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Transmutaciones

En esta columna encontrarás diversos temas como acceso a salud, a la justicia, laboral, Derechos Humanos, política, desde la perspectiva de género

La exigencia de reafirmar y hacer valer el pleno respeto a los derechos humanos en México no puede esperar al inicio de un nuevo gobierno. Es una demanda urgente, pospuesta desde hace décadas, que en este sexenio se ha convertido para millones de personas en un grito en defensa de la vida, como lo vimos este #8M. Para las mujeres y la gente joven no se trata de un anhelo abstracto.

Es un reclamo colectivo que elevan desde su experiencia cotidiana, individual y comunitaria: ellos son el grupo más asesinado y denostado, ellas las más acosadas y vejadas. Esto explica en gran medida que, desde hace casi diez años, el #8M no sea solo un día de conmemoración de las luchas feministas, laborales y ciudadanas de las mujeres, sino también, y cada vez más, un día de denuncia de las violencias machistas, criminales e institucionales contra nosotras; un segundo #25N, más poderoso y concurrido, con la clara conciencia de que, mientras persistan o predominen las violencias, no hay ni habrá igualdad, libertad, seguridad ni pleno disfrute de los derechos ganados.

Por esto también resulta indignante la escalada de brutalidad con que el gobierno federal y sus imitadores han respondido desde 2019 y 2020 a esta movilización social. Hayamos participado en decenas de marchas antes de 2019 o empezado nuestro caminar entonces, sabemos que unirse en cuerpo y voz con cientos o miles de mujeres da confianza y energía; la certeza de no estar solas, de ser con otras en el dolor y en la indignación, en la lucha por un presente digno y un futuro mejor.

Sabemos también que el #8M2020 marcó un cambio exponencial, por la arbitraria y estúpida violencia de las autoridades capitalinas en 2019, en mucho por la intensificación de una violencia machista cada vez más cruel, desnuda e impune, cobijada por instituciones misóginas, medios amarillistas y discursos políticos y sociales sobrecargados de prejuicios y odio.

Estas mismas razones llevaron el viernes pasado al doble de mujeres y chicas a las calles capitalinas y a muchas miles más a las plazas de múltiples ciudades. Esta impresionante capacidad de las mujeres para movilizarse y persistir en sus exigencias, pese a vallas y gases, debería ser la nota en todos los medios: ellas ponen el cuerpo en defensa de la vida. En cambio, la pavorosa desfachatez con que gobiernos de todos colores, en particular morenistas, desplegaron una saña absurda contra las manifestantes nos recalca que el Estado no soporta ni la digna rabia ni las exigencias de justicia.

Aunque agredir a mujeres y jóvenes y a cualquiera que ose cuestionar sus “logros” sea el sello de este gobierno y sus corifeos estatales, no podemos minimizar la desmedida reacción gubernamental contra las mujeres y chicas hartas de vivir con miedo en Zacatecas y Colima.

Tampoco la normalización del uso criminal de policías y gases contra manifestantes y periodistas en ésas y otras plazas del país, gobernadas por Morena, MC o el PAN. Como apuntó la socióloga Irma Saucedo, en un comentario personal ante el despliegue represivo en Zacatecas, hay que preguntarnos si esto presagia tiempos más violentos.  

En mi opinión, más que un augurio, para las “chilangas” sería una advertencia más de que, si Morena gana la presidencia y/o la capital, viviremos más represión. Presagio o aviso, es sin duda alarmante para todas las mexicanas que gobiernos morenistas, incapaces de garantizar la seguridad ciudadana, recurran a la brutalidad policiaca contra jovencitas inermes, que fueron golpeadas, desnudadas  y vejadas a plena luz, y que gobiernos estatales dizque aliados de la “democracia” (Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Monterrey) se amurallen y agredan a manifestantes pacíficas.

Quienes lleguen a gobernar el país en cualquier nivel deben entender que las mujeres y chicas del siglo XXI no estamos dispuestas a callar ni a someternos a la intolerancia oficial  ni a la violencia machista, venga de donde venga.

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Como si la sobada expresión “con todo respeto” borrara los insultos y ofensas que le siguen, el presidente de la República inició así su respuesta a la periodista Jésica Zermeño, a quien asestó enseguida una retahila de afirmaciones agresivas contra ella y un conjunto indefinido de periodistas  a los que acusó de creerse “bordados a mano” y “casta divina” con derecho a “calumniar impunemente”.

Esto en uno de los países más peligrosos para el periodismo. Lejos de frenar su andanada autoritaria ante la insistencia de Zermeño en la gravedad de haber filtrado el telefóno personal de Natalie Kitroeff del NYT, el presidente se ufanó de estar por encima de la ley de transparencia en nombre de su “autoridad moral” y “política”.

Desde entonces ha proseguido con una desmesurada catarata de ofensas, en la que hay que destacar  un muy peligroso concepto de la figura presidencial, ésa sí, para él, intocable, impoluta y con la “libertad” de interpretar la autoridad de las leyes a modo, hasta anularlas en su beneficio.

