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En esta columna encontrarás toda la información financiera y económica abordada desde la perspectiva de género.

La llegada de la pandemia por COVID-19 obligó a establecer la modalidad de clases virtuales que buscaba evitar contagios, dadas las condicione de la mayoría de la escuelas públicas en particular.

Estas clases virtuales provocaron varios efectos: primero, una sobrecarga de trabajo en las mujeres. Según Coneval, 70 por ciento del apoyo educativo lo hicieron ellas (madres, maestras, hermanas, abuelas, tías, etcétera); se generó una deserción escolar, ya sea por la modalidad virtual y sus requerimientos o bien, por la reducción de ingresos en los hogares generada por el desempleo, obligando a jóvenes de ambos sexos a trabajar y dejar la escuela.

Se observa que dos de los factores determinantes desde la  perspectiva del abandono o truncamiento escolar son el sexo y la edad. Respecto a la variable de sexo, puede concluirse que aparentemente ser hombre incrementa la probabilidad de abandono o truncamiento.

En otras palabras, se amplió la brecha de género en la educación como producto de la pandemia (véase la siguiente gráfica). Este es uno de los principales hallazgos del estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Covid-19 y educación en México: primeras aproximaciones de una Desigualdad agudizada.

Imagen: Carmen R. Ponce Meléndez

Para todos los niveles educativos se observa que la mayor disminución está en las mujeres; incluso en primaria, las cifras son negativas (-0.9), y por supuesto la brecha más amplia se ubica en secundaria con 7.0 contra 1.9 por ciento (véase la gráfica). En cuanto a la edad, tener entre 12 y 14 años, 15 y 17, así como 18 a 22 incrementa 6, 8 y 16 puntos porcentuales la probabilidad de abandono o truncamiento: son las edades en que se incorporaron al mercado laboral, debido a la reducción de ingresos en los hogares. La desigualdad más amplia entre hombres y mujeres está en el grupo etario de 15 a 17 años.

Otro tema decisivo es el de la tecnología. Las adaptaciones para la enseñanza remota fueron abismalmente diferentes de un centro educativo al otro. Las clases virtuales precisaban de ciertos recursos (acceso a Internet, acceso a dispositivos para conectarse a Internet y manejo de las herramientas necesarias).

Aun cuando se registraron modificaciones tanto en escuelas públicas como privadas, en los grupos focales del análisis cualitativo se detectó que hubo una adaptación más ágil a la modalidad virtual en las escuelas privadas, tuvieron mejores condiciones por parte de las y los estudiantes para acceder —en principio— a Internet y a dispositivos para las clases virtuales. La escuela pública y sus estudiantes son los de mayor rezago

Las clases a distancia para quienes no tenían posibilidad de tomar clases virtuales se basaron en el uso de cuadernillos que el personal docente elaboraba para que las y los estudiantes pudieran acceder a los contenidos, repasarlos, realizar ejercicios y tareas. Esta modalidad se presentó especialmente en contextos rurales con poco o nulo acceso a Internet. De nuevo, un rezago o desigualdad asociado a la pobreza.

En las escuelas privadas, las y los estudiantes provenían de hogares con mayor estabilidad económica. Cabe puntualizar que la incursión en el mercado laboral remunerado resultó mayor para quienes estudiaban en escuelas públicas, en particular en los niveles medio superior y superior.

En la población de 3 a 22 años en su conjunto, tener Internet fijo, teléfono inteligente, tableta o computadora en la vivienda se asocia a reducciones de 2, 1.9, 0.9 y 6.5 puntos porcentuales en la probabilidad de abandono o truncamiento, respectivamente. Por su parte, tener televisión en casa no se asocia con reducciones en la probabilidad de abandono.

Destaca la importancia de la computadora como herramienta para hacer sostenible la escolaridad remota.

Ahora, la dimensión regional también refleja las desigualdades del país. La tasa de abandono y truncamiento escolar más alta es en un sur pobre; mientras que la tasa menor corresponde al norte y centro norte, industrializado y técnicamente mejor equipado. Además, presentan tasas de desempleo menores.

En el grupo de 18 a 22 años, el centro del país registró la tasa de abandono más alta con 30.4, contrastando con 18.4 puntos porcentuales del noroeste. Un abismo de desigualdad regional.

Pasando a las horas de estudio y su incidencia, el estudio referido encontró que, en general, las horas de estudio y actividades escolares aumentan con la edad: de 2.4 horas diarias en el intervalo de 3 a 5 años, hasta un promedio de 6.3 horas en el intervalo de 18 a 22 años.

En promedio, los inscritos al ciclo escolar 2020-2021 destinaron 4.3 horas diarias a estudiar y realizar actividades escolares en un día normal de clases a distancia.

Comparando el promedio de horas de estudio entre escuelas públicas con privadas, las y los estudiantes de las segundas tendieron a estudiar más en todos los intervalos etarios, a excepción del grupo de 18 a 22 años. En promedio, las y los estudiantes de escuelas privadas estudian 1.4 horas diarias más.

La pandemia reforzó la desigualdad en la calidad educativa entre escuelas públicas y privadas; dicho de otra manera, una desigualdad entre estudiantes pobres y los de mejores ingresos, desigualdad de clase social que se traduce en una muy baja capilaridad social. 

Uso de tecnología. El dispositivo con menor efecto, tanto en las horas de estudio como en la probabilidad de estudiar 4.5 horas o menos, es el teléfono inteligente, dispositivo principal de 63 por ciento de los estudiantes de 3 a 22 años —asociado al nivel de ingresos en los hogares—.

Caso contrario a la computadora, el uso de un teléfono inteligente como dispositivo de aprendizaje principal se reduce con el aumento de la edad y los ingresos.

Si bien muchas veces contar con acceso a la tecnología está condicionada por la posibilidad económica de adquisición de aparatos electrónicos en el hogar, la política pública para democratizar este acceso puede generar efectos decisivos.

La pandemia implicó una reducción de 4.72 horas de estudio a la semana. La pérdida de horas de estudio a la semana en la población que asiste a la escuela es especialmente elevada en comunidades rurales.

Cabe destacar que la desigualdad educativa entre las áreas rurales y urbanas siempre existió, pero ahora —con la pandemia— esa brecha también creció considerablemente.

El tema de la violencia acrecentada.Derivado de la pandemia, se pudieron observar aumentos en los factores de riesgo asociados con la violencia en el ámbito familiar, en el trabajo infantil, en el matrimonio infantil y en el embarazo adolescente.

En el caso de la violencia física, sexual y psicológica, se identificó una mayor afectación para niñas y niños en comparación con otros grupos. En particular, se identificaron casos de violencia física por parte de familiares directamente hacia niñas, niños y adolescentes, así como situaciones familiares que los exponían a la violencia.

En suma, en materia de educación, las desigualdades sociales, de calidad educativa, de género y económicas se profundizaron, en detrimento de las mujeres y niñas pobres en primer término. Con esto, se reducen sus opciones para salir de esa pobreza mediante una educación de calidad.

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Las Mujeres enfrentan dos tipos de desigualdes muy importantes en materia de pensiones, ambas se traducen en un retiro con pobreza por menores ingresos. La primer inequidad es por el tipo de  pensión que reciben (contributiva o no contributiva); la segunda es la de género y los factores que inciden en la vida laboral femenina.

La pensión contributiva  se basa en la afiliación al sistema y el pago de contribuciones sobre el salario, ya sea por el asegurado solo o acompañado de su empleador;  no contributiva no requiere aportes  y se otorga como una  prestación  asistencial,  usualmente financiada por el Estado y focalizada en la pobreza extrema o total, aunque también puede ser universal.

En México la no contributiva es la tarjeta de Bienestar para el Adulto Mayor, está demostrado que favorece más a mujeres por su nivel de pobreza y la falta de derechos laborales, éstos le darían acceso a una pensión contributiva con un nivel  de ingreso mayor.

