra Sucia” con base en una investigación militar, esfuerzos periodísticos y herramientas de investigación visual y así lograr esta pieza que ha sido un trabajo conjunto.

Este proyecto que permite reconstruir visualmente los vuelos de la muerte, utiliza nuevas tecnologías de investigación visual, por primera vez, y entender cómo se desarrollaba uno de los programas más violentos de la llamada «guerra sucia».

César Contreras León, del Prodh, dijo que «los vuelos de la muerte fue una operación secreta coordinada de manera sistemática, que desde el Estado mexicano, desde el Ejército Mexicano, en particular se dio. Y, lo que se relata en el video es una reconstrucción a partir de información que desafortunadamente permaneció oculta mucho tiempo».

La oficina de Investigaciones Visuales, SITU Research de Nueva York y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) desarrollaron este proyecto, que ha servido para que se perfile una hipótesis respecto a lo sucedido, tanto con la desaparecida Alicia de los Ríos, un caso emblemático y lo que pudo haber sucedido a más personas desaparecidos en la época de la contrainsurgencia.

Uno de los participantes fue Evan Grotchen de la oficina de Investigaciones Visuales, ´SITU Research´ de Nueva York, explicó como se construyó visualmente el video, realizado con rigor técnico y con base en la investigación minuciosa, «se trata del poder de las imágenes», resaltó.

Grotchen, tiene siete años de experiencia como periodista visual en el periódico The New York Times, y el trabajo que ahora realiza en el ´SITU Research´ de Nueva York, le apasiona el poder de las imágenes, y el poder de aplicar metódos visuales de evidencia forense, tanto en los campos del derecho, el periodismo y el activismo.


Alicia de los Ríos, activista desaparecida en los vuelos de la muerte

Al seguir el rastro de Alicia de los Ríos -una joven militante desaparecida forzadamente en 1978-, permitió acercarse a una muestra de las distintas fases de la práctica, desde el traslado de las víctimas a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, el lugar de detención y la práctica de ejecuciones arbitrarias, y hasta los vuelos, los cuales se visualizan por medio de un modelo en 3D del avión que se usaba, destaca el Centro Prodh.

Alicia de los Ríos Merino, era originaria de San José Bachíniva, Chihuahua; militaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre. Fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y fue vista por última vez ese mismo año en una base militar en Guerrero… ahí se pierde su rastro.

La activista Martha de los Ríos Merino, tía de la Alicia, falleció hace doce años, un 27 de marzo del 2012. Ella buscó incansablemente a Alicia durante cuarenta años, hasta su fallecimiento, ella fundó el Comité de Madres de Personas Desaparecidas de Chihuahua.

Por su parte, Alicia de los Ríos hija, agradeció al Centro Prodh por brindarles ese acompañamiento legal, «tan respetuoso, cálido, solidario y arriesgado también. Por supuesto, agradecer a Situ, esta oficina de arquitectura no convencional en Nueva York, que tuvo oídos tan empáticos, que tuvo una visión sobre la investigación».

La transmisión, por parte de Alicia de los Ríos y de sus tías Irma e Irene, se llevó a cabo desde la casa materna, «estamos desde esta casa, que es la última que ella habitó, donde ella habló el 5 de enero de 1978 y, dijo, ´búsquenme, me van a detener´. Y bueno, nosotras no hemos fallado a esa petición que hizo Alicia ese día fatídico para la familia. La hemos seguido buscando», compartió su hija de nombre homónimo, Alicia de los Ríos.

Por tanto, la hija de Alicia de los Ríos, destacó que de los 46 años en búsqueda, estos 14 minutos de duración del video, sintetizan el valor de su búsqueda, una búsqueda sin descanso, que ha mantenido toda su familia. Así dio paso a la intervención de sus tías.

La tía de Alicia y hermana de la activista desparecida, Irene de los Ríos Merino, compartió, «queremos agradecer profundamente ese apoyo incondicional a la lucha, mi mamá primeramente fue la que luchó por su hija, se nos fue, y siguió Martha mi hermana; y, finalmente ahora su hija, es la que ahora anda buscando a su mamá. Queremos agradecer a todos los que nos han ayudado a saber del paradero».

Posteriormente, la tía Irene, dijo que a ella «le tocó cuidar a Alicia desde los 3 años. Nosotros tenemos muchas esperanzas, ha habido muchos momentos en que se nos abrían las esperanzas, pero luego, de repente se nos cerraban».

«Desde que detuvieron a Alicia, mi papá tuvo muchas esperanzas, después mi mamá y Martha estaban en la lucha, pero en este sexenio era importantísimo, y es importante, que la Sedena se dé cuenta que es muy importante para nosotros el esclarecimiento de la verdad», sostuvo.

Compartió: «es un dolor muy fuerte, que siempre vamos a llevar hasta nuestra terminación de la vida. Es un dolor, que le falta un pedazo a nuestro corazón y que nunca nunca se va a llenar. Esperemos que las generaciones de nuestra familia que vienen se den cuenta que es importante, que aprendan que se puede luchar y que se puede obtener algo en nuestro país con ese dolor».

Se hizo mención que Alicia de los Ríos, tiene dos amparos presentados en contra del Centro Nacional de Inteligencia y, de la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de la omisión de entregar los archivos plenamente al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.

La «guerra sucia», detonante de la participación política de las mujeres

Texto de: Sofía Martínez

La represión política padecida durante los años de la «guerra sucia» fue un importante detonador de la participación femenina en el escenario sociopolítico. Este fenómeno colocó a la mujer/madre en el papel de sujeto colectivo y activo tanto en México como en América Latina.

Los roles tradicionales de la mujer, esposas, madres y amas de casa se vieron trastocados en los últimos 25 años. Como consecuencia de la represión y desaparición de hijas e hijos, las mujeres se movilizaron y organizaron, desempeñaron actividades y entablaron relaciones políticas basadas en las demandas vinculadas a su papel tradicional de productora, reproductora y administradora de lo doméstico-familiar.

En la tesis doctoral «Los Mitos de la Maternidad: el Caso de las Madres de los Desaparecidos», Elizabeth Jean Maier Hirsh, asegura que esta expresión social latinoamericana se distingue del movimiento feminista, cuya diferencia estriba en los objetivos y demandas.

Para la investigadora el actuar de las madres de los desaparecidos sugiere un acontecimiento social contradictorio y representa un fenómeno de protagonismo femenino, cimentado en el eje de la identidad genérica tradicional: la maternidad. Es decir, olvidaron su rol de amas de casa y salieron a las calles a reclamar a sus hijos arrebatados.

En su tesis, la autora explora los significados simbólico-culturales y concreto-cotidianos de la desaparición sociopolítica de las madres.