Si todo esto sucediera en una nueva versión de “El gesticulador” o “Yo el Supremo”, podríamos reirnos, pero este afán del presidente de estigmatizar el periodismo crítico y de afirmar una autoarrogada superioridad ante la ley en el contexto  electoral y cuando su mandato está por terminar, presagia tiempos aún más oscuros.

Que pretenda pisotear una ley quien ya ha mostrado su desprecio por la legalidad, por la separación de poderes y, en última instancia, por la Constitución y su juramento de respetarla y hacerla respetar, confirma su talante autocrático, evidente desde hace tiempo, y ahora desbocado.

Este discurso peligroso – en cuanto posible detonador de violencia – no es solo un distractor de los urgentes problemas nacionales de los que deberíamos ocuparnos, como la crisis hídrica y ambiental, la persistencia violencia machista o la creciente violencia política, puede ser también una mascarada perversa para medir hasta dónde la sociedad aguanta la deriva autoritaria (por ahora verbal) y evaluar cuántos/as seguidores/as del predicador, por interés o fe ciega, están dispuestos/as a reproducir y ampliar su discurso engañoso y polarizador.

Más allá de las especulaciones, debe alarmarnos que estas corrosivas andanadas contra el periodismo crítico, independiente o ligado a medios no subordinados al poder; persistan y se multipliquen pese a los recurrentes informes de organizaciones nacionales e internacionales respetables, como CIMAC, Article 19 o el Comité para la Protección de Periodistas, que han documentado los asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado y múltiples agresiones que ponen en riesgo la vida y la seguridad de quienes trabajan con integridad para dar cuenta de la realidad e informar a la sociedad.

Peor aún cuando, además de grupos criminales o de intereses creados, las autoridades estatales, federales y municipales son responsables de la mayoría de estos agravios, que suelen quedar impunes.

También es preocupante que, ante la proximidad de la sucesión presidencial en México y en Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo aderece su discurso prepotente contra los medios con tonalidades nacionalistas, sugiriendo que los reportajes acerca de la corrupción en su gobierno, publicados allá,  forman parte de una conjura más amplia contra él.

Plantear que la dignidad del presidente es la del país es un despropósito, más cuando la política migratoria se ha sometido a los intereses de Estados Unidos y en asuntos internacionales cruciales, como la invasión rusa de Ucrania, la política exterior se ha subordinado a las filias y fobias presidenciales.

¿Qué dignidad defiende el presidente cuando la continua violación de los derechos humanos de las personas migrantes a manos del crimen organizado y agentes estatales queda impune? ¿Qué “autoridad moral” puede estar por encima de las leyes de transparencia, de la libertad de prensa o del derecho a la información? ¿de la legalidad misma?

En vez de dejarnos embaucar en mascaradas distractoras, urge reorientar el debate público – y electoral-  hacia los terribles problemas que nos aquejan y reafirmar el valor de la legalidad, las libertades ciudadanas y la democracia frente a  los sueños absolutistas. No merecemos semejante pesadilla.    

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Empeñado en imponer un tren cuyo trazo, aún incompleto, se confirma kilómetro a kilómetro como catástrofe en ciernes, el presidente anunció el domingo que inaugurará el tramo de Cancún a Playa del Carmen el 29 de febrero. 

Como sus ocurrencias son órdenes para el Ejército que construye ese segmento, es probable que, como en otros tramos, la prisa favorezca nuevas fallas de construcción que pueden tener graves consecuencias. Según documentó Proceso en noviembre, la participación de las fuerzas armadas en los tramos 5 norte, 6 y 7 ha estado plagada de vicios, desde acoso laboral y abuso sexual contra trabajadoras y trabajadores hasta pagos incompletos de salarios, y construcción deficiente de la base que sostendría al tren, aunado todo esto a la devastación ambiental de la península, prevista desde el inicio y corroborada por expertos y defensores del territorio

Lejos de reconocer los daños medioambientales que conlleva esta obra, el presidente insiste en que “van bien” e ignora, entre otros, el accidente sucedido el 10 de febrero cuando colapsó un muro de contención hiriendo a tres trabajadores.

A sabiendas de los despojos y daños que ha provocado su capricho neoporfirista, el Ejecutivo se empecina en sostener un proyecto que amenaza al sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos, segunda fuente de agua dulce del país y esencial para toda la península.

La semana pasada, la organización Sélvame del Tren, denunció la contaminación de aguas subterráneas por la oxidación de los múltiples pilotes que horadan cuevas y cenotes, y la criminal invasión del subsuelo por un río de cemento. También se ha denunciado la misteriosa desaparición de vestigios arqueológicos. Supervisar las obras desde un helicóptero o desde las pantallas de una presentación oficial, como lo ha hecho el presidente, no preserva sino la ilusión de “hacer historia”, así sea sembrando ruina.

A la vez que, por decreto, este megaproyecto devasta el paisaje, pone en cuestión a las fuerzas armadas en cuanto su desempeño como contrastistas, capataces y constructores deficientes y opacos del “tren militar”mina la confianza que todavía tiene en ellas parte de la población. 

Si solo se tratara de un problema de imagen, quizá quienes por ley están subordinados a su “Jefe máximo” podrían alzarse de hombros. No se trata, sin embargo, solo de obras hechas al vapor. Además de corrupción y manipulación de la ley, diversos medios y ambientalistas han denunciado graves daños como el que tendrá la construcción de un hotel, caminos y otras obras en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, declarada como Patrimonio Mundial por su riqueza cultural y su biodiversidad.