Son algunos de los elementos abordados por Carmelo Mesa-Lago, catedrático de Servicio Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos, Universidad de Pittsburgh . “Desempeño de pensiones privatizadas en América Latina, 1980-2020: el caso de México”. TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXXIX (3), núm. 355, julio-septiembre de 2022.

Para el caso de la pensión contributiva la desigualdad o inequidad es de género. Se deriva tanto del mercado de trabajo y factores demográficos (típicos en ambos sistemas), como del propio sistema de pensiones privado.

En cuanto al mercado de trabajo:

a) La mujer tiene una tasa de participación en la fuerza laboral menor que la del hombre.

b) El salario femenino es inferior al masculino por igual tarea (aunque la ley establezca la paridad, ésta raramente se ejecuta en la práctica).

c) La mujer deja el trabajo por maternidad y cuidado  de  los  hijos,  sin  recibir  remuneración  por  este  servicio  (además,  el  cuidado  de  los  hijos  impide  que  la  mujer  trabaje,  salvo donde existen guarderías infantiles suficientes y gratuitas o de bajo costo).

d) Todo lo anterior provoca que la mujer tenga una densidad de cotización menor que la del hombre. Además, la ley con frecuencia fija la edad de retiro de la mujer cinco años antes que la del hombre, por lo cual contribuye cinco años menos, pero vive alrededor de cinco años más, así su pensión debe ser pagada por un periodo de 10 años más que la pensión del hombre.

El sistema privado agrava dicha situación, porque aplica tasas de mortalidad diferenciadas por género (basadas en lo acumulado en la cuenta individual y la esperanza de vida femenina), por lo cual la pensión femenina es aún menor que la masculina.

Las TR, tasa de remplazo es el porcentaje sobre el salario promedio que determina el monto de la pensión promedio y media femeninas calculadas para cinco sistemas privados son entre dos y nueve puntos menores que las masculinas.

Debido a su menor participación laboral y a que el trabajo informal de la mujer es proporcionalmente mayor al del hombre, aquélla también tiene una cobertura contributiva de la pea inferior a la masculina en la gran mayoría de los países.

La gráfica muestra el crecimiento promedio  para 2009-2018 una cobertura de la pea femenina en el sistema privado inferior al mínimo de 50 por ciento fijado por OIT y en Bolivia y Perú era menor a 20 puntos. Con la excepción  de dos países, la cobertura del hombre era superior a la de la mujer: entre 3 y 10 puntos porcentuales más (bid, 2019).

Entre 2009-2010 y 2017-2018 la cobertura femenina aumentó en todos los países excepto en México (–5.1 puntos porcentuales) y en El Sal-vador (–1.6 puntos), veáse gráfica. Salvo en Uruguay, la expansión promedio anual en los ocho años del periodo fue menor a un punto porcentual.

Sin embargo, la cobertura total (suma de la contributiva y la no contributiva) de las adultas mayores es muy alta: de 97 a 86 puntos porcentuales en Bolivia, Chile y Uruguay; de 79 a 59 por ciento en Panamá, México y Costa Rica.

En 2020 se cumplieron 40 años de la promulgación de la primera “privatización” de pensiones en Chile,  la cual después se extendió a otros países de América Latina y el mundo. Entre 1981 y 2008, 11 países latinoamericanos implementaron reformas estructurales de pensiones, al cambiar total o parcialmente de prestación  definida;  reparto o capitalización parcial colectiva, y administración pública (“sistema público”), a contribución definida; capitalización plena o con cuentas individuales, y administración privada por CORPORACIONES CON ÁNIMO DE LUCRO (“sistema privado”).

Las reformas estructurales  adoptaron tres modelos: 

  1. Sustitutivo,  en  que  se  cerró  el  sistema  público  y  se  remplazó  por  completo  por  el  privado  (Chile,  México,  El  Salvador y República Dominicana).
  2. Mixto, en que se mantuvo el sistema público como un pilar y se agregó el privado como uno secundario (Argentina,  Bolivia,  Costa  Rica  y  Uruguay). 
  3. Paralelo,  en  que  se  mantuvo  el  sistema público y se agregó el sistema privado, los dos en competencia entre sí (Colombia y Perú).

El pobre desempeño de los sistemas privados en la suficiencia de las pensiones ha generado una reacción negativa en varios de los países, particularmente en Chile,  donde en 2016 hubo demostraciones públicas de casi un millón de personas que protestaron contra las administradoras de fondos de pensiones (afp). Como se ha mencionado, el principio de equivalencia en los sistemas privados refuerza la relación entre la contribución y el monto de la pensión, pero no ha logrado TR suficientes.

Esta problemática de suyo compleja se agudiza con los efectos de la Pandemia. Para empezar  se genera un desempleo feminizado, reduciendo aún más la participación de mujeres en el mercado laboral mexicano; simultáneamente crece el volumen de trabajadoras con bajos salarios (menores cotizaciones); ante la ausencia de un seguro de desempleo los retiros por desempleo y para la supervivencia que registraron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) fueron muy altos.

En lo que va de 2022 para abril, con mil 754.7 millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esta cantidad solo está por debajo de los 2 mil 25.7 millones de pesos que se registraron en marzo. Así, en su comparación mensual disminuyó 13.3 por ciento y frente al año pasado también hubo una reducción de 0.6 por ciento.

Otro impacto  sustancial es el crecimiento de la informalidad laboral femenina, menos pensiones contributivas. Sin embargo debido a que el 31 de julio de 2021 se publica una nueva ley para el outsourcing, ya hay un incremento de los empleos formales sujetos a pensión contributiva, donde las primeras beneficiarias son mujeres.

A todos estos elementos hoy se suman los efectos financieros derivados en gran medida a la guerra Ucrania-Rusia, en los inmediato han repercutido en mermas para rendimientos de Afores que afectan los ahorros de los y las trabajadoras.

Según información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre enero y abril pasado los recursos que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) tienen bajo su custodia y que invierten en instrumentos financieros registraron una minusvalía o pérdida de valor de 253 mil 443 millones de pesos. Eso significa que en los primeros cuatro meses de 2022 el valor del ahorro de los trabajadores se vio mermado en esa cantidad.

CÓMO MEJORAR LA EQUIDAD DE GÉNERO

Según Mesa-Lago la reforma de 2020 no tomó medidas específicas para mejorar la equidad de género, aunque algunas políticas como la expansión de las pensiones no contributivas y la reducción de los años de cotización requeridos para ganar el derecho a las pensiones mínimas favorecen a las mujeres.

Pero se ha visto que los indicadores de equidad de género mexicanos son relativamente bajos dentro de los sistemas privados (la cobertura contributiva de la pea, total y femenina, decrecieron), por lo cual se necesitan medidas específicas a fin de reducir  las  inequidades  de  este  tipo. 

Como  ya  se  explicó,  éstas  surgen  del  mercado  laboral  y  del  sistema  privado  mismo.  Respecto  del  primero,  se  aconseja: a) el pago de igual salario a mujeres y hombres por el mismo trabajo y la ejecución de la norma  legal,  imponiendo  fuertes  sanciones  a  los  violadores; b) el fomento de una mayor participación femenina en la fuerza laboral  mediante  una  mejor  capacitación;  c)  la  expansión  de  las  guarderías  infantiles públicas gratuitas o subsidiadas, a fin de que la mujer pueda incrementar su participación en la fuerza laboral, y d)la formalización de los contratos de trabajo a las trabajadoras domésticas.