Los agrupamientos de las madres de las y los desaparecidos se crearon en forma espontánea. La ausencia repentina de la hija o del hijo y el absoluto silencio oficial, los pasos comunes por encontrarlos terminaron por juntarlas y unir su búsqueda a través de la creación de nuevas colectividades protagónicas de la lucha contra la represión y el autoritarismo estatales.

Estas organizaciones maternas emergieron también como la piedra angular de los movimientos en defensa de los derechos humanos, así como del paradigma basado en los principios de la dignidad de la vida, del respeto y defensa de las diferencias humanas.

Debido a la histórica subordinación de la mujer, (educada para obedecer y callar), los regímenes autoritarios solo consideraron una respuesta femenina a su ejercicio de brutalidad: el silencio y el sufrimiento abnegado.

Locas, las llamaron en Argentina, pero «no existe historia de la locura que no sea a la vez historia de la razón».

En México, el primer comité de familiares contra la represión política se fundó en Monterrey en 1977 y tendría como objetivo la defensa y la lucha por la libertad de los presos políticos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos.

Hoy, este grupo se llama Comité Eureka (que significa: he hallado, he encontrado) y su trabajo fue más allá de la documentación de la represión y búsqueda incansable de sus vástagos. Ellas asumieron el quehacer político que sus hijos no pudieron seguir. Y así entre casa y Comité, emprendieron un camino de transformación individual y social.

Este estudio incluye historias de vida que entretejen la historia y cuyas expresiones atestiguan la manera en que el recuerdo y el olvido moldean las prácticas sociales con que están asociadas.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- La coalición ecofeminista «Todas X el Agua», en el municipio de Ecatepec, en el estado de México, son una colectiva que busca visibilizar los impactos que tiene la escasez del agua en Ecatepec en la vida de las mujeres y disidencias y son ellas mismas quienes a través de su causa fueron víctimas de una agresión policial.

Los hechos acontecieron el pasado 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, la colectiva realizó una acción performática proyectando frases sobre el edificio Mmunicipal de Ecatepec de Morelos, estado de México para visibilizar la escasez del agua que vivimos las personas habitantes en el municipio y al finalizar:

«Policías y funcionarios públicos del municipio nos intimidaron, encapsularon, golpearon e intentaron detenernos alrededor de las 9 de la noche. Ante esa represión policial que vivimos decidimos manifestar nuestro derecho al agua y lanzamos nuestro primer boletín de prensa», señaló.

«Por eso, dijimos, es importante hacer una coalición que se llame Todas X El Agua, porque todas somos sujetos de derecho, por supuesto. Además, las disidencias, creemos que es importante que se visibilice el problema, pero, desde una perspectiva de género, interseccional», señaló Fernanda.

A nivel mundial, un total de mil 800 millones de personas viven en sus casas sin instalación de agua. Esta situación afecta principalmente a mujeres y niñas mayores de 15 años, quienes son las encargadas de recoger agua en siete de cada 10 hogares, frente a tres de cada 10 domicilios en el caso de los hombres: así lo dio a conocer el informe Progresos en relación con el agua potable, el saneamiento y la higiene (ASH) 2000-2022, realizado en conjunto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Esta problemática es una realidad en muchos países, la cual está impidiendo que las niñas y mujeres alcancen su potencial y además compromete su bienestar. 

En la actualidad, en torno a dos mil 200 millones de personas, una de cada cuatro todavía carece de servicios de agua potable gestionados sin riesgos en el hogar. Mientras que, al hablar de tres mil 400 millones de personas, dos de cada cinco no tienen acceso a servicios de saneamiento gestionados sin riesgos. En torno a dos millones de personas, una de cada cuatro no puede lavarse las manos con agua y jabón en el hogar.

Esta serie de afectaciones lleva a que las mujeres limiten sus posibilidades de finalizar su educación o encontrar un empleo, siendo relegadas al hogar y a la recolección de agua, vulnerando así sus derechos.

La sobrecarga de trabajo de cuidados para las mujeres que supone la falta o escasez del agua en el estado de México, municipio de Ecatepec, ha traído consigo la conformación de una reciente coalición de colectivas que luchan por visibilizar que la pobre distribución del vital líquido ha traído consecuencias funestas para las mujeres en esa demarcación.

«Decidimos sumar esfuerzos ya que la afectación ante el desabasto y escasez del agua es un tema muy importante en nuestro municipio», señaló Fernanda quien explica que la coalición se integra por los grupos de, Las Sabinas que trabajan en Naucalpan y en Ecatepec y, el Banco que trabaja en San Agustín.

Cuando se reunieron para el performance se percataron que las experiencias, tanto de ellas en primera persona, como de otras mujeres, «es muy dura». Y que precisamente son las mujeres, las que están siendo las más afectadas por este fenómeno que está ocurriendo en su comunidad.

Ya desde la reciente pandemia, se habían percatado que la falta de agua conjuntada con la sobrecarga del trabajo de cuidados para las mujeres, suponía un sobre esfuerzo y cansancio extremo para las mujeres, sumado a su larga lista de labores, el tener que organizar la entrega de agua por parte de las pipas, el desvelarse teniendo que esperar el famoso goteo para ver si podían llenar un poco su cisterna y no descuidar a familiares.

Ecatepec enfrenta cuatro problemáticas que no se han podido resolver con el paso de los años:

  1. Brindarle mantenimiento a la infraestructura, ya que han pasado más de 40 años sin cumplir con este deber.
  2. Es sabido que el Sistema Cutzamala, muestra desabasto debido a la sequía y al cambio climático.
  3. El huachicoleo del agua, en el que, ante la escasez del vital líquido surgieron intermediarios a partir del 2019, ante dicha situación, los sobreprecios que se pagan por el agua resultan onerosos para las familias.
  4. Existe también un, cuarto factor disruptivo en la crisis hídrica del municipio de Ecatepec, ya que aunque recientemente se perforaron 5 pozos de agua, los resultados de ese esfuerzo, no se han visto reflejados en población, al menos, eso es lo que refieren las activistas. Que la misma gente no se explica el porque de esta acción que no rendido frutos visibles en la comunidad.

La vía de las mujeres

Ellas desde su causa, han decidido realizar un círculo de mujeres para recabar toda la información de lo que pasa con las mujeres de la entidad en esta sobrecarga de responsabilidades y, de afectación directa a la canasta básica de sus familias, ya que se ha llegado a un punto en el que tienen que decidir si cubrir el gasto alimentario o pagar por el vital líquido.

De La Coalición surgida apenas hace un mes se redactará un manifiesto político para hacer patente las necesidades de su municipio. Y otra labor que realizarán es la de enseñarle a la comunidad sistemas ecotecnológicos que les permitan almacenar el agua de lluvia, así, como eficientar el uso del agua.

