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«En Defensa» engloba toda la información relacionada con la defensa de los Derechos Humanos de niñas y mujeres en México y la situación de las defensoras

Ciudad de México.- La amnistía directa se volvió una realidad en México, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular, con 67 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones, una reforma en la materia, y permite al Ejecutivo Federal otorgar ese beneficio a delincuentes, sin que medie el Poder Judicial o la Fiscalía General de la República, lo que pondría en riesgo a mujeres y sus familias víctimas de diversos delitos como feminicidio, violación, trata de personas, secuestro o desaparición forzada, pues esta ley pasa por encima de cualquier disposición judicial que puso en prisión a la persona que infringió la ley.

Esta reforma también revictimizaría a las mujeres que enfrentaron un hecho violento, porque al echar abajo todo el marco legal construido por mujeres desde hace décadas, dejaría sin efectos el andamiaje para que los delitos violentos se investiguen desde la perspectiva de género, además atentaría contra los fallos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado al Estado mexicano y exigido que se juzguen con perspectiva de género hechos delictivos.

Además la situación de inseguridad e impunidad podría dispararse, de acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, porque desde el 2023 informaron que en el país hay una probabilidad del 0.9 por ciento de que un delito pueda resolverse, es decir, una probabilidad nula, casi inexistente, por tanto, si a esto el sistema judicial queda invalidado y depende de una persona que no es jueza o juez, en este caso, la decisión en manos de un presidente, podría abonar a la impunidad total.

La periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna La impunidad mata, hacía el apunte: «¿Cómo sentirte segura si la autoridad no actúa, pese al riesgo latente que se enfrenta? Ya sea porque minimiza el riesgo y desvaloriza las denuncias, por lo tanto, se deja de actuar: porque aun con protocolos para juzgar con “perspectiva de género”, normas y capacitaciones, en las autoridades priva la duda de nuestro dicho, porque el prejuicio les impide ver el verdadero riesgo y creen que exageramos».

La percepción de inseguridad que tienen las mujeres en el país, la cual supera la de los hombres fue medida por la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, cuyos resultados arrojaron que en diciembre de 2023, 64.8 por ciento de las mujeres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, en comparación con los hombres con el 52.3 por ciento, situación que se incrementaría de forma absoluta.

La Ley aprobada

En este 2024, la reforma al artículo 9 de la Ley de Amnistía es polémica, pues el hecho de que esté vigente permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a quien sea su sucesora o sucesor, prácticamente a todos los delincuentes podrán ser perdonados por orden presidencial, sin importar si apenas están detenidos, si ya fueron procesados o si ya cumplen su condena.

Se trata de una reforma que modificaría el artículo 9 de la Ley de Amnistía, la única condición para que un delincuente que se quiera amparar a ese beneficio es que se “aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado”, pero no se establece cuáles son esos “hechos relevantes para el Estado” o quien lo determinará.

Las reformas que ya fueron aprobadas en las comisiones unidas de Justicia, que encabeza la ministra en retiro y morenista Olga Sánchez Cordero, y de Estudios Legislativos, Segunda, se adiciona un artículo 9 a la norma que establece que:

“La amnistía se otorgará a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito. Se establece que la amnistía concedida extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas”.

Al tratarse de una reforma a la ley secundaria, quedaría aprobada con la mayoría simple en las cámaras de Diputados y Senadores, espacios en los que Morena y sus aliados, PT y Partido Verde, cuentan con la cantidad suficiente de votos para hacerla realidad.

Cabe señalar que la modificación de la ley implica a vinculados con cualquier delito, por lo que puede recibir amnistía una persona que haya cometido delitos del fuero federal o del común. Con ello, cualquier delincuente que haya cometido un feminicidio o que incluso esté relacionado con trata de personas y violaciones puede recibir la medida de parte del presidente López Obrador.

¿Y por qué el presidente López Obrador podría dar amnistía a cualquier delincuente? ¿Cuál es el motivo para que eso pase? La respuesta, según los legisladores de Morena y aliados, es llegar a la “verdad” detrás de los delitos.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, aseveró que esta reforma es innecesaria, pues lo único que se debe hacer es cumplir con la ley y con lo que mandata la Constitución. Además, enfatizó que la propuesta busca limitar los derechos de las personas y restringir la facultad de los jueces para tomar criterios.

“¡Ya estuvo bueno de hacer pactos con los delincuentes y seguir revictimizando a las víctimas¡”, expresó por su parte la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya Mota. y afirmó que parece que con tal de que los pongan en la pluri o que les den otra “chamba” están dispuestos a hacer “la estupidez que sea necesaria”.

La senadora priista por Zacatecas advirtió que de prosperar la reforma a la Ley de Amnistía, el PRI promoverá acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla aseveró que esta propuesta daña el corazón de la división de poderes. Además, indicó que dejará sin protección a la población que no pueda pagar un abogado ante los abusos de poder de cualquier autoridad.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que la aprobación de estas modificaciones implicaría cancelar la posibilidad de que las y los jueces valoren si una suspensión ayudará a evitar una mayor afectación al interés social, así como impedir que suspendan normas que puedan violentar los derechos humanos.

Damián Zepeda, senador del PAN, declaró que esta es una norma que tiene un beneficiario: el presidente de la República,  pues se va a hacer todo un cambio para que él sea más poderoso.

“El presidente todopoderoso va a poder sin intervención de la Fiscalía -que tiene el ejercicio de la acción penal, que tiene la facultad de investigación y persecución de delitos- y sin la intervención de ningún juez, ni la Corte, nadie, sin ningún procedimiento no más porque él quiere perdonarle un delito a quién sea, de cualquier delito, incluido delincuencia organizada, es decir, narcotráfico, trata de personas, feminicidio, violación, secuestro, huachicol, esta reforma que están haciendo ustedes que si el presidente se le antoja en su último día, perdone a un narcotraficante. No va a estar eterno Andrés Manuel López Obrador”, reclamó.

El coordinador del PAN, Julen Rementería del Puerto, adelantó el  votó en contra de la Ley de Amnistía, que dotan al presidente de la República de la facultad para perdonar delitos, cualquiera que este sea, y cuando sea que este haya ocurrido, lo que implica un poder inusitado y excesivo que le permitiría no solo perdonar a sus aliados, sino presionar como le convenga políticamente al gobierno en turno.

Respecto a la Ley de Amnistía, indicó que ese poder raya en lo autoritario porque, a diferencia de lo que ocurre con los otros delitos contemplados en esa legislación, no requeriría de control judicial y ese poder es exorbitante, porque el único requisito planteado para poder otorgar la amnistía es que la persona imputada proporcione elementos para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado Mexicano, pero nunca se dice cuáles son esos hechos relevantes para el Estado o quien lo determinará. Es un cheque en blanco, sostuvo.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, consideró que lo que plantea el dictamen es inconstitucional, porque el artículo 107 de la Carta Magna establece que “el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del bien social”, por lo que no puede haber ninguna ley secundaria que restrinja la facultad del juzgador.

Ley de Amnistía

Cabe mencionar que la Ley de Amnistía ya se había aprobado en el Congreso, El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto, cuando se expidió dicha acción legal, la cual tenía como objetivo liberar a los presos que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados por delitos graves. Asimismo, la ley publicada en el DOF el 22 de abril de 2020 señala que no se les otorgará amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro y todos los previstos en el artículo 19 de la Constitución Política.

Sin embargo, poco ha servido para apoyar a mujeres en prisión, como es el caso de que a tres años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en el estado de México, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite Torres, afirmó que hasta el momento se han recibido 6 mil 81 solicitudes de amnistía, y solo 189 han sido en favor de mujeres.

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Ciudad de México.- El Senado del país aprobó con 69 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, la Ley de Amparo, propuesta por Morena y sus aliados quienes con esta aprobación abren una puerta para que la ciudadanía que requiera el recurso no pueda recibir el amparo de la justicia federal y esto, por ejemplo, atentaría contra colectivas feministas quienes han recurrido a esa figura históricamente para echar abajo arbitrariedades judiciales y consagrar derechos humanos de las mujeres.

Aún falta la discusión en lo particular, no obstante, está dada esta Ley y será en las próximas horas que tengamos más detalles que permitan ampliar el análisis, pero hoy se hace efectiva esta iniciativa de la cuarta transformación.

Para analizar esta información, es importante no perder de vista que hay una historia que precede la lucha feminista acompañada del recurso de amparo, una figura jurídica a la que han recurrido para no permitir que los derechos de mujeres sean avasallados, por eso será importante dar algunos ejemplos clave de mujeres en acción usando este recurso y que hoy parecen perder.

Karla Quintana, entonces, directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en su texto académico «El caso de Mariana Lima Buendía: una radiografía sobre la violencia y discriminación contra la mujer, publicado en el 2018, aseveró que:

«una sentencia de amparo puede constituir una acción reparadora y una garantía del derecho a la verdad»,

Esta nueva Ley, supuestamente pretende garantizar el derecho de amparo generalizado, no obstante la oposición hace mención que se trata de una medida del gobierno de López Obrador que podría ser «una venganza» para que nada detenga los megaproyectos, así como reformas constituciones que estén en beneficio del criterio exclusivo de la llamada cuarta transformación.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación manifestó al Senado de la República su preocupación por la reforma aprobada en comisiones, que limita la concesión de suspensiones provisionales o definitivas (amparos) con efectos generales contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión. 

Los magistrados y jueces afirmaron que esta iniciativa de la autoría de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, vulnera el derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables, “pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”.

Esta pretensión, aseguraron, afectaría directamente a las personas justiciables, pues impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo mandata la Constitución en su artículo primero, el principio de progresividad de los Derechos Humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir, como lo establecen también las convenciones internacionales que México ha firmado y ratificado.

Importancia de amparos para los movimientos feministas

Hay que recordar cómo el 2 de agosto del 2023, oficialmente, la cancelación de 33 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud fueron suspendidas, gracias a una oleada masiva de amparos de mujeres feministas.

La jueza federal Blanca Lobo Domínguez, quien el pasado 14 de julio admitió uno de los 100 amparos promovidos por activistas del movimiento feminista para frenar la desaparición de las NOM.

En ese entonces en entrevista para CimacnoticiasYndira Sandoval Sánchez (activista y fundadora de la colectiva Las Constituyentes Mx) explicó que el amparo gracias al cual se suspendió temporalmente la cancelación de las NOM —con número 1236/2023— formó parte de los 100 amparos promovidos el 20 de junio de este 2023 por parte de Fuerza Política Todas México.