¿Por qué instalar ahí un hotel, con alberca además, que producirá basura, contaminará el medioambiente y se tragará el agua de la que dependen comunidades agrícolas, la flora y la fauna del lugar? ¿Por qué degradar el entorno que  sostiene una apicultura de excelencia que da ingresos y orgullo a la población local? ¿Por qué se favorece la rapiña del turismo masivo y no el ecoturismo sustentable? ¿Acaso sobrevivirán la población y la naturaleza sin agua?

Lo mismo podemos preguntar acerca de las vías que atravesarán Quintana Roo hacia Chetumal. En vez de aprender del evidente deterioro ecológico de Cancún, donde los huracanes han estrechado las playas y frente a lujosos hoteles se amontonan sacos de arena o capas de sargazo, se favorece la saturación de la zona de Tulum a Chetumal, pasando por la ya deslavada laguna de Bacalar, como si someter a la población al servicio del turismo devorador –  y el dominio creciente del crimen organizado- representara “progreso”.

¿Qué cuentas rendirán las autoridades federales y locales cómplices en la degradación social y ambiental de éste y otros estados?  ¿Acaso confían en una opacidad perpetua?

Si ni la sustentabilidad ni la seguridad humana ni la preservación del patrimonio cultural le importan a este gobierno, la crisis del agua debería movernos a detener esta peligrosa devastación.

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Si usted ha tomado el metro o el metrobús en meses recientes, le habrá llamado la atención la abundancia de carteles verdes que publicitan a RT Noticias

Quizá se haya preguntado qué medio es ése, por qué han proliferado sus anuncios, omnipresentes en algunas estaciones del Metro y con pantallas de noticias en directo en las del Metrobús. Cuando la mayoría de los medios nacionales (y muchos internacionales) enfrentan escasez de recursos, resulta sin duda extraño que RT en Español gaste tanto en publicidad y más si es el único anunciante en una sola estación, como sucede en la del Auditorio.

La extrañeza desaparece cuando se sabe que RT Noticias es propiedad del gobierno ruso y forma parte de la “maquinaria de propaganda y desinformación” que éste suele activar en época electoral para influir en la decisión ciudadana y favorecer a candidatos/as afines al Kremlin, como documentó el lunes 5 de febrero Dolia Estévez (Eje Central).

La actual campaña masiva en el transporte público, explica la periodista, fue autorizada por Martí Batres y la SEDUVI. Esta publicidad invasiva resulta muy lucrativa para el gobierno local. Nos corresponde entonces preguntar por qué se autoriza tanto espacio a un solo anunciante y, sobre todo, qué ganan Batres y el gobierno local con esta transacción, además de dinero.

Según Estévez, hay quienes piensan que el gobierno ruso favorecería un triunfo de Sheinbaum, hipótesis plausible aunque no comprobada. Sea como fuere, las autoridades están cobijando a un medio cuya señal ha sido prohibida en la Unión Europea, en el marco de las sanciones a Rusia, por ser precisamente un instrumento de propaganda y noticias falsas.

Habrá quienes minimicen esta estrategia mediática con el argumento de que otros medios internacionales también manipulan a la opinión pública. Medios como Fox News ciertamente desinforman y dañan los principios democráticos. Antes, La Voz de América, financiada por el gobierno de E.U.A., pretendió “alentar la democracia”, con sesgos diversos, durante la Guerra Fría o la Revolución Cubana. Hoy  podemos reconocer sesgos oficialistas en diarios antes críticos como La Jornada, periódico favorito del gobierno, o antigubernamentales (pero no antidemocráticos) en otros medios.

La recurrencia de la manipulación política de la realidad no justifica, sin embargo, la tolerancia, o más bien complicidad, de las autoridades capitalinas con la desinformación rusa que favorece a regímenes autoritarios y, para justificar la política de Putin, manipula la historia y escamotea los hechos, muy al estilo estaliniano.

Así, según RT, la invasión de Ucrania no es tal sino una “operación militar especial” contra un régimen de “nazis y neonazis. Cuando retoma un artículo del Financial Times sobre la “resiliencia de  la economía rusa” pese a las sanciones occidentales, elude el tono crítico del texto original y sugiere que Putin es tan listo que ha burlado las trampas de Occidente.

La forma de presentar las noticias y las palabras que usa o evita un medio dejan ver el sesgo de quien “informa”. Para RT, Nayib Bukele es “uno de los líderes más valorados del mundo” que,  para reelegirse, cumplió con la condición de “no ejercer el poder seis meses antes de la elección”. 

Aunque menciona las violaciones de derechos humanos que conlleva su política de “mano dura” y reproduce un tuit del medio crítico El Faro, RT repite que El Salvador se ha convertido en “el país más seguro” de América Latina, sin ahondar en el afán represivo y las maniobras ilegales del dictador (RT, 4 y 5 de febrero).

