Ciudad de México.- Tras 23 años de buscar justicia en el país por el feminicidio de su hija Lilia Alejandra, agotar todas las instancias de justicia a nivel municipal, estatal y federal, sobrevivir a dos atentados contra su vida, criar a sus dos nietos, dejar su profesión para convertirse en defensora, desplazarse de su tierra, rechazar un acuerdo de «solución amistosa» que el Estado mexicano le proponía para dar carpetazo al caso y exigirle en vano a 4 presidentes alguna solución, hoy, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade informó que el caso de su hija fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para Karla Michel Salas Ramírez, directora de la organización denominada “Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C.”, actual encargada del seguimiento del caso ante la Corte Interamericana, señaló la importancia de este caso, porque va más allá de un expediente:
“Cuando hablamos del feminicidio Lilia Alejandra no lo podemos reducir a un caso, sino que se ha convertido en una causa. Norma tiene ya 23 años luchando por obtener justicia y, por parte de quienes la hemos acompañado son ya 22 años buscando que los responsables sean llevados a juicio, para que tanto Lilia como otras mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez, logren obtener justicia”, destaca.
Norma Andrade a quien todavía le esperan al menos dos años para que el proceso de su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos obtenga sus frutos recordó que el caso del feminicidio de Lilia, sucedió justamente un día como hoy un miércoles 14 de febrero.
¿Qué sucedió en Ciudad Juárez hace 23 años?
Norma y Lilia Alejandra vivían en Ciudad Juárez, una localidad al norte de México, frontera con los Estados Unidos, Texas, específicamente. Lilia Alejandra salió a trabajar como lo hacía todos los días, en aquel entonces tenía 17 años de edad, era madre de Jade, su hija que por aquel entonces tenía poco más de un año de edad y Caleb su bebé quien tenía cinco meses de edad.
Se supo que Lilia Alejandra salió de trabajar en la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles, ubicada entre la Avenida Ejército Nacional y la Carretera Panamericana, donde abordaba un camión para regresar a su hogar. Tras desaparecer, su cuerpo fue hallado, el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío, dentro de una sobrecama enfrente de una plaza comercial y cerca del lugar donde laboraba.
Dejó en orfandad a su hija y a su bebé. Acababa de reiniciar sus estudios en la preparatoria abierta con el anhelo de convertirse en periodista; y para lograrlo, como la mayoría de las mujeres en la frontera norte del país, se empleaba en la industria de la maquila.
En el certificado de autopsia se determinó que Lilia Alejandra fue asesinada por asfixia aproximadamente 24 horas antes de que fuera hallado su cuerpo. Además, había sido víctima de violación tumultuaria por un tiempo prolongado y eran evidentes las marcas de tortura.
Norma Andrade recordó que antes del feminicidio de su hija hubo una llamada al 060 alertando que una joven huía semidesnuda sobre la Avenida Ejército Nacional. La mujer que realizó la denuncia aseveró que un grupo de hombres la alcanzó, sometió y subió a un coche blanco.
Ante la angustia y desesperación, Norma pegó volantes en la zona para localizar a Lilia pero cuando fue al Ministerio Público éste desestimó su denuncia diciéndole que su hija seguro regresaría por su pago a su trabajo. Recordó que pasó escondida todo el día enfrente de la maquiladora. Lilia Alejandra nunca apareció.
Narró que se enteró del asesinato de su hija por la llamada funesta de un hombre que aseguró estar en el lugar donde fue hallado el cuerpo de una mujer que correspondía con la descripción de Alejandra. Al identificar la llamada, las autoridades corroboraron que eso era imposible pues provenía de una distancia mucho más larga de donde hallaron el cuerpo. Nunca se supo quién la hizo.
Desde entonces, siguió todos y cada uno de los supuestos testimonios que aseguraban haber visto escapar a una joven de una tienda de televisiones (ubicada a 50 metros del lote baldío donde fue encontrada su hija). Vigiló por días la entrada del supuesto lugar donde la tuvieron cautiva, constató el ir y venir de droga, pero ninguna pista que le asegurara que en ese lugar explotaban sexualmente a mujeres.
También siguió la línea de investigación de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FIB, por sus siglas en inglés) que aseguraba que el feminicidio de Lilia Alejandra estaba vinculado con presuntos narcotraficantes de la zona. Salió a la calle a realizar entrevistas con los vecinos pero tampoco pudo comprobar tal hipótesis.
Norma como muchas otras madres cuyas hijas desaparecieron acudió ante la autoridad a solicitar que buscarán a su hija, “como ocurrió en otros casos y como sigue ocurriendo en este país la autoridad no inició una búsqueda inmediata”, relata la defensora, quien asegura que la atracción del caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta un medio para obtener justicia restaurativa para su hija y para sus nietos a 23 años de los hechos.