Ese día, varias integrantes de Las Constituyentes Mx y de diversos colectivos y organizaciones feministas como Todas México se manifestaron frente a la Secretaría de Salud ubicada en la Ciudad de México. A la par de la manifestación, varias mujeres a lo largo y ancho de toda la República Mexicana promovieron un centenar de amparos indirectos contra la medida anunciada por Hugo López-Gatell Ramírez. 

Los amparos impugnaron la determinación publicada en el Diario Oficial de la Federación sobre la cancelación de las NOM y estaban dirigidos contra los gobiernos estatales de los que depende la Secretaría de Salud (SSA), la propia SSA y —dentro de ella—  Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. De hecho, en los recursos se pide un juicio político contra este funcionario. 

Otro ejemplo, basta recordar que mediante esta vía de la justicia federal se beneficiaron mujeres de Ocotequila, Guerrero, quienes en pleno siglo XXI no podían votar por la figura representante del comisariado, bajo el argumento de que es una tradición por usos y costumbres y supuestamente «ellas no tenían derecho», como sucedía hace más de 70 años, pero tras ganar un amparo y con la sentencia del Tribunal Electoral en el estado se dio a las mujeres libertad de elegir.

Otro caso que permite ejemplificar cómo las colectivas feministas se verán afectadas es el caso del movimiento Tu voz es mi voz en Ecatepec, estado de México, quienes adoptaron la causa contra la escasez de agua de calidad en el municipio y ganaron en junio de 2020 contra órganos de la autoridad municipal.

Cabe mencionar que la iniciativa de Ley de Amparo solo requirió mayoría simple para su aprobación en el Senado, es decir, la mitad más uno de los votos de los senadores presentes en el pleno, es decir que Morena con sus aliados tuvieron esa mayoría, por lo que el dictamen tuvo el respaldo para sacarlo adelante para que pase a la Cámara de Diputados, donde también sería el mismo escenario.

En el caso de Ecatepec, municipio del estado de México, la abogada Miriam Silva, fundadora de Tu voz es mi voz, expresó: «este movimiento surgió por un problema que había en la localidad, principalmente cuando inició el COVID-19 en 2020, que en realidad era un tema de limpieza y lo que estaba faltando era el agua de calidad, así como llegó la pandemia y muchas colonias empezaron a tener desabasto del vital líquido».

Por ello, detalló que se promovieron 15 amparos colectivos, los cuales representaron a cuatro mil 500 ciudadanas y ciudadanos, que demandaban agua de calidad en la red hidráulica, ya que las familias afectadas gastaban hasta mil 800 pesos mensuales para comprar el vital líquido mediante pipas.

“Anteriormente, en 2018, había escasez de agua en Ecatepec, pero al menos estaba tandeada. Un día a la semana había agua ya mediante pipas o en la red, pero desde que llegó el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, empezó la escasez de agua en bastantes colonias y te puedo hablar que hay partes de Ecatepec que antes tenían agua y hoy sí de plano no tienen nada”, señaló Silva.

Por ello, precisó que esos amparos interpuestos no nada más se dirigieron hacia el presidente municipal, sino también a autoridades federales, a la estatal, a la local y al Congreso del estado de México: “por eso creo que es importante que se etiquete un recurso anual, los años que sean necesarios, para recuperar la red hidráulica en Ecatepec”.

Miriam Silva, junto con Jessica Hermosillo, lideresas de Tú voz es mi voz, interpusieron el amparo colectivo ante el inminente peligro de contagio del COVID-19, y el nulo servicio de agua que proporcionaban las autoridades de Ecatepec y SAPASE, que representaron a 112 familias de 8 colonias, entre estas Nueva Aragón, Sauces PRI, Unidades Habitacionales Ciudad Oriente, Petroquímica, Alborada de Aragón, todas ellas ubicadas en Ecatepec.

El amparo que se tramitó en el Poder Judicial Federal en el Municipio de Naucalpan con número 332/2020, otorgó la suspensión para efecto de que durante todo el tiempo en que se tramitara el amparo, tenían la obligación de dar agua a la gente de las 8 colonias, 100 litros al día por cada miembro de las 112 familias, y en caso de no hacerlo se solicitaría la deshabilitación de cada uno de los Titulares de las Autoridades del municipio de Ecatepec.

Al respecto la abogada Miriam Silva afirmó que gracias a los amparos hoy, sí ha cambiado la vida de las personas, no en la magnitud que se quisiera que fuera, como regresar el agua de la red limpia, pero al menos en la economía, “yo creo que hemos ahorrado, por ejemplo, unos 20 mil pesos anuales de cada familia derechos negados durante décadas se han restituido a través del amparo”.

Por “ser mujeres” niegan derecho al voto

Las mujeres de la localidad de Ocotequila, Guerrero, no pudieron votar el 2 de enero de 2022 en la elección del comisario municipal, por el hecho de ser mujeres. Esa situación no era nueva, pues se había repetido a lo largo de los últimos 60 años, pese a que en México las mujeres lograron el derecho al voto en 1953; la razón para impedir el voto femenino en Ocotequila, el argumento de que así lo dictan “los usos y costumbres”.

Un pretexto que ha sido perpetrado por las autoridades tanto del PRI, como de Morena, quienes le negaron el derecho constitucional de las habitantes de la comunidad, esto de acuerdo con la denuncia de Antonia Ramírez Marcelino, integrante de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ramírez Marcelino, denunció lo sucedido en una publicación en Facebook, donde relató que las mujeres nunca han votado en la elección del comisario. Mencionó que 9 mujeres llegaron al corredor de la comisaría para manifestar su elección, pero los hombres se lo negaron.

Por eso, un grupo de mujeres de Ocotequila, impugnaron ante el Tribunal Electoral Estatal (TEE) la elección a comisario de su comunidad que se realizó el 2 de enero del 2022. Además, el 3 de febrero del 2023, el TEE anuló esa elección emplazando a las autoridades del municipio de Copanatoyac a que se realizaran otras de manera extraordinaria.

El 17 de septiembre de 2023, por primera vez en la historia de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, en la Montaña Alta de Guerrero, las mujeres pudieron participar en una elección, para escoger al comisario municipal de esa localidad.

La activista Antonia Ramírez Marcelino, también participó como candidata independiente a la comisaría y 33 votos, mientras el PRI, PRD y Morena postularon como candidatos a hombres;  Crescenciano López Escamilla del PRI obtuvo 416 votos; Felipe Solís Salazar de Morena logró 339 votos y Álvaro de Dios Navarrete, del PRD, logró 36 sufragios.

Al respecto, Ramírez Marcelino expresó su satisfacción, porque lo más importante es que se logró que las mujeres acudieron a emitir su voto y se rompió esa tradición que les imponían de que no podían participar, ya que las mujeres de esa comunidad guerrerense tuvieron la protección de la justicia para que sus derechos políticos fueran reconocidos.

Ramírez Marcelino agradeció el apoyo a la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que asumieron la responsabilidad de representarlas jurídicamente para hacer valer su derechos humanos en vivir en igualdad de oportunidades y que no las discriminen solo por hecho de ser mujeres.

Limita suspensiones provisionales o definitivas  de amparos

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación recordaron que tal y como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el juicio de amparo permite a la persona juzgadora establecer sí se han violado o no derechos humanos, así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general.

Previo a esta determinación, la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, que estas no sean aplicables o ejecutadas en perjuicio de las personas”.

La asociación  pidió a las y los senadores que con respeto al principio de división de poderes, esta iniciativa se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos.

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Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las y los Presos Políticos, como una manera de visibilizar esta problemática que subsiste en nuestro país, es necesario traer a cuenta a Kenia Hernández, quien está privada de su libertad desde el 2020 y lo está debido a su activismo y protestas pacíficas, esta mujer considerada «presa de conciencia» es abogada y defensora indígena y hoy clama su libertad ante la injusticia que enfrenta.

Baste recordar, que se considera una persona presa política es cualquiera que pertenezca a un partido político o sector político, que se ponga bajo arresto, sin haber cometido un delito, más bien porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.

Kenia Hernández nació en el municipio de Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, hasta ese momento, habría dedicado gran parte de su trayectoria a la defensa de los derechos humanos, principalmente a favor de los pueblos indígenas, las mujeres y la tierra.

Con el fin de abonar a su causa y a la de más activistas presos injustificadamente, diferentes colectivas y organismos de la sociedad civil convocaron a una movilización este 17 de abril.

En el caso de Kenia Hernández, así como en el de cientos de activistas, presas y presos al día de hoy, se inscribe en una especie de ironía, en la que: quienes luchan por la libertad de otros terminan siendo injustamente privados de la suya.

El castigo que sufren las y los activistas, se extiende hacia los familiares y amigos de las víctimas, quienes son obligados a lidiar con el dolor de la separación forzada.

Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer abogada, indígena amuzga y defensora de derechos humanos, defensora que ha insistido en la necesidad de resolución por la libertad de presas y presos políticos, derechos de los pueblos indígenas y la impartición de justicia para las mujeres.

En la mira

Kenia y otros integrantes de la colectiva que lidereba, habían sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial por realizar protestas pacíficas a favor de la liberación de presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, desde febrero del 2019.

La primera ocasión, en que fue privada de su libertad, fue en el mes de junio del 2020, cuando ella y tres activistas más fueron detenidas sin orden de aprehensión en la caseta de cobro La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México

Después de la detención de ella y sus compañeras, realizada mientras protestaban pacíficamente por la liberación de presos del Movimiento, Por La Libertad de Presos Políticos, todo se arregló. Estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, pero fue liberada.

Hasta antes de su detención, fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Además, fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, precisamente ante los riesgos de ejercer el activismo frontal.

La segunda detención

La segunda ocasión en que la activista vivió una detención arbitraria, fue un 18 de octubre de 2020, en la caseta de Amozoc en el estado de Puebla. Ya para ese entonces, las autoridades le fincaron nueve cargos en su contra, entre ellos, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación.

De acuerdo con la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, en su segunda aprehensión, alrededor de 22 elementos de la policía apresaron a Kenia sin una orden judicial, y sin explicación alguna sobre las razones de esa detención.

Durante el proceso de detención fue sometida a malos tratos y violencia física. Su familia y defensa legal no tuvieron comunicación con ella hasta la mañana siguiente, el 19 de octubre de 2020, cuando se conoció su paradero y se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México.