En contraste con la Unión Europea, los gobiernos latinoamericanos no han tomado medidas para limitar los daños que puede causar esta propaganda. Puede costarles caro ignorar que RT en Español tiene el mayor público fuera de Rusia y ha logrado su mayor popularidad en América Latina (Wilson Center, 2023).  

No es mera coincidencia que RT enEspañol busque mayor alcance en México justo cuando se inician procesos electorales aquí y en Estados Unidos. La complicidad implícita del gobierno capitalino con esta fuente de desinformación y propaganda autoritaria es un riesgo para nuestra vida democrática. Como ya han pedido algunos opositores, el gobierno local nos debe una explicación de esta (no tan extraña) complicidad.  

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El derecho a la salud ha sido de los derechos más vulnerados en este sexenio. No es que antes se garantizara para todos pero este gobierno tampoco ha cumplido sus promesas de cambio, ni en los grandes proyectos ni en “pequeños” detalles que mejorarían nuestra calidad de vida.

Cuando hablamos de las principales fallas de este régimen en este tema, suelen mencionarse la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI, el pésimo manejo de la Pandemia, el desabasto de medicamentos, la falta de material médico indispensable en hospitales públicos, o la megaburla de la megafarmacia.

Mucho de esto se debe, según expertos, a ineptitud administrativa, afán centralizador y… corrupción. Suponiendo sin conceder que diseñar, planear e instrumentar una política pública “transformadora”resulta demasiado complejo para estas autoridades, pensemos en medidas más básicas, como el acceso a medicamentos y la calidad de servicios de emergencia, en concreto las ambulancias.

En ambos casos el Estado debería tener la capacidad de regular y asegurar el apego a

normas básicas, así como evitar la corrupción. Este no es el caso.

Aun si es usted derechohabiente de un sistema público de salud, más de una vez habrá tenido que comprar medicinas por su cuenta y comprobado su alto costo. Si, además, padece alguna enfermedad que requiere de medicamentos de uso diario, habrá notado la sorprendente regularidad con que su precio aumenta.

¿No le resulta extraño que un gobierno tan preocupado por el pueblo no haya

intentado o logrado regular los precios de medicinas que, en los hechos, la mayoría de la población paga de su bolsillo? ¿Por qué suben mes a mes? ¿Por qué incluso llegan a ser más caras que en España o Brasil? Allá las farmacias también son negocio.

Si esta idea le parece radical, pensemos en un servicio básico, imprescindible, que, en una sociedad justa o siquiera decente, debe ser accesible y seguro para cualquier persona y, por tanto, deben regularse: las ambulancias.

Si por desgracia, sufre usted un accidente en la calle o en su casa y recurre al 911 – servicio de emergencias que debe enviarle la ambulancia más cercana- y no llega el ERUM o la Cruz Roja o alguna empresa privada seria, corre el riesgo de caer en la trampa de la extorsión.

Tirado en el piso, herido o retorcido de dolor, verá llegar a un equipo sin uniforme paramédico, nadie le tomará sus signos vitales y, antes de depositarlo en una camilla en la parte trasera de una camioneta, intentarán convencerlo de ir a una clínica (sin nombre) “por su economía” y no al hospital que usted (o su acompañante) mencionó.

Si pregunta por el costo de la ambulancia, le contestarán que depende del tiempo de traslado y que luego le dicen, “no se preocupe”. En ese estado de emergencia, no le quedará más remedio que confiar en su buena estrella y esperar que lo lleven a buen destino. Si no ha perdido la conciencia, en el trayecto le extrañará el aspecto despojado de esta camioneta con sirena donde nada sujeta su camilla y no hay asientos en la parte trasera ni equipo médico. De pronto querrán inyectarle quien sabe qué.

Si se defiende, le insistirán porque “ya abrimos el sobre” y se lo van a cobrar. Sentirá gran alivio al llegar al hospital y entrar a urgencias. Afuera, estos buenos samaritanos le cobrarán a su acompañante el doble de la tarifa máxima con médico especialista. Si quiere facturar, deberá pagar el IVA.

Si esta historia le parece exagerada, usted no ha sido víctima de las “ambulancias” irregulares que circulan por nuestra capital, con extraño acceso al 911, pleno conocimiento de las autoridades y opacas alianzas con la policía, como documentan múltiples reportajes que narran verdaderas historias de terror. Léalos y agradezca no ir solo ni haber perdido la conciencia.

Pero no se preocupe, este primero de febrero se iniciará otro “nuevo” programa de regularización en la capital. La próxima vez, como recomiendan las autoridades, fíjese en las placas y el holograma. O, mejor, encomiéndese a la Divina Providencia. O siga esperando la Transformación.

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Este domingo 14, se escucharon en México y Guatemala dos discursos en defensa de la vida democrática. En contextos distintos, ambos  marcados por la sombra del autoritarismo,  Xóchitl  Gálvez y Bernardo Arévalo hicieron una defensa clara de las instituciones electorales y de la Corte Suprema como contrapeso a los afanes regresivos del Ejecutivo.

Aunque un discurso de cierre de precampaña y una toma de posesión presidencial no son equivalentes, en el ambiente general de polarización y ataques a la democracia, en América Latina y en el mundo, ambos invitan a reflexionar sobre lo que se  pierde cuando  los gobernantes buscan debilitar o eliminar los contrapesos o, como en Guatemala, boicotear o anular una sucesión legítima. 