Para corregir las inequidades resultantes del sistema privado mismo, se requieren otras políticas:

a) Expandir la cobertura femenina de la pea, que era de sólo 28 por ciento en 2017, la cuarta inferior en los 10 sistemas privados (menor que el mínimo de 50 por ciento fijado por OIT), y que se redujo en un promedio de 0.56  anual entre 2010 y 2017 (uno de dos sistemas privados en que esto ocurrió: en los otros ocho se expandió).

 b) La  cobertura de las empleadas domésticas es voluntaria en México y una de las inferiores en los 10 sistemas privados, por lo que se aconseja hacerla obligatoria y monitorear su cumplimiento  con  medidas  como  las  implementadas  en  Costa  Rica  y  Uruguay.

c) Ofrecer afiliación voluntaria a las trabajadoras del hogar (amas de casa).

d) Remplazar las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo por tablas uni sexo (como se ha hecho en Bolivia y El  Salvador). 

e) Igualar la prima de invalidez y sobrevivientes para ambos sexos (como en Chile).

f) Compensar a las mujeres por el tiempo que dedican a cuidar a los hijos otorgándoles un año de cotización o un bono por cada hijo nacido vivo (como han hecho Bolivia, Chile y Uruguay).

g) Compartir 50 por ciento de la cuenta individual con el cónyuge, cuando el titular de dicha cuenta (usualmente hombre) se divorcia.

h) Las medidas recomendadas para extender la cobertura de los trabajadores autónomos favorecerían a las mujeres, porque están sobrerrepresentadas en ese tipo de trabajo.

Otras medidas correctivas susgeridas por el autor del estudio, en el caso de México:

  • Integrar los regímenes especiales separados
  • Realizar un estudio actuarial
  • Ampliar la cobertura contributiva
  • Perfeccionar la administración y la competencia, y reducir los costos
  • Mejorar la información y el conocimiento
  • Reforzar el cumplimiento
  • Diversificar la cartera de inversión
  • Evaluar mejor la rentabilidad para incrementarla
  • La necesidad de un diálogo social

@ramonaponce

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Las mujeres migrantes envían 36 por ciento de las remesas que se reciben en el país, su valor económico es menor (26.5 por ciento), debido a que sus salarios son más bajos que los migrantes masculinos por desempeñar trabajos de baja calificación, como cuidados (niñeras, trabajo doméstico o cuidado de ancianos), jornaleras agrícolas y servicios de hotelería o restaurantes, en menor medida en industria maquiladora y construcción. Para 2019 la proporción de mujeres migrantes a nivel mundial ya era de un alto porcentaje (48.7).

Datos del documento del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), La emigración mexicana de género femenino y el ingreso por remesas, por Jesús A. Cervantes González. El estudio referido constituye un trabajo conjunto del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.

Contó con apoyo financiero del BID-Lab, agencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los objetivos del estudio fueron, por un lado, presentar los aspectos que caracterizan al perfil de las mexicanas que han emigrado a Estados Unidos y, por otro, cuantificar su contribución al ingreso de México por remesas familiares.

El estudio se centró en la emigración mexicana femenina hacia Estados Unidos, considerando que en 2019 ese país fue el destino de 9 de cada 10 mujeres migrantes.

Esta migración ha mostrado un crecimiento vigoroso, al pasar de 28 de cada cien en 2007 a 40 para 2020. No obstante, las terribles situaciones de violencia extrema a que se ven sometidas durante el trayecto hacia la frontera, después en el cruce fronterizo y ya en Estados Unidos los abusos de los contratistas, sumado a las condiciones de discriminación sexual y racial en que desempeñan sus diferentes empleos.

Sus avances en lograr la ciudadanía son superiores a la migración masculina (véase gráfica), en 2007 el porcentaje de mujeres migrantes con ciudadanía era de 28.6, para 2020 avanzó a 40.6, prácticamente el doble; lo mismo sucede en el tema de educación ya que más mujeres que hombres estudian 7.9 versus 6.6 por ciento (datos de 2019). Los efectos positivos de los logros en educación y ciudadanía son notables.

Imagen: CEMLA

Por desgracia nuestra fuerte cultura patriarcal y machismo se traduce en una muy diferente aceptación o apoyo social que recibe una mujer migrante y el que se le proporciona a un hombre, a él se le considera “exitoso”, mientras que a la mujer se somete a críticas y cuestionamientos de diferente índole incluso por la propia familia, aunque reciban los beneficios de las remesas.

En muchos casos hacen un maternaje binacional, a distancia cuidan la manutención y educación de sus hijos o hijas, vía remesas, paralelamente trabajan cuidando a los hijos o hijas de sus empleadores en Estados Unidos; hace 30 años esos trabajos los realizaban la comunidad afroamericana ahora son latinas: mujeres de Guatemala, Honduras, Salvador y México, primordialmente.

Importancia de las remesas y sus efectos

Las remesas no son otra cosa más que salarios de los y las trabajadoras migrantes, por ende, están sujetas a las condiciones del mercado laboral del país donde trabajan, en este caso Estados Unidos. También les afecta el nivel de inflación −tanto a los y las emisoras de remesas como al país receptor−, al igual que el nivel de empleo o desempleo y desde luego el tipo de cambio.

En los momentos actuales estos factores están pasando por un momento crítico, la economía de Estados Unidos por primera vez en muchos años tiene una muy alta inflación (8 por ciento), con un nivel de crecimiento en su escomía muy bajo, algo que causa desempleo con carestía (aquí y allá); eso se come al salario y puede traducirse en una disminución de las remesas que recibe México, por cierto, muy altas.

De hecho, México es la tercera economía receptora de remesas en el mundo, luego de la India y China. De 2018 a 2021 tuvieron un crecimiento porcentual del 50.0.

En el primer cuatrimestre del año el país recibió 17,240,09 millones de dólares vía remesas. Representan un aumento del 17.57 por ciento respecto a los 14,663,73 millones de dólares del mismo periodo de 2021. Banco de México (Banxico).

También aumento la remesa individual en los primeros cuatro meses del año, la remesa promedio individual fue de 383 dólares (aproximadamente 7 mil 660 pesos mensuales), superior a los 361 dólares del mismo cuatrimestre de 2021.

A nivel espacial el ingreso por remesas en relación al PIB estatal es considerable: Michoacán 15.9 puntos porcentuales; 14.2 Guerrero y 12.7 y 12 por ciento en Zacatecas y Oaxaca, respectivamente. Son entidades que registran altos niveles de pobreza y las remesas significan un enorme paliativo, algo que Coneval ha demostrado en sus mediciones de pobreza: con o sin remesas y en el segundo caso la pobreza crece en cifras destacadas.

Tanto en el caso de las remesas enviadas por hombres como por mujeres el principal grupo beneficiario son mujeres. Las mujeres representan el principal grupo beneficiario de las remesas con el 71 por ciento del número de transferencias y el 68 por ciento de los recursos recibidos.

Jefas de familia en hogares pobres destinan esos recursos a solventar un poco la subsistencia, su destino es comida, vestido y vivienda con un ahorro muy escaso. ¿Esto significa que no aporten al desarrollo de México?

La respuesta no está en el viento, sino en la definición que se tenga del desarrollo, cuando este incluye bienestar social y familiar la respuesta es afirmativa; si el concepto de desarrollo se limita a medición de inversión −ya sea física o financiera−, entonces la respuesta es muy diferente, porque en realidad eso es desarrollismo y las remesas no están incluidas en este concepto.

Paradójicamente y en gran medida esos ingresos que llegan del salario de las mujeres migrantes son producto de esas políticas desarrollistas que producen desempleo, obligan a las personas a abandonar su país, contra su voluntad y exponiendo su vida para encontrar un empleo que les permita sobrevivir, ellas y sus familias.

Sin duda otro efecto positivo de las remesas es la sustentabilidad que le dan a la moneda nacional, son la primera fuente de divisas, le dan mejor equilibrio a la balanza de pagos de Banxico, no es cosa menor.

En reciprocidad el país receptor (México) está obligado a generar una política interior y exterior que se traduzca en verdaderos apoyos para nuestras mujeres migrantes. No sólo a través de los consulados, también en la protección laboral y sobre todo en el combate a la trata de personas y todos los riesgos que conlleva su trayecto hacía el sueño americano, y que les llega a costar la vida.

Regular las empresas o bancos que medran con la pobreza a través del cobro de comisiones onerosas o bien un manejo discrecional del tipo de cambio. Ambas cosas roban el ingreso de las mujeres receptoras de remesas, mujeres en general pobres.