Kenia Hernández fue acusada de robo con violencia armada, así como, ataques a las vías de comunicación en pandilla, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. y Autovías Concesionaria Mexiquenses.

El 25 de octubre de 2020, la Fiscalía General de la República, junto a la representante de CAPUFE, señalaron a Kenia Hernández, como, «una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho», por lo que solicitaron su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Coatlán del Río, en el estado de Morelos.

El penal de máxima seguridad ubicado en el estado de Morelos, fue señalado por violaciones a los derechos humanos y, en él fue sometida a tratos inhumanos. Ahí fue, donde vivió, la mayor parte, de su proceso de criminalización iniciado hace tres años y medio.

Antes de cumplir el primer año en el penal de alta seguridad, la defensora de Derechos Humanos Kenia Hernández, inició una huelga de hambre porque se le negó el derecho a tener comunicación privada con su familia.

A lo largo de este tiempo, organizaciones de México y de distintas partes del mundo exigieron su inmediata liberación, ya que la protesta y defensa de los derechos humanos no constituyen un crimen, esto de acuerdo a la legislación vigente de nuestro país.

Presa de conciencia

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han acuñado el término “preso de conciencia” para definir a personas que, sin haber usado la violencia ni haber incitado a la misma, están sometidas a prisión u otra restricción de su libertad, a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo u otros factores y hoy Kenia, está considerada como tal.

La estancia de Kenia durante dos años en el Ceferero 16, fueron bajo condiciones de hostigamiento judicial, siendo víctima de violencia institucional y de género.

De las 10 causas penales que había en su contra, al menos tres, fueron canceladas. Aunque, actualmente cumple dos sentencias con más de 20 años de prisión por supuesto delito de robo con violencia.

Sus condiciones de vida, fueron deplorables el tiempo que duró su estancia en el penal de máxima seguridad, las carencias, iban desde la falta de agua para beber o de agua para el aseo, comida en mal estado provocando la intoxicación masiva de 400 mujeres en el 2022. Así como, aislamiento total, falta de actividades y ausencia de atención médica.

Tal es el grado de injusticia, que, al interior el 41 por ciento de las mujeres no contaba con una sentencia condenatoria en el penal donde está recluida. Es decir, en el 2023 había 512 mujeres presas en una cárcel de máxima seguridad, sin que ningún juez las hubiera declarado culpables de ningún cargo.

Dicha situación que ya era conocida por los familiares de las reclusas, a principios del 2024 dio un salto al ojo público, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación para las autoridades penitenciarias y la Fiscalía de Morelos por vulnerar el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida y a la justicia de 13 mujeres que se suicidaron al interior de la cárcel de alta seguridad.

Revisión del caso

A finales del 2022, el equipo defensor de la activista intentó negociar acuerdos reparatorios, que le permitieran obtener su libertad. De repente, una luz de esperanza se arrojó sobre el caso, luego de que funcionarios del gobierno federal comenzaran a analizar su caso.

En una conferencia matutina del 30 de diciembre de 2022, ante una pregunta de los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de la activista amuzga Kenia Hernández.

Obrador afirmó que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, podían atenderlo.

A unas semanas las declaraciones presidenciales, el martes 17 de enero de 2023, Fabiola Vite Torres —abogada de Kenia Hernández— confirmó a Cimacnoticias que habrían tenido un primer acercamiento con ambos funcionarios. De acuerdo con la defensora legal, tanto Rodríguez Velázquez como Nuño Lara están documentando la situación de las carpetas de investigación.

Y, que cuando terminara este proceso, se determinaría junto con el equipo de abogadas y abogados de Kenia la forma en la que las instancias del gobierno federal pudieran cooperar para lograr los acuerdos reparatorios que dejaran en libertad a la joven activista de Guerrero.

Lo anterior, se vio truncado, toda vez que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, un organismo público descentralizado del gobierno federal, se negara a participar del acuerdo.

Este organismo fue una de las instituciones que acusó a la defensora de derechos humanos por supuestos ataques a las vías de comunicación. De acuerdo con el equipo defensor de la activista amuzga, en noviembre del 2022 se intentó dialogar con el organismo para plantear un acuerdo reparatorio.

Sin embargo, como en otras ocasiones, el organismo se negó a esta posibilidad y aseveró que no era su intención alcanzar esa resolución, por lo que respectaba a sus denuncias contra Kenia Hernández.

Ante la negativa de CAPUFE, Libertad para Kenia (un movimiento por la libertad de la activista y abogada) emprendió una campaña a través de redes sociales para ejercer presión al gobierno federal y pedir que se atienda el caso como es debido luego de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.

Mejores condiciones de vida

Tras la fuerte presión de las y los abogados de Kenia, así como, de organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales, incluso, de colaboradores cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, al apoyo decidido de legisladores federales, se obtuvo el traslado de la activista a un penal en el estado de México.

Tras lograr su traslado al Cereso “Sergio García Ramírez” en Ecatepec en el estado de México, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dio a conocer que Kenia Hernández les compartió que era tratada con dignidad y respeto.

Y que realizaría labores de apoyo a presas que se encontraran en situaciones vulnerables como abandono, acompañando en procesos jurídicos para una reinserción social.

”Sin lugar a dudas, el traslado de Kenia Hernández al Cereso en Ecatepec ayuda mucho a tener un acercamiento familiar mayor, así como una mejor comunicación con sus redes de apoyo y defensoras” destacó el organismo de la sociedad civil.

No obstante, que logró mejorar sus condiciones al ser traslada de un penal de alta seguridad ubicado en el estado de Morelos al Cereso en Ecatepec. La activista Kenia aún no ha logrado obtener la libertad.

El delito del que se le acusa, no se ha comprobado, es el de robo. Y se basa en testimonios, pero no se han entregado pruebas de tales hechos. Y es así, como en un país como el nuestro la presunción de inocencia se vulnera al establecer prisión preventiva, que ya en sí misma, resulta una condena anticipada.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Para la senadora morenista y responsable en el tema de mujeres en los «Diálogos por la Transformación», Olga Sánchez Cordero, la agenda feminista en temas tan sensibles como lo son la atención a las violencias en contra de las mujeres y los derechos a la salud reproductiva, son temas que las izquierdas han arropado históricamente, estas afirmaciones, enmarcaron el tono de la conferencia de prensa en la que se reunieron once mujeres y feministas en representación del Consejo Nacional de Sectores en apoyo a Claudia Sheinbaum.

Desde su óptica, solo la izquierda sería capaz de atender temas de interés nacional en materia de prevención, atención y sanción de las violencias de género, dijo

«La derecha niega los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como, los derechos de las personas de la diversidad sexual. Es claro: en la derecha el feminismo no tiene cabida», sentenció.

A favor de Claudia

El foco de la reunión convocada, -en la que la senadora Olga Sánchez Cordero, fue la invitada especial-, fue el de manifestar las razones por las que apoyan a la aspirante a la presidencia de la república por la coalición «Sigamos haciendo historia» (Morena, PVEM y PT), Claudia Sheinbaum.

«El Consejo Nacional de Sectores con Claudia tiene como objetivo exponer los avances realizados en prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres en la Ciudad de México», destacó Lorena Villavicencio, cofundadora de la agrupación “Por Ella, Por Todas”.

De igual forma, mencionó la importancia de dar a conocer las políticas públicas y propuestas de gobierno para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las mujeres, siendo totalmente incluyentes y, reconociendo la pluralidad e interseccionalidades, de cada una de ellas.

Apoyo solidario

Lorena Villavicencio, cofundadora de la agrupación “Por Ella, Por Todas”, en la presentación de la mesa donde participaron mujeres jóvenes, feministas, mujeres con discapacidad, de la diversidad sexual y de la academia, dijo:

«No permitiremos que se siga propagando información que pretende descalificar o invalidar el trabajo y resultados de la gestión de gobierno de Sheinbaum. Estas campañas que promueve el PAN desde 2006 son el verdadero germen de la polarización”, subrayó.

De igual forma, ponderó lo que bajo su lente sería el desempeño futuro de la actual candidata a la presidencia del país por el partido Morena, «el gobierno que encabezará Claudia garantizará la igualdad sustantiva, el fin de la impunidad, una vida libre de violencia y la autonomía de las mujeres a través del sistema de cuidados».

Para cada una de las participantes en el panel dispuesto, se hizo necesario destacar su visión de los logros alcanzados por la ex jefa de gobierno capitalino, así como, el destacar algunos los retos y políticas publicas que se prevé que Sheinbaum implementaría de llegar a la presidencia.

La diputada Mariana Benítez, cofundadora de “Por ella, Por Todas”, refirió que “ante las mentiras del PRIAN y su regateo a los logros alcanzados en materia de procuración de justicia por Claudia Sheinbaum, se hace necesario decir que como jefa de gobierno se constituyó la fiscalía especializada en feminicidios, una estrategia integral de formación con perspectiva de género y de derechos humanos para ministerios públicos y policías, además del programa insignia de la red de abogadas que atienden y asesoran a las mujeres víctimas de violencia y garantizan su protección.

Como nunca se destinó presupuesto para la procuración de justicia, que ha sido el eslabón más débil en los estados para el combate a la impunidad, eso explica los buenos resultados como la disminución del delito de feminicidio, y en general de los delitos en la CDMX”.

Aunque hay que acotar que Cimacnoticias ha documentado con feministas, defensoras, académicas y políticas quienes niegan que haya una disminución del delito de feminicidio en la actual administración federal.

El feminicidio no ha bajado, solo se maquillan cifras

Por su parte Gracia Alciaga, de la red de jóvenes “Estamos Listas” destacó las cinco razones que tienen las y los jóvenes para votar por Claudia: 1. Va a lograr que todas las universidades públicas sean completamente gratuitas; 2. Todas las muertes violentas de mujeres se tratarán como feminicidio; 3. Construcción de caminos y senderos seguros en los estados; Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres y 5. Atenderá la crisis climática, porque no solo es feminista, es una mujer científica.

Tere Ramos, cofundadora de “Por Ella, Por Todas” expresó que “¿Quién mejor que una mujer para entender lo que vivimos las mujeres todos los días?, ¡Por eso, con Claudia, así como en la CDMX, en todo México, el agresor saldrá de casa! Una ley única en todo el país será ley cuando ella sea Presidenta”. También refirió que fue testigo cuando Olimpia Coral buscó a la entonces jefa de gobierno, quien mostró su respaldo y al poco tiempo se aprobó la Ley Olimpia en la CDMX, y de la misma manera la Ley Vicaria.