El largo proceso electoral en Guatemala culminó la madrugada del lunes, tras un tortuoso intento oficial de desconocer la legalidad del Movimiento Semilla y del voto ciudadano que se extendió hasta el día mismo de la toma de posesión del presidente y la vicepresidenta electos.

Como reconoció el propio Arévalo en su discurso, la participación popular, la rectitud del Tribunal Electoral y la Corte Constitucional, así como el apoyo de altos representantes de la comunidad internacional, fueron decisivos para evitar el descarrilamiento democrático. En alusión al régimen anterior – y a la dolorosa historia de Guatemala- Arévalo declaró un “nunca más” al autoritarismo y a la violación de derechos humanos,  un “no a la violencia como medio para agendas políticas”, a  la arbitrariedad y al “doblegamiento de las instituciones ante la corrupción y la impunidad”.  

Lejos de polarizar, llamo a  cultivar “unidad y armonía”, a aceptar y valorar las diferencias. Sin duda conocedor de los retos que enfrenta Guatemala, ofreció  promover el desarrollo en electricidad, salud, educación, empleo; integrar a las poblaciones migrantes, y reconoció “el desafío del cambio climático”.

Declaró también que “no puede haber democracia sin justicia social” ni ésta prevalece sin aquélla, afirmación que en México podemos leer como clara advertencia contra la justificación del autoritarismo en nombre de una “justicia social” ausente.

Por su parte, Xóchitl Galvez pronunció un discurso inteligente y  esperanzador que entusiasmó  a sus oyentes.  Con una retórica directa y acertada, habló de la pérdida del  valor “de la vida, la verdad y la libertad” en los últimos cinco años, aseveración que ilustró con datos y referencias a la vida cotidiana.

Condenó la pérdida de más de un millón de vidas por  la pandemia, la criminalidad y el desabasto de medicinas, la indiferencia gubernamental ante  las masacres y la pretensión de borrar a los desaparecidos.  Señaló que “no hay libertad” si no se puede salir de noche ni circular en carretera con seguridad, ni “cuando se deja que el  gobierno amenace la democracia”, en alusión  a los intentos de minar al INE, al TEPJF y a la SCJN. 

Incluso expresó confianza en las autoridades electorales al pedirles que saquen “al presidente y a los gobernadores de Morena de las elecciones”  (empezando, añadiría yo, por quitar la imagen de AMLO de la propaganda de Sheinbaum). 

Tras este breve y contundente diagnóstico, ofreció trabajar por un futuro con “igualdad en dignidad y derechos para todos,“seguridad y justicia para todos”, por construir un país de “clase media fuerte”, donde los pobres dejen de serlo.  

Invitó a luchar para “traer la vida, donde hoy se pasea la muerte”, verdad, “donde reina la mentira” y libertad, “donde hoy gobierna el miedo”.  En clara alusión a las andanadas estigmatizantes que han padecido medios, periodistas, intelectuales, los invitó a que “no ayuden a afilar la guillotina que después usarán en su contra”. 

Desafortunadamente, al día siguiente muchos destacaron el uso del teleprompter e ignoraron el meollo de este mensaje. Ojalá gobierno y medios reconozcan y respeten el derecho de la ciudadanía a estar informada, a leerla o escucharla y decidir si Gálvez le convence o no, a votar en libertad.

La sociedad guatemalteca y sus instituciones ha dado un ejemplo de firmeza democrática. En México es preciso garantizar un proceso electoral pacífico y transparente, el respeto absoluto al voto libre e informado y sus resultados, gane quien gane. El autoritarismo no es opción aceptable.

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Hay personas que nos marcan y nos enriquecen aunque solo las conozcamos de manera virtual. Personas que tienden puentes, que crean redes de intercambio y solidaridad, que construyen desde el deseo de mejorar el mundo y están dispuestas a dedicar tiempo, dinero  y energía a promover el diálogo.

Alicia Gil Gómez, socióloga española, feminista comprometida y generosa, es una de ellas. Como maestra, colega, promotora de proyectos por la igualdad, contribuyó en España a mejorar la vida de muchas mujeres. Como directora de la revista digital feminista Con la A,  impulsó durante once años diálogos intensos y abiertos entre las colaboradoras de España y América Latina y sus lectoras/es, supo integrar en un equipo solidario y horizontal a socias, colegas, amigas y colaboradoras esporádicas.

Aunque muchas no nos conocíamos, ni la conocíamos cara a cara, quienes participamos en el trabajo colectivo de la revista, nos sentíamos parte integral de un proyecto valioso que quizá no cambiaría el mundo pero aspiraba a abrir y abrirnos nuevos caminos de solidaridad y empatía.

Doctora en sociología de género, Alicia Gil fue una académica destacada, comprometida con la igualdad y el feminismo. Experta en género, violencia, poder y conflictos y su impacto en las organizaciones, participó activamente en la academia y en programas españoles y europeos para impulsar los estudios de género y promover la igualdad.