Entre otras acciones que realizarán también estan las de gestión, de inicio ya han levantado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del estado de México, pero también, interpondrán un amparo para proteger su derecho humano a la protesta.

Son precisamente las mujeres quienes tienen que desvelarse no solo para esperar el agua, sino para cuidar a sus vecinas, porque el estar despiertas y solas en la calle a altas horas de la noche, incide en su vulnerabilidad, además de su salud.

«Las organizaciones surgen porque para que te surtan agua gratuita tiene que haber una agrupación vecinal que se ponga de acuerdo para gestionar la entrega de agua, o sea, para que tú tengas agua tienes que entrarle a una agrupación vecinal e imagínate el tiempo que lleva todo ese proceso», razonó.

«El agua nos llega directamente del Ayuntamiento pero solo pueden conseguirla en algunos polígonos del sector mediante estas agrupaciones. Sin embargo, para las menos afortunadas, conseguir el recurso del agua significa pagarlo a precios exhorbitantes», reveló.

El servicio de agua que se paga vía los impuestos es de un costo aproximado de 2 mil pesos al año, pero hay regiones del estado de México, como el municipio de Tlalnepantla en donde se pagan 3 mil pesos bimestrales, es una asimetría discordante.

Un cálculo aproximado para una familia de cuatro personas, es llenar 2 veces la cisterna a la semana, lo que se traduce en un gasto de hasta cuatro mil pesos, ya que el precio de cada pipa, es de mil pesos aproximadamente. Y, es un recurso indispensable.

Como bien explica Fernanda, en algunas regiones del municipio de Ecatepec el agua no les llega y, sin la capacidad de organización para pedir las pipas, tienen que pagar el agua a a sobreprecios, ya que para un presupuesto de una familia de clase media, son gastos que quebrantan la economía de las mujeres.

Ante las problemáticas multifactoriales, La Coalición Todas X El Agua, tomó la determinación de centrarse en las causas de las mujeres para visibilizar una problemática dura y riesgosa que es la que les está tocando vivir.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- La organización Data Cívica ubicó 10 mil 953 nombres de personas desaparecidas quienes fueron borrados entre la versión más actualizada de la base de datos nacional y la de 2017, así lo informó en “Volver a desaparecer”, luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un nuevo censo en la materia, donde se presentaron irregularidades que alteraron la cifras, pues los casos se repetían, muchos fueron eliminados y otros tenían errores en sus datos.

En la primera quincena de marzo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, dijo en conferencia matutina desde Palacio Nacional junto a López Obrador que en México hay 99 mil 729 desaparecidos.

Data Cívica presentó una nueva plataforma digital que denominó Volver a Desaparecer, donde es posible rastrear lo que pasó con los nombres de las personas desaparecidas entre las versiones del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2017, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de 2023 y la más actual censo lanzado a finales de 2023, la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

El objetivo del informe era identificar a aquellas víctimas que no aparecen en el nuevo listado del gobierno federal, “para contrastar que no hayan sido desaparecidas y desaparecidos dos veces”, pues varias familias denunciaron que los casos de sus seres queridos fueron borrados del censo.

La cifra es resultado de la resta que hicieron las de más de 20 mil casos, bajo el argumento de que, según sus registros, alrededor de 5 mil 576 víctimas ya habían sido localizadas y su registro había sido formalizado, mientras que otras 15 mil 158 presuntamente habían sido encontrados, pero no tenían un registro formal. Pero la funcionaria federal no detalló a qué se refería específicamente con los 20 mil casos que se restaron al total de registros de desaparecidos.

Mediante la plataforma Volver a Desaparecer, Data Cívica alcanzó a identificar que hubo 10 mil 953 nombres que fueron borrados cuando compararon los datos del RNPDNO de 2023 y del registro actual de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

“De la comparación entre el listado del RNPDNO y el más reciente de la Búsqueda Generalizada (que Data Cívica extrajo mediante la técnica de scraping el 1 de marzo de 2024) fue posible identificar 10 mil 953 nombres fueron borrados”, detalló Data Cívica en su estudio realizado.

Añadió que algunas familias, detectaron que los nombres de las personas que siguen buscando fueron borrados del registro. De ahí la importancia de revelar estos nombres, ya que es la única manera en que las familias pueden estar seguras de que una persona no haya sido dada por localizada.

¿Cómo identificar a las personas borradas del registro?

Para verificar qué personas se borraron del registro, Data Cívica consideró importante mantener en mente:

● De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la búsqueda generalizada (o el llamado censo) se realizó sobre el RNPDNO, “por parte de la anterior comisionada nacional de Búsqueda, un listado con corte al 22 de agosto de 2023 que está en esta versión pública, 110 mil 964 registros”. La publicación de la anterior comisionada incluyó bases de datos del 5 de agosto y el 22 de agosto; todos los nombres publicados en ambas ocasiones fueron considerados. 

● La metodología de la búsqueda generalizada a nivel nacional nunca fue publicada. Únicamente contamos con la metodología de la implementación de esta estrategia en la Ciudad de México 4 . 

● El gobierno publicó un buscador de nombres de personas desaparecidas con el estatus de búsqueda que resultó de la estrategia de búsqueda generalizada, que en adelante llamaremos “el Buscador”. 

Esos estatus resultaron ser términos que no están considerados en la Ley General de Desaparición, por lo que han generado confusión, ya que incluye como nuevas categorías que el nombre de la persona esté “ubicado” en otras bases de datos, o que se considere que no hay suficiente información de su identidad o de la persona que lo reportó como para continuar con la búsqueda. 

Si el estatus de la persona no era “localizada” se publicó su registro con la siguiente información: 

Folio Único de Búsqueda (FUB), categoría, nombre completo, edad, sexo, nacionalidad, fecha de hechos, autoridad que reporta y entidad de los hechos.

Ciertos casos donde el registro en lugar de mostrar el nombre, muestra el término “confidencializado”. Sin embargo, si buscas el nombre de una persona cuyo registro fue hecho confidencial, el Buscador arroja el FUB del caso con la aclaración de que el caso está “confidencializado” 5 .

Si el estatus de la persona era “localizada”, se publicó su registro únicamente con el Folio Único de Búsqueda. Es decir, no contaron de manera oficial con el nombre de las personas localizadas.

La organización vio qué personas aparecían en la base completa del RNPDNO, pero no en el buscador. 

a. Para cada entidad de los hechos, revisaron los nombres de las personas que aparecían en la Base Completa del RNPDNO, pero no en el Buscador en esa misma entidad. 

b. Cuando la entidad se desconocía en la Base Completa del RNPDNO, los compararon con todos los nombres que todavía no eran relacionados del Buscador. 

c. Los nombres no necesariamente tenían que ser idénticos, sino que los contaron como iguales para todos los casos en donde el número cambios a caracteres para que los dos fueran iguales fuera igual o menos a 3. Esto para permitir errores de registro. Por ejemplo, tomar a ANDRES HERNANDEZ y ANDRES HERNANDES como a la misma persona. 

d. La organización mapeó los casos donde dos registros en una misma entidad tenían el mismo nombre, pero posiblemente eran personas distintas. A estos les llamamos “posibles homónimos”. Para verificarlo revisamos que la edad registrada en la Base Completa del RNPDNO no estuviera a más de 10 años de la edad registrada en el Buscador. Los posibles homónimos fueron excluidos de la lista de borrados. 