Criterios diversos y divergentes

Tere Ramos, cofundadora de “Por Ella, Por Todas” expresó que “¿Quién mejor que una mujer para entender lo que vivimos las mujeres todos los días?, ¡Por eso, con Claudia, así como en la CDMX, en todo México, el agresor saldrá de casa! Una ley única en todo el país será ley cuando ella sea presidenta”.

También refirió que fue testigo cuando Olimpia Coral buscó a la entonces jefa de gobierno, quien mostró su respaldo y al poco tiempo se aprobó la Ley Olimpia en la CDMX, y de la misma manera la Ley Vicaria.

Representando a las mujeres con discapacidad, Karina Tapia, integrante de “Vida Independiente” señaló: “con Claudia las mujeres con discapacidad estamos actuando desde las propias mujeres con discapacidad sin intermediarios”.

En su participación como representante del sector ciencia y academia, Genoveva Roldán Ávila, señaló que en la CDMX no solo se ha logrado crecimiento económico, sino también abatir la desigualdad en el ingreso que disminuyó entre 2018 hasta la fecha.

Asimismo, destacó “que un pilar central para combatir la desigualdad es la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad: Mi Beca para Empezar es un programa para niñas. En la educación superior en la Universidad Rosario Castellanos las mujeres son alrededor del 60 por ciento de la matrícula y en la Universidad de la Salud, las mujeres son el 70 por ciento”.

Finalmente cerró el evento Gabriela Jiménez, presidenta de la Agrupación Política Nacional “Que Siga la Democracia”, haciendo un llamado a mujeres de todos los sectores a organizarse, a trabajar por las causas que nos unen y señaló que “con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, se reivindicarán las causas históricas de las mujeres, Claudia representará la lucha por la igualdad y la justicia. La llegada de una mujer al más alto cargo será histórica, no solo en nuestro país, sino para la región norteamericana.”

Entre los múltiples reconocimientos a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, destacó uno de ellos realizado, por la senadora Olga Sánchez Cordero, dijo:

«Declaró alerta de género, como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sin esperar a que el gobierno federal la realizara, para poder implementar políticas públicas que disminuyeran la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México» puntualizó.

En este tema es importante señalar que al momento de su ejercicio de poder como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum sostuvo que «la Alerta de Violencia de Género (AVG) no genera resultados y que la Ciudad de México estaba lejana a las regiones más afectadas por el feminicidio», no obstante fue decretada el 21 de noviembre el mecanismo en la capital. 

En septiembre de 2017 habían presentado ante la Conavim la petición de AVG en la Ciudad de México, un grupo de agrupaciones civiles formado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Justicia Pro Personas, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, y el OCNF, ante la falta de acceso a la justicia en los casos de feminicidio. 

Sin embargo, la Conavim letargó la respuesta a su petición cerca de dos años. El 7 de junio de 2019, la Comisión Nacional determinó que no emitiría el mecanismo porque la nueva jefa de Gobierno «había hecho suficiente en solo unos meses para atender la situación de violencia contra las ciudadanas».

Las organizaciones tuvieron que ampararse y aunque fueron favorecidas por un Juez, el proceso continua en un Tribunal Colegiado porque la Conavim interpuso una revisión al amparo al considerar que las organizaciones civiles no pueden ser partícipes en el proceso de seguimiento de la Alerta.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- En este Día Internacional de las Presas y Presos Políticos, es fundamental recordar a Xóchitl Ramírez Velasco, mujer indígena Binnizá, zapoteca de 44 años, defensora de los derechos humanos de las mujeres para una vida libre de violencia y su camino como activista fue interrumpido al ser detenida injustamente el 3 de mayo del 2023 por la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, al acusarla de un supuesto secuestro sucedido en 2019, por lo que sigue privada de su libertad, sin que se presenten pruebas en su contra.

Xóchitl Ramírez realizaba trabajo comunitario como parte de la organización en Tlamacazapa, Guerrero. Atzin Desarrollo Comunitario A.C. (www.atzin.org) es una organización de la sociedad civil donde Xóchitl había laborado desde el 2005 como promotora, administradora y coordinadora de programas comunitarios.

Xóchitl, durante 20 años ha trabajo al lado de las mujeres en Guerrero y hoy a casi un año de esa injusta detención en Morelos, Xóchitl, la mujer, madre y defensora de derechos humanos, se encuentra ilegalmente presa en Atlacholoaya, por eso las personas que acompañan su causa, visibilizan la necesidad de movilizarse, elevar una voz de indignación y unirse para exigir justicia para su liberación.

En México, existen 12.5 mil mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, ellas representan el 5.4% de la población total. El 53.5% de ellas se encuentra en centros femeniles, 45.8% en mixtos y 0.6% en varoniles.

Los delitos más recurrentes por los que se les juzga son: participación en secuestros, homicidio doloso y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro (INEGI, 2021).

El 92.9% de las mujeres no tenían antecedentes penales. Siete de cada diez tienen entre 18 y 39 años de edad,

La situación como presa política, se hará visible este miércoles durante la marcha con motivo del Día Internacional de las Presas y los Presos Políticos. 

Al unirnos a esta exigencia, abrimos un espacio de acción y acompañamiento a una mujer que ha luchado por los derechos de otras mujeres, el contingente saldrá a las 3 de la tarde del monumento a la Independencia hasta la Secretaría de Gobernación, donde se exigirá la libertad de los que hoy, como Xóchitl, están presos injustamente.

En su Recomendación General No. 3534, la CEDAW reafirma que la “privación arbitraria de la libertad” constituye una forma de violencia contra las mujeres. Esta Recomendación General reconoce que la privación de la libertad puede tener un efecto agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, al tiempo que reconoce que las mujeres privadas de libertad pueden vivir la violencia de distinta manera por razón de su encarcelamiento.

El Comité reconoce también otros factores que pueden tener un efecto agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, incluyendo el origen étnico o la raza de la mujer, la condición de minoría o indígena, la maternidad, la edad, y la condición de lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual, entre otros.

El proceso de Xóchitl Ramírez Velasco

Xóchitl es una mujer originaria de Oaxaca, quien desde muy joven soñaba con encontrar una forma de ayudar a las personas de su comunidad, particularmente a las niñas y mujeres y para lograrlo, se mudó a Tlamacazapa, una comunidad náhuatl de Guerrero, ubicada en el municipio de Taxco, donde conoció la Organización Atzin Desarrollo Comunitario, A.C., que la apoyó para terminar la escuela y lograr su sueño.

Gracias a su compromiso y dedicación, Xóchitl consiguió una beca de estudios. Cuando terminó su carrera, ella tenía muy claro que su objetivo era regresar a colaborar con Atzin para trabajar apoyando a las niñas, niños y mujeres de Tlamacazapa. Fue así que se mudó a Cuernavaca, Morelos, ciudad que era sede de esta organización.

El 3 de mayo de 2023, Xóchitl se encontraba en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Una amiga le había pedido que pasara a recoger a su hija a la escuela. Mientras ella y la niña caminaban por la calle, unos policías estatales la interceptaron y la dijeron que estaba detenida, sin mostrarle documento alguno, la obligaron a subir a la patrulla junto con la pequeña, la trasladaron al Centro Penitenciario de Atlacholoaya, horas después le informaron que estaba acusada de un secuestro que había ocurrido en 2019 y después de llevarla a la Fiscalía de Cuernavaca, las autoridades la trasladaron al área de mujeres del penal de Atlacholoaya.

El día del secuestro, 9 de marzo 2019, Xóchitl estaba trabajando con el equipo de Atzin en Tlamacazapa, y los días siguientes entre semana estuvo en la oficina de la organización. Como equipo de trabajo están reconstruyendo un recuento de hechos preciso de las actividades de Xochitl durante febrero y marzo de 2019, para colaborar con diferentes organizaciones a nivel regional y nacional y para evitar más injusticias.

En la Fiscalía, Xóchitl dice que fue intimidada y obligada a firmar varias hojas de texto que no le permitieron leer, incluida una hoja en blanco. Aproximadamente a las 20 horas la llevaron al área de mujeres del penal de Atlacholoaya, en el estado de Morelos, donde se encuentra recluida actualmente.

Su audiencia inicial se llevó a cabo al día siguiente, el 4 de mayo. En ese momento Xóchitl recibió una copia de la orden de aprehensión, en realidad emitida cuatro años antes, el 24 de marzo de 2019, y solo entonces se dio cuenta de que estaba detenida por el delito de secuestro agravado ocurrido el 9 de marzo de 2019.

Xóchitl está detenida y se le acusa de usar armas y pedir rescate, delito que nunca pasó.

Posterior a su ilegal detención, sin permitirle ver o contactar a su familia, ni informarle de su derecho a contar con una defensa, ella tampoco entendía la razón por la que se encontraba detenida, pero se llevó a cabo su primera audiencia.

La defensa pública que la representó en esa primera audiencia fue deficiente, pues no denunció la ilegal detención de Xóchitl, ni tomó en cuenta su opinión, menos recabó la pruebas que evidenciaban que ella se encontraba en un lugar distinto al momento de los hechos que la acusaban, por esa situación ella se quedó injustamente detenida.

Su segunda audiencia, el 9 de mayo de 2023, fue determinada como “privada” en ese momento, y el público tuvo que abandonar la sala, incluidos un miembro de la familia y las personas que solicitaron que asistieran.

El juez decidió retener a Xóchitl nuevamente sin derecho a fianza, hasta una tercera audiencia (audiencia intermedia) que se programó dos meses después. Esto permite un período de tiempo muy corto para reunir y presentar pruebas de su inocencia. Entonces quedaría pendiente una decisión final sobre su futuro.

La gente que acompaña a Xóchitl en esta causa, afirma con contundencia que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas que la vinculen a algún delito. Desde el equipo jurídico del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que actualmente la acompaña, se ha recabado evidencia suficiente que prueba que ella se encontraba en un lugar diverso al momento de los hechos. Por lo que se puede afirmar que Xóchitl es inocente.

Una luchadora de vida

Xóchitl es madre soltera, y su hijo, Kevin Manuel Rivera Ramírez, nació sordomudo, hoy tiene 22 años de edad. Con el apoyo constante de Xóchitl, Kevin actualmente cursa estudios de primer año a nivel universitario.