Para ella el feminismo no era solo una forma de pensar sino un modo de vida. Así, imaginó y construyó con colegas y amigas, y fondos propios de cada una, la Asociación y la revista digital Con la A, una publicación que, como escribiera en su primer editorial, surgía en una época de crisis económica que, por negligencia de los gobiernos, estaba minando el Estado de Bienestar y favoreciendo que la clase media sustituyera “el ser por el tener”.

Una época en que, pese a los logros de las mujeres en todos los campos, sus voces no se escuchaban lo suficiente ni se valoraban sus ideas para salir del atolladero. Con la A, surgía entonces como espacio de diálogo riguroso, plural, independiente y libre, para que “las mujeres comencemos a sumar, respetándonos en las divergencias, y encontrarnos en lo que nos une, porque la situación lo requiere y porque el conjunto de la sociedad, hombres y mujeres, lo necesitamos”.  Escritas en 2011, estas palabras resuenan hoy, en medio de crisis aún más complejas, como un llamado vigente y urgente.

Con la A, desafortunadamente , cerró hace un año, por falta de fondos. Aunque había funcionado con muy poco dinero casi desde su inicio y perduró gracias al trabajo solidario de las colaboradoras/es y aportaciones de algunas socias, no podían ya cubrirse los costos mínimos. Se perdió así un proyecto independiente más, sin embargo, gracias a la generosidad de Alicia, puede aún consultarse en la red (https://conlaa.com/).  Esta revista, sus artículos y los resultados de sus múltiples iniciativas son el legado más visible deA licia para la ciudadanía, las feministas y quien quiera leerla.  

Para quienes trabajamos con ella y gozamos de su amistad, para sus amigas más cercanas y su familia, la noticia de su muerte, este 3 de enero en Castellón, ha sido un golpe inesperado y terrible.  El recuerdo de su generosidad, sentido del humor y entusiasmo por la vida  apenas lo aligera.  Una vez más la vida, en este caso la muerte, nos muestra la necesidad de valorar cada experiencia y cada instante, de vivir cada día  fondo, como lo hiciera ella,  de trabajar en redes solidarias para mejorar la vida de los demás y la nuestra.

Niña y adolescente bajo el franquismo, Alicia advirtió en numerosas editoriales acerca de los peligros del ascenso de la derecha y del fascismo, en España y Europa, que amenazan en particular los derechos de las  mujeres y las niñas, derechos que hay que defender siempre. 

Su voz nos hará mucha falta en este mundo polarizado, donde se van perdiendo la disposición al diálogo, el respeto a las ideas diversas y la libertad de expresión. En este sentido, el legado más perdurable de Alicia Gil Gómez es su convicción de la necesidad de escucharnos, entendernos y  ender puentes para cuidar la vida y crear un  mundo donde podamos convivir en paz.   

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Año nuevo, nuevos deseos… deseos reiterados de paz, seguridad, estabilidad, armonía. Año nuevo, nuevo ciclo, nuevas oportunidades de construir, de tender redes y puentes para la acción colectiva en busca de un país más justo.

Desafortunadamente, así como los desastres naturales ignoran las fiestas, la dinámica de la guerra y la violencia ignora el calendario. Si en otros años, la navidad o el año nuevo daban pie a una tregua, en Ucrania, Palestina e Israel continuaron las agresiones.

En México la violencia no cesa. Es un viento constante que amenaza con arreciar en este año de elecciones, con reacomodos políticos, amenazas de grupos criminales y nuevas presiones del gobierno de Estados Unidos contra la migración, también por iniciar un proceso electoral. En un año de incertidumbre, nos corresponde preguntar y preguntarnos qué país queremos y cómo resistir a la indolencia y a la polarización.

Tras meses de pre-campañas eternas en que se han promovido nombres y caras sin propuestas, las campañas formales llenarán el espacio público de las mismas y otras caras y nombres, nuevos-viejos discursos. Si quienes buscan el poder se interesan realmente por preservar y fortalecer la democracia,  tendrán que partir desde nuestra realidad desquebrajada y enfrentar –sin ilusiones ni elusiones- los retos que día a día enferenta la ciudadanía, los problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas y la crisis de derechos humanos y seguridad ciudadana que desde 2007 se ha agravado.

Además de sus propuestas para garantizar –sin ocurrencias- el derecho a la salud, a la educación de calidad, a un medio ambiente sano – sin quema de combustóleo ni  ecocidio en nombre del desarrollo-, necesitamos  saber qué piensan hacer las candidatas presidenciales para reducir la violencia –sin maquillar cifras.

¿Qué proponen para acabar con la pésima combinación de militarización de la seguridad pública (y de numerosas funciones civiles) y la tolerancia o complicidad de autoridades y fuerzas armadas ante la expansión de corporaciones criminales que se ensañan de múltiples formas con la población, dejando dolor y duelo, mayor miseria e incertidumbre?¿Combatirán al crimen organizado desde sus fuentes de financiamiento?, ¿lo desarmarán? ¿Cómo y cuándo regresarán a las fuerzas armadas a sus cuarteles?

