Disminuir la distancia entre la sociedad y las Fuerzas Armadas constituye hoy prioridad para Azucena Berrutti, ministra de Defensa de Uruguay, y es muestra del progresivo ascenso de las mujeres al poder en Latinoamérica, informó en su Especial Mujeres del Tercer Milenio, Prensa Latina.
La designación de la defensora de cientos de ex presas y ex presos políticos durante la dictadura militar, convertida en abuela tierna pero firme, implicó un paso adelante en la reivindicación del derecho del sector para incidir en el diseño de las políticas estatales.
Berrutti, otrora colaboradora del Servicio de Paz y Justicia, es parte de la fracción femenina del equipo ministerial del presidente Tabaré Vázquez, junto a María Julia Muñoz (Salud), Marina Arismendi (Desarrollo Social) y Daisy Tourné (Interior).
Tras graduarse como abogada en la Universidad de la República (1958), ella ingresó en la agrupación dedicada a denunciar la ola de detenciones y torturas contra estudiantes.
Casi una década antes del hecho, ocurrido en 1983, Berrutti se destacó también por representar ante los tribunales uruguayos a los tildados de enemigos por los sectores del poder en la época: socialistas, comunistas, tupamaros y otros.
Su tendencia a involucrarse en acciones como éstas data de los años 1950, desde su puesto en la Intendencia Municipal, en Montevideo, y luego, como parte de la dirección de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, pero tuvo que abandonar este último cargo debido a la insistencia de las autoridades militares en el poder (1973-1985) por su militancia política en el Partido Socialista (PS).
Edison Lanza y Ernesto Tulbovitz, en su libro Tabaré Vázquez: misterios de un liderazgo que cambió la historia, se refieren a las vicisitudes atravesadas por la profesional uruguaya a partir de ese momento.
La salida forzada de la entidad obligó a Berrutti a litigar divorcios y pensiones alimenticias para sobrevivir, impedida de trabajar en el Estado y de tramitar expedientes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En 1984, con la reconquista de la democracia en Uruguay, ingresó a la comuna capitalina, pero al posesionarse como intendente el integrante del Partido Colorado Aquiles Lanza, determinó jubilarse.
Fiel a sus convicciones políticas, esta mujer respondió al llamado de Vázquez cinco años después, cuando resultó electo. Primero trabajó como prosecretaria letrada, más tarde fungió como Secretaria General y, con posterioridad, integró la Comisión de Disciplina del PS.
Para ella, quedan muchas cosas por hacer en el tema de derechos humanos en Uruguay, aunque los caminos escasean para encontrar rastros de las y los desaparecidos, según el semanario Búsqueda.
La solución de esa problemática es condición indispensable para lograr la reconciliación entre las fuerzas armadas y el resto de la población, marcada por los vejámenes cometidos por los uniformados en tiempos dictatoriales.
Con 77 años de edad, Azucena Berrutti procura revertir esa situación y transformar de manera progresiva al ejército en el brazo armado del pueblo al que deben defender.
El tema de los derechos humanos durante la dictadura continúa siendo en Uruguay un escollo en esa relación ?ejército y el pueblo–, así que espero que lo podamos solucionar porque es uno de los objetivos del gobierno del Frente, expresó Berruti.
No obstante, la funcionaria admitió la complejidad de la tarea, porque los oficiales asignados durante años en las máximas jefaturas de las fuerzas armadas, desde la reapertura democrática, sostuvieron que lo ocurrido durante la dictadura era caso cerrado.
La aprobación de la Ley de Caducidad en el Parlamento, en 1986, y su ratificación por parte de la ciudadanía en Referéndum cuatro años después, implicó que muchos militares y policías represores terminaran amnistiados.
Sin embargo, Berrutti procura secundar a quienes encuentran nuevas pistas para esclarecer lo acontecido con miles de desaparecidas y desaparecidos, mientras asume que la Defensa no sólo es un tema militar, sino de todas y todos los uruguayos interesados en fortalecer el país.
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