Desde niña, Xóchitl ha tenido convulsiones provocadas por cisticercosis, diagnosticada así por neurólogos y controlado con medicamentos. En prisión ha sufrido convulsiones y continúa en riesgo de tener las consiguientes dificultades de memoria y confusión mental, relacionadas con una atención médica inadecuada, un aumento dramático del estrés, durmiendo en un piso de concreto con solo una sábana en un cuarto sobrepoblado, y sin un acceso correcto y ajustes cuidadosos a sus medicamentos diarios.

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Ciudad de México.- Rosario Robles Berlanga, feminista, política y luchadora social, reconocida en el país por su contribución a mejorar la vida de las mujeres en México presentó su libro en una conversación que sostuvo con la periodista Lucía Lagunes Huerta donde hablaron de su trayectoria, sus letras y su capacidad transformadora ante la adversidad.

Durante la entrevista convocada por la periodista Lucía Lagunes Huerta, en la que platicó con Rosario Robles, abordaron el lanzamiento de su reciente libro autobiográfico Rosario de México, durante la charla tuvieron la oportunidad de analizar diferentes aspectos del poder y, de la capacidad transformadora del mismo, pero desde una óptica femenina.

Por tanto la periodista Lucía Lagunes Huerta, tejió una interlocución reflexiva: «quisiera recuperar parte de lo que escribiste en Rosario de México. Entre las cosas que tú señalas, es que, descubriste para qué sirve el poder».

Robles mencionó que desde una lógica feminista el poder sirve para ayudar a que otras mujeres se empoderen y para que avancen en sus derechos, por lo tanto, son temas de total relevancia, ya que nos encontramos ante la primera ocasión, en la que una mujer, llegará a ocupar la presidencia de la República.

La Ley Robles, un parteaguas en la creación de mecanismos para acceder a la ILE

El libro Rosario de México es un reflejo, en primera persona, de lo que vivió la economista, feminista y política mexicana, durante mil 101 días en prisión -alrededor de 3 años-, siendo un testimonio a través del que narra su estancia y aseveró que a pesar de la situación vivida, encontró que pudo prevalecer a pesar de los intentos de destruir una carrera.

Durante la entrevista realizada en el programa de radio Análisis Feminista transmitida por el 106.1 de FM, Robles refirió que la verdadera fortaleza de las mujeres consiste en mantener una visión y cohesión de grupo.

Por tanto, respondió que «cuando ejerces el poder y, eres feminista, lo tienes que ejercer de manera diferente, y por eso te vuelves un peligro para México, porque subviertes con tu presencia este esquema patriarcal», destacó.

«Desde luego que en un enfoque feminista debe haber una diferencia al ejercerlo. Yo concibo al poder desde una lógica feminista que sirve para que las otras mujeres se empoderen, para que los derechos de las mujeres avancen», sostuvo.

Bajo la perspectiva de Robles, resulta inconcebible que alguien se diga feminista y haya mantenido silencio cómplice frente al cierre de las estancias infantiles, de las escuelas de tiempo completo, de los comedores comunitarios, además, señaló el retroceso en las políticas públicas, en lo poco que se había avanzado en la legislación de las tareas de cuidados.

Durante la entrevista, Rosario compartió que su forma de ejercer el poder, fue siempre, desde cargos públicos, desde presupuestos, “desde tener posiciones que me daban la posibilidad de hacer estas transformaciones en favor de las mujeres”.

Rosarios Robles Berlanga, ha sido una mujer que ha ejercido el poder concreto, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, presidenta del Partido Revolución Democrática (PRD), funcionaria federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Destacó, de sus logros traducidos en avances fueron “no solo es la Ley Robles, es la otra ´ley robles´, que reconoció el trabajo en el hogar, que si te divorciabas tuvieras el derecho al 50 por ciento del patrimonio”.

Rosario Robles, lo platica de corrido, porque es algo por lo que ella trabajó. Así, las ideas vuelan y se suceden una a la otra, resultado de su trabajo en favor de la lucha feminista, como viviendas, y otros esquemas de ayuda, en los que había un sello que tenía que ver con una mujer que estaba convencida de luchar por los derechos de las mujeres, compartió.

Días en prisión

Durante sus días en prisión, Rosario habría escrito una suerte de diario, con las diferentes anécdotas que le sucedían, en el día a día. Y, toda vez, que los editores se pusieron en contacto con ella, se echó a andar el proyecto.

Tras hacer un recuento de lo que significa el ejercicio del poder, en primera persona, Rosario Robles realizó una pausa, para compartir con la audiencia, uno de los hallazgos, forjado a la sombra de una prisión que la mantuvo cautiva durante mil 101 días.

«En la adversidad aprendí que el poder lo puedes ejercer, siempre. Y, cuando hay una vocación, una causa, yo ahí encontré una causa luz y, es la que me permitió sobrevivir; una causa que era la justicia para todas esas mujeres y, tan tuvimos el poder, y tan nos empoderamos que logramos que el ministro Zaldívar, que en ese momento era el presidente de la SCJN fuera a escucharnos”, relató.

«Me interesa que se sepa lo que se vive ahí adentro, el reconocer a una Rosario, que vivió una experiencia que en muchos sentidos fue muy dolorosa, pero, también muy luminosa».

Para ella resulta de vital importancia que se entienda que una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país, es el acceso a la justicia.

Y luego de que su libro saliera en el medio de un proceso electoral, lidereado por dos mujeres, Rosario, hace un balance respecto a las propuestas en materia de justicia, ya que dice:

«En mi libro pongo el acento en varias cosas y cuando veo las propuestas de las dos principales candidatas, entonces, me quedo con un sabor de boca: de no satisfacción», precisó.

Compartió que después de su experiencia en reclusión, si la propuesta es elegir por el voto directo a los jueces y magistrados y, además, aumentar el catálogo de delitos graves en lugar, de ir por una justicia restaurativa. Y, del otro lado, está la construcción de una mega cárcel; no le ve mayores beneficios, ya que ambas propuestas, son punitivas.

“Entonces yo digo, no. No es por ahí. Tenemos que replantearnos cómo podemos cambiar el sistema de justicia en nuestro país”, señaló Rosario Robles.

Acceso a la justicia

Lucía Lagunes, preguntó a la invitada, acerca de las partes que tendrían que cambiar en el sistema de justicia para garantizar especialmente a las mujeres el acceso a la justicia, sobre todo, ante los altos índices de impunidad que alcanza con una tasa del 98 por ciento sin resolución.

Señaló que ante las altas tasas de impunidad que existen en el país, seguir manteniendo el esquema actual, en el que los Ministerios Públicos meten gente a la cárcel solo por cumplir con una cuota, no es viable. Además, de que no se respeta el enfoque en los derechos humanos, bajo la presunción de inocencia.

Realizó el planteamiento de que los Ministerios Públicos siguen con esa visión punitiva y, al contrario, las cárceles se llenan de gente por cubrir una cuota. No porque realmente se realice justicia.

A lo que Rosario Robles, contestó:

«No hay un enfoque de derechos humanos, no hay un principio pro persona que es el establece nuestra Constitución; un enfoque que permita privilegiar la libertad por encima de cualquier otra circunstancia y la presunción de inocencia».

Relató su experiencia personal, cuando los jueces de control, se comportan como jueces de consigna, tal y como habría ocurrido en su caso, afirmó: «ya que fue el juez Jesús Delgadillo Padierna, -sobrino de Dolores Padierna- quien la recluyó bajo un argumento, hay que decirlo, absurdo».

Rosario Robles expuso el abuso de la prisión preventiva, siendo, una pena anticipada, señaló:

«Tú entras a la cárcel y la gente no entiende que se trata de una medida cautelar para que estés en el proceso. La gente dice, ´estas en la cárcel´, entonces eres una delincuente”.

Siguió bordando en el tema, que el abuso de la prisión preventiva es un castigo que se da, tanto a hombres como mujeres. Pero que en el caso de las mujeres, las separan de sus hijos, cuando los protocolos establecen, que, si hay hijos de por medio, se privilegie una medida alterna a la cárcel para seguir el proceso.

“Las encierran 23 de las 24 horas del día. O sea, las presuntamente inocentes están encerradas, no pueden salir más que una hora, entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia?”, abundó.

Resaltó que los jueces de control con mucha facilidad, otorgan como medida “preventiva”, este tipo de encierro, dijo, “creo que este es uno de los grandes asuntos, en los que, además, ya hemos tenido recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ese es un punto que para mí es clave, además, de que no se juzga con perspectiva de género”, sostuvo.

En su tiempo en prisión, Rosario Robles, aprovechó para compartir con sus compañeras, un sinnúmero de opciones para que buscarán la alternativa de ser juzgadas bajo la óptica de la perspectiva de género, cosa que ni los abogados de oficio ni los jueces realizan.

Compartió Rosario, “yo hasta les redactaba, tú le tienes que decir al juez que eres madre, que tienes hijos pequeños que dependen de ti, y todo, para tratar de tocar el corazón, y decir, ´oiga si yo en lugar de estar aquí en la prisión de Santa Martha, puedo estar firmando cada 15 días, o traer el brazalete, pero déjeme con mis hijos”.

Es a través de este tipo de acciones que el Estado Mexicano, se podría ahorrar el costo de la estancia en prisión de las mujeres. Y, finalmente, resultan condiciones más humanas, para que las mujeres que son abandonadas en cuanto pisan la cárcel, pudieran seguir manteniendo una vida productiva al lado de sus hijos.

El origen

Durante el 2018, se publicó una investigación periodística del esquema piramidal, conocido coloquialmente como «La Estafa Maestra», comprobando el desvío de recursos millonarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto de dependencias federales hacia universidades.

Mediante el análisis realizado se comprobó que las empresas “contratadas” por las universidades eran ilegales o fantasma, toda vez que no tenían capital, infraestructura ni personal para cumplir con los servicios que supuestamente debían hacer a las dependencias.

El encargado de los recursos tanto en Sedesol y Sedatu fue Emilio Zebadúa, el colaborador más cercano a Robles y quien tenía las claves de los sistemas administrativos y las facultades legales para autorizar la salida de dinero de la dependencia.

Emilio Zebadúa jamás fue imputado por la FGR, en cambio, se ofreció como testigo colaborador de la Fiscalía; realizó una declaración en la que acusó a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, de participar en la trama del desvío de recursos para pagar deudas electorales y financiar campañas políticas, línea que tampoco fue investigada.