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La inflación al consumidor mostró una desaceleración en la primera quincena de mayo, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En los primeros 15 días del mes la inflación subyacente —que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles— se ubicó en 7.24 por ciento, en comparación anual. Dentro de este rubro, los precios de las mercancías encarecieron 9.45 por ciento, mientras que en los servicios el aumento fue de 4.76 por ciento. La tasa anual desaceleró de 7.65 a 7.58 por ciento.

En el rubro no subyacente, la inflación anual fue de 8.60 por ciento. Aquí la mayor presión se dio en el ámbito agropecuario, en donde los precios aumentaron en 12.67 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2021, mientras que las tarifas de gobierno y energéticos mostraron un incremento de 3.42 por ciento.

La carestía general anual se colocó en 7.72 por ciento, para dimensionar esta cifra baste mencionar, en igual periodo de 2021, la inflación anual de 6.05 por ciento. Las entidades más afectadas son: Chihuahua, Colima, Aguascalientes y Jalisco.

Mientras que la Canasta básica mostró un incremento en su precio de un 14 por ciento, el doble de la inflación. Una familia de cuatro personas que habita en el medio urbano necesita 7 mil 900 pesos al mes para adquirirla. Si se trata de una familia que vive en el medio rural, son 6 mil 072 pesos mensuales. En ambos casos el valor de la Canasta básica supera el salario mínimo mensual,  de 172.87 pesos diarios, 5 mil 255 pesos mensuales.

Destaca el encarecimiento de los medicamentos en comparación interanual:

  • Medicamentos expectorantes y descongestivos: +11.3 por ciento
  • Medicamentos dermatológicos: +9.4 por ciento
  • Medicamentos anticonceptivos (condones) y otros tratamientos hormonales: +9.4 por ciento
  • Medicamentos antigripales: +8.1 por ciento
  • Medicamentos para la diabetes: +7.1 por ciento

Si bien es cierto que buena parte de esta inflación es importada por causas que van desde la guerra de Ucrania hasta la interrupción de las cadenas globales de producción derivadas de la pandemia, combinada con los efectos de la guerra, también es indispensable reconocer que sí existe una parte de la inflación doméstica y esa debe tener prioridad en las políticas anti-inflacionarias.

Se dice que es inflación importada porque los factores que continúan presionando al INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) son externos: escasez de materias primas, alteraciones en las cadenas globales de suministro, tropiezos en el comercio internacional por sanciones y el bajo ritmo de reactivación económica mundial.

Para el Banco de México –institución con la misión de combatir la inflación–, el nivel de precios se estabilizará hasta 2024. ¿El país y concretamente las Mujeres están en condiciones de resistir dos larguísimos años más, empobrecidas por la carestía en alimentos y etcétera, etcétera? NO, mucho menos con la combinación de la política monetaria que un día sí y otro también aumenta la tasa de interés, se prevé llegar a 8.50 o más. Sí, es un fenómeno internacional, pero eso no es consuelo, sino preocupación que debe atenderse aquí en el país.

Respecto a esta política agresiva en las tasas de interés de Banxico (precio del dinero), Carlos Serrano –economista en Jefe del BBVA México– advirtió que dicha política no contendrá la inflación, pero sí afectará la demanda de crédito de las empresas y, por lo tanto, la inversión.

Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell dijo recientemente que habrá tasas elevadas hasta que se controle la inflación, implica que habrá dinero caro por un buen tiempo.

El impacto negativo de esta carestía y sus efectos en la población ya se reflejaron en el índice de confianza del consumidor, formulado por Inegi /Banxico, y  con justa razón. En el reporte del mes de mayo el índice general se estancó, es igual al de abril.

¿Cuáles son los renglones más afectados? “Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual” registra una caída de -2.1, en relación al mes de abril de 2021.

«Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten los precios en el país en los siguientes 12 meses?» (-1.6); “Planeación de algún miembro del hogar para comprar un automóvil nuevo o usados en los próximos 2 años” (-1.5); “Posibilidades actuales de ahorrar parte de sus ingresos” ( -3.1), respecto al mes anterior. Expectativas negativas, desesperanza y frustración cuando el salario se lo come la carestía en los precios, con cero posibilidades de ahorro.

En un afán de controlar o moderar esta crecida de precios, a inicios de mayo el Gobierno anuncia la aplicación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Contiene 16 medidas, con una duración de seis meses, para enfrentar los altos niveles de precios; de las 16 medidas hay cinco que directamente tienen que ver con los precios al consumidor:

La estabilización del precio de las gasolinas y electricidad; el congelamiento de las cuotas de peaje en las carreteras; el compromiso de Telmex y Telcel de no subir precios; el arancel cero para 21 bienes de la canasta básica y cinco insumos importados y la elaboración de una lista de 24 productos básicos que tendrán precios “acuerdo”; destaca el anuncio de los aranceles cero, porque abaratará el precio de algunos productos como la carne de pollo, el frijol y la leche.

Adicionalmente se eliminan los aranceles a las importaciones de productos clasificados en 72 fracciones arancelarias, como una medida para reducir sus precios y mitigar el avance de la inflación; la liberalización estará vigente por un año, el cual podrá ser prorrogable por un periodo igual. Esta medida abarca:

Ciertos tipos de aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria, harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo. Animales vivos de las especies bovina, porcina, caprina y ovina, además de gallos, gallinas, patos, gansos y pavos.

Su objetivo es reducir la inflación importada especialmente en alimentos, al quitar los aranceles es posible reducir sus precios de importación y/o comercialización.

La eliminación  de aranceles será por más de 8 mil millones de dólares y se aplicarán en diferentes porcentajes, por ejemplo: 10 por ciento en harina de trigo,  maíz blanco (15 por ciento),  para carne de pollo alcanzará hasta un  75 por ciento.

En la inflación doméstica se adoptan medidas tales como el compromiso de poner 12 mil policías y 2 mil 300 vehículos en las carreteras para mejorar la seguridad; el anuncio de que se reducirán los costos y los tiempos de despacho en las aduanas y en los puertos marítimos.

Estas acciones se incluyen en el contexto del programa antiinflación, porque hay un reconocimiento del Gobierno de que la inseguridad es inflacionaria, lo mismo que la corrupción y las ineficiencias en las aduanas y puertos. Esta triada, carreteras, aduanas y puertos contribuyen a combatir la inflación doméstica, esa que no se importa.

El plan también implica un aumento en la producción de los principales granos: maíz, frijol y arroz; así como la constitución de una reserva estratégica de esos productos, además de un estímulo al programa Sembrando Vida. En esta dimensión se ampliará de cuatro a nueve estados el plan de entrega gratuita de fertilizantes, con lo que el gobierno pretende aumentar en 2 millones de toneladas la producción en granos básicos, además de 800,000 toneladas con el programa Sembrando Vida.

Según estimaciones de Raquel Buenrostro, jefa del SAT (Servicio de Administración Tributaria), el costo del subsidio a la gasolina para frenar la inflación en 2022 será de 400 mil millones de pesos. Se considera que esta cifra se compensará con el incremento del precio al petróleo y no tendrá un efecto tan negativo en las finanzas públicas.

Obvio el PACIC no tendrá resultados inmediatos y quizá tampoco tendremos algo contundente. AMLO fue claro: sabemos que esto no resuelve el problema, pero no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Estamos frente a un problema que puede agravarse, frente al cual no hay soluciones fáciles. No es un fenómeno temporal, igual que los problemas de crecimiento económico, para 2022 se estima un PIB de 18 por ciento.

Esta cifra está por debajo de los niveles previos a la pandemia; se estima que la recuperación plena será en 2024. ¿Y las Mujeres?

Según Coneval, a 53 millones de mexicanos y mexicanas sus ingresos no les alcanzan para comprar la canasta alimentaria, pese a tener empleo, aunque con bajos salarios. Sin la menor duda se puede afirmar que ahí están las Mujeres, estirando su salario hasta donde les es posible, la primer estrategia de supervivencia es sacrificando la calidad en los productos, ya sea alimentos, diversión o ropa y calzado.