2. Hicieron una búsqueda automática en masa de todos los nombres que aparecían en la Base Completa del RNPDNO pero no en el Buscador (el resultado del punto 1). En este caso lo que queríamos verificar era si al buscar cada nombre aparecía un registro como “CONFIDENCIAL” o no.

3. A los casos donde el nombre estaba en la base completa del RNPDNO, pero no en el buscador y no aparece como con dencializado los llamó “borrados”. Las personas borradas son personas desaparecidas que el gobierno está tomando como localizadas o personas desaparecidas de quienes el gobierno borró su registro. Es decir, que han vuelto a desaparecer.

Busca PT en Senado corregir censo de desaparecidos

A fin evitar errores o duplicidades en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); el Banco Nacional de Datos Forenses y el Centro Nacional de Identificación Humana adscrito orgánicamente a la Comisión Nacional de Búsqueda, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos impulsa reformas a la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo explicó que la iniciativa busca hacer efectivo el principio de progresividad de los derechos humanos al establecer en la ley las medidas de no repetición señaladas en la recomendación 238/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de toda persona a ser buscada, localizada e identificada, y del derecho a la seguridad jurídica.

Para ello, detalló Geovanna Bañuelos, se proponen modificaciones para plantear directrices que permitan recabar, consolidar y corregir errores en la información en el RNPDNO; y diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración entre autoridades de los 3 niveles de gobierno. Lo anterior para acceder sin restricciones a la información necesaria para realizar la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y con ello, llevar a cabo las acciones en la búsqueda de estas personas.

“También se propone adicionar un nuevo párrafo cuarto al artículo 87; con el objetivo de establecer los lineamientos para la consulta de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas vía remota y para la corrección de información errónea en el registro de las Personas Desaparecidas y No Localizadas por parte de sus familiares”, especificó la legisladora.

Asimismo, se busca introducir en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que deberá contar con los mecanismos para identificar la duplicidad de información, así como para la corrección de información errónea respecto de las personas desaparecidas y no Localizadas.

Obligar a las autoridades de las entidades federativas y de la federación la corrección de información errónea respecto de personas que están desparecidas. Geovanna Bañuelos recordó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es una herramienta prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya administración y coordinación corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Actualmente, el RNPDNO indica un total de 115 mil 105 personas desaparecidas y no localizadas; de las cuales 103 mil 095 son personas desaparecidas (89.57%) y 12 mil 010 (10.43%) personas no localizadas. La desaparición forzada de personas es un crimen que lesiona a las familias de las víctimas y a la sociedad en su conjunto, de manera continua y permanente, sostuvo la senadora.

Por ello, Geovanna Bañuelos enfatizó que es necesario fortalecer las herramientas para la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para realizar las labores de búsqueda de personas.

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Ciudad de México.- Algunas defensoras de «Nos Queremos Vivas Neza», dieron a conocer que fueron detenidas arbitrariamente por elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, estado de México a quienes acusan de abuso de autoridad, represión, uso desproporcionado de la fuerza pública, en contra de algunas de sus integrantes.

 La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) informó que desde el año 2020 al 2023, 33 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México fueron víctimas de feminicidio y 23 tentativas de asesinatos, de acuerdo al Registro Nacional de la Red de México, que señala que mil 547 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de este país han sufrido hasta 6 mil 870 agresiones diversas.

La misma Red (RNDDHM) informó que las agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica subieron en diez años, de 414 a 7 mil 106 casos.

«Nuestras integrantes fueron sometidas a detenciones arbitrarias y golpizas brutales por parte de elementos de la policía municipal. La solicitud inicial de nuestra intervención fue para detener a un individuo en estado de ebriedad que ponía en peligro a transeúntes, incluyendo niñez en las calles Amanecer Ranchero y Mariquita Linda», señalaron las activistas.
«En lugar de atender a la persona en falta; nuestras compañeras fueron detenidas injustamente, entre ellas Bere y su pareja, hijo de Lupita, ambas integrantes de nuestra Asamblea».

«Instamos a la gobernadora, Delfina Gómez Alvarez y, a todas las autoridades pertinentes a tomar las medidas inmediatas para abordar esta grave violación de los derechos humanos y asegurar que se haga justicia», exhortaron.

La denuncia se presentó por la mañana del sábado 30 de marzo, en la Fiscalía General de Justicia del municipio de Nezahualcóyotl, luego de que las defensoras violentadas y algunos de sus familiares, fueran sometidos a detenciones arbitrarias mediante el uso excesivo de la fuerza.

«La Asamblea Vecinal, Nos Queremos Vivas Neza, denuncia con firmeza toda esta serie de actos injustificables perpetrados contra nuestras integrantes en la madrugada del 30 de marzo de 2024. Los eventos lamentablemente incluyen abusos de autoridad, represión, uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, así como privación ilegal de la libertad», señalaron mediante un comunicado.

Cabe señalar que durante la madrugada la situación detonó en redes sociales, luego de que la hija de Guadalupe Alvarado, mejor conocida como Lu, diera a conocer los hechos acontecidos en la red social X. Ella también la habían golpeado.

Inicialmente llevaron a las activistas ante un Juez Cívico, ubicado en el Bordo de Xochiaca, bajo el criterio de que habrían cometido faltas administrativas, se tardaron cincuenta minutos en atenderlos, pero al principio mujeres policías ejercieron violencia en contra de la hija de Lu y de Elsa, otra de las integrantes de «Nos Queremos Vivas», quién habría acudido de inmediato para apoyar a sus compañeras.

Estos acontecimientos de violencia se detonaron luego de que la madrugada del 30 de marzo, se le hubiera instado a los policías del municipio a detener a un hombre estado de ebriedad.

De inmediato Lupita de Nos Queremos Vivas, comenzó a transmitir en vivo los acontecimientos y también fue detenida, refieren: «violando los artículos 6o y 7o de la Constitución Mexicana y, el artículo 19 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, que hablan de la libertad de información y de dejar precedentes, acerca del correcto o incorrecto desempeño de los funcionarios públicos», señalaron.

«Los elementos de la policía municipal le quitan y rompen su celular, mientras la golpean y someten dentro de la patrulla. Al ser remitidos al Juez Cívico, se violó el protocolo de detención porque fueron incomunicadas y al ser remitidas tenían que ser examinadas por un médico que documentara el estado en que eran ingresadas».