Rosario Robles fue la única exsecretaria de Estado que fue investigada por la FGR por este caso, pero en tres años que pasó en prisión, nunca se le imputó algún delito financiero. Los abogados defensores, encabezados por Epigmenio Mendieta, dijeron que fueron determinantes para ganar este caso los amparos otorgados por la prisión preventiva que se había impuesto, pero con irregularidades, así como la conducta que se le imputaba, porque ya no existía en el Código Penal.

El proceso judicial contra de Rosario Robles comenzó en agosto de 2019, cuando se presentó ante el juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, enemiga política de la ex titular de Sedesol, para afrontar la acusación de ejercicio indebido de la función pública por haber permitido la firma de convenios de sus dependencias con universidades, pese a que la Auditoría había señalado irregularidades en ellos.

En la segunda audiencia, el 12 de agosto de 2019, Rosario Robles fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla como medida cautelar concedida por el juez al considerar un riesgo de fuga, pese a que el delito de ejercicio indebido de la función pública no ameritaba prisión mientras seguía el proceso.

En los años siguientes su defensa interpuso recursos judiciales para cambiar la medida cautelar, pero sin lograrlo. El 19 de agosto de 2022, la FGR informó en un comunicado que Robles solicitó un cambio de medida cautelar y un juez de control aceptó la petición. Por ello, la exfuncionaria siguió su proceso penal en libertad.

El 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo una audiencia encabezada por el juez Omar Paredes, quien se involucró en el caso por primera vez, luego del cambio que hubo con su colega Ganter Villar, quien había presidido las audiencias previas en las que negó beneficios a la exfuncionaria y siempre le dio la razón a la FGR.

Tras analizar el caso y argumentos de la FGR, el juez determinó que descartaba el proceso penal y aducía un proceso administrativo. Entonces la Fiscalía apeló la decisión, pero con la resolución del Tribunal en diciembre del 2023, Rosario Robles terminó absuelta.

Tras la ratificación de su inocencia por su presunta participación en la “Estafa Maestra”, Rosario Robles en su cuenta oficial de X, antes Twitter, emitió un posicionamiento para expresar su sentir sobre lo vivido, que se trató de una infamia y a pesar de haber estado en prisión “jamás dejé de ser libre”.

Reprochó que utilizar las instituciones para “venganza” no es de un gobierno demócrata, tras señalar públicamente a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, de persecución.

Rosario Robles, ha sido columnista en varios medios impresos. Actualmente escribe en El Universal y participa como comentarista en el programa de José Cárdenas Informa. Como feminista a lo largo de su trayectoria política ha impulsado leyes y políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres.

También, es coautora en algunos libros de corte académico y éste es su segundo libro biográfico. El primero: Con todo el corazón. Una historia personal desde la izquierda (Plaza y Janés, 2005).

LOA/OLO

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Ciudad de México.- La violencia feminicida no tiene temporalidad, pero al parecer, la entrega de recursos económicos para la Red Nacional de Refugios (RNR) de la partida presupuestal destinada para cubrir sus necesidades durante el 2024, sí tiene, ya que en lo que va del primer trimestre de este año por diversos motivos, atribuibles a «la burocracia», no han recibido el recurso.

En lo que va del presente sexenio, de diciembre de 2018 hasta febrero de 2024, se han registrado un total de 4 mil 873 casos de feminicidio y 144 mil 589 homicidios dolosos contra mujeres, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Hay que resaltar que tan solo en el 2023 la Red Nacional de Refugios acompañó a 20 mil 284 mujeres, niñas y niños, quienes tuvieron que salir de su casa, por temas de violencia física, psicológica y sexual. La afectación hacia las infancias pasa por cuatro estadíos, violencia física, psicológica económica y patrimonial.

«En la política de Refugios, mecanismos que previenen feminicidios, sigue existiendo una gran deuda para las mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias. Ya que por tercer año consecutivo el recurso no llega en el primer trimestre del año, lo que trasgrede los derechos humanos de las familias beneficiadas», refirió Wendy Figueroa Morales, Directora general de Red Nacional de Refugios.

La activista señaló que la afectación también recae en las profesionistas que atienden en estos refugios ya que siguen brindando ininterrumpidamente los servicios, de cara al compromiso que se tiene. Sin embargo, hay limitaciones en los insumos y recursos materiales.

Del total de los 111 proyectos aprobados para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género sus Hijas e Hijos, que es dirigido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la dependencia aún no ha podido entregar los recursos que corresponden a la Red Nacional de Refugios (RNR).

Cabe destacar que aunque la bolsa presupuestal de la Conavim asignada para el ejercicio presupuestal del 2024 es de más de 485 millones de pesos, no resulta suficiente, debido a que el incremento correspondiente a la inflación anual, supera por mucho, a cualquier cantidad.

Falta certidumbre

La entrega del recurso federal asignado por ley, no es lo suficientemente ágil y va a contratiempo, ya que para el recurso que se tendría que estar ejerciendo en el primer trimestre del 2024, apenas en los últimos días de marzo fue cuando se empezaron a firmar los convenios.

«Los convenios empezaron a firmarse apenas en los últimos días de marzo, siendo muy pocas las Organizaciones que firmaron en dicho mes, la mayoría ha firmado en abril y, al día de hoy no hay ningún refugio al que se le haya entregado el presupuesto de la primera ministración», señaló la activista.

Esta falta de celeridad en la entrega de los recursos, no es nueva, año con año, el meollo del asunto, está en la poca claridad en los procesos administrativos.

La Directora general de Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, refirió:

«Como cada año, sigue la poca claridad en los procesos administrativos, continúan por parte de la instancia ejecutora las solicitudes de cambios constantes en los documentos entregados o incluso en los convenios firmados».

La activista comentó que algunas organizaciones han tenido que venir a la ciudad de México, dos veces a firmar. O bien, mandar por paquetería los convenios que deben volver a firmar por errores de la instancia ejecutora, lo que lleva a retrasar los procesos, con la natural implicación, de que la liberación del presupuesto se retrase.

De amplio espectro

Referente a la magnitud del tamaño de la labor que se realiza para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, aún falta un tramo muy largo por andar.

De acuerdo al Informe Nacional sobre Centros de Justicia para las Mujeres 2018 – 2021, presentado por la organización feminista, EQUIS Justicia para las Mujeres a principios de este año, uno de los principales retos de la autoridad, consiste en dar más y mejores recursos.

Refirió que se debe garantizar presupuesto específico, para la contratación de mas personal en mejores condiciones laborales y la provisión de papelería, mobiliario, equipo y combustibles.

Fátima Gamboa Estrella, directora General de EQUIS Justicia para las Mujeres, destacó, “son importantes los datos recabados por el INEGI para tener un mapeo de lo que aún falta por hacer. Si tomamos en cuenta, que 7 de cada 10 mujeres ha experimentado violencia psicológica y física. Y, de ese universo únicamente el 5 por ciento acude a pedir apoyo, existe una gran brecha por andar”.

Durante su participación en el evento convocado por EQUIS Justicia para Mujeres en el mes de febrero, Wendy Figueroa, Directora general de la Red Nacional de Refugios, compartió que para tener un acceso a la justicia:

“Es necesario empezar a creerles a las mujeres. Es un reto que se crea en su voz, para que cuando una mujer acuda con la autoridad y se sienta violentada o esté en peligro les crean, que no sea necesario mostrar una evidencia de que fue violentada o maltratada”.

También, subrayó: “se la han pasado administrando la violencia. No se denuncia ante la impunidad, porque si no existen garantes se detiene todo”, de igual forma expresó que el tema del presupuesto que se asigne es muy importante para poder contar con los recursos necesarios para brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Como parte de la actualización del caso en el caso de feminicidio de la niña Camila, de 8 años, en Taxco de Alarcón, Guerrero, el pasado 27 de marzo, hoy se sabe que el cuerpo de Ana Rosa N, madre de los presuntos agresores fue entregado a sus familiares a una semana después de ser linchada por pobladores y fue sepultada sin la presencia de amigos ni familiares, mientras la Fiscalía General estatal vinculó a proceso bajo medida cautelar de un centro tutelar a Juan Alfredo N, de 17 años, por su implicación en el caso.

Desde hace años se ha documentado el abandono que viven las mujeres relacionadas con actividades delictivas, la entonces Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF, hizo mención que 7 de cada 10 mujeres internas no son visitadas por nadie, aun cuando haya personas a las que hayan autorizado para ello, en cambio, de los hombres en prisión, 91 por ciento tiene visita familiar o conyugal frecuente.

Ana Rosa “N”, la mujer acusada del feminicidio de Camila murió tras ser presentada ante el Ministerio Público de Taxco, es decir, después de ser severamente golpeada, no fue trasladada por las autoridades a un hospital para atender sus heridas.

El cuerpo de la mujer víctima del segundo feminicidio acontecido en Taxco durante la semana santa, estuvo dos semanas en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, Guerrero. Autoridades gubernamentales dieron a conocer que los familiares de ésta, no habían querido recoger el cadáver del Semefo a pesar de que de manera legal ya podían hacerlo, debido al riesgo que implicaba regresarla a Taxco.

El pasado lunes 1 de abril, la Fiscalía de Guerrero mencionó que las personas que participaron en el linchamiento de Ana Rosa no era familiares de la víctima. Agregaron que se abrió una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables por el homicidio de la mujer, no hay ningún avance en la investigación.

“Vinculándolo a proceso bajo la medida cautelar de internamiento en un Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (en Chilpancingo)”. Juan Alfredo, su hermano Axel, de 21 años, y Ana Rosa N, mamá de ambos, fueron sacados de una vivienda y golpeados en la avenida de Los Plateros de Taxco el jueves 28 de marzo, acusados del secuestro y asesinato de Camila de ocho años perpetrados un día antes.

Y es que, independientemente de la culpabilidad que pudiera recaer en la presunta culpable del feminicidio de Camila, Ana Rosa “N”, hay una óptica que nos impide ver que estamos ante el caso de un segundo feminicidio, porque si bien, pudiera haber sido parte del grupo de personas responsables del feminicidio de la niña Camila, esa era una cuestión que le tocaba al Estado mexicano juzgar y definir.

Luego del feminicidio de Camila y el linchamiento de Ana Rosa Díaz Aguilar, Mario Figueroa Mundo, alcalde de Taxco, pidió dar vuelta de este tema, en el marco de la presentación en el Tianguis Turístico 2024, para promover su municipio, Mario Figueroa Mundo, quién busca un cargo por Movimiento Ciudadano, admitió que vio este evento del tianguis como “tristón” por el huracán Otis en Acapulco.

