Un juez mexicano sentenció a 2 personas indígenas a 26 años de cárcel por haber participado en la masacre de 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 15 niñas y niños y 9 hombres indígenas simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la empobrecida comunidad de Acteal en el norteño municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas confirmó el pasado miércoles la sentencia del Juez Segundo del Ramo Penal con sede en Tuxtla Gutiérrez, capital chiapaneca, en contra de Antonio y Mariano Pucuj Luna, dos de los 87 autores materiales de la matanza.
Según el organismo, el Juez determinó que ambos son responsables de homicidio calificado, lesiones, asociación delictuosa y portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El Juez ordenó la reparación de los daños, como son los gastos funerarios de las y los 45 asesinados, que ascendió a de 70 mil 750 pesos. Además de otros 739 mil 125 pesos que serán cubiertos por los responsables. Sin embargo los abogados de las personas condenadas inmediatamente apelaron la sentencia condenatoria.
El Centro Fray Bartolomé de las Casas considera positivo el hecho que el Juez haya ordenado la reparación del daño, pero asegura que está lejos de lo que indican los parámetros internacionales.
Señala que, en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a los Estados en sus sentencias a no sólo pagar los daños materiales sino también por los daños inmateriales causados.
También debe cumplir su obligación de establecer «Medidas de Satisfacción y Garantías de No Repetición, tales como investigar de manera seria y eficaz las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables». Y esto último no ha sido cumplido por el Gobierno mexicano, asegura el Centro Fray Bartolomé.
La Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos, integrada por 51 activistas de una docena de países, recientemente cuestionó la actitud del Gobierno federal de no haber completado la investigación sobre el caso Acteal y sancionado con severidad a los responsables.
A más de 10 años de la ejecución en la comunidad tzotzil de Acteal, San Pedro Chenalhó, Chiapas, «no hay justicia respecto a la masacre, ha habido organización, algunos avances, pero las causas que las generaron están ahí, el juego de los partidos políticos es parte del caso, sin importar quién esté en el poder, les va igual de mal», afirmó la representante legal de las viudas y huérfanos de Acteal, Patricia Figueroa Mier, en febrero pasado, durante la presentación del libro La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas, antes y después de Acteal.
Patricia Figueroa refirió que la masacre registrada en 1997 fue un feminicidio, pues los paramilitares querían acabar con las mujeres, «con la semilla para que no se reproduzca el enemigo».
Con ella coincidió la antropóloga Soledad González Montes, especialista en estudios de género, quien explicó que en el momento en que los paramilitares abrieron los vientres de las indígenas se generó una desmoralización y desmovilización para que las mujeres no vuelvan a actuar.
González Montes mencionó que «los hechos de sangre nunca se borran» siempre rondan el presente y se vislumbran en el futuro, sobre todo si estos hechos no han sido saldados».
Ante este panorama, el periodista Luis Hernández Navarro, especialista en el tema, señaló que la identidad de la mujer indígena se construye en el dolor y en la defensa de los hijos.
Durante la presentación del libro, coordinado por la doctora en antropología Rosalva Aída Hernández Castillo, Hernández Navarro recalcó que pese haber transcurrido una década de la matanza en Acteal las voces de las y los indígenas de Chiapas exigen justicia.
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