Esto representa un paso hacia la obtención de justicia también para miles de familiares de mujeres mexicanas que han sido víctimas de feminicidio y cuyos casos se mantienen en la impunidad. Tan solo en el 2023 en nuestro país se produjeron al menos 848 casos de feminicidio documentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin mencionar, las cifras que subyacen en el fondo.
Rechazó la “solución amistosa” por el feminicidio de su hija
Cuando el caso cumplía 17 años desde que ocurrió el feminicidio y buscar justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano se acercó a Norma Andrade para ofrecerle una salida a la investigación; no obstante, presentó una respuesta que la maestra de profesión no estuvo dispuesta a tomar.
El “acuerdo de solución amistosa” contemplaba la integración de sus dos nietos, hijos de Lilia, a programas sociales, una disculpa pública, e investigar “esta vez” de manera diligente el caso.
El entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, explicó a las presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y a la vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en qué consistía esta solución amistosa:
Por medio del fideicomiso para víctimas de Segob ofrecieron la reparación del daño material e inmaterial a la familia, atender sus necesidades médicas a través de la Secretaría de Salud de Chihuahua, otorgar “becas educativas” a la hija e hijo de Lilia, asimismo, celebrar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad el Estado mexicano por las violaciones en la investigación del feminicidio de la joven, como lo quisiera la familia.
A la propuesta, Norma Andrade respondió sin titubeos: “Son programas a los cuales podría acceder sin que me hubieran asesinado a mi hija”. Así rechazó la solución y recordó que por 17 años 4 gobernadores de Chihuahua, 9 Fiscales de Justicia de la entidad y 3 presidentes de la República le han prometido lo mismo, “Todos, todos, me han mentido”, protestó.
La maestra se hizo escuchar, fuerte leyó un fragmento de una carta que escribió a su hija:
“Querida hija mía, hace 17 años que fuiste arrancada de mi vida, justo tu edad, 17 años, y seguimos exigiendo justicia. Me negaron el derecho de abrazarte y despedirme de ti, se me negó el privilegio de cerrar tus ojos […] y cuando finalmente volviste siete días después a mí, fue en un ataúd, y ahí frente a tu féretro, te prometí que no iba descansar hasta que hiciera justicia. Ingenua de mí, que creía en el gobierno, que creía que iban hacer su trabajo y detener a tus agresores, y darme las explicaciones que queríamos conocer tu padre y yo”.
La primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, calificó la propuesta del Estado mexicano como una “solución anticipada”, por la inminente posibilidad de que el caso pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). De ser así, por segunda ocasión el Estado mexicano recibirá otra sentencia por feminicidio.
La primera fue en 2012 por el asesinato de tres, de ocho mujeres, en Ciudad Juárez, caso conocido como “Campo Algodonero”.
México no otorga justicia a víctimas
Para la activista Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, el camino para encontrar la justicia que le dé paz no ha sido fácil, ya que lleva al menos 23 años buscando justicia ante el feminicidio de su hija.
Para ella ha sido todo un reto pasar de ser una maestra en ciudad Juárez a convertirse en activista que ayuda y anima a otras madres. Ha sido un camino largo el que la ha llevado a conseguir que el Estado mexicano sea juzgado ante una corte internacional que podría exigir a las autoridades mexicanas llevar a cabo políticas públicas con visión de género.
Ya que, de haber existido una justicia con visión de género en el caso de Lilia Alejandra, de inmediato las instancias de justicia hubieran actuado para buscar a la víctima y tal vez, podrían haber evitado que siete días después el 21 de febrero de 2001 fuera encontrado el cuerpo sin vida de Lilia Alejandra.
A más de dos décadas de lucha por obtener justicia en el caso del feminicidio de su hija, Norma Andrade no suelta las riendas. En el 2002 tuvo un primer acercamiento, al acudir ante el Comité Interamericano de los Derechos Humanos para presentar información del caso de feminicidio de su hija.
Después, en el 2018, dicho instancia internacional, que es la primera instancia en este proceso, emitió un informe de fondo donde considera que el Estado Mexicano es responsable por varios temas.
Primero, por no actuar con la debida diligencia en la búsqueda inmediata de Lilia Alejandra en cuanto se informó de su desaparición; segundo, por la investigación y en la sanción de los responsables, tercero; se identificó que el estado mexicano no ha actuado adecuadamente para investigar y sancionar a los servidores públicos.
Incluso, la Comisión Interamericana llamó la atención al estado mexicano ante la ausencia o falta de una política pública para prevenir y atender la desaparición de niñas y mujeres, desde una perspectiva de género.