Dijo que en esta iniciativa se buscaba apoyar a Acapulco y se negó a hablar del feminicidio de Camila y el linchamiento de Ana Rosa: “no hablamos de tragedias”, aseguró de manera contundente a medios locales al ser cuestionado del caso, del que aseguró que la noticia fue manejada de manera amarillista, fue cuando pidió dar vuelta al feminicidio para que más turistas extranjeros pudieran visitar Taxco.

Un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), con sede en Chilpancingo, indicó que el adolescente fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial a través de una orden de aprehensión cumplimentada el 30 de marzo del año en curso, en el municipio de Taxco de Alarcón.

Se mencionó que en seguimiento a la carpeta de investigación por los lamentables hechos registrados en Taxco de Alarcón, informó sobre la vinculación a proceso de Juan Alfredo “N”, de 17 años, por el delito de feminicidio en agravio de la menor de edad, en seguimiento a la carpeta de investigación que se inició por los hechos registrados el 27 de marzo, en la región norte de la entidad.

Se precisó que el 28 de marzo, la FGE cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José N por el citado delito, dicho mandamiento judicial fue solicitado y obtenido por el agente del Ministerio Público.

El imputado fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), el 29 de marzo pasado, se realizó la audiencia donde la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a través de la Fiscalía Regional de la zona Norte presentó elementos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, mismos que fueron analizados por el juez, quien declaró el auto de vinculación a proceso, y dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Ana Rosa no tuvo la oportunidad de enfrentar a la justicia, pues falleció la tarde del 28 de marzo a causa de los golpes de una enardecida población que definió la situación de esa mujer y decidieron –sin juicio previo- poner punto final a la vida de la presunta delincuente.

Axel Alejandro N, fue vinculado a proceso el 30 de marzo y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en un reclusorio de Iguala. Del caso también ha sido vinculado a proceso el taxista José N, a quien cámaras de seguridad captaron quien carga una bolsa negra del domicilio de Ana Rosa, del que se presume era el cuerpo sin vida de Camila, que fue localizó en la carretera Acamixtla-Zacapalco, en Taxco.

La Fiscalía y el gobierno del estado informaron que el cuerpo de Ana Rosa N fue entregado a su madre Josefina Díaz. Los restos permanecieron en un velatorio habilitado como Servicio Médico Forense en Iguala, aunque desde el 30 de marzo se emitió el oficio de liberación del cadáver, pero fue hasta 5 de abril pasado, que fue reclamado por familiares.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que están buscando a los responsables del homicidio de Ana Rosa “N”, quien fue acusada de secuestrar y asesinar a la niña Camila en Taxco, Guerrero. Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, anunció que la Fiscalía de Guerrero ha iniciado una carpeta de investigación para determinar la identidad de las personas que le causaron la muerte a la supuesta secuestradora.

Rodríguez Bucio afirmó que el gabinete de seguridad mantiene comunicación constante con la Fiscalía para dar seguimiento al caso de Ana Rosa. Además, reiteró su compromiso para garantizar que este episodio violento no quede impune.

Cronología del caso

De acuerdo con la cronología del caso, revelada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Camila, una niña de 8 años de edad, visitó la casa de una de sus amigas en el Barrio de la Florida el 27 de marzo a las 13 horas.

Margarita, madre de Camila, acudió a dicho domicilio a las 16 horas a preguntar por su hija, pero Ana Rosa, madre de la amiga de Camila, le respondió que ella nunca estuvo en su domicilio. Sin embargo, las pruebas demostraron lo contrario.

Una cámara de vigilancia captó a Ana Rosa saliendo de su domicilio, junto con su pareja, José Ricardo “N”, ambos con una bolsa negra en la que encontraba el cuerpo de Camila, el cual fue trasladado desde dicho lugar en un taxi Nissan Sentra; esto a las 14 horas.

Margarita acudió al Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hija; fue en este punto que recibió tres mensajes en el que le pidieron un rescate de 250 mil pesos por la niña, en otro le exigieron 35 mil pesos y en otro más 8 mil pesos.

El cuerpo sin vida de Camila fue encontrado el 28 de marzo a la 1 de la mañana en la orilla de la carretera Acamixtla- Zacapalco; este hecho fue el que detonó el linchamiento de los implicados en el asesinato de la menor de edad.

Ese mismo día, a las 11:30 horas, familiares de Camila y vecinos del Barrio de la Florida, acudieron al domicilio de Ana Rosa para evitar que los responsables del delito escaparan; la mujer se encontraba con sus hijos Alfredo, de 17 años de edad, y Axel Alejandro, de 21 años de edad.

La familia fue víctima de un linchamiento que resultó en la muerte de Ana Rosa, mientras que sus dos hijos resultaron con golpes en la cabeza y el cuerpo, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital del IMSS en Iguala.

Las personas señaladas intentaron defenderse mientras eran resguardados por elementos de seguridad, pero esto no fue suficiente, ya que los pobladores seguían arremetiendo contra ellos, En el caso de Ana, varios hombres invitaban a las mujeres a golpearla, horas más tarde esto le costó la vida.

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Ciudad de México.- Ante el escalamiento de las tensiones entre la relación de México y Ecuador, que ha derivado en una crisis internacional, la actuación de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, ha sido clave para evitar una escalada mayor y se ha volcado en un franco activismo para llevar el caso ante instancias internacionales en aras de la paz y darle un cauce institucional.

En un inicio, el tratamiento de la canciller tuvo un tono conciliatorio, pero a medida que fue escalando el conflicto, su postura pasó a una condena enérgica de las acciones emprendidas por Ecuador violatorias de las leyes internacionales.

En medio de un clima de condena internacional por el desacato a leyes y Convenciones internacionales del gobierno ecuatoriano, Bárcena anunció que el Estado Mexicano presentó una demanda en contra de Ecuador, ante, la máxima instancia para dirimir disputas entre Estados, la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El jueves 11 de abril, la funcionaria federal señaló que la demanda ante el Tribunal de Justicia de La Haya, tiene por objeto que Ecuador se disculpe y reconozca las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado Mexicano y a sus nacionales.

Durante la conferencia matutina, del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, Alicia Bárcena planteó un resumen del fundamento y del contenido de la demanda ante la CIJ. Entre otros puntos, se busca que los jueces internacionales establezcan el precedente de que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la ONU.

«Se solicita la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado Mexicano y a sus nacionales”, precisó la canciller.

Entre las principales infracciones que Ecuador cometió se encuentra la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al irrumpir sin autorización y sin ningún derecho a la Embajada de México en Ecuador. Otra de las infracciones mayúsculas, fue la que se cometió en contra de la Política de Asilo.

Voces de apoyo

La gravedad de la actual crisis diplomática desatada, no ha tenido precedentes en la historia de México. Respecto a lo ocurrido, la canciller Bárcena destacó que ni en los peores momentos, ha habido una violación tan clara a las normas más básicas de convivencia diplomática, ni las peores dictaduras.

Sumando a la pluralidad que debe existir en Democracia, la canciller Alicia Bárcena, posteó en la red social X (antes Twitter), un agradecimiento a las y los contendientes por la Presidencia de la República, por sus muestras de solidaridad y apoyo, dijo:

«Me enorgullece la unidad mostrada por las fuerzas políticas en México frente al atropello de Ecuador contra nuestra Embajada. Con independencia del color, unieron su voz en defensa de nuestra patria. Como lo hice con @Claudiashein, agradezco también a @XochitlGalvez y a @AlvarezMaynez», expresó.

En nuestro país, las muestras de solidaridad y el rechazo a los hechos violatorios en materia de Derecho Internacional también tuvieron eco, en la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf.
La ministra, expuso que la labor de la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena ha resultado clave para un mejor desempeño de nuestro país en la reciente crisis diplomática, «ha tenido un desempeño impecable», subrayó la ministra de la SCJN.
Además de sumarse a la condena de los hechos que vulneran la soberanía: “me sumo a la enérgica condena contra la grave e inaceptable afrenta contra el Estado Mexicano, que transgrede nuestra soberanía e inviolabilidad de las representaciones diplomáticas consagradas en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Americana sobre Asilo”, destacó.

En días anteriores, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, posteó en la red social X, (antes Twitter), su posicionamiento, respecto al conflicto entre las dos naciones, dijo:

¿Quién es Alicia Bárcena?

Alicia Bárcena, actualmente, es la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y fue Embajadora de México en la República de Chile de 2022 a 2023.
Fungió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el sistema de Naciones Unidas (2008-2022).
Se desempeñó como Secretaria General Adjunta de Administración y Gestión en la Organización de las Naciones Unidas (2007-2008).
Fue Jefa y Vice-Jefa de Gabinete del Secretario General de la ONU (2005-2007).
También se desempeñó como Directora de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL (1999-2003).
Ocupó el puesto de Coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1998-1999).
Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1987-1988).
En México se ha desempeñado como Subsecretaria de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (1982-1986) y fue Directora General del Instituto Nacional de Pesca (1988-1990).
Es autora de más de 50 publicaciones en distintos medios internacionales y revistas académicas, entre otros.
Como parte de la CEPAL, coordinó 14 publicaciones institucionales.
En cuanto a su formación académica, es bióloga, licenciada en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard y cuenta con un doctorado honoris causa por la Universidad de Oslo, Noruega, por la Universidad de La Habana, Cuba, y por la misma UNAM.

Respaldo internacional

El miércoles 10 de abril, la Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó a México y aprobó una resolución de condena ante el violento asalto de policías de Ecuador a la embajada mexicana.

La OEA convocó a un sesión extraordinaria y acusó al Gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo.

La resolución del organismo internacional se llevó a cabo mediante una votación, con fallo de 29 votos a favor de la resolución y, solo uno en contra, el de Ecuador

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Respaldo regional

Esta semana la canciller mexicana pidió en una sesión extraordinaria ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) respaldo de los países de la región para la denuncia que presentará ante la Corte Internacional de La Haya y la carta que será enviada al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres.

En la reunión extraordinaria de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó el abuso y sometimiento del personal diplomático que “quedará plasmado para siempre en la historia”.

Además convocó a los Estados miembros del organismo regional a sumarse a la acción conjunta, con el objetivo de demostrarle a la comunidad internacional que los quebrantos al derecho internacional son inaceptables, pero sobre todo que tienen consecuencias.