¿Qué medidas concretas propondrán para reducir el feminicidio y las violencias machistas? Seguir contando mujeres y jóvenes asesinadas con saña creciente no es ya soportable. Necesitamos programas de prevención de la violencia, políticas públicas efectivas para promover la igualdad y frenar la crueldad que asesina, mutila  y desaparece. No queremos más discursos seudo feministas, nos urgen autoridades conscientes de su obligación de  prevenir, sancionar, reparar y erradicar el daño que sufren niñas y mujeres todos los días, en la casa y en la calle, en los minsisterios públicos, juzgados y cárceles.

¿Qué harán quienes asuman el poder ejecutivo y legislativo para reducir las desigualdades que la violencia acentúa? A treinta años del alzamiento zapatista, la situación de las comunidades indígenas en Chiapas y en muchas regiones del país ha empeorado.

No solo siguen enfrentado la explotación y el racismo, sufren también el impacto de la dejadez oficial ante grupos criminales que toman pueblos y caminos y pretenden apropiarse de sus habitantes y recursos, como si fueran sus feudos. Acostumbrada ya al conflicto armado no declarado en Michoacán,  Guanajuato, la frontera norte, la sociedad parece indiferente ante la pugna del crimen organizado por controlar la frontera sur. 

La indiferencia oficial y social ante quienes son desplazadas de sus comunidades por la violencia y ante quienes huyen de ésta en sus países tampoco es ya sostenible. La política deshumanizante de Estados Unidos no puede ser pretexto para reproducir y tolerar las agresiones contra transmigrantes y quienes buscan asilo. Toda violación a los derechos humanos de personas extranjeras y nacionales degrada nuestra vida pública ¿Qué piensan hacer quienes aspiran a gobernar el país y sus estados?

Éstas son apenas algunas de las preguntas que tendremos que plantear a quienes buscan gobernar a partir de octubre. A nosotros, ciudadanía, también nos toca preguntarnos cómo contribuir a una paz verdadera sobre la que sentar nuevas bases para una sociedad mejor. En 1994, la iniciativa ciudadana obligó al gobierno a buscar una solución negociada con el EZLN. Vivimos otros tiempos, quizá más difíciles, pero la resistencia ante los abusos del poder y la demagogia, contra los discursos de odio y la violencia institucional es quizá más necesaria que entonces.

Resistir y tender puentes es uno de los grandes retos para la ciudadanía, sobre todo para las mujeres,  en este 2024.

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Escrito por: Lucía Melgar

Está por cerrarse un año difícil, obscuro para muchas familias y comunidades en México y en el mundo. Para quienes han perdido casa, familia, amistades; para quienes han visto sus pueblos atacados por el crimen organizado; para quienes han sufrido y sufren despojos de tierra, de bienes por la voracidad gubernamental y privada o la extorsión criminal; para quienes siguen clamando por sus seres queridos desaparecidos o secuestrados; para quienes la igualdad sigue siendo un anhelo, para quienes no encuentran escucha y apoyo, la ilusión navideña o la celebración de un nuevo año son difíciles o ajenas. ¿Cómo celebrar la vida cuando alrededor ronda la muerte violenta o silenciosa? ¿Cómo creer en la paz cuando cunden ataques criminales y la guerra devasta territorios enteros?

En  México,  vivimos bajo una violencia creciente que este mes ha vuelto a mostrar su faz atroz. A las masacres que se sucedieron todo el año,  se añade la de Salvatierra que a muchos nos recordó la de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez donde murieron asesinados 15 jóvenes en 2010. Como si no bastara con negar la herida ya provocada por las muertes atroces en Celaya el día 3, el presidente insistió en agraviar a las familias de las víctimas, con una acusación infamante  como hiciera Calderón:  antes “eran pandilleros”, ahora “ consumen drogas”.  La  estrategia de no enfrentar la realidad con verdad y justicia parece repetirse. Pero ahora no es mera reproducción de un discurso irresponsable, es ya  un empecinamiento criminal desde la soberbia.

Negar los hechos de violencia criminal que han normalizado en México conceptos como “feminicidio” o “juvenicidio”, que van sumando día a día homicidios dolosos y desapariciones, pretender ocultar o minimizar los ataques del crimen organizado aquí y allá, deja el campo abierto a grupos armados ilegales que han ido tomando territorios ante la incapacidad, la indiferencia o la complicidad de los gobernantes…  y  la desmovilización de la ciudadanía.

¿Qué hacer ante tanta violencia e impunidad? En 2010, el año de la masacre de Salvárcar y el asesinato de Marisela Escobedo, sugieron pequeños movimientos de protesta, testimonios de la indignación ciudadana. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logró en 2011 una movilización masiva sin impacto concreto pero con un mensaje contundente: “¡No + sangre!!”.  

De cara al 2024, quizá sea ilusorio imaginar otra gran movilización contra la negligencia gubernamental y el auge criminal. Gran parte de la sociedad está traumatizada por la violencia, sin posibilidad de procesar el trauma bajo nuevos ataques y amenazas. A veces la reacción es tomar la justicia en propia mano, como en Texcaltitlán. Donde no impera el crimen organizado hay también miedo o apatía.