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CIMACFoto: César Martínez López

Es sabido que para una mujer la maternidad conlleva un gran sacrificio en varios ámbitos, uno de ellos está en el mercado laboral. Ese sacrificio o barreras, como queramos llamarlo, está “naturalizado” y se convierte en esclavitud. La causa principal es la cultura patriarcal, el machismo y la misoginia; el mismo que asesina mujeres a sabiendas de que no le cuesta nada, tiene impunidad. Esas “barreras” se traducen en desempleo y pobreza, por tanto, en fragilidad. Precisamente una constante en los casos de feminicidio es la pobreza y fragilidad de las víctimas.

Barreras maternidad versus mercado de

  • La inserción de las madres en el mercado de trabajo se ve disminuida en alrededor de 5 puntos porcentuales durante los primeros años de vida de las y los hijos.
  • A nivel nacional el promedio de las tasas de ocupación de las madres de 21 a 55 años se ubica en 55 por ciento, mientras que de acuerdo con las cifras de 2016 a 2020, la de las mujeres sin hijas e hijos es al menos mayor en 10 puntos porcentuales.
  • Ante el cierre de escuelas y estancias registrado durante la pandemia por COVID-19, el aumento del trabajo de cuidados de la población infantil del hogar se hizo evidente, por ello, al considerar la condición de maternidad y paternidad. se observa que las mayores reducciones en el número de personas empleadas se presentaron en las poblaciones de madres y padres con hijas e hijos menores de 5 años.
  • Las horas promedio semanales que las mujeres dedicaron a las tareas de cuidado de otras personas del hogar superaron en 11.5 a las dedicadas por los hombres a la misma actividad en 2020 a nivel nacional.
  • La pandemia de COVID-19, que ha demandado una mayor cantidad de tiempo y tareas para los quehaceres del hogar, muestra que entre 2018 y 2020 el incremento en el número total de horas que las mujeres destinaron a los quehaceres domésticos fue de 67 millones, mientras que en los hombres fue de 44 millones, es decir, en 2020, ellas destinaron 4.2 veces más horas a este trabajo doméstico que ellos (976 y 233 millones de horas, respectivamente).
  • Si se compara el periodo de agosto a noviembre de 2020 con el mismo periodo en 2018, el número de mujeres en situación de pobreza en búsqueda de un empleo aumentó en 118.5 y en 61.7 por ciento en aquellas que no se encontraban en situación de pobreza
  • La actual pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha demandado mayor cantidad de tiempo y tareas en los quehaceres del hogar. De 2018 a 2020, el incremento en el número total de horas que las mujeres destinaron a los quehaceres domésticos fue de 67 millones, mientras que para los hombres fue de 44 millones; por lo que en 2020 ellas destinaron 4.2 veces más de horas al trabajo doméstico (976 y 233 millones de horas, respectivamente). Mayor trabajo doméstico es igual a menor trabajo asalariado o bien, una barrera más para incorporarse al mercado laboral.

En síntesis, una enorme desigualdad entre mujeres con hijos y las que no los tienen, desigualdad que se amplía entre trabajadoras y  trabajadores, donde maternidad es sinónimo de pobreza y esclavitud y lesiona severamente sus posibilidades de una autonomía económica. Son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Consejo recomienda: “fortalecer estrategias y programas destinados a apoyar el cuidado de la niñez del hogar, verificar y en su caso, anular el impacto negativo originado por la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, así como diseñar otras políticas públicas que otorguen servicios directos de cuidado a las infancias, adultas mayores y con discapacidad y consolidar el proyecto federal del Sistema Nacional de Cuidados”.

Un Sistema Nacional de Cuidados apenas es el primer paso, también urge incorporar a la población masculina en las tareas domésticas y de cuidado y en la paternidad, como adultos funcionales.

Es inversoimil que en pleno SXXI siga siendo la espalda de las mujeres el receptáculo de todas las desgracias que conlleva una sociedad tan patriarcal y machista como la nuestra. Adicionalmente carga con las desgracias del neoliberalismo, como si fuera poco.

Se ha insistido que durante la pandemia se agudizaron las brechas de género. En este tema Coneval expresa lo siguiente:

  • La ocupación sin pago constituye una de las desigualdades de género ya que es más frecuente en las mujeres, situación que se ha reforzado durante la pandemia. De 2018 a 2020, los mayores aumentos en el porcentaje de mujeres ocupadas sin pago se observaron en adultas mayores fuera de situación de pobreza con un alza de 7.9 puntos porcentuales, en las adultas mayores en pobreza el aumento fue 4.2 puntos porcentuales.
  • Las ocupaciones feminizadas presentaron las mayores pérdidas de empleo en el periodo de agosto a noviembre de 2020. La población ocupada de mujeres en este tipo de labores disminuyó en 948.3 mil personas, mientras que el descenso del empleo de los hombres en estas ocupaciones fue de 220.3 mil personas.

El monto total de las transferencias monetarias provenientes de los programas sociales tuvo un aumento mayor en los hombres que en las mujeres y, ante la brecha histórica de género en cuanto a ingresos, es imperativo reforzar la perspectiva de género en las estrategias gubernamentales, aún más en contextos como el de la pandemia de COVID-19. Si bien, el monto total de transferencias para las mujeres es el doble respecto de los hombres, los incrementos para 2020 en ellos fueron del 38 por ciento en situación de pobreza, y 33 por ciento en ausencia de esta; y para ellas fue del 6 por ciento en situación de pobreza, y del 10 fuera de esta.

Dicho de otra manera la dimensión de esta problemática para mujeres -con o sin maternidad- obliga a tareas para el Estado y gobierno; es un hecho que los programas sociales están feminizados debido a los altos niveles de pobreza de las mujeres, pero no cuentan con perspectiva de género y justo esto recomienda Coneval, es obligado, lo mínimo, pero de ninguna manera lo único. Son tarreas urgentes y prioritarias para la democracia y justicia.

Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género en México 2016-2020 https://bit.ly/3OBXBsN

22/CRPM/LGL

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CIMACFoto: Maricruz Montesinos

“La pandemia ha sido una oportunidad perdida para cerrar las brechas de género, fomentar la equidad entre mujeres y hombres pero sobre todo, de enseñarles un modelo a las nuevas generaciones en donde la responsabilidad del trabajo de cuidados es de todos y todas por igual. Ha consolidado las desigualdades de género en los hogares en México”.

Graciela Màrquez, Milenio 7/3/22

Sí, fue una oportunidad perdida en especial para el gobierno y el Estado que en los estragos de la pandemia abandonaron a la población a su suerte, concretamente a las mujeres. Estos son los resultados: se ahondó la brecha de género y creció la pobreza feminizada.

La carga de Trabajo Doméstico No Remunerado a que hace mención Graciela Márquez provoca (entre otras cosas), una muy baja participación femenina en el mercado laboral. Mientras siete de cada 10 mexicanos en edad de trabajar participan en la economía, sólo cuatro de cada 10 mexicanas lo hacen. Y no hay políticas públicas que apoyen el trabajo de las mujeres, no todas las soluciones descansan en la relación de pareja o en el seno familiar.

Por ejemplo, en la cobertura de educación en la primera infancia (porcentaje de niñas y niños de 0 a 5 años que acuden a una guardería, centro de cuidados o preescolar), en general es bastante bajo pero desigual. En Zacatecas alcanzan un 47.5 por ciento de cobertura de educación y cuidados, pero en Veracruz apenas un 28.2.

¿Cómo lo resuelve la mujer trabajadora? o simplemente no lo resuelve y se queda fuera del mercado laboral.

Son datos de la radiografía sobre las condiciones que viven hoy en el país las mujeres trabajadoras, con la particularidad de que es por entidad donde se pueden apreciar enormes contrastes y permite investigar “causalidad”, los famosos por qué. Es obra del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).

