Autoridades del estado de Chihuahua obstaculizan el trabajo pericial en el caso de Neyra Azucena Cervantes, desaparecida el pasado 13 de mayo pasado en la ciudad de Chihuahua, informó hoy la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Esta es la segunda ocasión en 40 días en que la CMDPDH, participante en la Campaña Alto a la Impunidad Ni una Muerta Más, denuncia bloqueos por parte del gobierno estatal para la investigación de la desaparición de Neyra Azucena.
La joven de 19 años de edad asistía a la escuela ECO de computación de donde han desaparecido otras jóvenes. Esta escuela se ubica en Chihuahua, capital estatal a 370 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, donde han desaparecido cuatro mil jóvenes según la estadística del ombudsman nacional.
En un comunicado, la CMDPDH da a conocer una carta de los abogados y familiares de David Meza, detenido por presunto homicidio cuando acompañó a la madre de Neyra Azucena a reconocer un cadáver.
En la misiva se explica que los pasados días 26 y 27 de septiembre agentes de seguridad negaron el acceso a los peritos a la instalación del Complejo de Seguridad Pública, donde se encuentra la osamenta por identificar.
Lo anterior pese al auto dictado por el juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial Morelos que ordena al director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua permita el acceso a los peritos en Antropología, Odontología y Ortodoncia para identificar el cadáver.
La misiva consigna cómo frente a los peritos, la familia de David Meza y de Neyra Azucena, de abogadas de la CMDPDH y de medios de comunicación, de los radios transmisores de los guardias de seguridad que rodeaban al grupo emanaban voces que decían de forma incesante: «No los dejen entrar, son órdenes del gobernador (Patricio Martínez).»
Por ello, las y los firmantes pidieron al gobierno federal intervenga para cumplir la orden judicial, al procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, que cumpla con el compromiso hecho ante Patricia Cervantes, la madre de Neyra, sobre intervenir para la identificación de la osamenta.
También piden a Patricio Martínez «que no permita que sus subalternos utilicen su nombre de manera perversa para violentar el estado de derecho en nuestra entidad, y en una actitud democrática, ordene se respete la independencia del poder judicial y los derechos humanos.»
Los asesinatos de más de 370 mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (según cifras de Amnistía Internacional), la impunidad de los culpables y la falta de seriedad en las pesquisas han unido a las familias de las víctimas y de los acusados a quienes, aseguran, no les ha podido demostrar nada.
El pasado 20 de agosto Adriana Carmona, abogada de la CMDPDH, denunció a la prensa que el caso de Neyra Azucena intenta ser cerrado a toda costa por las autoridades estatales, que han hostigado a los familiares de la joven y continúan la campaña de desprestigio hacia las organizaciones civiles y defensores de las familias.
Señaló que entre las irregularidades destacan la tortura para obtener testimonios de supuestos asesinos hasta el hostigamiento, engaño y amenazas contra los familiares de la víctima.
2003/MR/MEL