La activista quien se encuentra contenta por haber llegado a esta última instancia que es la atracción de su caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace una reflexión:
“Anoche le pregunté a Jade, qué significa para ti este logro alcanzado. Me quede helada con su respuesta ´para mí no significa nada´. Aunque me comentó que ella valoraba que yo iba a obtener paz y tranquilidad, que yo vería un avance en el caso después de cinco años de andar detrás de la comisión tratando de presionar para que llevaran el caso ante la corte”.
En un principio mi meta estaba fijada en otras cosas, aunque finalmente mi abogada me ha hecho entender cosas que yo no había entendido aún, que esta resolución que obtendremos tendrá impacto en los casos de más familiares de víctimas con la misma presión que nosotros hemos tenido.
“Para mi era importante que se mencione que los funcionarios que manejaron el caso te alejan, y bueno, los funcionarios de este momento han sido muy decentes al hablar de cómo construyen la culpabilidad de una persona. Yo, no lo digo así, yo lo digo diferente: fabrican culpables, fabrican a chivos expiatorios”, refiriéndose a los impartidores de justicia de su estado, en un caso emblemático que ya ha visto pasar cuatro presidentes y cuatro gobernadores del Estado de Chihuahua, sin resultados concretos.
Actualmente, se encuentra encarcelado Manuel N. detenido hace casi 6 años con la intención de mostrar un responsable del feminicidio de su hija. Sin embargo, la activista no está de acuerdo, “lo mantienen encerrado sin hacerle prueba de ADN, que sería lo único que podría vincularlo con el feminicidio de mi hija”.
“Yo ya se lo grité al entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ya que me encaró, y me dijo, qué porque yo me negaba a aceptar los hechos, que quien sabe con qué oscuras intenciones.
El proceso en el Sistema Interamericano
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene tres instancias, la contenciosa, la facultad de dictar medidas provisionales y la consultiva. En el entendido que la obtenida por la activista, Norma Andrade, es la última instancia y el proceso, que podría durar al menos dos años y que será juzgado por 7 jueces, tendrá como objetivo dictar una sentencia resolutiva.
Cabe destacar que, de lograr un fallo a favor, este sería el tercer caso en el que interviene la Corte Interamericana para exigir al Estado Mexicano una actuación eficaz ante el tema de los feminicidios. Las dos sentencias previas que ha dictado, son el de los casos de los campos algodoneros, también acontecido en Ciudad Juárez y, el caso de Digna Ochoa.
El 9 de abril de 2003 la CIDH recibió la petición de admisibilidad del caso, “por la falta de investigación en la desaparición y posterior muerte de Lilia Alejandra García”. Norma Andrade argumentó la serie de irregularidades que hubo en la investigación del feminicidio de su hija: pérdida de evidencias, negligencias, falta de personal calificado y malos tratos, y -como se requiere previo a acudir a la Comisión- que había agotado todos los recursos legales dentro del país sin obtener justicia.
Norma Andrade argumentó ante la CIDH que se perdió la posibilidad de hallar con vida a Alejandra debido a los retardos y omisiones de las autoridades. De acuerdo con la petición de admisibilidad, Andrade indicó que sólo había dos agentes a disposición del área de desapariciones y no había evidencia que constatara que se buscó a Lilia Alejandra. La investigación comenzó hasta que encontraron su cuerpo.
El Estado mexicano defendió la inadmisibilidad del caso. Justificó que la averiguación (4324/2001) “se encontraba en etapa de investigación” y que contaba con el perfil genético del posible feminicida de Alejandra pero “no correspondía a las muestras biológicas que tomó de las personas señaladas como presuntas responsables”, describe el documento de admisibilidad del caso.
Asimismo el Estado alegó que de los 33 servidores públicos que intervinieron en la investigación sancionó a dos por posible responsabilidad penal y a otros siete por violaciones administrativas, y que realizaba esfuerzos para mitigar el fenómeno del feminicidio en Juárez.
Pero estos dichos no fueron suficientes para la Comisión Interamericana, quien el 19 de marzo de 2012 finalmente resolvió atraer la petición de Norma Andrade y sin entrar en el análisis del caso, refirió que a (entonces) 11 años del feminicidio de Lilia Alejandra “el Estado mexicano no había proporcionado información concreta sobre la conclusión del proceso o medidas sobre el avance en la investigación más allá de la etapa inicial”.
La CIDH no solo concluyó admitirlo por la violación a las garantías de acceso a la justicia para la víctima, también por las violaciones a los derechos de la familia de Lilia Alejandra: de sus dos hijos, de su madre, Norma Andrade; de su padre, José García; y su hermana, María Luisa García; entre los que se encuentra el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, derechos de la niñez y protección judicial.