Las activistas de Nos Queremos Vivas, comparten que una vez que fueron trasladados al Juez Cívico, «nuestras integrantes fueron acusadas de alterar el orden público y privadas de su libertad por varias horas. Solo es hasta, la intervención y presión de nuestros seguidores en redes sociales que se logró su liberación a las 3:30 de la mañana».

El 31 de marzo, La Colectiva Nos Queremos Vivas de Neza, llamó a una reunión para presentar su postura, frente a los hechos acontecidos, también trascendió que la denuncia se va a escalar ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México.

El Estado de México, tiene de las cifras más altas de violencia en contra de las mujeres en el país y no alcanzan los esfuerzos de las autoridades para lograr tranquilidad en la población, ya que según testimonios de participantes en la reciente marcha del 8M en la localidad de Nezahualcóyotl, en los últimos años la desaparición y feminicidio en contra de mujeres jóvenes no cesa en la entidad.

«Hoy más que nunca estamos convencidas de que es urgente que las mujeres, niñas y niños y, en general, quienes somos parte de esta geografía tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, por tal motivo, nos parece urgente que se sancione a las y los servidores públicos que ejercieron abuso de poder en contra de nuestras compañeras», señalan ante el reciente caso de abuso de autoridad y violencia en contra de las activistas de Nos Queremos Vivas.

Las activistas aseguran que hay responsables por estos hechos de violencia, que las ordenes habrían venido de un servidor público de la policía municipal. «y sabemos, también, que el municipio está a cargo de dicha policía: en este sentido, hacemos un llamado enérgico al presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo a que se comprometa a la seguridad de cada una de las integrantes de Nos Queremos Vivas. Y, que nos de la cara», resaltaron.

Estado de violencia

El gobierno mexiquense lleva dos alertas de violencia de género en contra de las mujeres, la primera fue en el 2015 y la segunda en 2019, siendo este un mecanismo de acción gubernamental de emergencia que tiene como fin enfrentar y erradicar la violencia feminicida.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), a nivel nacional se registraron 848 casos de mujeres víctimas de feminicidio, solo en el 2023, con un acumulado es de 4 mil 892 casos de feminicidio y 13 mil 811 homicidios dolosos contra mujeres, en lo que va del presente sexenio.

De acuerdo con cifras de organismos no gubernamentales, en México son asesinadas 12 mujeres cada 24 horas. Un dato alarmante es la manera cómo la ola de violencia está afectando cada vez más a mujeres. Del total de personas desaparecidas en el país, 26 mil 952 son mujeres.

Estas desapariciones ocurren en un contexto de violencia extrema e inseguridad intrínsecamente relacionada con la reproducción de una cultura patriarcal y machista; el aumento de la presencia y control territorial del crimen organizado a lo largo del país; y un contexto de impunidad y respuesta ineficaz por parte de las autoridades a los delitos cometidos contra mujeres.

«Nos Queremos Vivas Neza»


Con siete años de activismo, La colectiva «Nos Queremos Vivas», ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl en el estado de México, conforma una Asamblea Vecinal que lucha en contra de la violencia de género y los feminicidios en aquella entidad.

En general, a las y los activistas, asumen las tareas de crear redes comunitarias que las ayuden a erradicar violencias y abuso de autoridad, ante la ausencia del Estado mexicano.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- El país se vuelve a cimbrar con el caso de Camila, una niña víctima de feminicidio a sus ocho años de edad, originaria de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero, al sur del país; la información se propagó y conmocionó a la opinión pública, hasta el punto de conocer que una turba había identificado la casa de la presunta responsable y sin mediar un juicio recurrieron a su linchamiento, ante los hechos hoy, el presidente de México señaló que su gabinete de seguridad el día de mañana estará reunido para abordar este caso en particular.

Cabe señalar que mientras México y el mundo católico celebraba la Semana Santa, ocurrían hechos y a la vez se conmemoraba el primer aniversario luctuoso por el feminicidio de Wendy, de 16 años quien fue desaparecida en Xonacatlán, estado de México y las imágenes de sus amigas cargando su féretro sobre sus hombros mientras gritaban «¡Ni perdón ni olvido, que encuentren el asesino!» también sacudieron al país hace un año exactamente, esto da cuenta de lo poco que ha avanzado México en el tema de erradicar violencias en contra de mujeres, niñas y adolescentes.

No hay que olvidar que el presidente de México en reiteradas ocasiones ha demostrado su poco interés en el tema de los derechos humanos de las mujeres, incluso ha minimizado la situación, basta recordar cómo intentó centrar la atención en el avión presidencial omitiendo, el movimiento feminista conocido como la Primavera Feminista.

Incluso, se atrevió a minimizar las llamadas de emergencia de las mujeres, declaró que eran «falsas». Incluso su pésima campaña gubernamental «cuenta hasta 10», para supuestamente erradicar la violencia de género. Toda esa omisión institucional tiene consecuencias.

Es larga y diversa la lista de violencias cometidas en contra de mujeres, adolescentes y niñas que viven y transitan México: feminicidios, violencia sexual, corrupción de menores, acoso u hostigamiento, así como, extorsión y tráfico de menores, son, desalentadoramente las violencias a las que hay que oponer resistencia, en el día a día.

Sin embargo, la vulnerabilidad de las infancias, se vio reflejada en el reciente feminicidio de Camila. Habitamos un país, donde la violencia estructural recae dolorosamente en las niñas, las adolescentes y las mujeres; lo que pone de manifiestos que como sociedad no hemos logrado tejer las suficientes redes de apoyo para evitar que se repitan hechos tan lamentables.

Hoy sabemos que el día de mañana, martes 2 de abril será cuando autoridades del gabinete de seguridad estén presentes en la Mañanera para informar sobre el asunto:

“Mañana van a estar aquí lo integrantes del gabinete de seguridad y ellos van a dar un informe general sobre todo lo que aconteció desde que salió la niña de su casa, cuando la encontraron, las órdenes de detención, los actos estos de ajusticiamiento o linchamiento, y todos los antecedentes, qué se ha investigado y qué se está haciendo, la autoridad va a actuar y va a seguir haciendo”, dijo López Obrador.

Por otra parte, el gobierno Federal, en voz del Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante la conferencia de las mañanas el lunes 1o de abril, «este es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas, amigos y para los mexicanos en general porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y también de una señora. Se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando”, expresó.

López Obrador aseguró que se trata de un caso que está en manos de las autoridades locales y pidió aguardar para hacer más comentarios al respecto, pues se requiere de que se tengan más datos sobre lo ocurrido.

El presidente señaló que se revisará si como parte de este caso es necesaria la participación en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR); mientras tanto, reiteró, toda la investigación está a cargo de autoridades municipales y estatales.