En materia de informalidad -trabajadoras sin derechos laborales-, la amplia brecha entre Chihuahua y Oaxaca es abrumadora, al igual que en el caso de desocupadas y PNEA disponble, Jalisco (16.8) versus Tlaxcala 44.5 (véase cuadro).

Los mejores ingresos están en Sinaloa y los más bajos en Guanajuato, una entidad presa de la criminalidad y el éxodo internacional de la población, buscando otros horizontes, con un alto precio.

Respecto a la oferta de cuidados de adultos mayores (unidades de cuidado de adultos mayores por cada 100 mil habitantes de 65 años o más); el máximo puntaje lo tiene Colima con 32.2, ni siquiera llega a la mitad de la población de adultos mayores, pero el colmo es Tabasco con 2.2, un mínimo insignificante que explica por qué son las mujeres quienes se hacen cargo de estos cuidados en la primera infancia y con los adultos mayores.

¿Dónde está el apoyo del Estado o de los gobiernos locales? Este tipo de políticas públicas deben partir de la federación, con la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, ahí el tema será y es su financiamiento.

IMCO propone la creación del Sistema, pero no hay ninguna sugerencia para que particpe la IP (iniciativa privada), toda la carga es del gobierno, nosotras con los impuestos.

La centralización y sus efectos

El análisis revela que la Ciudad de México es la entidad con mejor desempeño, es decir, ofrece mejores condiciones para que las  mujeres entren, permanezcan y crezcan en la economía remunerada  en comparación con el resto del país, de hecho es el mercado laboral del país más feminizado.

En contraste, Chiapas es la entidad con menos fortalezas en ese sentido. A pesar de haber entidades que cuentan con mejores condiciones que otras, en ninguna de las 32 se ofrecen condiciones laborales óptimas para ellas ya que en promedio obtuvieron 43 de 100 puntos posibles en el ranking general.

Las entidades federativas con el mejor desempeño son aquellas en las que se ofrecen mejores condiciones para la entrada, permanencia y crecimiento de las mujeres en la economía y son: Ciudad de México, Baja California Sur y Baja California con un puntaje de 64.8, 62.1 y 57.2, respectivamente.

La pobreza proverbial del país. Veracruz (28.3), Tlaxcala (27.8) y Chiapas (26.8), son las tres entidades con puntaje general más bajo.

La institución estimó que si para 2030 se lograran sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía mexicana, el país tendría un Producto Interno Bruto (PIB) tres veces mayor. Este beneficio  económico se  traduce en  más  mujeres con autonomía económica, mayores ingresos y ahorro en los hogares, empresas más dinámicas y rentables y, por lo tanto, mayor crecimiento económico para el país.

Las entidades obtienen un puntaje por cada indicador, los cuales se  agregan a  nivel  pilar.  A continuación, se describen los pilares que integran la medición:

"Entrada de las mujeres a la economía remunerada"

I.   Mide las barreras en la preparación, disponibilidad de tiempo y la oferta laboral que enfrentan las mujeres para entrar a la economía remunerada.

"Permanencia de las mujeres en la economía remunerada"

II.  Identifica las condiciones laborales y las políticas que favorecen la integración entre la vida y el trabajo que determinan si las mujeres se quedan o salen del mercado laboral.

“Crecimiento profesional de las mujeres:"

III.  Mide la participación de las mujeres en puestos de liderazgo, así como su preparación profesional para colocarse en cargos relacionados con la toma de decisiones y el emprendimiento formal.

Queda muy claro que se privilegia un modelo de libre juego de las fuerzas del mercado y aquí están los resultados: ausencia de regulación de un “Estado de Bienestar”, simplemente no hay políticas públicas que contengan estas terribles desigualdades; lo fundamental es el modelo exportador y eso se concentra en determinadas entidades, dejando fuera -hasta hoy- a las de agrícultura campesina.

Y sin lugar a dudas en las espaldas de las mujeres de México y del mundo descansan todas estas “maravillas”.

Es una breve semblanza de los porqués y el qué hacer, esta situación tan terrible en que sobreviven las mujeres trabajadoras tiene una solución social y política, desde luego pasa por la economía, pero de ninguna manera es un asunto de “causas naturales inevitables”, o normalizadas que es la peor de las perspectivas.

22/CRPM/LGL

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CIMACFoto: Ericka Cervantes

En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, las mujeres tuvieron un ingreso promedio trimestral de 14 mil 860 pesos, prácticamente la mitad del ingreso masculino, 52 por ciento menor a los 22 mil 618 pesos que obtuvieron los hombres.

En consecuencia y según Coneval, únicamente 24 de cada cien mujeres no son pobres, mientras que la gran mayoría (76 por ciento), sufren carencias sociales y económicas. Una mirada a su nivel de ingreso laboral confirma esta afirmación, considerando que éste es, en promedio, más del 66 por ciento del ingreso de los hogares, y se complementa con remesas y transferencias de programas sociales.

Tendencia del nivel de ingreso salarial

Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, en el cuarto trimeste de 2021,  7.5. millones de mujeres percibían un ingreso equivalente a más de uno y hasta 2 salarios mínimos (SM); en contraste, en el nivel de más cinco SM sólo 35 mil 447 trabajadoras reciben ese salario (1.6 por ciento), véase gráfica.

En cambio, en el tercer trimeste de 2019 el número de mujeres que recibían el nivel de más de 5 SM era de 508 mil 900, cifra superior al número de trabajadoras con esos ingresos en 2021, un  2.4 por ciento. En el nivel de más de 1 hasta 2  SM el porcentaje de 32.2 era inferior al que se observa en 2021 (41.5 por ciento).

En síntesis, ha crecido el número de trabajadoras con bajos salarios (más de 1 hasta 2 SM), con una importante disminución del número de trabajadoras con más de 5 SM. No hay una recuperación de los ingresos laborales respecto a 2019, por el contrario, han decrecido significativamente los ingresos de las mujeres. Después de la pandemia siguen muy afectadas en su economía, su salud y en sus derechos.

Durante 2021 las tasas de informalidad y subocupación se mantuvieron en niveles altos, en informalidad la más alta fue en el tercer trimeste, con 54.9 por ciento. Esto es muy grave, más de la mitad de la fuerza laboral femenina está al margen de los derechos laborales más elementales.

Tasa de subocupación. ¿Qué es la subocupacion según Inegi?: es el número de personas ocupadas  que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar más horas. Necesitan obtener más ingresos y para ello tienen que buscar un segundo empleo.

Las tasas de subocupación que registra 2021 son muy altas (veáse gráfica), el doble de lo que reporta el tercer trimestre de 2019 con un 7.3, frente a 12.7 por ciento de 2021. Los sueldos son bajísimos para más del 40 por ciento de la fuerza laboral femenina, esa es la causa central, han crecido los empleos pero han disminuido salarios y derechos laborales.

La desigualdad regional también es un factor a considerar, hay una mejor recuperacion de los empleos formales en el norte del país por estar vinculados al modelo exportador y la recuperación de la economía del país vecino; en contraste, cuatro entidades  reportan pérdidas de estos empleos: CDMX (-11,425); Guerrero

(-6,060); Chiapas (-3,595) y Puebla con una disminución de 3 mil 316 empleos formales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a la reforma del outsourcing que permitió una recuperación de la formalidad, ello no significó la creación de nuevos empleos.

Otro dato que confirma la NO recuperación a las condiciones previas a la pandemia es el déficit de empleos. Para marzo de 2020 era de 20.0 y creció a 22.9 por ciento en diciembre de 2021 (datos Inegi).

Las cifras de Consar acerca de los retiros en las Afores por desempleo también corroboran lo díficil que es la recuperación;  en 2018 fueron del orden de 864.8 millones de pesos, para 2021 ascendieron a 1,754.8 un crecimiento de más del 200 por ciento.

No existe seguro de desempleo y cero apoyos fiscales paraa sortear el desempleo, se están comiendo su dinero para el retiro o jubilación, muy mal.