“Acompañamos la propuesta de la presidencia ´pro tempore´ de Honduras, de convocar a una reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de gobierno, ya que esta acción requiere una voz firme y unida en defensa del derecho internacional y de las reglas más básicas de convivencia entre nuestros países», destacó la canciller Alicia Bárcena.

En su participación en la reunión extraordinaria, Alicia Bárcena, consignó que existe espacio para el titubeo y que estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen los países.
Refirió que el comportamiento desproporcionado del gobierno de Ecuador no de debe sentar precedente alguno, de igual forma destacó, que ha llegado el momento de ver una CELAC unida y defensora de las normas internacionales.

El origen del conflicto

Luego de las polémicas declaraciones ofrecidas el miércoles 3 de abril por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las que sugirió que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante el 2023, antes de las elecciones ganadas por Noboa, había influido en las intenciones de voto.

El gobierno ecuatoriano declaró el jueves 5 de abril, persona ´non grata´ a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, y le dio un “breve plazo” para que abandonara el país.

Cabe señalar que en plena campaña electoral, en el mes de agosto de 2023, Villavicencio fue asesinado a balazos a la salida de un mitin en Quito, Ecuador por un grupo de hombres armados.

El viernes, México publicó un comunicado en el que calificó como “desproporcionada” la respuesta ecuatoriana e informó que Roberto Canseco -jefe de la misión consular mexicana en Ecuador-, quedaría a cargo de la embajada y que continuaría “operando con normalidad”.

En el mismo comunicado afirmaba que “luego de un análisis exhaustivo” de la situación, el gobierno de México había decidido otorgar asilo político al ex vicepresidente Glas, quien se encontraba refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre del año pasado.

Luego de lo ocurrido en la embajada en Quito, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo que la concesión de asilo diplomático a Glas fue un “acto ilícito”.

Asalto a la embajada mexicana

En plena situación ríspida de la diplomacia entre los dos países, militares y policías de Ecuador comenzaron a rodear la embajada de México en Quito el viernes por la tarde.

El gobierno de López Obrador rechazó inmediatamente el incremento de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de su embajada y exigió a Ecuador respetar su soberanía y cumplir con sus obligaciones internacionales. Durante la noche, un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en las instalaciones y capturó a Glas.

“Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta”, informó el presidente de México en su cuenta en de la red social X (antes Twitter).
“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, añadió el Jefe del Ejecutivo.

El jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, Canseco, se hallaba en la embajada cuando policías ecuatorianos fuertemente armados intentaban trepar las paredes del recinto. En declaraciones a la prensa, dijo que se golpeó la cabeza contra el suelo y trató de impedir la entrada de agentes a la embajada.

“A riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así”, aseguró Canseco.
“Estoy muy preocupado porque puedan matarlo, dijo, refiriéndose al ex vicepresidente Jorge Glas. No hay ningún fundamento para hacer esto. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada”, añadió.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó ante la prensa luego de lo ocurrido que la decisión “fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia”.
Y agregó que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoria y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales”.

Quiebre de relaciones diplomáticas

El gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, decidió el viernes 5 de abril suspender relaciones diplomáticas con Ecuador, después de que un grupo de policías ecuatorianos treparan las paredes y vallas de la embajada mexicana en Quito, la capital de Ecuador para ingresar al recinto.

El operativo buscaba capturar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y, que se encontraba refugiado en la embajada mexicana desde diciembre.

“Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, aseguró su gobierno en un comunicado.

Se trata de un acontecimiento sin precedentes que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera de Ecuador, pero que el gobierno del presidente Daniel Noboa justifica asegurando que es en defensa de la soberanía nacional y para evitar intervención extranjera en los asuntos internos de su país.

Culminó con el allanamiento de autoridades de Ecuador a la embajada de México en Quito, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena ha jugado un rol preponderante para evitar un conflicto mayor.

Reacciones de apoyo

La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada despertó una reacción unánime de rechazo por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales. Varios mandatarios expresaron que se trata de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo.

El gobierno de Nicaragua rompió el sábado 6 de abril sus relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México ante los hechos que calificó como “insólitos y repudiables”.

Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras, escribió en su cuenta en X que el asalto a la embajada de México “con el objetivo de secuestrar” a Glas “constituye un acto intolerable para la comunidad internacional”.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las acciones del gobierno ecuatoriano, el mandatario posteó en la red social X:

“Se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se mostró “alarmado” por lo sucedido, según informó el sábado 6 de abril en un comunicado.
Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, dijo que: “Las violaciones de este principio ponen en peligro la prosecución de unas relaciones internacionales normales, que son fundamentales para el avance de la cooperación entre los Estados”.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Antes que actuar con debida diligencia, el gobierno de Campeche ha decidido seguir criminalizando a las y los elementos de la corporación que continúan en paro para pedir justicia para sus compañeras policías quienes fueron expuestas a violencias en un operativo fallido el cual se llevó a cabo en el penal de San Francisco Koben.

Las mujeres de la corporación en Campeche, denunciaron abusos durante el operativo fallido, afirmando que no recibieron el equipo necesario para ingresar al penal y que algunas fueron agredidas sexualmente mientras se desarrollaba el motín. Las uniformadas acusaron que los reclusos del Cereso San Francisco Kobén, las estaban esperando armados con piedras, palos e incluso machetes y vivieron violencia sexual durante el operativo.

La indignación ante el abuso a sus compañeras y la mala planificación del operativo, detonó un paro de la corporación policíaca, desencadenando una serie de demandas y protestas por parte de los agentes, quienes exigieron cambios significativos en sus condiciones laborales.

De tal forma, que 21 elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), han sido notificados por la Dirección de Asuntos Internos de esa dependencia, que se inició una carpeta de investigación en su contra, a pesar del amparo que los protege. Durante la tarde del lunes 8 de abril, se les entregó un citatorio para que acudan a una audiencia y respondan ante las acusaciones.

La operación limpieza, incluye a 6 elementos de la corporación, entre ellos una mujer, se les suspendió sus sueldos y fueron dados de baja, tras ser considerados los líderes del movimiento de protesta que inició a mediados de marzo, siendo denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por delitos como motín y sabotaje.

Los hechos

La situación en la entidad, apuntaba a una apuesta por el desgaste de policías que iniciaron protesta pacífica, tras las marchas en que se unieron los miembros de la corporación policíaca, así como sus familiares y, pobladores de la entidad para pedir justicia para sus compañeras policías abandonadas a su suerte en un operativo fallido en el penal de San Francisco Koben.

Las protestas tuvieron repercusión en los medios nacionales, luego de que miles de personas marcharan desde el malecón hasta el Palacio de Gobierno, para exigir la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, a quien acusaron de corrupción y negligencia al poner en riesgo la vida de 30 integrantes de la agrupación «Mujer Valiente».

Además de exigir mejores condiciones laborales, equipamiento adecuado, salarios justos y jornadas laborales razonables, las y los policías demandaron la destitución de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, en un principio.

Después, y ante el mal manejo de crisis, la situación habría escalado de tono para pedir la destitución de la gobernadora de la entidad, Layda Sansores. Posteriormente, hubo un acercamiento, para integrar una mesa de diálogo.

Resistencia pacífica

Los integrantes de la corporación, mantuvieron una resistencia pacífica, al continuar trabajando, pero también, con la exigencia de que se cumplieran sus peticiones; luego de que un juez de Distrito de Campeche les otorgó un amparo.

El documento protegía a los policías que se encuentran en protesta para impedir que fueran detenidos, suspendidos o sufrieran algún otro tipo de sanción incluyendo la suspensión del pago de sus salarios.

A mediados de la semana pasada, fueron informados de la suspensión provisional concedida por el juez de Distrito mediante el cual se ordenó, incluso, cesar todo acto de hostigamiento, represión o intimidación en contra de los sublevados.

Legisladores locales, precisaron que si alguna autoridad estatal o federal violaba el amparo concedido incurriría en faltas a la ley que podrían derivar en su destitución.

Los funcionarios, coincidieron en precisar que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, debió ser suspendida de sus funciones desde el momento mismo que se abrieron las investigaciones por el fallido operativo efectuado en el penal de San Francisco Koben.

Tras su responsabilidad por haber puesto en riesgo la vida de más de 280 elementos que fueron enviados a enfrentar un amotinamiento sin los equipos e implementos necesarios y poniendo al frente del contingente a mujeres policías.

Derechos en acción

Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, entregó un oficio a los policías inconformes, en días pasados, para que aceptaran reanudar las mesas de diálogo y llegar a una solución.

Según un trascendido, Ligia Rodríguez dijo que las investigaciones realizadas por este organismo autónomo, habrían determinado que sí existe responsabilidad de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, en el fallido operativo en el penal de Koben.

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, solicitó al gobierno de la entidad aplicar las medidas cautelares, las cuales se cumplieron de forma parcial, ya que la funcionaria no habría sido separada de su cargo, en tanto que, prosigan las investigaciones.

Lluvia de acusaciones

En aquel momento, la respuesta de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fue más a su propio ritmo, anunció la creación de una “nueva policía” que se integraría con los elementos que regresaran al servicio y abandonaran la protesta de sus compañeros y con los egresados de la Academia.

Asimismo, acusó al ex gobernador priísta Alejandro Moreno Cárdenas y el ex alcalde de Campeche por Movimiento Ciudadano, (MC) Eliseo Fernández, de estar detrás del paro que realizan más de 700 uniformados desde el pasado 16 de marzo.

La respuesta de la gobernadora escaló, luego de transmitir un mensaje en sus redes sociales, avisando que procedería contra nueve elementos policíacos que encabezan la rebelión de sus compañeros, a los que acusó de estar siendo manipulados por un partido político y un ex gobernador, quienes, aseguró tenían antecedentes de corrupción.

En su mensaje, Sansores habría sostenido su respuesta a los 21 puntos contenidos en el pliego petitorio de los sublevados, y le agregó cuatro propuestas más, por lo que no pueden alegar que no ha habido diálogo y que no está dispuesta a resolver sus planteamientos, dijo.

La semana pasada José Marquez, policía estatal de Campeche, habló sobre el mensaje de la gobernadora del estado, Layda Sansores y la destitución de policías. Afirmó que todos los mensajes de la gobernadora son amenazantes y aún con eso, ellos seguirán firmes y en la misma postura.

Y, así continúa la situación de la corporación policial del estado de Campeche, en donde solo queda apostar por la resistencia, porque, aún no se ven señales claras de que resarzan el daño a las mujeres policías.

LOA/OLO

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