Estado mexicano y su deuda con las niñas

El Estado Mexicano, no le ha cumplido a las mujeres que viven en el país, porque en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han acumulado 5 mil cuatro feminicidios y 14 mil 219 homicidios dolosos contra mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “México es el segundo país en el mundo donde se comenten el mayor número de agravios en contra de niñas, niños y adolescentes”.

En lo que va del año, durante los primeros dos meses del 2024 el estado de Guerrero, ha acumulado 2 feminicidios, 28 homicidios dolosos, 19 homicidios culposos, 268 lesiones dolosas y, en lesiones culposas suman 62 delitos denunciados, hay que aclarar que las cifras mencionadas engloban únicamente las investigaciones iniciadas por los presuntos delitos, no incluye sentencias, de acuerdo a información del SESNSP.

Por lo que se refiere, a llamadas de emergencia al número 911, son 634 llamadas relacionadas con incidentes de violencia en pareja; relacionadas con violación 4; en tanto que de acoso u hostigamiento sexual son 19 reportadas; relacionadas con violencia familiar 695; en tanto que, tan sólo se registraron 2 llamadas relacionas con abuso sexual en el primer bimestre del 2024.

Las cifras de presuntos delitos reportadas ante la autoridad, a todo lo largo y ancho del país, resultan importantes para obtener un mapeo de los datos que tiene el estado mexicano. Sin embargo, sería importante considerar que existe una cifra negra de casos que no se denuncian, debido a la escasa tasa de resolución de los mismos.

Cabe señalar que las cifras negras, esas que no son reportadas, subyacen en las cifras mostradas, ya que ante las altas tasas de impunidad que existen en el país, con una tasa de resolución menor del 2 por ciento, no alienta a la población a reportar los hechos delictivos.

La historia de Camila

Los familiares de Camila la reportaron como desaparecida la tarde del miércoles 27 de marzo, luego de que la menor recibiera una invitación para nadar en casa de una amiga. Horas después, su cuerpo fue localizado durante la madrugada del jueves 28 de marzo en la carretera federal Taxco-Cuernavaca.

El relato mediático del feminicidio de Camila, logró conmocionar y exacerbó a la opinión pública quien estuvo atenta a cada uno de los detalles relacionado con los últimos momentos de la niña de tan solo 8 años de edad, a la que le le fue arrebatada la vida.

El seguimiento puntual, mediante cámaras de videovigilancia y expuesto en los medios de comunicación desembocó en la localización de la casa donde habitaba la presunta responsable y posterior linchamiento, así como, de las lesiones en contra de sus hijos, sin mediar ningún juicio o sentencia de por medio.

Ese mismo jueves, vecinos de Taxco lograron ubicar el domicilio en el que se encontraban los supuestos responsables del secuestro y asesinato de la niña Camila, lo que desató un violento linchamiento en contra de una mujer, un hombre y un joven menor de edad.

La mujer, identificada como Ana Rosa ‘N’, murió al llegar a las instalaciones del Ministerio Público. “Lo que pasó con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada, tenían una noche sin dormir ahí, yo ni siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería”, mencionó la madre de la niña.

“Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña”, expresó a los medios nacionales presentes en el funeral de Camila.

César Gómez, tío de Camila, reveló a los medios que la causa de muerte de su sobrina fue estrangulamiento, de acuerdo con los resultados de la necropsia. Acerca del linchamiento de los supuestos agresores de Camila, consideró que la inacción de la Fiscalía de Guerrero propició que los presuntos responsables fueran golpeados por pobladores que tomaron la justicia por mano propia y aclaró que no estuvo de acuerdo con ello.

En el caso de violencias ejercidas hacia las mujeres, por lo general, existe una revictimización ya que la autoridad en lugar de atenderlas con perspectiva de género, las enjuicia y responsabiliza de los actos cometidos por otras personas.

Así, la madre de Camila, la señora Margarita Ortega, respondió a los dichos del secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Vázquez, quien un día antes declaró que en la muerte de la menor “hubo una responsabilidad maternal” por haber dejado ir a su hija supuestamente sin medidas de seguridad, a lo que la madre respondió: “No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella y la gente que me conoce lo sabe”, declaró.

Indicó que la relación de su hija Camila con la otra niña era muy cercana e incluso en otras ocasiones su familia la recibió en casa, por lo que sintió plena confianza: “confié en las personas equivocadas, porque me dieron una cara diferente”, puntualizó.

La Fiscalía de Guerrero informó que el sábado pasado fueron detenidas dos personas más por el feminicidio de Camila. A través de un comunicado, la dependencia detalló que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Axel ‘N’, así como de un menor cuya identidad quedó como reservada, por el delito de “feminicidio en perjuicio de una víctima menor de edad”.

Ante la impunidad, la barbarie

Desde los tiempos remotos de la humanidad existe un ordenamiento social, conocido, como la Ley del Talión, siendo la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad.

Los linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades

Del «Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional«, emitido el 22 de mayo de 2019 y, realizado de manera conjunta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH y, por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se desprende uno de los principales posicionamientos, que dice:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, ha reiterado que la “justicia por propia mano” nunca será la opción para resolver presuntos actos delictivos, afirmando que todos debemos apegarnos dentro del marco de la ley, único instrumento que tenemos como sociedad para normar la convivencia y las relaciones sociales.

Prosigue, la CNDH ha rechazado todas las formas de violencia al margen de la ley o contra la ley en la búsqueda de justicia. Lo anterior ha sido manifestado de manera reiterada a través de diversos medios, tales como comunicados de prensa, foros, Informes Especiales y Recomendaciones emitidas en casos específicos.

En el 2019 la CNDH decía: «mientras el Estado incumpla con su obligación de abatir la impunidad y brindar seguridad a la sociedad, subsistirá el riesgo de que se busque ejercer justicia por propia mano», concluyó el organismo autónomo en el comunicado de prensa DGC/252/18.

En el caso del feminicidio de Camila y por lo que respecta al actuar de las autoridades en los tres distintos ordenes del gobierno, siendo estos, municipal, estatal y federal, se sucedieron toda una serie de eventos desafortunados, encuentros y desencuentros, así como desmentidos por los distintos participantes encargados de la procuración del orden en el Municipio de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero.

Por una parte, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, acusó al gobierno estatal y a la Fiscalía de Guerrero de abandonar a los policías municipales que trataban de contener la manifestación que finalmente derivó en el linchamieno de «Ana Rosa N», una de las sospechosas del feminicidio de la niña Camila, ocurrido el 27 de marzo pasado.

En un video, el alcalde menciona que, en determinado momento del disturbio, el jueves 28 de marzo, la policía estatal se retiró del lugar, dejando a seis policías municipales a cargo de mantener el orden, quienes fueron rebasados por la turba de personas enardecidas.