En materia de Pensiones contributivas las cosas no están mejor al aprobarse el uso de la UMA como unidad de medida para dos aspectos fundamentales: el cálculo del monto de la pensión, así como los incrementos anuales, éstos se hacen de acuerdo al incremento del UMA y no al del Salario Mínimo.

Disminuyendo el monto de las pensiones y los aumentos anuales, cada año las mujeres reciben una pensión más baja, decreciente, cada año son más pobres.

En 2021 la UMA equivalió a 89.62 pesos; mientras que para el 2022, 96.22 pesos, según datos de Inegi. El Salario mínimo para esos mismos períodos es de $141.70 y 213.39 (2021), para 2022 son 260.34 en la frontera norte y 172.87 el resto del país. Una diferencia considerable entre UMA y Salario Mínimo, perjudicando a las personas que reciben pensiones contributivas.

Obviamente hicieron y hacen falta apoyos fiscales para la población, básicamente para mujeres, y no son suficientes los programas sociales.

Por fortuna los flujos altos de las remesas continúan, han contribuido en forma sustancial a sostener el valor del peso y aliviar la pobreza de las jefas de familia.

Pemex se ha beneficiado de los incrementos en el precio del petróleo provocados por la crisis de Ucrania (y del mundo); ese es un lado de la balanza, el otro son los crecimientos de los precios en Gas LP y gasolinas, abonan en el proceso inflacionario que se padece.

No se puede bajar la guardia en la defensa de una economía más saludable para los bolsillos, en la disminución de la violencia, los casos de feminicidio en 2021 superan a los de 2020 en 2.6 por ciento. La precariedad femenina también tiene esta expresión, por desgracia.

PD:

La reforma a la Ley de Seguridad Social (LSS), aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2020, ayudó a 28 mil 272 trabajadores a tener derecho a una pensión dado que no cumplían con el requisito previo de al menos 1,250 semanas de cotización.

L a reforma pensionaria disminuyó las semanas de cotización de 1,250 a 750 en el 2021. A partir de este año las semanas de cotización se incrementarán en 25 semanas hasta llegar a las 1,000 en el año 2031.

En enero IMSS otorgó 1,458 pensiones del Régimen 97, de las cuales, un mil 329 contaban con menos de un mil 250. Son  mujeres quienes tienen mayor problema para cumplir con el número de semanas de cotización por sus trabajos de cuidados y la maternidad, que les lleva a interrumpir su vida laboral,  por ende sus contribuciones en Afores.

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CIMACFoto: César Martínez López

En la primera quincena de enero de 2022 la inflación general anual se ubicó en 7.07 por ciento; comparada con el mismo mes de 2021,  ésta fue mucho mayor ( 3.54 por ciento), significa una escalada importante en un tema esencial para las mujeres, y claro en general, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El aumento en los precios se come al salario pero con efectos desiguales, a mayor salario menor efecto y viceversa. Por eso la inflación impacta con mayor intensidad a las mujeres, ellas son las que tienen los salarios más bajos. Quienes reciben ingresos de un Salario Mínimo (SM) 19.7 son hombres y 30.8 por ciento mujeres; hasta cinco SM es a la inversa, 4.90 son mujeres versus 6.94 por ciento hombres, muy pocas tienen ese nivel de ingreso. (Enoe-Inegi, diciembre 2021).

Dicho de otra manera, la inflación se recrudece en los niveles de ingreso más bajos y ahí están las mujeres.

En el nivel de un SM ($5,190.00) mensuales y hasta 3 SM el encarecimiento ha sido de 16.1. por ciento; en cambio para las personas que perciben ingresos de 31 mil 120 pesos resienten una inflación menor, de 14.3 por ciento.

¡Adiós salario!

Al aumentar el precio de la canasta básica disminuye el consumo en los niveles de ingreso más bajos, lo que se expresa en crecimiento de la pobreza laboral. Según datos del “Grupo Consultor de Mercancías Agrícolas”, Monterrey es la ciudad donde se registra un incremento mayor en los precios promedio de la canasta básica, con 12.4. por ciento (véase gráfica).

En el análisis por productos, después del aumento en el precio del limón (200 por ciento) están la cebolla y el aguacate con 97.7 y 84 por ciento, respectivamente. El limón es de consumo generalizado en los hogares, por tanto el precio tan alto tiene efectos amplios igual que el aumento de precio en las tortillas, debido al crecimiento del 35 por ciento en el precio internacional del maíz.

En 2021 los aceites comestibles registraron un precio 37.5 por ciento superior, otro elemento que afecta la canasta básica.

Adicionalmente la inflación impacta en el precio del dinero, aumentan las tasas de interés para hacer competitiva la inversión financiera, se prevé que en esta semana Banxico aumente la tasa de referencia al 6.0 por ciento. Esto genera problemas en empleo,  salarios, y acceso a créditos.

El escenario es complejo con un mercado laboral caracterizado por su alto nivel de informalidad, subcontratación y en general muy precario. Las mujeres están en la cresta de esta ola: 39.5 por ciento no cuentan con contrato escrito, más de la mitad (58.9 por ciento) tiene contrato de trabajo temporal, sin estabilidad laboral y económica de acuerdo con los datos al tercer trimestre de 2021, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

Es evidente que hay un bajo nivel de actividad económica por el efecto adverso de la pandemia. Según los resultados de la encuesta Banxico de enero de 2022 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, el crecimiento del PIB en este año será 2.27, para  2023 sera menor con 2.21 por ciento. Estas cifras corresponden al mes de enero y son inferiores a la estimacion hecha en diciembre de 2021.

Uno de los efectos que provoca esta situación es la reducción del PIB per cápita, en 2019 era de 110.49 y para 2021 bajó a 103.79.

No se han recuperado los niveles que se tenían antes de la pandemia, y de ninguna manera puede afirmarse que eran buenos, todo lo contrario, las mujeres vienen arrastrando una fuerte problemática de pobreza y desigualdad, acompañada de mucha violencia que demanda atención, con prioridades en políticas públicas.

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CIMACFoto: César Martínez López

La aparición del COVID-19 en México y en toda América Latina desencadenó una crisis sanitaria que se ha prolongado junto con un persistente deterioro del desarrollo social. Durante este período de crisis, la región ha acumulado más de 44 millones de casos de personas infectadas y casi 1,5 millones de muertes.

Este efecto es desproporcionado respecto de otras regiones del mundo, dado que con solo 8,4 por ciento de la población mundial (Naciones Unidas, 2019), en América
Latina y el Caribe los casos de COVID-19 y las muertes por el virus representan casi 20 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, de los totales mundiales registrados
(Organización Mundial de la Salud).

En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, América Latina y el Caribe experimentan la mayor contracción económica de los últimos 120 años, además de que fue la región que tuvo el peor desempeño de todas las regiones en desarrollo.

Previo a la pandemia, la región ya arrastraba problemas de bajo crecimiento y, si bien se estima un crecimiento del 5,9 por ciento para 2021, éste no será suficiente para
recuperar los niveles del PIB de 2019 (CEPAL).

Éstas son reflexiones tomadas del documento: “La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social”, de la Cepal-OPS (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, y Organización Panamericana de la Salud).

En el país se proyecta un crecimiento del PIB del orden de 6.2, sin embargo, las estimaciones nacionales son más bajas. Ya sea públicas o privadas, éstas se reducen a 5 por ciento. Perú, Chile y Argentina son los tres países latinoamericanos donde se proyecta un crecimiento alto para 2021 (véase gráfica).

Estas proyecciones son importantes porque en la mayoría de los países se trata del llamado «efecto de rebote»; el saldo de crecimiento en México para 2022 es de 3.2 por ciento, prácticamente la mitad de lo correspondiente a este año por terminar.

En el tema laboral, tanto México como el resto de Latinoamérica -conforme a lo que dice la Cepal-, registran hitos históricos en el mercado de trabajo, como el descenso tanto de la ocupación como de la participación laboral y el aumento de la desocupación, con las mujeres como las que presentan mayor afectación.