No podemos, sin embargo,  perder la esperanza. Si, como escribiera Hannah Arendt,  además de hablar lo que nos hace humanos es la posibilidad de actuar, de crear algo nuevo, nos corresponde actuar contra las violencias que deshumanizan. En vez de descalificar, repetir consignas o asentir haciendo oídos sordos, podemos dialogar reconociendo las diferencias y buscar puntos en común.  Si, con Arendt,  entendemos el poder como capacidad de actuar en conjunto; si pedimos “lo imposible”, quizá alcancemos lo posible.

Como dijera el director de Physicians for Human Rights en el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos: “Pensamos que el arco del universo moral puede inclinarse  hacia la justicia, pero esto no es inevitable. Apoyar las voces de quienes defienden sus derechos humanos requiere de trabajo y dedicación”. Reafirmar que no estamos dispuestos  a morir y ver morir con los brazos cruzados;  defender  nuestros derechos humanos, los de todxs, es un primer paso contra la violencia, hacia la justicia.  

En el 2024, pese a todo, preservemos la esperanza.

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Escrito por Lucía Melgar Palacios 

Un gobierno autoritario se empeña en acumular poder. Destruye las instituciones democráticas, los contrapesos, desde dentro. Nombra a personas sin criterio propio o que anteponen la lealtad al líder a su obligación de respetar la ley. Favorece rencillas internas que debilitan la autoridad de quienes deberán dirimir eventuales conflictos, a pocos meses de las elecciones. Intenta desacreditar  a quienes defienden la autonomía, la independencia, la sentencia justa.  Descalifica a quién osa preguntar: “¿Dónde está el Estado?” en medio de una crisis imparable de violencia y dolor.

Un gobierno autoritario impone sin consulta megaproyectos que despojan de tierra y agua a comunidades enteras. Hace oídos sordos ante las voces que advierten de la catástrofe ecológica, social y cultural en la península de Yucatán, ya degradada por el desarrollo inmobiliario, las megagranjas de cerdos, el turismo masivo, condenada a la sequía por un capricho trasnochado: el tren depredador. Como dicen que hacía el zar para no ver la miseria de su pueblo, oculta la desvastación tras un escenario de cartonpiedra – y una muralla de mentiras y falacias. ¿ Destruir el entorno social y natural es “conservar” el patrimonio cultural?

Un gobierno autoritario maneja a su antojo los recursos públicos, sin cuidar las reglas ni rendir cuentas. Ocúltense o niéguense los malos manejos de los funcionarios amigos – al fin que sólo faltan unos miles de millones. Acumúlense millones allí donde se puede presumir de “ayudar al pueblo” – no importa si ese Anexo  13 se creó para otros fines y la promoción de la igualdad queda en el aire. Modífiquense los presupuestos aprobados – da igual que reducirlos sin justificación a medio camino esté prohibido. Recórtense los dineros a instituciones latosas- que se las arreglen con menos. De paso, niéguense recursos extraordinarios en casos de desastre – al fin que la sociedad es muy solidaria y nosotros no vamos a ir a ver el desastre.

Un gobierno autoritario alaba y mima a las fuerzas armadas.Exalta su lealtad y heroísmo – y  niega su responsabilidad en violaciones de derechos humanos.  Aumenta el presupuesto para militares y marinos – y  amplía sus funciones y fuentes de ingreso.  Difumina las diferencias entre lo civil y lo miltar con una Guardia “civil” que  resulta militar –  y la paulatina militarización de la seguridad, de los puertos de entrada y salida de personas y mercancías, y hasta de un proyecto turístico…

Si todo esto es ya ominoso,  el empeño de negar la crisis de derechos humanos que padecemos, con la continua negación de masacres, la denostación de las víctimas,  y la manipulación de las cifras de personas desaparecidas, añade agravio al dolor de familias y comunidades,  deshonra la memoria de los muertos. Desoír a las familias de las personas desaparecidas que claman por sus seres queridos y rechazan el cínico intento de borrarlos de los registros, volver a desaparecer a los desaparecidos es un acto criminal.

Incapaz o indolente ante la expansión del crimen organizado y la criminalidad des-organizada, este gobierno autoritario pretende también reescribir la historia reciente como gesta “transformadora”.  Ensoberbecido en su afán de “hacer historia”, olvida que la Historia del presente  se escribe día a día, con acciones, con hechos. Olvida que las falacias de hoy caerán mañana. Desprecia, como otros, la experiencia de la ciudadanía común: la que sufre el embate de los criminales, la que busca a sus seres queridos desaparecidos, la que calla por miedo pero recuerda, la que desafía a la muerte y exige justicia – en Nuevo Laredo, Texcaltitlán, Celaya, Salvatierra… en este país de las fosas. Olvida que asesinados y desaparecidos no son cifras. Son vidas, seres humanos con una historia, con una vida por-venir, que resguarda la memoria colectiva.

En estos días tan difíciles para muchas familias y comunidades, reconocer el dolor de los demás es también reconocernos habitantes de un país rasgado por la violencia, que anhela la paz. En memoria de las personas asesinadas y en recuerdo de las desaparecidas,  evoco estas palabras de  David Huerta en su poema “Ayotzinapa”: 

Quien esto lea debe saber también
Que a pesar de todo
Los muertos no se han ido
Ni los han hecho desaparecer

Que la magia de los muertos
Está en el amanecer y en la cuchara
En el pie y en los maizales
En los dibujos y en el río

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