¿Qué es un feminicidio?

En el Código Penal Federal se establece que comete esta grave violación a los derechos humanos quien prive de la vida a una mujer por razones de género. De acuerdo al artículo 325 de la misma fuente, se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

“I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

Pronunciamientos ante el caso

La Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM) emitió un pronunciamiento ante los hechos ocurridos en Taxco, Guerrero, tras feminicidio de la niña Camila Gomez, expresando consternación y condolencias ante la violencia ejercida en contra de Camila, víctima de desaparición y posteriormente de feminicidio.

«Es necesario recordar la importancia vital que tienen las búsquedas inmediatas y la coordinación de las autoridades para la búsqueda de personas y atención del delito, cuando se trate de una desaparición, tal y como ocurrió en un primer momento con Camila», detallaron.

Además, en el documento se condenó las múltiples violencias ejercidas en contra de mujeres, en primer término el feminicidio de la joven víctima, y recordar que se llevó a cabo un linchamiento sin que la persona ejecutada, otra mujer, tuviera de por medio un juicio condenatorio.

De igual forma, lanzó un llamamiento al tejido social del país, dijeron: «lo sucedido en Taxco nos lleva a hacer una urgente reflexión y accionar desde el Estado mexicano, los poderes públicos, autoridades, sociedad y medios de comunicación. Estos hechos no pueden ni deben seguirse repitiendo en México, ni la violencia y la impunidad deben normalizarse en nuestras vidas», concluyó.

Otra instancia, que fijo su postura tras el feminicidio de Camila, dado a conocer en jueves santo, fue la Iglesia Católica, en su editorial Desde la fe, reflexionó sobre la muerte de la menor, elaborando un llamamiento a la sociedad a detener la espiral de violencia, comentó:

“Mientras el mundo católico celebraba la Semana Santa, un hecho centró la atención mediática en México: la muerte de Camila, una niña de ocho años, y el linchamiento de los presuntos responsables de su fallecimiento en Taxco, Guerrero”, dijo la editorial.

Para llegar al estado de cosas actual, han sido varios de los problemas que han fracturado el tejido social, que competen a las autoridades del Estado, la clase política, las instituciones de seguridad, también a los ciudadanos y a las familias, señaló.

Como se puede ver, son múltiples y multifactoriales las violencias ejercidas en contra de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país, lo importante como sociedad es voltear a ver las condiciones de pobreza, ignorancia y violencia estructural, que permiten que subsista la violencia.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- La reconstrucción visual de los vuelos de la muerte permitió documentar el caso emblemático de desaparición forzada de la activista Alicia de los Ríos, durante la llamada “Guerra Sucia” implementada y ejecutada por el Estado Mexicano durante el siglo pasado.

Con el objetivo de documentar el caso de la activista, la oficina de Investigaciones Visuales, ´SITU Research´ de Nueva York y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) desarrollaron un proyecto para reconstruir visualmente el programa a cargo de autoridades militares en uno de los periodos más violentos del pasado reciente.

Hoy, por primera vez se reconstruyen visualmente los vuelos de la muerte, tratándose de un esfuerzo por obtener una construcción visual de uno de los programas clandestinos de la época llamada “Guerra Sucia” con base en una investigación militar, esfuerzos periodísticos y herramientas de investigación visual y así lograr esta pieza que ha sido un trabajo conjunto.

Estas prácticas violentas, donde integrantes del Ejército, inicialmente bajo órdenes y la participación directa de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, transportaban a la base aérea militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, a personas consideradas como disidentes políticas; posteriormente, las ejecutaban arbitrariamente y realizaban vuelos nocturnos para arrojar sus cuerpos al mar, desapareciendo así todo rastro de ellas.

Siguiendo el rastro de Alicia de los Ríos -una joven militante desaparecida forzadamente en 1978- el proyecto muestra las distintas fases de la práctica, desde el traslado de las víctimas a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, el lugar de detención y la práctica de ejecuciones arbitrarias, y hasta los vuelos, los cuales se visualizan por medio de un modelo en 3D del avión que se usaba, destaca el Centro Prodh.

Alicia de los Ríos Merino, era originaria de San José Bachíniva, Chihuahua; militaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre. Fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y fue vista por última vez ese mismo año en una base militar en Guerrero… ahí se pierde su rastro.

De acuerdo con Lucía Lagunes Huerta, periodista, la Comisión de la Verdad en la llamada Guerra Sucia en México, reconoce la trascendencia de hacer una investigación poniendo en el centro los derechos humanos de las mujeres para reconstruir este periodo histórico y las graves violaciones de derechos humanos en este periodo de represión política y policiaca que terminará mandato este 2024.

La represión del Estado Mexicano ocurrido entre 1965 1990, en cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos se infligió de manera distinta entre mujeres y hombres, haciendo de la violencia en contra de las mujeres un instrumento de control político que no terminó en los años 90 sino que se mantiene hasta el día de hoy.

Entre las atrocidades que ha identificado hasta ahora la comisión se encuentra; por ejemplo, la violencia obstétrica, es decir, mujeres que abortaron o quedaron incapacitadas para gestar debido a la tortura a la cual fueron sometidas.

Por supuesto que entre las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres esta la violencia sexual y la tortura sexual, así como la reclusión clandestina probablemente por ser hija, hermana, compañera, madre de un hombre que el Estado Mexicano identificó como enemigo.

El libro Guerrilleras, sobre la participación de las mujeres en la lucha armada durante el periodo conocido como guerra sucia, dedica uno de sus capítulos a las 43 mujeres que fueron detenidas-desaparecidas entre 1971 y 1983.
 
De acuerdo con la información obtenida de los expedientes oficiales, 18 casos corresponden a la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC-23), seis del Partido de los Pobres (PDLP); dos más eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), una del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), y una más de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).
 
También se registraron dos casos de mujeres que no se especificaba a qué movimiento pertenecieron, y 10 mujeres que fueron detenidas aunque no fueran guerrilleras o no tuvieran militancia política.

Memoria fiel

En entrevista para Cimacnoticias, Alicia de los Ríos, hija de la activista, platica que este video fue el resultado del trabajo conjunto de una organización no gubernamental de Nueva York y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, «justo, estos 14 minutos reflejan 46 años de búsqueda de Alicia», reflexiona.

Alicia de los Ríos, hija-con el nombre homónimo de su mamá-, relata que la búsqueda que su familia ha realizado tiene 46 años y, ya con el acompañamiento del Prodh, han sido 22 años de camino.

«Este video es un producto de lo que se puede realizar a partir del litigio estratégico, de esa investigación que tenemos desde hace 22 años con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), o sea, 22 años de camino y acompañamiento en su casa», sintetiza.