Todas estas nuevas realidades se traducen como aumentos de la pobreza y la desigualdad femenina. En 2020 la pobreza habrá sumado 22 millones de personas en
comparación con el año anterior, con un efecto importante en niñas y niños. La pérdida de ingresos del trabajo a causa del desempleo se ha traducido en incrementos de las
tasas de pobreza y también en la magnitud de la desigualdad de ingresos.

La situación de personas como trabajadores informales, mujeres y jóvenes, indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, ha empeorado.
Además, el efecto en la educación genera el riesgo de perder una generación en términos formativos.

Los países de América Latina y el Caribe se caracterizan por presentar condiciones estructurales de desigualdad, inequidad, vulnerabilidad y exclusión social que se
combinan y reproducen con la informalidad y precariedad del empleo, la debilidad de los sistemas de protección social y las estructuras productivas con escaso nivel de
integración y limitadas capacidades para mantener niveles de crecimiento sostenibles.

En el caso de México todos estos elementos están debidamente documentados en el análisis de Coneval sobre pobreza, 2018-2020. De acuerdo con este documento, creció la pobreza extrema y la general; en el primer caso pasó de 7.0 a 8.5 por ciento, en tanto que la pobreza general aumentó 2 puntos porcentuales, de 41.9 a 43.9 por ciento.

Para las mujeres su pobreza (extrema y general) manifiesto importantes ensanchamientos: de 42.6 a 44.4 por ciento. Un millón más de mujeres en pobreza extrema son 5.5 millones en 2020 y este año no presenta mejores expectativas.

Aquí es indispensable pensar en el efecto que está generando el proceso inflacionario que no ha sido tan temporal como se dijo. Este efecto es de 7,5 general pero un 22.2 para alimentos. Si bien el salario aprobado para 2022 es bueno (excepto contratos colectivos de trabajo), solo salario mínimo. Sigue robándole la inflación al salario, por tanto
abonando para la pobreza de Mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad y niñez con amplio desamparo.

El escenario para el próximo año es de mayor desigualdad, concentrada en esta población. El rol de mujeres organizadas es de primer orden para lograr verdaderos cambios en lo social y económico.

PD: Equidad de género, reducción de la discriminación y acoso laboral. El Departamento de Trabajo de EE. UU. Anunció hoy la adjudicación de un acuerdo de cooperación de $10 millones a Partners of the Américas para fortalecer los esfuerzos de equidad de género en México y reducir la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo.

Las reformas a la legislación laboral promulgadas en México en 2019 y el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá incluyen disposiciones de género que buscan prevenir la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo. La aplicación de estas disposiciones sigue siendo difícil.

Administrado por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales , este proyecto trabajará con múltiples partes interesadas para promover los objetivos de equidad de
género del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. La organización apoyará acciones para aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo en los
sindicatos de México, protegerlas mejor de la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo y aumentar los salarios para lograr la equidad.

El proyecto también fortalecerá la capacidad de las organizaciones de trabajadores para promover cuestiones de equidad de género en sus propias instituciones, lo que incluye garantizar que el género en el liderazgo se proporciono adecuadamente. También emprenderá acciones que promuevan la equidad de género en el lugar de trabajo con los empleadores, como a través de la negociación colectiva.

¡Por un 2022 con mayor igualdad!
@ramonaponce

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CIMACFoto: César Martínez López

La violencia contra las mujeres y en general su explotación, se acentúo considerablemente durante la pandemia, eufemistícamente le llaman “brecha de género”.  Mucho se ha escrito en este tema, reclamos de las organizaciones de mujeres -feministas o no-; de los Organismos Internacionales, incluso de los partidos políticos y sin respuesta.

Bueno, pues en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el trabajo doméstico no remunerado realizado casi exclusivamente por mujeres y niñas está la evidencia empírica de la magnitud de esta problemática. Cifras que confirman la terrible explotación de las mujeres, su aportación económica con el trabajo no remunerado.

En 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 6.4 billones de pesos, mientras que en 2019 fue de 5.5, implica un crecimiento del 16.4 por ciento.

Esta cantidad fue generada por las mujeres en el año más crítico de la pandemia para ellas (hasta hoy); es equivalente a 27.6 por ciento del PIB nacional, significa un aumento de 4.7 respecto a 2019. Lo determinante fueron cuidados y apoyo, por razones obvias.

Es indispensable analizar esto por actividades porque ahí está la clave del conflicto y su solución. Como era de esperarse, cuidados y apoyo es la primera, con 27.9 por ciento. Si no hay infraestructura para vivir un confinamiento y una pandemia ellas cargan en sus espaldas este trabajo, y por amor, porque no hay remuneración, pura violencia doméstica, a todo volumen crecente.  (Veáse gráfica).

Sin duda hay un incremento considerable en el trabajo femenino no remunerado, ya que la aportación de ellas a este PIB fue de 16.8  versus 6.0 por ciento la masculina. La llamada desigualdad o brecha de género en toda su dimensión económica, generando graves efectos sociales y en la salud femenina.

El valor económiico es equivalente a 69 mil 128 pesos anuales por mujer, mientras que el masculino fue de 27 mil 175 pesos. Una diferencia de más de 40 mil pesos en beneficio del patriarcado y toda la explotación violenta contra las mujeres.

Es muy evidente que se requiere un Sistema Nacional de Cuidados que contribuya a la solución real de una realidad ya insostenible que pueda cubrir primera infancia, infancia y tercera edad por lo menos, con suficientes recursos, y de inmediato.

¡Que los cuidados no sea una tarea exclusiva de las mujeres y sin remuneración!

Para corroborar esto y de acuerdo a la gráfica, se destaca que proporcionar alimentos para la familia reporta un valor económico de 21.8 por ciento, la segunda en importancia según Inegi. Confinamiento era tener a toda la familia en casa, ya sea sanos o enfermos.

Aquí está la explicación de las barreras a que se enfrentan ellas cuando quieren y necesitan incorporarse al mercado laboral; pero es falso que por ese motivo perdieron su empleo durante la pandemia, simplemente las corrieron fácilmente por no tener derechos laborales y estar en las actividades de mayor afectación, en la cúspide de la crisis.

Para reforzar estos argumentos se constata un importante aumento  de horas en las labores domésticas y de cuidados, frente a una disminucion en las actividades que requieren de traslados fuera del hogar.

Las actividades que presentaron mayor crecimiento en horas fueron cuidados de salud dentro del hogar con 9.4 (deficiencias del sistema nacional de salud); seguido de la limpieza y mantenimiento de la vivienda con 7.5 y las actividades de apoyo a otros hogares con 7.3 por ciento. Las familias nucleares y ampliadas activas para auto apoyarse y protegerse, ante la carencia de políticas públicas de apoyo. Y así sigue la situación.

La atención a la salud para integrantes de la familia desde siempre ha sido responsabilidad de las mujeres y hasta niñas, llega la terrible pandemia y se multiplica este trabajo. Si bien las mayores muertes han sido masculinas la carga es muy fuerte para una mujer que vive esta situación; se tuvieron que reforzar los cuidados para niñez y adultos mayores y fueron ellas, nadie más.

Ahora hay más orfandad que es atentida también por mujeres, porque se ha demostrado que en su mayoría las personas muertas por Covid-19 eran jefes o jefas de familia.

Una niñez muy afectada por la crisis económica, su educación formal y familiar muy quebrantada por lo que han tenido que ver y vivir en casa, y hasta ahora se reanudaron las clases presenciales; sus horas de convivencia familiar aumentaron y también creció su carga de trabajo y la violencia de que han sido objeto.

De acuerdo al reporte del Inegi, en 2020 también en la niñez de entre 5 y 11 años creció la carga de este trabajo doméstico, con una aportación de 0.5 por ciento del PIB. Más de la mitad fue aportado por niñas, desde aquí inicia la desigualdad. Su origen es más que medieval pero sigue firme.

¿Hay solución? Sí. Está en las políticas públicas que permitan la creación de una infraestructura de apoyo muy sólida, a cargo del Estado. ¡No hay más!

21/CPM/LGL

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