Alicia de los Ríos Merino busca a su madre, desaparecida en enero de 1978 por la Brigada Blanca, una agrupación conformada por el Ejército, la extinta Dirección Federal de Seguridad (hoy Centro Nacional de Inteligencia), la entonces Procuraduría General de la República, y policías y procuradurías estatales.

Realizar una recreación resulta importante, porque pone de manifiesto uno de los mecanismos para desaparecer a la gente que existió en aquellos tiempos, «nos dan cuenta del mecanismo de eliminación de personas utilizado por el ejército a través de los vuelos de la muerte. Y, damos con él porque es una parte de buscar a mi madre», elabora Alicia.

Alicia comparte, que “el video también resulta una forma de concientizar un poco a la gente, ya que, aunque el hecho se va alejando en el tiempo, la brutalidad ejercida, no”. Prosiguió: «la cantidad de gente que pudo haber terminado ahí, como pasó, (reelabora) posiblemente con ella”.

“A ver, Alicia todavía es un caso que no está concluido, nosotros perfilamos esta hipótesis porque es lo que nos está diciendo la misma lógica de lo que investigamos. Esta es una hipótesis que se perfila en el caso de mi madre, y de otros tantos, pero es algo que la autoridad tendrá que concluir».

Alicia de los Ríos Merino, hija, a lo largo del tiempo ha realizado un activismo profundo, comparte una descripción de si misma, en la red social X (antes Twitter): “es hija, es abogada e historiadora. A través de la historia oral investiga sobre juventudes, insurgencias y comunidades de víctimas de la desaparición forzada. Desde pequeña busca a su mamá homónima”.

Tejer en los vacíos

Recrear los hechos, es un esfuerzo por tejer en los vacíos de las historias de personas desaparecidas en aquellos años de la Guerra Sucia en México.

El proyecto se lanzó en el marco del Día Internacional de “Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”. De igual forma, como parte de la continua demanda para que el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento o Histórico pueda acceder a la totalidad de los archivos militares. #SinArchivosNoHayVerdad

El video utiliza nuevas tecnologías de investigación visual para reconstruir la historia digitalmente.

Deuda del Estado Mexicano

El proyecto también resalta que el Ejército mexicano se ha negado a reconocer esta práctica y además ha negado el acceso a sus archivos, manteniendo encuartelados documentos clave mencionados por testigos; por ejemplo, un posible registro de los nombres de las víctimas y posibles grabaciones de dos de los vuelos, evidencia que de recuperarse contribuiría a conocer la identidad y el último paradero de las víctimas de los vuelos.

Hasta la fecha, se desconoce el número total de “Vuelos de la Muerte”, así como de las víctimas y sus identidades, destacó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Asimismo, estos crímenes, como otros sucedidos en el periodo de la llamada Guerra Sucia, permanecen en la impunidad. Cabe mencionar que el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), creado en 2021 por decreto presidencial para investigar y documentar los crímenes y los responsables de la “Guerra Sucia”, ha denunciado la opacidad militar, incluyendo la falta de acceso y la negativa de existencia de registros – como los dos libros donde registraban las víctimas de los vuelos – por parte del Ejército y otras instituciones, lo que en el presente también se manifiesta en otros casos de graves violaciones a derechos humanos -entre ellos Ayotzinapa-, definió el organismo de la sociedad civil.

“Por ello, este proyecto busca contribuir al llamado que ha realizado el MEH y las víctimas respecto a que ´Sin Archivos No Hay Verdad´. En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, este proyecto recuerda la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas, sus familias y con la sociedad mexicana”.

“Continuamos con la exigencia hacia el Ejército para que abra sus archivos y deje de obstaculizar la exigencia hacia el Ejército para que abra sus archivos y deje de obstaculizar la labor del MEH, como primer paso hacia la verdad, la justicia y para revertir la impunidad”, puntualizó el Centro Prodh, asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1988 por la Compañía de Jesús.

Las batallas de Alicia

La hija de la activista Alicia de los Ríos, quien actualmente cuenta con 47 años, es una mujer que trata de ser muy clara con lo que comunica, compartió: “lo que habría que poner sobre la mesa, es que el tiempo siempre ha jugado en nuestra contra, en esta cuestión de esclarecer lo que sucedió y de pedir acceso a la justicia”.

Relata que esto ocurre, debido a que se van diluyendo las pruebas, “pues va muriendo gente, de un lado y de otro, es decir, tanto los testigos como los posibles responsables. Habría que remarcar que las comisiones de la verdad, son siempre mecanismos extraordinarios, que investigan algo que no se investigó en su tiempo”.

Respecto al informe de La Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, platicó: «sé que tiene que entregarse ya de manera próxima para que lo revise la Secretaría de Gobernación y el presidente, posteriormente, después de las elecciones, tendría que darse a conocer».

La entrevistada, hace referencia a la creación en el 2021 de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, con funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, conocido en México como “Guerra sucia”.

Respecto a la apertura del gobierno federal respecto a este ligero avance en el caso de Alicia, con la Comisión de la Verdad, comentó «nunca pensamos, por ejemplo, que Alejandro Encinas no iba a concluir este proceso, nos parece que como a muchos, nos toma de sorpresa, la interlocución se ha pausado».

Refirió, «nosotros necesitamos interlocución para diferentes momentos, sobretodo, ahora que se hizo la nueva búsqueda generalizada, en donde se replantearon algunas cifras. Pues, muchos de los familiares nos enteramos, no por vía de las autoridades, sino por vía de las noticias».

La hija de Alicia, refiere que tanto la Coordinación General de Investigaciones de la Fiscalía, como la misma Fiscalía, estuvieron ausentes en todo momento de la investigación, «La Fiscalía no participó del proceso de la Comisión de la Verdad, en ningún momento, y siempre se nos estuvo diciendo que fue debido a su propia autonomía, pero me parece que ese argumento no es válido, en cuestión de un mecanismo extraordinario».

Refiere que la interlocución se ha pausado, ya que ellos se han enterado por terceras vías de los avances de la investigación, «hoy ya no hay una Coordinación General de Investigaciones, parece, que los casos se fueron a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, también nos hemos enterado de ellos por una publicación o en redes sociales».

La entrevistada asegura que de ninguna manera se trata de menospreciar el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad, «seguramente, vamos a estar frente a un trabajo bastante robusto, pero en ese sentido, lo que nunca hemos podido es hacer que el trabajo que realizan las instituciones de acceso a la justicia funcione. Y, una vez más no lo logramos lamentablemente».

Respecto al motivo por la lucha incesante, en el esclarecimiento de los hechos, compartió: «Creemos que nos merecemos otro futuro. Y, sin el esclarecimiento de lo ocurrido hace 50 años, ese futuro se torna incompleto”, puntualizó.

LOA/OLO

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